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Pobreza rural: Cuando la especie amenazada es la humana

3 de septiembre de 2018 a las 20:48

Invierno o suicidio demográfico, despoblación, abandono, incendios… Parece que muchas de las ideas y noticias que tenemos sobre el campo y el medio rural son negativas, que la única opción que les queda para salir de la pobreza a quienes allí viven es huir mientras puedan.

Y hay problemas graves, si, pero como en cualquier proceso de desarrollo o de intentar salir de la pobreza, el primer requisito es escuchar y trabajar con quienes viven y conocen su realidad y como mejorarla. Y es que los problemas son rurales pero muchas veces se les intentan imponer soluciones urbanitas desde la lejanía de las ciudades.

Desde el terreno y la lucha diaria contra la pobreza y la exclusión, me encanta dejarles hoy con Tamara Balboa, la nueva presidenta de COCEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural y coordinadora de actividades del CDR Portas Abertas en la comarca de Verín (Ourense).

Gracias, Tamara

Mozas e mozos en Feilas (Vilardevós / Ourense)

Pobreza rural: Cuando la especie amenazada es la humana

Empecemos a pensar desde lo pequeño. Si pensamos en grande los pueblos nunca van a estar a la altura de los criterios exigidos.

La pobreza rural no es sólo un tema económico. Es el aislamiento, la desconexión, la incomunicación y el fruto de políticas equivocadas centradas en infraestructuras o servicios totalmente inviables e insostenibles, de ahí que las políticas en el medio rural, debido a las variaciones poblacionales, deben ser ante todo versátiles y tratar de aprovechar sinergias, colaboraciones y consensos en cuanto a los ratios a aplicar en servicios educativos, sociales o formativos.

No es lo mismo trabajar en una cabecera de comarca que tener que moverse por los pueblos. No podemos establecer el mismo número de alumnos/as por profesor en un colegio de un ayuntamiento rural que en cualquier otro centro educativo. El criterio poblacional no puede ser el único para determinar la ubicación de los servicios: hay que tener en cuenta la dispersión geográfica, vías de comunicación, posibilidad de transporte público,… e incluso plantear servicios móviles.

Debería ser imposible la existencia de pobreza justo allí donde casi sale espontáneamente mucha de esa riqueza que podría paliar la situación. Deben favorecerse las condiciones propicias para que se empiece a producir riqueza y para que esta llegue al mayor número de población posible evitando la concentración y acaparación de tierras y recursos en manos de unos pocos. Algo que empieza a ser habitual, sobre todo en pequeños pueblos en los que empresas externas están accediendo a grandes extensiones de terreno para diversas explotaciones: mineras, agrícolas, producción energética…

Burocracia contra desarrollo

Tenemos un medio rico, muchas veces versátil, muchas veces con abandono de explotaciones productivas, conviviendo con pobreza y necesidad. La razón de que esto ocurra evidentemente no es natural, sino fruto de la burocracia que arrastra a esta pretendida sociedad del bienestar. Esta realidad, también nos hace patente que no sólo es necesario tener un modo de ganarse la vida en el medio rural, sino también, que necesitamos servicios educativos, sociales o sanitarios y  comunicaciones de calidad.

Los procesos administrativos que en su esencia deben ser garantistas, no lo son tal. La corrupción crece en progresión geométrica al lado que incrementamos estos procesos, convirtiéndose en una traba para poder acceder a la utilización de recursos por aquellos/as que de entrada están en una situación de desventaja.

Hemos fragmentado tanto la estructura administrativa que a veces se hace inoperativa, con departamentos estancos a veces incomunicados e incluso con acciones contrarias. Los ríos a la confederación, los montes a las direcciones generales forestales, la agricultura al departamento correspondiente, medio ambiente por otro lado, patrimonio por otro,… y así toda la estructura ministerial y autonómica y ahora los ciudadanos/as de a pie pongámonos a emprender cualquier proyecto con esto y esperamos a que lleguen todos los permisos y licencias.

Carreteras e infraestructuras para volver, no para huir

A veces pensamos que las infraestructuras son suficientes para el desarrollo. El medio rural es un claro ejemplo de que no es así: las carreteras muchas veces han servido más como rutas de evasión que de retorno y esto ha quedado patente cuando la mejora de las comunicaciones ha propiciado que muchos habitantes del medio rural hayan mantenido su trabajo en este, pero se hayan trasladado a vivir a las ciudades provinciales o a las villas cabecera de comarca.

Por otro lado, encontramos muchas otras infraestructuras que su razón de ser fue su propia construcción y que después protegidas por normas sectoriales de departamentos específicos impiden que sean empleadas por otros departamentos y que estén disponibles para ser utilizadas por los habitantes del medio rural o incluso acoger a nuevos pobladores. Sirvan como ejemplo, las miles de viviendas de maestros, antiguos cuarteles, obras públicas… que están cayéndose al suelo mientras al mismo tiempo hay miles de personas sin una vivienda digna.

Estas estructuras creadas desde lo urbano chocan para proteger el medio rural y consumen enormemente los recursos y energías de los pobladores. Las incompatibilidades y ordenes contra ordenes quedan patentes en demasiadas ocasiones y mientras cada departamento legisla por su lado, el medio rural español se despuebla a pasos agigantados cuando no es tiempo de pensar sino de actuar. Los municipios en los que la media de edad supera los cincuenta años no están para más esperas y esta no es la realidad de uno ni de dos, es la realidad de cientos.

Lodoselo (Sarreaus, Ourense) CDR O Viso

La principal especie amenazada… es la humana

Los habitantes del medio rural sabemos bien las especies animales que han desaparecido o están en riesgo de desaparecer por el abandono del campo o la modificación en las prácticas agrarias.

