Hasta hace poco, cuando un funcionario tomaba una decisi\u00f3n administrativa (conceder una beca, asignar una plaza escolar o valorar una ayuda), pod\u00edamos pedirle explicaciones: \u00bfpor qu\u00e9 s\u00ed?, \u00bfpor qu\u00e9 no?, \u00bfqu\u00e9 criterio se aplic\u00f3?<\/p>\n
Hoy, sin embargo, cada vez m\u00e1s respuestas se resumen en una frase inquietante: \u201clo dice el sistema\u201d<\/strong>.<\/p>\n El matiz es importante: muchas de esas decisiones ya no las toman personas, sino algoritmos. Herramientas de inteligencia artificial que, sin nuestro conocimiento o sin plena transparencia, est\u00e1n influyendo en aspectos clave de nuestra vida cotidiana. Desde qui\u00e9n accede a una prestaci\u00f3n hasta qu\u00e9 ciudadano es considerado \u201cprioritario\u201d en un tr\u00e1mite.<\/p>\n El problema es evidente: un algoritmo no comparece en una oficina ni ofrece explicaciones claras. Opera como una caja negra<\/strong> que decide sin que sepamos exactamente con qu\u00e9 criterios, qu\u00e9 datos utiliza o qu\u00e9 sesgos pueden influir en su resultado.<\/p>\n Ante esta situaci\u00f3n, el Tribunal Supremo ha dado un paso crucial<\/a>: los algoritmos p\u00fablicos deben ser transparentes y comprensibles para la ciudadan\u00eda<\/strong>. En su hist\u00f3rica Sentencia (STS 3826\/2025), de 11 de septiembre de 2025<\/a>, dict\u00f3 la obligaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de mostrar el c\u00f3digo fuente completo de Bosco, el algoritmo que decide los beneficiarios del bono social el\u00e9ctrico. A partir de aqu\u00ed, ya no vale escudarse en la tecnolog\u00eda. Si una m\u00e1quina toma decisiones que afectan a nuestros derechos, tenemos derecho a saber c\u00f3mo lo hace.<\/p>\n \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n del Reglamento IA<\/a><\/p><\/blockquote>\n