En plena pandemia, cuando más ingresos públicos necesitamos para financiar nuestro Estado de bienestar, afrontar la crisis y luchar contra la pobreza y por una sanidad decente, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha criticado con vehemencia la huida de grandes fortunas, como la del youtuber El Rubius, a Andorra para pagar menos impuestos. Un comportamiento que cuesta a las arcas públicas unos 70.000 millones de euros al año.

Esta Plataforma agrupa a las principales organizaciones sociales y sindicatos que defienden que sin una fiscalidad progresiva, suficiente y equitativa, no habrá justicia social. Este flamante estudio de la red EAPN España tambíén demuestra que una fiscalidad justa es una herramienta imprescindible de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Pero de poco sirven estudios y denuncias si no se habla de impuestos en los colegios. De que la educación fiscal es clave para que dejemos de aplaudir comportamientos como el de El Rubius. 

Nos lo explica Luis González Calbet. Economista y experto de la Plataforma por la Justicia Fiscal. ¡Gracias Luis!

Educar para contribuir

La nieve nos obligó a recluirnos a muchos urbanitas del centro de la península. Esos días oí mencionar el ejemplo de ciudades del norte, donde sus habitantes acostumbran a limpiar su entorno después de las nevadas. Todos contribuyen a la solución del problema. 

Aquí no sucedió así. Tenemos atenuantes, algunos poderosos. Estos sucesos son muy infrecuentes, y no hemos decidido dotarnos de los medios adecuados para solucionar rápidamente sus consecuencias. Y no recibimos las enseñanzas necesarias para hacerles frente; en la escuela no aprendimos a destruir el hielo. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las consecuencias de una colosal nevada, existen necesidades sociales que hace tiempo decidimos que había que afrontar entre todos. Decidimos dotarnos de medios para curar a los enfermos, educar a los jóvenes, cuidar los parques, alumbrar las calles, …

Y para hacer posible el acceso a todos estos bienes y servicios, debemos contribuir entre todos. Esa contribución la realizamos mediante el pago de impuestos. Y decidimos también, democráticamente, quién debe pagarlos: TODOS, todos debemos pagarlos, según el artículo 31 de nuestra Constitución, con el importante matiz de que cada uno debe contribuir según su capacidad económica.

Discúlpenme la mayoría de los lectores, probablemente ilustrados, que me exprese en unos términos tan “simples”. Ojalá estas ideas tan sencillas estuvieran firmemente asentadas en el cerebro de todos los ciudadanos. Pero no es así.

Reforzar la conciencia fiscal

El barómetro fiscal de 2019 del Instituto de Estudios Fiscales contiene información que avala la necesidad de reforzar la conciencia fiscal. Los ciudadanos consideran que el cumplimiento fiscal puede mejorar sobre todo por la “imposibilidad de evitar el pago” (por las retenciones sobre los salarios) o por el control de Hacienda.

La conciencia fiscal (el deber cívico) juega un papel mucho menor: hasta el 37% piensa que dicho deber ejerce poca o ninguna influencia a la hora de mejorar el cumplimiento fiscal. Además, un 59% cree que el fraude fiscal está generalizado, siendo las principales razones para ello la sensación de impunidad y la falta de conciencia cívica. Y, según la última encuesta del CIS sobre opinión pública y política fiscal, hasta un 19% de los españoles piensan que “los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”.

Los datos demuestran, pues, que queda mucho camino que recorrer para reforzar la conciencia fiscal de los ciudadanos, con amplias capas de la sociedad que no conocen la utilidad asociada al pago de impuestos y muestran tolerancia, cuando no justificación, hacia los defraudadores. Tenemos un déficit de conciencia fiscal. Y un exceso de mensajes, también de líderes políticos y de opinión, aludiendo a los efectos supuestamente perversos de pagar impuestos.

Educar en el valor social de los impuestos

Para avanzar en este camino la escuela debe jugar un papel básico. Llegados a este punto, cabe celebrar una buena noticia, un bien escaso en nuestros días, que no ha acaparado titulares: la reforma de la Ley de Educación obliga a que, a partir de ahora, en la educación primaria y secundaria se enseñe sobre el valor social de los impuestos y la justicia fiscal. 

La educación desde una temprana edad es la mejor solución a este tipo de problemas. A los más jóvenes les diré que yo crecí en una sociedad en la que, por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol estaba bien visto. Agudizaba tus sentidos, te decían. Y las sanciones no tenían nada que ver con las de hoy en día. Afortunadamente, la educación vial de los ciudadanos ha mejorado mucho desde entonces, y las enseñanzas en el colegio han contribuido en gran medida. Todos hemos aprendido desde pequeños que si bebes no conduzcas, y así vivimos más y mejor.

Déjenme completar la sencillez de mis argumentos con una, también sencilla, incursión en el campo de la economía. Si queremos mantener, y no digamos mejorar, las prestaciones de nuestro Estado del Bienestar, en los próximos años deberemos aumentar significativamente la presión fiscal. Esto ya era evidente desde hace tiempo, y el impacto de la pandemia no ha hecho sino reforzar dicha necesidad. En los últimos años, el consenso al respecto entre los economistas es muy mayoritario.

Ante esta perspectiva, educar desde la infancia sobre el valor social asociado al hecho de pagar impuestos deviene aún más necesario. Por supuesto que también hay que aplicarse más a asegurar que se gasta de manera eficaz y eficiente, garantizando el buen funcionamiento de los servicios públicos. Pero dicha labor de vigilancia no es excusa para el cumplimiento del deber de pagar impuestos. 

Los alumnos deben conocer desde muy pronto lo que cuesta financiar su enseñanza. No es gratis, cuesta más de 5.000 euros educar a cada alumno de primaria. Es uno de los innumerables ejemplos relativos al valor social de la contribución que hacemos entre todos. A sensu contrario, no estaría mal imaginar entre todos los alumnos de un curso escolar como sería un mundo sin impuestos. O que hubiera pasado en ese mundo cuando nos hubiéramos tenido que enfrentar a esta dichosa pandemia.

La introducción en la ley de estos contenidos es un buen comienzo, que celebramos. Ahora hace falta elaborar buenos materiales educativos, para que el aprendizaje de estos valores se realice con éxito desde la infancia.

Sería deseable que las administraciones encargadas de recaudar impuestos colaboraran con las educativas para que la nueva enseñanza se imparta con éxito. Para que comience pronto a difundirse el conocimiento de la utilidad asociada al pago de impuestos. Y se eduque sobre la necesidad de que la contribución a financiar los bienes y servicios públicos que previamente hemos considerado como necesarios sea justa: de todos, sin excepción, cada uno según su capacidad de pago, tal y como establece nuestra Constitución.

Luis González Calbet    @XJusticiaFiscal