Si se consigue dignificar el medio rural, revalorizar y facilitar trámites y donde los métodos para hacer no estén encorsetados en formularios y protocolos habremos avanzado mucho. Los costes de garantizar, controlar y proteger no pueden tener como resultado el abandono, ya que la principal especie amenazada en muchas zonas es la humana y cuando esta cae las demás se resienten, ya que los ecosistemas deben estar en equilibrio y en el medio rural es necesario mantener al hombre para preservar otras especies.

Es necesaria una agricultura y una ganadería sostenible y respetuosa con el entorno que además de ayudar a mantener una rica biodiversidad que estamos perdiendo junto a otros muchos saberes, tiene otros muchos beneficios contra la lacra de los incendios forestales. Esta agricultura y ganadería muchas veces bajo los criterios administrativos no es rentable, ni moderna, pero es sostenible y con más facilidades y menos trabas ayudaría a mantener población,. Y es que la ganancia se ha pretendido conseguir con el aumento de la producción y de la dimensión de las explotaciones y no así con el aumento del valor de los productos y la puesta en valor de su calidad.

Debemos pensar para qué y donde queremos producir y facilitar los canales cortos de comercialización. Fomentar las pequeñas explotaciones está en manos de las administraciones, empezando por consumir estos productos en sus propios servicios de restauración.

Sierra de Ronda (Málaga) C.D.R Montaña y Desarrollo

Hablar con quienes pisan la tierra y no desde la lejanía

Hay algo tremendamente importante para luchar contra la pobreza en el medio rural: preservar saberes y fomentar su recuperación. Debemos recordar que  hasta no hace tanto nos hacían autosuficientes. Démosle valor, fomentemos su recuperación, muchas tecnologías eficientes y respetuosas con el entorno que es necesario preservar.

Algo fundamental que se les escapa a todas las administraciones a la hora de legislar sobre el medio rural es poner los pies en la tierra y buscar a los interlocutores válidos y autorizados, que son los propios habitantes, Ellas y ellos son los verdaderos expertos en su territorio. No se puede legislar sobre un territorio desde la lejanía. No se puede gobernar un ayuntamiento rural en el que no se vive y cada vez empieza a ser más frecuente que ni los propios alcaldes vivan en los pueblos.

Somos expertas en vivir mejor con menos.

Las ciudades están generando grandes bolsas de exclusión. Muchas de estas situaciones parecen irreversibles, con el acceso a la vivienda y a un empleo digno y de calidad como principales problemas. Parece claro que esta sociedad no va a generar muchos más empleos, las nuevas tecnologías están substituyendo la mano de obra humana. Esta realidad nos debe hacer plantear el futuro de un modo diferente y empezar a valorar lo que hasta ahora hemos denostado, empezando por la calidad de vida que un medio rural con unos servicios adecuados puede ofrecer.

La exclusión social en el medio rural no es tan extrema como en las ciudades. Las personas no son anónimas en los pueblos: les miramos a la cara y tienen nombre. En el medio rural es difícil ver a personas sin techo, hemos sido capaces de aprender a vivir a con menos y la solidaridad era uno de los valores por excelencia.

El vivir con menos para vivir mejor es uno de los retos que tenemos como sociedad para mantener simplemente este planeta habitable y ello pasa por un territorio habitado, un consumo responsable y sostenible de recursos y la producción de alimentos desde la proximidad y no por la concentración de millones de personas en grandes urbes que tal y como las conocemos empiezan a asfixiar en todos los sentidos.

Tamara Balboa

Alumnado del C.E.I.P Rodolfo Núñez Rodriguez (Vilardevós, Ourense)

Administración, Adultos mayores, Consumo responsable, Corrupción, Desarrollo rural, Desigualdad, Empleo, Exclusión, Inclusión, Medio ambiente, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Servicios sociales, Tercer Sector
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¿Por qué no se puede reducir la pobreza en España? #AporofobiaEconomica

13 de junio de 2018 a las 22:19

Xaquín Marín

Ya tenemos nuevo gobierno y nuevas ilusiones y promesas. Veremos si son palabrería o se hacen realidad, pero al menos el discurso oficial parece haber asumido por fin la emergencia social del aumento de la desigualdad de la renta (a la cabeza de la Unión Europea) o la pobreza (también la infantil).

Hace unos días denunciaba esa concepción de la economía que desprecia y hasta odia o los más débiles. Una “aporofobia económica” que confunde de forma interesada pobreza y miseria, niega que 12.400.000 de personas están en riesgo de pobreza o exclusión en España, no reconoce que tanto la crisis económica como la pretendida recuperación la han pagado y la siguen pagando las personas más pobres, en especial las mujeres. O lo que es peor, que se ha utilizado como excusa ideológica para avanzar en el desmantelamiento del tesoro de nuestro estado de bienestar.

He intentado resumir en ocho factores que creo que motivan el desplome de las rentas más bajas y que España sea un paraíso de la desigualdad. Afrontarlos debería ser la base de cualquier política económica que asegure sin rastro de aporofobia el desarrollo del país.

Tener empleo no es suficiente para reducir la pobreza.

Si ya en España el desempleo es un problema estructural, la reducción de la elevada tasa alcanzada en los años más negativos de la crisis se está realizando a costa de la creciente precarización del mercado laboral y del empeoramiento de los salarios y condiciones laborales.

