La Voz de Galicia

La ministra Trinidad Jiménez considera que el constante incremento de las cifras de abortos en nuestro país es «un grave problema» que necesita «soluciones de urgencia». Estoy completamente de acuerdo. Eso sí, encuentro algo raras las «soluciones» que ha puesto en marcha esta misma semana con la liberalización del aborto y la libre distribución de la píldora del día después en las farmacias, sin receta médica e incluso a menores.
En el caso de la píldora, aduce la ministra que servirá para frenar la sangría de abortos, en contra de los datos fácilmente contrastables de nuestra propia experiencia (desde el 2001 hemos quintuplicado el consumo de píldoras del día después hasta las 540.000 y el aborto ha seguido creciendo, también entre las más jóvenes) y la de nuestros vecinos ingleses y franceses (En Francia se dispensa la píldora en las farmacias desde 1999) .
En el caso del aborto libre en las 14 primeras semanas, lógicamente, no argumenta Trinidad Jiménez que servirá para reducir el número de abortos —aunque con la lógica que se gasta, bien podría haberlo dicho—, sino que aduce en primer lugar que se trata de un derecho de la mujer. Dejémoslo estar. Debate inútil.
Si el aborto es un problema grave y parece obvio que ninguna de las dos medidas sirve para frenarlo, ¿quién se beneficia? Aparte del Gobierno, que ha utilizado ambos debates para disfrazar controversias más urgentes, dos industrias se frotan las manos: la abortista y la farmacéutica (siempre apoyada por la santa OMS, que ha incluido la píldora de marras en su lista de ¡medicamentos básicos!). Parece que el progresismo consiste en eso: en que ya no dicten la moral los grandes pensadores y humanistas, sino los departamentos de márketing de la industria del medicamento, secundados por el abrumador papanatismo científico que tanto conviene a sus cuentas de resultados.