A principios de este mes de julio se ha hecho público un voluminoso informe del grupo de expertos, dirigido por el congresista KUROKAVA (ex-presidente del Consejo Científico del Japón), encargado por la Dieta de Japón (su Parlamento) para investigar el accidente nuclear de Fukushima. Tal como señalan la mayor parte de los medios de comunicación, la peor catástrofe nuclear desde la de Chernobil en 1986, la de la planta Fukushima, a mediados del marzo del pasado año 2011, se debió a un error humano resultado de la “connivencia entre el Gobierno, los reguladores y TEPCO (la operadora de la Planta) y la falta de autoridad de las partes mencionadas”.
Esta Comisión de investigación, tras considerar “imperdonable la ignorancia y arrogancia de cualquier persona u organización que trate con energía nuclear”, advierte carencias y desconocimiento en algunos aspectos de la seguridad existentes en la planta de Fukushima. “Su regulación fue encomendada a la burocracia gubernamental responsable de su misma promición”. El operador de la Planta, los reguladores y el Gobierno “no desarrollaron correctamente los requisitos de seguridad más básicos, como la evaluación de la probabilidad de daño, la preparación para contener los daños colaterales de este tipo de desastres y el desarrollo de planes de evacuación«. Tras el terremoto y el tsunami, la falta de formación y los conocimientos de los trabajadores de TEPCO sobre la instalación redujeron la eficacia de la respuesta a la situación en un momento tan crítico. Y, a medida que la crisis se agravó los sujeto intervientes y las autoridades responsables (las agencias gubernamentales y y la Oficina del Primer Ministro) no consiguieron “prevenir o limitar el daño emergente”.
Lo más curioso del informe, a mi juicio, es cómo formula una de sus conclusiones: «Lo que hay que reconocer es muy doloroso, fue un desastre, ‘Made in Japan’”, afirma la Comisión de Investigación. «Sus causas fundamentales se encuentran arraigadas en las convenciones de la cultura japonesa: nuestra obediencia reflexiva, nuestra renuencia a cuestionar la autoridad, nuestra devoción a ‘apegarse al programa». Y, por este motivo, se recomienda vivamente a los ciudadanos a “reflexionar sobre nuestra responsabilidad como individuos en una sociedad democrática”.
Aunque la industria nuclear esté empleando ahora todas sus energías en convencer a la opinión pública acerca de la seguridad de las centrales nucleares, pensamos que con el accidente de Fukushima hay un antes y un después. En efecto, el hecho de que la catástrofe -que obligó a más de 150.000 personas a abandonar sus hogares- tuviera lugar en uno de los paises más avanzados e industrializados del mundo, ha hecho que la percepción del riesgos por parte de la ciudadanía se haya disparado.
De esto mismo y de los efectos del accidente de Fukushima sobre el sector energético nos hablan la ex-Ministra de Medio Ambiente, Cristina NARBONA y el experto en cambio climático Jordi ORTEGA, en una obrita que lleva por título “La energía después de Fukushima” (editada por Ediciones Turpial, Madrid, 2012). Se trata de un documentado alegato en contra de la energía nuclear (“ni barata, ni limpia, ni segura”) y en defensa de la única alternativa sostenible de nuestro Planeta: la de las energías renovables. La histórica y valiente decisión del gobierno conservador de Alemania de abandonar la energía nuclear y apostar por las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética, contrasta con las del actual gobierno español de prorrogar la vida de las centrales nucleares y reducir el apoyo público a las energías renovables.
Vivia yo en el Pais Vasco cuando tuvo lugar la paralización de la –ya muy avanzada- central de Lemoniz (trágicamente enrarecida por el injustificado asesinato de varios de sus operarios). Hoy son nuevos tiempos, pero dudo mucho que, visto lo que hemos visto recientemente en Fukushima, los españoles apoyemos mayoritariamente la continuidad de este tipo de energía. Posiblemente, ni desde el punto de vista económico, nos lo podamos ya permitir.