Desde 2009, el peso de la remuneración salarial en la distribución del PIB ha caído en cuatro puntos. En 2016, mientras los beneficios empresariales crecieron un 200,7% sobre el año anterior, el coste laboral por trabajador se mantiene estancado desde 2012 (Informe “Premiar el trabajo, no la riqueza” Oxfam Intermon)

Una desigualdad que también se acentúa en la estructura salarial: entre 2008 y 2016, los salarios más bajos se han reducido un 15%, mientras que los más altos han crecido un 15,2%.

No debería extrañar que el 13,6% de la población ocupada esté en riesgo de pobreza, o que la última EPA del 2017 alerte del crecimiento del número de hogares con todos sus miembros activos en paro o del número de parados de larga duración.

Las personas desempleadas están en un callejón sin salida y sin entrada, con cada vez menos posibilidades de acceder a unas prestaciones por desempleo cada vez más escasas.

Miren el gráfico: la línea azul que baja son las personas que percibían alguna prestación por desempleo; la roja que sube las que han pasado a estar en riesgo de pobreza. Aporofobia en estado puro.

Tasa cobertura desempleo y % población en riesgo pobreza o exclusión. Fuente: Elias Trabada/Público

Falta de competencia como política social.

España es la economía europea con mayor número de oligopolios y carteles, especialmente en mercados relacionados con la vivienda y los servicios vinculados. Esta falta de competencia, además de suponer una barrera de entrada notable para pequeñas y medianas empresas, provoca que los precios de muchos bienes y servicios sean más elevados, detrayendo renta de los hogares.

Mientras entre 2008 y 2016 los ingresos de los hogares medios descendieron un 1,2%, el precio de la electricidad subió un 46,7%, el gas natural 31,2%, la gasolina un 39,5% y el gasóleo un 22,4%.

Y espántense con este gráfico y el imprescindible artículo de Ana Balseiro que lo explica: entre 2015 y 2018, el precio de algunos alimentos creció hasta cinco veces más que el salario medio.  ¿Se atreven a calcular lo que supone para las personas en pobreza severa que, con suerte, perciben desde hace 8 años los mismos 400€ al mes de una renta mínima autonómica?

Ya ven, defender la libre competencia y el libre mercado para luchar contra la pobreza, justo lo contrario que muchos subvencionados neoliberales de pacotilla hacen. No por casualidad, Joseph Stiglitz inventó el término “capitalismo de amiguetes”, o el primer informe sobre desigualdad de Oxfam Intermon en 2014 se titulaba “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica”.

La corrupción como causa de desempleo

Directamente relacionada con el apartado anterior. La corrupción no es solo una cuestión ética que se pueda perdonar a través de las urnas.

Como advierte repetidamente la Comisión Europea, falsea la competencia, permite que firmas poco competitivas se alcen con contratos millonarios sin ser las mejores para desarrollar los trabajos, por lo que el coste se eleva no solo a la supuesta ‘comisión’, sino también a la ineficiencia del gasto público.

Un informe del Banco de España lo dice de forma más elegante: “el crecimiento económico producido en España entre 1995 y 2007 se focalizó en los sectores con peores productividades, pero con mejor conexión con las administraciones públicas”.

El Estado ha “despilfarrado” más de 45.000 millones de euros en 20 años en infraestructuras innecesarias o infrautilizadas. ¿Hace falta hablar de infraestructuras innecesarias, autopistas rescatadas, el 3%? Quizá si, porque muchos de los nombres de empresas en las que están pensando han encontrado un filón enriqueciéndose, dentro y fuera de España, con la pobreza y la exclusión.

El aumento del precio de la vivienda, sobre todo de alquiler.

Según Eurostat, el 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27%. España es también uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda social: un 1,1% frente al 32% de Holanda o el 17% de Francia.

Lo que está pasando en el mercado del alquiler de vivienda es una burbuja de manual… y un buen “jugo” para aumentar la desigualdad. Los juzgados emiten más de cien órdenes de desahucio diarias a inquilinos, el 7% más que hace dos años.

El precio de los inmuebles creció un 6,2% en el primer trimestre del año, sobre todo en Madrid, Cataluña y Baleares. Solo en Galicia los alquileres suben hasta cinco veces más que los sueldos.

Fuente: Expansión

El sistema fiscal en España apenas reduce la desigualdad.

Se recauda mal y de manera injusta, ya que son las familias más pobres quienes soportan un peso desproporcionado de los impuestos, sobre todo indirectos, y perciben muchas menos transferencias sociales. En 2014 el 20% de la población más pobre pagó de promedio un 29% de su renta en impuestos, una cifra sólo superada por el 10% más rico.

El 72% del inmenso fraude fiscal español está generado por grandes empresas y grandes fortunas. No debería sorprender que el presidente de la Red Española contra la Pobreza (EAPN España) reclame un batallón de inspectores fiscales y de trabajo para luchar contra la desigualdad. No hay dinero. ¡Mentira!

La pobreza y la desigualdad se heredan.

Aunque creamos que los logros que obtenemos en la vida se deben a nuestro esfuerzo y talento, lo cierto es que en España el techo de cristal, o mejor el suelo pegajoso, que paralizará el ascensor social para los niños y niñas más vulnerables se muestra en múltiples detalles: a los 15 años han repetido curso un 53% frente a un 8% de los de familias acomodadas. Sus padres acuden tres veces más al médico de cabecera, tienen más riesgo de depresión o enfermedades mentales o cardiovasculares.

