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La sentencia del Tribunal Supremo sobre los conciertos económicos con colegios de enseñanza diferenciada (solo para chicos o solo para chicas) ha abierto un nuevo debate ideológico típicamente español: sin datos y acumulando clichés y prejuicios. El Supremo se ha limitado, supongo, a interpretar la ley socialista del 2006. Nada dice contra la enseñanza diferenciada y, por supuesto, no la llama sexista ni franquista, como tampoco lo hacen los americanos, los alemanes o los ingleses, que disponen de oferta solo para chicos o solo para chicas incluso en el sistema público. En el fondo, el verdadero debate es otro, relacionado con la democracia misma.
La idea que subyace a la ley de 2006 responde al criterio, defendido ayer mismo en su columna por Roberto Blanco Valdés, que admite la existencia de la enseñanza diferenciada, la considera necesaria para el pluralismo, pero rechaza que se financie con dinero público. Es decir, si usted puede pagar dos veces la educación, adelante, elija lo que le plazca. Si usted prefiere para sus hijos la diferenciada, pero es pobre y no puede pagarla, aguántese: la ley rechaza su legítima opción plural, no porque resulte más cara (sería falso), sino porque la considera sospechosa o inadecuada. Usted mismo parece sospechoso por planteársela y precisa de tutela, pobre bobo, hasta que tenga dinero para ejercer su libertad.
La supremacía moral típica de los planteamientos ideologizados da lugar a leyes como esta, con una triste anemia democrática en su ADN: esa mentalidad por la que un gobierno le convierte en sospechoso y le obliga a pagar muy alto el precio de pensar diferente.
Publicado en La Voz de Galicia, 25.agosto.2012

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de igualdad de trato en el que se recoge, finalmente y pese a las reticencias del Consejo Fiscal, la prohibición de otorgar subvenciones públicas a los colegios que ofrezcan enseñanza diferenciada: es decir, aquellos que atienden solo a niños o solo a niñas. Parece que se ofrece un único argumento: la exclusión de los chicos en los de chicas, y la exclusión de las chicas en los de chicos. Varios tribunales han señalado ya que eso no puede considerarse por sí mismo discriminación. Pero a Leire Pajín y al gobierno del que forma parte no les importa. Supongo que lo siguiente serán las peluquerías, las tiendas de ropa masculina o femenina, el deporte, en fin…
La gravedad de la medida radica en una nueva reducción de las libertades: en este caso, la libertad de elección de las familias. La arbitrariedad se agranda al comprobar que afecta a unas ocho mil, que son muchas y pocas a la vez: muchas, porque restringir la libertad de uno sin motivo fundado ya es mucho –sobre todo cuando las leyes no prohíben ni prohibirán tal tipo de colegios– y pocos, porque ni siquiera cabe presentarlo como un ahorro en el conjunto total de familias atendidas por la enseñanza concertada.
Podrían haber aducido razones técnicas o pedagógicas, pero resulta que esos colegios tienen un porcentaje de fracaso escolar muy inferior a la media. Así que en esto, como en otras cosas, habrá que aguantar un nuevo “trágala” de quienes presumen día y noche de su supuesta tolerancia –originariamente, una práctica al servicio de las sociedades pluralistas– y se manifiestan, sin embargo, como intolerantes básicos.