DESDE EL DOMINGO 29. Las tarifas de los peajes de la AP-9 y de la mayoría de las autopistas del Estado (las que estaban operativas antes del año 2000) subirán un 7,5 % a partir de las cero horas del domingo 29 de julio . Ese incremento parte de una orden del Ministerio de Fomento firmada ayer mismo y que lleva a las empresas concesionarias de autopistas de peaje a la aplicación de las nuevas tarifas. Este nuevo incremento en el precio de los peajes, que han subido un 30 % en los últimos diez años, supondrá que, por ejemplo,supondrá un desembolso de 14,35 euros en un viaje entre A Coruña y Vigo para los vehículos de la categoría 1 (motocicletas, turismos, furgones y furgonetas y microbuses). Ese mismo trayecto le costará 24,40 euros a camiones y autobuses de dos ejes, y 30,95 a camiones y autobuses, con o sin remolque, de cuatro ejes o más.

Y no será esa la única subida que se aplicará durante este año (hubo una del 3 % en enero) en las tarifas de los peajes de las autopistas dependientes del Estado. De hecho, el próximo 1 de septiembre, los precios por el uso de este tipo de vías de alta capacidad se incrementarán tres puntos con la entrada en vigor del nuevo tipo del IVA, que quedará fijado desde ese momento en el tramo del 21 %. Cuando eso suceda, el peaje de la AP-9 habrá subido este año alrededor de un 10 %.

Sin compensación

La subida del peaje de las autopistas viene motivada por la supresión de la compensación económica que venía abonando el Estado a las empresas concesionarias de autopistas desde el año 2000 para hacer frente a la pérdida de ingresos como consecuencia de la rebaja del 7 % en los peajes, tras la aprobación de un decreto, en 1999, de medidas urgentes de liberalización y de incremento de la competencia. En aquel entonces, el Gobierno argumentaba que la reducción del peaje de las autopistas era «un objetivo de política económica». De esa forma, se pretendía conseguir, por un lado, la «disminución de la carga económica de los ciudadanos» por la utilización de las infraestructuras, y por otro, «el apoyo a la competitividad y a la creación de empleo mediante la rebaja del precio de los transportes de las mercancías». Eran tiempos de bonanza en los que no importaba subvencionar con dinero público una parte del peaje para que los ciudadanos no percibiesen el incremento de los costes de mantenimiento de las infraestructuras.

Pérdida de ingresos

Pero eso se acabó el pasado 13 de julio. Ese día, el actual Gobierno del PP aprobó la derogación del artículo de aquel decreto del año 1999, firmado por el equipo de José María Aznar. El Ejecutivo de Mariano Rajoy explica ahora en su argumentación que la compensación del 7 % por la pérdida de ingresos que les suponía a las concesionarias la bajada de tarifas, «prevista hace más de una década, encontró su justificación en circunstancias impositivas que hoy han variado, por lo que no se justifica su permanencia».

Ahora, la orden ministerial de Fomento indica que procede la aprobación de las nuevas tarifas para el cálculo de los peajes a aplicar tras la supresión de la rebaja del 7 %, «que resarzan a las sociedades concesionarias por la eliminación de la compensación por dicha rebaja». La Delegación del Gobierno en las Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje estableció un cálculo para las nuevas tarifas de manera que el incremento sea equivalente a la rebaja del 7 % aplicada en su día, lo que supone en la práctica un aumento del 7,5 % sobre las tarifas vigentes en la actualidad para los peajes de las autopistas.

Pese a que desde el pasado 13 de julio se conocía la decisión del Gobierno central de suprimir la compensación a las concesionarias de autopistas, el sector confiaba en poder negociar con el Ejecutivo algún otro tipo de acuerdo que no implicase directamente una subida de las tarifas de los peajes en estos momentos de crisis. De hecho, la comunicación del Ministerio de Fomento causó cierta sorpresa en las empresas concesionarias de autopistas de peaje.

Libres Rande y A Barcala

La aplicación de este aumento del precio del peaje no tendrá ninguna incidencia en las autopistas pertenecientes a la Xunta, y tampoco afectará a los tramos de la AP-9 en Rande, para los vehículos que realizan los recorridos entre Vigo y O Morrazo, y el de A Coruña-A Barcala, los cuales se encuentran exentos de peaje porque son financiados con dinero público, procedente, al 50 %, del Estado y de la Xunta.

La Voz de Galicia