Nacer pobre implica hipotecarse de por vida y probablemente también la del 80% de sus hijos e hijas y nietos, la llamada transmisión intergeneracional de la pobreza

Y como contraste, el suelo de cristal en el que los hijos de familias de altos ingresos con signos de baja capacidad académica a los 5 años, tienen un 35% más de probabilidades de tener altos ingresos cuando sean adultos que los niños de familias más pobres con signos tempranos de alta capacidad. Los Cifuentes no son precisamente una excepción)

No hay mejor discriminación positiva que el hecho de que la mitad de las fortunas españolas provenga directa o indirectamente de la herencia. Muy lejos quedan las intenciones de millonarios como Zuckerberg, Gates o Buffet de donar la mayor parte de su fortuna a la lucha contra la pobreza a través de la iniciativa “The Giving Pledge” (El placer de dar)

Burocracia

Nuestro trabajo es luchar contra la pobreza, no hacer sudokus burocráticos” es un grito continuo de las organizaciones que deben relacionarse con la administración para llevar a cabo sus actividades (y el de muchas empresas, por cierto).

La multiplicación de requisitos administrativos contraproducentes,creciente inseguridad jurídica y sensación de sospecha y desprecio institucional está perjudicando seriamente a miles de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y de paso arruinando entre mostradores y formularios absurdos el prestigio de las políticas sociales públicas o de profesiones imprescindibles en la lucha por la inclusión social.

Es deprimente escuchar a responsables políticas su acuerdo rotundo con este tema pero reconociendo su impotencia casi inexorable para solucionarlo. Y es posible, la Xunta de Galicia se ha comprometido a reducir en dos tercios la información a cubrir y los plazos para valorar las solicitudes de reconocimiento de la discapacidad… ¿y si se extiende esta reducción a todos los procedimientos de inclusión social?

Ausencia y escasa eficacia de políticas públicas que aseguren ingresos mínimos e igualdad de oportunidades.

España es uno de los países más cutres de Europa invirtiendo en políticas sociales. Y es casi obsceno su interés en la lucha cntra la pobreza familiar e infantil.

Les dejo dos gráficos que lo resumen.  Uno de Daniel Fuentes sobre la evolución del gasto público en sanidad, cultura, educación y protección social (excluyendo pensiones) en España y en la media de los 19 países del área euro. Y otro de Unicef España sobre el gasto de prestaciones monetarias para la protección de familias con el que debería empapelar su despacho la nueva Comisaria contra la pobreza infantil.

Evolución gasto público en sanidad, cultura, educación y protección social (excluyendo pensiones) Vía @dfuentescastro

Se gasta muy poco, pero encima sin beneficiar a quien más lo necesita. Lo ha denunciado con inusual claridad la Comisión Europea: España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas. La OCDE lo concreta: el 20,4% de las transferencias públicas va a parar al 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre sólo percibe el 4%.

Más allá de las pensiones o la decadente prestación por desempleo está la mediocridad. No existe una política estatal ni un sistema estructurado de protección de rentas o garantía de ingresos dirigido a combatir la pobreza, ayudar a las familias o dar acceso a la vivienda.

El último recurso para los hogares en pobreza severa, son las llamadas “Rentas Mínimas de Inserción”, una red de protección fragmentada por comunidades autónomas “que protege poco y a muy pocos” por sus bajas cuantía y unos requisitos burocráticos extremos y basados en la culpabilización y la sospecha sobre las personas perceptoras. ¡Bienvenidas a la Confederación Española de Derechos Sociales Autónomos!

Y el modelo de éxito para reducir la pobreza sin burocracias ni aporofobia está muy claro. Como se indica en el gráfico de la Fundación FOESSA, sin las pensiones de jubilación, ocho de cada diez personas mayores de 64 años estaría en la pobreza, 7 de cada 10 en pobreza severa, con ellas esta cifra se reduce al 11% (al 3% la pobreza severa). Observen la diferencia enorme del impacto en las personas menores de 65 años.

Los españoles toleramos peor la desigualdad que otros pueblos. Un 74% consideramos un problema muy grave la diferencia entre ricos y pobres. Las soluciones para combatir contra la desigualdad están muy claras, sólo hay que tener voluntad política para implantarlas y exigir una economía sin rastro de aporofobia en donde el bienestar de las personas sea la principal prioridad.

Quizá habría que empezar por menos apelaciones a la patria y más al estado social y de derecho, ¿no?.

@xosecuns

Barrio La Rondilla (Valladolid)

 

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Explicando en clase por qué abuelas y abuelos están tomando las calles

9 de abril de 2018 a las 21:57

El 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, con un sencillo pero contundente “Miradnos bien, somos gallegos” la portada de La Voz de Galicia le dio una alegría inmensa a personas como Samba, Amdy, Zinthia, Libass, Alexque o Yosi que se vieron reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de nosotros.

Ese mismo día se publicaba el suplemento semanal La Voz de la Escuela, imprescindible para cualquier persona interesada en la educación. Y este artículo en gallego de Fernando Pariente explicando por qué es vital para niños y niñas entender y apoyar la defensa del sistema del sistema público de pensiones que ha puesto en pie a miles de pensionistas en defensa de sus derechos.

Quizá parezca que son temas diferentes, pero en realidad tienen mucho que ver. De hecho están hablando de lo mismo: el serio peligro de desaparición de nuestro estado del bienestar, forzándonos a pasar de un modelo de sociedad en el que todas las personas que vivimos en España cuidamos unas de otras a otro en el que cada uno se debe buscar la vida y si es un inútil o vago por no hacerlo, aguantarse y pedir limosna si acaso.

