En estos días está teniendo especial eco en los medios de comunicación la detención de varios patrones de buques pesqueros (la llamada «Operación Abuelo«) por tenencia de explosivos (dinamita) con los que presumiblemente se utilizan para la pesca de ciertas especies como la sardina. Desgraciadamente se trata de una práctica ancestral que se viene persiguiendo desde antiguo. Prueba de ello es la vieja Ley de 31 de diciembre de 1946 sobre represión de la pesca con explosivos en cuya exposición de motivos, además de referirse a una Reglamentación sobre libertad de la pesca de 1 de enero de 1885 (en la que ya se consideraba ilícito el uso de la dinamita), se justifican las sanciones gubernativas porque tales prácticas “agotan y ponen en peligro de desaparición tan importante fuente de riqueza”. En aquello tiempos se trataba de proteger los recursos pesqueros como parte de la riqueza nacional sin tener en consideración los daños colaterales al medio ambiente marino.http://video.google.es/videoplay?docid=-7872293913222844441#docid=-7872293913222844441
Actualmente, la pesca con explosivos -tanto en los ríos como en el mar- tiene la consideración de una infracción administrativa “muy grave” (así, por ejemplo en el art. 138,2 de la vigente Ley 11/2008, de Pesca de Galicia , en el art. 97, g) de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima de Estado). Y según el Código Penal, no sólo la tenencia o depósito no autorizado de explosivos puede constituir un delito, sino que incluso se prevé dentro de los delitos relativos a la protección de la fauna (piscícola, por ejemplo) la utilización de medios explosivos. Sin embargo, es triste comprobar que existen muy pocos casos de condenas por estos hechos delictivos. Y es que resulta muy dificil probarlos.
Como afirmaba el otro día en la Voz de Galicia Pablo CARRERA (biólogo y Director del Museo del Mar de Vigo), “los efectos de uso continuado de explosivos pueden durar hasta treinta años” y comprometer muy seriamente el futuro de este sector extractivo. Se alude también a los efectos devastadores sobre el fondo marino que pone en grave peligro la recuperación de los stock de las especies afectadas. “A tentación ten que ser moi forte –señala este experto-, pero estragan o seu futuro”.
A nivel internacional la lucha contra este tipo de insostenibles prácticas pesqueras, se enmarcan dentro de lo que se viene denominando “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” que incluye supuestos tan variopintos de buques pesqueros que: no posean un permiso de pesca válido; no comuniquen o registren los datos relacionados con las capturas; pesquen en una zona de veda; pesquen especies no autorizadas; utilicen artes prohibidos o no conformes; falsifiquen o disimulen su identidad; etc. La FAO promovió el 12 de marzo de 2005 la aprobación de la “Declaración de Roma sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”; la Unión Europea promulgó el Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo de 29 de septiembre por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; pero, al final, de qué sirve tanta reglamentación si falta una verdadera concienciación del problema en algunos de los profesionales (?) de la pesca; la mayoría son sacrificados y ejemplares trabajadores del mar que conocen bien el estado y los ritmos de recuperación de los recursos. También los mayoristas, los minoristas e incluso los consumidores podemos retrasar la erradicación de pesca tan irresponsable si no exigimos, cuando es posible, una certificación de productos pesqueros fiables. En todo caso, la responsabilidad es compartida y aquí no sólo está en juego nuestra saludable alimentación sino el entorno marino (el estado de los ecosistemas marinos) del que dependen los valiosos e insustituibles recursos pesqueros.
Buenos días,
Me gustaría darte la enhorabuena por el trabajo tan importante que estás realizando en la divulgación de la política y el Derecho ambiental. Estamos muy acostumbrados a escuchar, cada vez que surge una polémica ambiental, que es preciso aprobar una norma o desarrollar un plan. Eso quizás sea efectivo en terminos de «marketing político», pero desde luego no es necesario en la mayoría de los supuestos. Prácticamente todos los problemas ambientales tienen una respuesta jurídica adecuada. Ese no es el problema. Las dificultades están en la aplicación y el cumpimiento de las normas, como apreciamos en el supuesto de la pesca ilegal. Ese déficit aplicativo tiene que ver con múltiples factores, como la limitada capacidad de las administraciones públicas ambientales. No obstante, entre todos ellos destaca, a mi juicio, la percepción social de los problemas ambientales. Como sociedad hemos sido permisivos y justificando determinados comportamientos individuales, absolutamente pejuidicales para el interés general y para la sostenibilidad futura de sectores económicos centrales para la economía gallega. Esa ha ocurrido con otras lacras de nuestra sociedad, como los malos tratos. ¿Cuántas veces hemos sido testigos o inlcuso contribuido a reafirmar comportamientos individuales inaceptables, como la pesca o el marisqueo furtivo? Un cambio en la percepción social que nos lleve a un rechazo, sin ambages, de determinados comportamientos insolidarios y ambientalmente inadmisibles, es la única vía para hacer frente a los problemas ambientales. No puede ser que todos estemos de acuerdo en rechazar, con toda la fuerza de la Ley, determinados comportamientos (como un robo o unas lesiones), y que, sin embargo, seamos flexibles con actuaciones que generan lesiones, a veces irrecuperables, a bienes colectivos de las generaciones presentes y futuras. El empuje social es la única garantía de la aplicación y cumplimiento del Derecho ambiental. Este cambio de percepción social hará que las autoridades ambientales y judiciales, tenga mayor legitimación y convicción a la hora de garantizar la aplicación de las normas ambientales, y seguramente el medio ambiente pasará a ocupar un papel más relevante en las agendas políticas y en el diseño de las Administraciones públicas. Para ello tenemos que empezar, desde los más jóvenes, a reafirmar sólidos valores ambientales, para conformar una sociedad futura inflexible con las acciones idividuales que dilapidan nuestras posibilidades de desarrollo.