Conocí al fiscal Bartolomé Vargas hace unos diez años. Había venido a Galicia a convencernos a todos de las bondades de la reforma del Código Penal para frenar tanta muerte en la carretera. Llegaban a España las condenas de cárcel por los excesos con el alcohol, con la velocidad, por conducir sin carné… Había que explicarlo bien. Y Vargas lo hacía, con intensidad, con ilusión. Hablaba de combatir los delitos de peligro, la antesala del accidente, de la tragedia. Diez años después lo he vuelto a oír. Con la misma ilusión, con la misma intensidad, habló de la importancia de los medios de comunicación en la evolución de la seguridad vial, de la educación para conducir, para convivir. Habló de generosidad, del trabajo de los fiscales y de los policías en los accidentes, de la confección devlos atestados, de la atención a las víctimas. Y volvió a explicar aquello de los delitos de peligro, de riesgo, de la delincuencia vial y del modelo de justicia de seguridad vial que hace que un conductor que comete un delito grave sea juzgado y sentenciado en tres días. Es lo que Vargas llama aplicación de la ley inmediata, «que tranquiliza a la ciudadanía y presiona al delincuente».