Si quieren entender mejor la extrema importancia de esta decisión política y como explicarla si acaso en sus clases, ademas de leer el artículo de Fernando Pariente, les recomiendo ver los vídeos, algunos de los que incluye la unidad didáctica elaborada por la Fundación FOESSA de Cáritas para explicar las conclusiones de su último y monumental informe sobre la pobreza en España. Como bien dicen: “La pobreza no es un problema de la crisis, sino de modelo social

Los abuelos salen a la calle

El pasado 22 de febrero ocurrió algo insólito en España. Los jubilados y pensionistas se manifestaron en más de sesenta ciudades. Numerosas personas mayores mostraron su indignación y su protesta contra elridículo incremento del 0,25 % que se viene aplicando a sus pensiones desde hace cinco años. En muchos casos eso significa un aumento de algunos céntimos nos sus ingresos mensuales. Menos de lo que vale la remisión de la carta con la que el Gobierno se lo comunica cada año. Por eso muchos procedieron simbólicamente a romper esas cartas en público. Parece que en los tiempos que corren se puede producir entre los abuelos un movimiento parecido al de los chicos indignados del 2011.

Las pensiones garantizan a los ciudadanos el bienestar mínimo indispensable. El sistema público mantenido por la Seguridad Social certifica que el Estado cubrirá tanto el cuidado de su salud como la satisfacción de sus necesidades cuando dejen de trabajar por jubilación o no encuentren trabajo. Que el Estado asuma esta responsabilidad es una conquista social tras muchos años de lucha desde mediados del siglo XIX, con la revolución industrial.

Manifestacion en Ferrol por unas pensiones dignas. Foto: José Pardo

En el sistema que funciona en España, el Estado recibe obligatoriamente alrededor de una tercera parte de la retribución de cada trabajador durante toda su vida laboral y financia con esos fondos las prestaciones de jubilación y de paro, cuando estas sean necesarias. Los trabajadores españoles estamos pagando durante toda nuestra vida laboral al Estado para que este cubra nuestras necesidades cuando dejemos de trabajar o cuando quedemos en el paro.

Estas prestaciones están destinadas a toda la población y son, por tanto, un efecto de la solidaridad de unos ciudadanos hacia los otros. Es importante comprender y reflexionar sobre esta idea. Durante toda nuestra vida laboral estamos cooperando para conseguir el bienestar de todos.

Este modelo está siendo objeto de debate porque hay quien piensa que no es económicamente sostenible. Los jubilados entraron en estado de alarma y las pensiones son noticia todos los días, mientras en el horizonte acechan amenazas de recortes en las prestaciones.

Los indignados pensionistas tratan de conseguir que su poder adquisitivo no se vea cercenado por un crecimiento ridículo de sus pensiones frente al alza de los precios de los bienes de consumo. Calentar la casa y pagar la luz cuesta hoy mucho más que hace cinco años, mientras que el incremento acumulado durante estos mismos cinco años en su pensión no pasa de los diez euros en muchos casos. Así que exigen que se aplique a las pensiones el mismo incremento, como mínimo, que se produjo en el año anterior en el IPC (índice de precios al consumo).

Para resolver esta difícil papeleta el Gobierno y los partidos políticos tienen que reunirse de nuevo en el Pacto de Toledo que firmaron hace años. Las personas mayores están en pie de guerra y al acecho del que ocurra.

Nos hace mejores

Desde que existe la Seguridad Social pública nuestra sociedad es mejor porque es más solidaria y tiene más conciencia de cuerpo social. Dejamos de ser una colección de individuos que coinciden viviendo sobre un territorio, para convertirnos en una organización solidaria que se compromete con el bienestar de todos sus miembros. Si sólo nos consideráramos individuos aislados, cada uno se dedicaría a solucionar su vida y, en el mejor de los casos, podríamos ayudar a otros por mera condescendencia, como un acto de caridad. Es lo que se hacía hasta el siglo XIX. Pero gracias a una nueva concepción de la sociedad, esta se convirtió en un conjunto solidario de ciudadanos en el que todos tienen derecho a un nivel básico de bienestar.

Ya no es una cuestión de caridad voluntaria, todos los ciudadanos tienen derecho a vivir dignamente y el Estado, centro de cohesión de todo el cuerpo social, tiene la obligación de garantizarlo. Por eso somos una sociedad mejor y este es un logro irrenunciable.

Un sistema que nació hace 135 años

Esta conquista social, que caracteriza especialmente a las democracias europeas, tiene su origen en las leyes que promovió en el Parlamento alemán el canciller de hierro, Otto von Bismarck, hace 135 años, para imponer un seguro obligatorio contra enfermedades y accidentes a favor de todos los trabajadores de la industria y de la Administración del país.

Bismarck no era precisamente socialista, pero fue el mejor medio que encontró para atemperar el creciente malestar de los obreros alemanes. La nueva ley, que entró en vigor el 15 de julio de 1883, estableció que el coste de estos seguros obligatorios debía ser abonado en dos terceras partes por los trabajadores y en una tercera parte por los empresarios, pero la ley fue impugnada ante la consideración de que no se debía exigir su financiación a los trabajadores. La impugnación prosperó y en 1884 se aprobó que la financiación corriera por completo a cargo de los patrones. Durante los años siguientes a ley se extendió al resto de los trabajadores asalariados y en 1889 se estableció de la misma forma un seguro de jubilación e invalidez.

No hay dinero. ¡Mentira!. Manifestacion en Santiago de Compostela

Con todo, el sistema creado por Bismarck no fue, aun, un verdadero sistema público de seguridad social, porque la prestación de los seguros la realizaban las empresas privadas con las que se contrataba y cubría sólo a los trabajadores por cuenta ajena, fundamentalmente el proletariado industrial y el personal de la Administración. Quedaban fuera muchas mujeres que trabajaban nos sus hogares y los artesanos, los pequeños comerciantes y emprendedores autónomos.

