Desbordado.

Les confieso que muchas veces soy incapaz ya no de comprender, sino simplemente de enterarme de los recortes en derechos sociales y presupuestos que día a día se están produciendo y que van a acabar afectando a la vida de miles de personas.

Analizar como con la excusa de reducir el déficit público se está aprovechando para desmantelar nuestro incipiente sistema de bienestar y de servicios sociales en nuestro país, es uno de los tres ejes que se van a estudiar en el II Foro de Pobreza, Exclusión y Voluntariado que organiza EAPN Galicia – Rede Galega contra a Pobreza esta semana en Santiago de Compostela. Los otros dos son el fraude fiscal, del que les escribía hace unos días Carlos Cruzado, el presidente de GESTHA, y la corresponsabilidad en la superación de la pobreza y la exclusión social de organizaciones sociales, empresas y administración pública

Para hablar del presente y el futuro del estado del bienestar, vendrá un experto, José Manuel Ramírez Navarro, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Sus reconocidos informes sobre el escaso avance de la ahora también en peligro Ley de Dependencia y su posicionamiento argumentado en defensa de los servicios sociales tienen una elevada repercusión pública.

Su opinión se resume en el artículo que me ha enviado.

Muchas gracias, José Manuel

Las PERSONAS para las que trabajamos en los servicios sociales NO SON NÚMEROS, pero sí ENTIENDEN DE NÚMEROS

Entienden que los 283 millones recortados a la Dependencia  en los Presupuestos del estado suponen su expulsión de un sistema que les prometía mucho. Saben que ya es seguro que no se podrá atender a las 270.000 personas con derecho reconocido y a la espera, y que las ya atendidas verán mermadas sus prestaciones cuando venga el siguiente recorte anunciado: el que acordarán las Comunidades Autónomas.

Las PERSONAS –mujeres invisibles- que atienden a familiares dependientes también entienden mucho de NÚMEROS. Echan cuenta de cuánto trabajan, de las renuncias vitales que se ven obligadas a hacer y de cuánto aportan en eficacia y economía de ahorro en atenciones al conjunto de la sociedad y no les salen las cuentas de la ingratitud y la desidia con que son tratadas.

Quienes se acercan a los servicios sociales básicos en busca de ayuda, entenderán de sobra que un recorte de más del 44% en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas afectará gravemente a la red pública que los atiende en sus barrios y en sus pueblos; en donde las situaciones de necesidad se han multiplicado mientras que las posibilidades de salir adelante de las familias se han ido restando. Entienden y saben que esos servicios sociales básicos ya atendían a cinco millones y medio de personas en 2007; que en 2009 se pasó a atender a ocho millones de personas y que de 2011 ni siquiera se ofrecen los datos… para no alarmar. Y entienden que miles de profesionales de la red pública se van a ir a la calle justo cuando más falta harían, trabajando duro, para evitar que la exclusión social (que es peor aún que la pobreza) se propague más de la cuenta.

Quienes viven en el mundo real (y no en ese que llaman financiero) saben tanto de NÚMEROS que cuando se les dice que España ocupa los primeros puestos en inequidad en la distribución de los bienes, que la distancia entre ricos y pobres aumenta más que ningún otro país de Europa o que una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de la pobreza, no se extrañan, sino que confirman lo que ya veían que venía ocurriendo alrededor. Hasta nos han cambiado la Constitución para que los NÚMEROS prevalezcan sobre los derechos de las PERSONAS.

Las familias que tuvieron la osadía de acceder a una vivienda –derecho convertido en mercancía- a precio inflado por los especuladores, ahora endeudadas porque han perdido los empleos, habiendo quemado todas las naves, saben más que nadie de NÚMEROS. Porque calculan incrédulos cuánto tiempo les queda hasta el desahucio de sus hogares y de los sueños de un futuro para sus hijos, como ya les ha pasado a otras 200.000 familias. Han de hacer números para saber si volver a casa de los padres es una opción, si cabrán todos, o si la magra pensión de los abuelos dará para alimentar a todo el mundo. Hacen cuentas y saben que jamás podrán pagar la deuda adquirida y que cualquier ingreso –o sueño- les será embargado.

Nosotros, los y las profesionales de los servicios sociales, no sabemos tanto de NÚMEROS, pero quizás sí lo suficiente como para asegurar que lo que algunos ven como “gasto improductivo” es inversión efectiva en seguridad, paz y cohesión social. Sabemos de NÚMEROS lo bastante como para comprobar que los retornos fiscales y el empleo que generan los servicios sociales son tan o más importantes que los que ofrecen otros sectores llamados “productivos” como el turismo o la construcción. Y, por fin, CREEMOS TANTO EN LAS PERSONAS que, indignados como estamos, no podrán engañarnos con más NÚMEROS.

José Manuel Ramírez Navarro