El auténtico concepto de Seguridad Social pública tiene que incluir dos características necesarias. La primera es el carácter público del servicio prestado y la segunda es la cobertura total de la población. Por eso la Seguridad Social tiene que estar organizada por el Estado y amparar a todos los ciudadanos de la nación. Para llegar a la concepción de un sistema de carácter público en el que el Estado se hiciera responsable de forma integral de la Seguridad Social hubo que esperar al año 1938, con la Ley de Seguridad Social de Nueva Zelanda, que sirvió de modelo para muchos países.

Actividades para trabajar en clase…

1) La Constitución española determina en su artículo primero que «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho». Esta definición básica de la nación española deja constancia de que nos constituimos como un conjunto solidario de ciudadanos y la organización estatal responde de satisfacer nuestros derechos en pie de igualdad. Eso tiene que ver con la supervivencia necesaria de la Seguridad Social y su carácter público. Buscad en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la comunidad los artículos que hagan referencia al derecho de los españoles a disfrutar de una Seguridad Social y a la forma de organizar sus prestaciones.

2) Probablemente no haya nadie en vuestra clase que no haya recibido alguna vez o que no esté recibiendo en su familia alguna de las prestaciones de la Seguridad Social. Muchos tendrán abuelos jubilados que perciben una pensión, alguien puede o pudo tener a su padre o su madre en paro o padeciendo una enfermedad de larga duración y percibiendo la prestación por desempleo, etcétera.

Haced un estudio de la relación de vuestra entorno familiar con la Seguridad Social. Comprobad cuántos miembros de vuestra familia están trabajando, reciben un salario y contribuyen con casi una tercera parte a sufragar los gastos de la Seguridad Social (ellos son miembros activos). Comprobad también cuántos son perceptores de prestaciones porque son jubilados, sufren incapacidad laboral o están en paro.

Comparad una lista con la otra y tomad conciencia de si el resultado en vuestro caso es favorable a la Seguridad Social o lo es a vuestra familia. Reflexionad sobre eso.

3) Para comentar el tema de hoy es muy recomendable que leas los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Administración, Adultos mayores, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Impuestos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Participación, Servicios sociales
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¿Combatir la pobreza o parasitarla?

22 de marzo de 2018 a las 0:33

Lo sentimos. Pero pretender luchar con una mínima garantía de éxito contra la pobreza y sus causas implica responder previamente a la pregunta del título.

Asistencialismo o derechos y transformación social. ¿Por qué modelo opta usted?  ¿Y la organización a la que dedica su tiempo o su dinero? ¿Y su parroquia o los servicios sociales de su ayuntamiento?

Una de las principales razones que están detrás del fracaso rotundo de muchas políticas y programas de inclusión social es no ser conscientes o pretender esconder esta toma de decisiones (ideológica y política) que se realiza de facto detrás de palabras quizá moribundas como ayudar (a los necesitados o desfavorecidos), solidaridad, caridad, compasión, apolíticismo…

Una aclaración. No vean ni un asomo de crítica a las personas que ante el desprecio del gobierno de turno, buscan dinero como sea para pagar costosos tratamientos a personas queridas, ni a las que dedican su tiempo o su dinero a ayudar a sus semejantes. Tampoco a las organizaciones para quienes estas actuaciones son, y así lo manifiestan, un medio, medidas de emergencia puntuales mientras siguen luchando por la dignidad y los derechos de las personas.

Pero es muy distinto, y en muchos casos obsceno, ver como organizaciones, políticas o profesionales de los servicios públicos lo convierten en un fin en sí mismo, abusando de la buena voluntad de donantes y voluntarias.

Quizás la RAE nos ayude a entender la pregunta del título y la trascendencia de esta decisión con uno de los significados del verbo parasitar: Utilizar como alimento a otro ser vivo sin llegar a matarlo”

¿Parasitar a las personas en pobreza o combatir con ellas las causas de la desigualdad?.

Culpables de ser pobres

En España, donde según la Comisión EuropeaLa desigualdad entre lo 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue creciendo”, un 27,9% de la población se encontraba en el 2016 en riesgo de pobreza (12.964.600 personas). Un riesgo que se dispara hasta el 54% cuando hablamos de alguna de las 1.754.000 familias monoparentales en las que un adulto (en un 82% de los casos una mujer) es el único responsable de los hijos.

Si la pasividad continúa, el 80% de la infancia que se encuentra hoy en la pobreza está condenada a sufrirla el resto de su vida. Y también sus descendientes. Se llama transmisión intergeneracional de la pobreza.

Si es pobre, por algo será. Si le va mal, será que no se ha esforzado lo suficiente. En paralelo a las cifras y como la llovizna, el pensamiento político que culpabiliza al pobre por ser pobre y al parado por no encontrar trabajo, va calando en el discurso político.

La clave está en “responsabilizar al individuo de su situación en una sociedad en la que las estructuras generadoras de desigualdad y exclusión quedan absueltas de responsabilidad”. En concebir un estado del bienestar limitado a los logros y la capacidad de los propios individuos. Es decir, o nos buscamos la vida o asumimos las consecuencias de nuestra incompetencia.

Este discurso triunfa. El rechazo y desprecio al diferente y el fomento del enfrentamiento entre personas y colectivos en exclusión gana terreno: “La culpa de la pobreza infantil es de sus padres”, “Los gitanos son vagos, ladrones o traficantes“, “Las personas sin hogar quieren vivir así y son peligrosas“, “Las personas con discapacidad son una carga para la sociedad“, “Los inmigrantes nos quitan el trabajo o la sanidad“,”Los jóvenes no tienen valores ni aspiraciones“, “Los parados  quieren vivir de las ayudas“…

Estas son algunas de las mentiras y prejuicios que la mayoría de las personas en riesgo de pobreza o exclusión tienen que soportar cada vez más. En muchos casos de personas profesionales o voluntarias en organizaciones o administraciones a las que están obligadas a acudir.

Lo definió de forma admirable la filósofa Adela Cortina al inventar la palabra “aporofobia” (odio al pobre): “El núcleo de la vida social no lo forman individuos aislados, sino personas en relación, en vínculo de reconocimiento mutuo. Personas que cobran su autoestima desde el respeto que los demás les demuestran. Y, desde esta perspectiva, los discursos intolerantes están causando un daño irreparable

Todo para los pobres pero sin los pobres.

Lo peor de estos prejuicios es cuando tu mismo los crees”,“Comencé a salir de la calle cuando dejaron de tratarme como un zombi y sí como una persona”, le escuché decir a Agustín y a Carlos, dos antiguas personas sin hogar…

Este discurso político culpabilizador e individualista requiere zombis para su funcionamiento. Si una persona es culpable de su desgracia, solo puede estar agradecida cuando otras personas de buen corazón, solidarias y caritativas, se apiaden y le dan una ayuda puntual…pero que no acabará nunca.

Este asistencialismo 2.0. triunfa por cuatro razones:

1) Inmediatez: El aquí y ahora. Sin filosofías de fondo ni diseño de proyectos. Es una economía de guerra en una crisis continua (y casi eterna) a la que vencer. Enviemos tropas al frente, demos fusiles y a las trincheras, o lo que es lo mismo, repartamos ropa y comida y abandonemos los proyectos de desarrollo comunitario. No se ayuda a vencer la crisis o la pobreza, simplemente se acompaña.

2) Espectacularidad: Con un inteligente uso de lo lúdico: cenas, conciertos, mercadillos o actos solidarios visualiza sus acciones, recauda fondos, fideliza personajes populares. Todo por los pobres pero sin los pobres en un despotismo ilustrado de lo social que celebra con los incluidos pero nunca con los excluidos. Quizá por esto, en las filas para entregar alimentos solo sonríe quien los entrega. En palabras de Bob Geldof a raíz del éxito de los conciertos Live Aid: ”mi único mérito es hacer del hambre un espectáculo”.

3º) Simpatía: El asistencialismo ha encumbrado a las personas voluntarias acríticas como la quintaesencia de la solidaridad. Sus acciones no requieren de técnica ni de graduados. La enseñanza de ciclos superiores de integración social, animación sociocultural, trabajo social o educación social parecen inútiles. Es suficiente con voluntarias que recojan, apilen y distribuyan.

Son organizaciones queridas. Querer a nuestro fontanero, compañía telefónica o administración pública parece ridículo cuando lo que esperamos es su eficacia. Pero este no es el caso.

4º) Lo cuantitativo: “¡Atendimos a 25.936 personas en el 2017!”. El asistencialismo es imbatible en lo numérico. Su idea de “atender” puede reducirse a dar un kilo de arroz o una pieza de ropa o referirse a atenciones continuadas pero sus números siempre apabullan. Muchas cifras pero casi nunca resultados. Su filosofía parece ser la de “cuantas más personas atendemos mejores somos” cuando debería ser la medición de resultados: ¿Confiaríamos en un hospital que presumiera de que sus pacientes son los que pasan más tiempos encamados pero donde apenas hay altas?.

Despacho de cartillas en Sevilla, 1940 Foto: Cecilio Sánchez del Pando

La desgracia no es un espectáculo

Frente a este modelo exitoso que representa a las personas en pobreza como culpables de su situación, dignas de lástima y permanentemente pasivas, resiste un modelo basado en la defensa de los derechos, en la participación e inclusión activa de las personas.

Conviene destacar el Código de Conducta de la Comunicación contra la Pobreza, que bajo el lema “La desgracia no es un espectáculo” se comprometieron a cumplir las organizaciones de acción social integradas en EAPN Galicia. Para éstas el fin último de la comunicación es el cambio social y promover la implicación y la participación de la ciudadanía.

Hay múltiples iniciativas para luchar contra el discurso del odio, la aporofobia o el desprecio en redes sociales, defendiendo los derechos de las personas e intentando presentarlas de manera realista y desde su dignidad. Campañas como la de Ciberespect, impulsada por Ecos del Sur, No nos juzgues  para luchar contra los estigmas que padece la juventud tutelada desde IGAXES o la campaña Iglesia por el Trabajo Decente impulsada por diversas ONGS católicas, son buenos ejemplos.

El pasado 17 de octubre (Día internacional para la erradicación de la pobreza), el Parlamento de Galicia, con el lema “Las personas no son culpables de su sufrimiento” aprobó por unanimidad una declaración institucional contra el odio y la aporofobia. Durante el 2018 decenas de entidades están impulsando una campaña bajo la etiqueta #MentirasPobreza.

La pobreza y la exclusión como discapacidad social

En la lucha contra la pobreza desde un enfoque de defensa de derechos y respeto a la dignidad también tenemos referentes exitosos de actuación. En multitud de procesos de cooperación al desarrollo pero especialmente en el campo de la ayuda humanitaria, donde la profesionalización y procedimentación son extremas para reducir al máximo el número de víctimas.

Emergencia, rehabilitación y desarrollo. Aplicar las tres fases del continuum humanitario (o contiguum para ser más exactos, dado que no son estrictamente secuenciales) ayuda a visualizar lo nefasto del modelo asistencialista.

En los primeros seis meses de una catástrofe humanitaria la ayuda de emergencia es prioritaria para salvar el máximo de vidas posibles. Desde los seis meses y hasta los dos años de la tragedia la fase de rehabilitación busca reconstruir las condiciones previamente existentes (infraestructuras, economía, servicios, etc.) Y lo antes posible comienza la fase de desarrollo, con intervenciones para mejorar de forma estable la vida de las personas. Siempre con análisis de la realidad, participación comunitaria, creación de capacidades locales, enfoque de género, etc.

En 2008 ya se hablaba en España de emergencia… ¿En 2018 es posible mantener este discurso sin reconocer su rotundo fracaso?.

Desde el punto de vista más técnico es imprescindible citar el desarrollo del modelo Inclúe y su apuesta por una atención de calidad contra la exclusión social severa. Impulsado desde la Fundación Emaus con la colaboración de numerosas expertas de organizaciones sociales y de la administración pública gallega.

En este modelo, al igual que en el ámbito de la discapacidad se pasó de un modelo médico o rehabilitador a una concepción social de la misma, haciendo hincapié en el carácter excluyente de las estructuras sociales y en la necesidad de adaptarse y valorar la diversidad de todas las personas. En el ámbito de la inclusión es necesario desarrollar un modelo de “discapacidad social” que sin dejar de lado los factores individuales promueva la modificación de las estructuras sociales que generan desigualdad.

No estamos ante una crisis temporal, sino ante un cambio de época donde debemos decidir si consentimos seguir avanzando hacia un modelo de privatización e individualización de los riesgos sociales, donde cada ciudadano debe buscarse la vida para asegurarse su bienestar, o defender un modelo de socialización de riesgos donde sigamos cuidándonos y haciéndonos cargo unas de otras.

El discurso asistencialista es cómplice de esta privatización, fomenta la culpabilización, la angustia y paradógicamente, la insolidaridad.

¿Por qué modelo opta usted?

Versión del artículo: Asistencialismo ou cambio de estruturas? escrito junto a Luis Barreiro para la revista Encrucillada

@xosecuns

Administración, Comunicación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Exclusión, Inclusión, Inversión social, NO Violencia, Organizaciones No Lucrativas, Otra Iglesia, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Voluntariado
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12 principios para luchar contra la exclusión social severa

28 de febrero de 2018 a las 23:23

Del profundo abismo de los dogmas políticos, de vez en cuando resurge un clásico: “las ONG son la cara bonita de la privatización de unos servicios sociales que deberían ser prestados por el estado“. Amén.

De esta generalización absurda (y cómplice por cierto de la verdadera y masiva privatización… pero a grandes empresas) que niega el trabajo diario y la filosofía de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que exigen a las administraciones públicas que cumplan su obligación de liderazgo y supervisión, escribíamos hace un par de años en el vigente ¿Desprecia la izquierda a las ONG que luchan contra la pobreza? 

Hace unos días planteaba en redes sociales una pregunta a profesorado y alumnado de Trabajo Social, Educación Social, Integración Social… ¿Es ético ningunear o generalizar ideológicamente en las clases a ONG de acción social (o de cooperación), negando su papel imprescindible en el sistema público de servicios sociales o de defensa de derechos… aún sabiendo que al hacerlo se está perjudicando gravemente la futura inserción laboral del alumnado?

Mientras hacía esta pregunta, no dejaba de pensar en el esfuerzo y ejemplo que la delegación gallega de Emaus Fundación Social ha hecho en los últimos años para desarrollar el Modelo INCLUE. Su concepto de “discapacidad social” y su apuesta por una atención de calidad en la atención a las personas en situación de exclusión social severa. Implicando desde el principio tanto a nivel político como técnico a la administración pública autonómica y municipal y a organizaciones con la misma filosofía.

Pueden descargar el informe de este proceso aquí, pero me gustaría resumirles los doce principios a los que llegan (página 66) para asegurar una intervención de calidad.

La pobreza no se esconde. Foto: Oscar Vázquez (La voz de Galicia)

1. Apostar por la activación, desde una concepción multidimensional de la inclusión.

Del mismo modo que en el ámbito de la discapacidad se pasó de un modelo médico o rehabilitador a una concepción social que hace hincapié en el carácter excluyente de las estructuras sociales y en la necesidad de adaptar esas estructuras a las características de todas las personas, reconociendo y valorando su diversidad, en el ámbito de la inclusión es también necesario desarrollar un modelo de “discapacidad social que, sin dejar de lado los factores individuales relacionados con los procesos de exclusión e inclusión, promueva la modificación de las estructuras sociales que generan desigualdad.

El entorno laboral, el educacional, el social y la vivienda, las políticas generales y las actitudes de toda la ciudadanía son co-responsables de los procesos de exclusión y, por tanto, parte activa de su solución. Esto afecta a todos los ámbitos públicos y privados, a todas las administraciones y a las instancias privadas, como la patronal, los sindicatos, medios de comunicación, etc.

Aun reconociendo la centralidad del empleo remunerado como elemento básico para la inclusión, es preciso reconocer la necesidad de trabajar otros elementos distintos de la empleabilidad (salud, vivienda, relaciones personales, etc.). Esto implica que el acceso al empleo remunerado no debe siempre considerarse como el objetivo básico de toda intervención y que cabe apostar por una concepción amplia de la empleabilidad, que reconozca el valor inclusivo del voluntariado, el cuidado a otros miembros de la unidad familiar, las actividades artísticas o, incluso, el ocio.

2. Derecho a una intervención de calidad.

Al margen de la regulación legal que en un momento dado pueda existir en una Comunidad Autónoma determinada, un modelo inclusivo de atención a las personas en situación de exclusión social debe tender a asumir que la percepción de apoyos para la inclusión constituye un derecho de las personas en situación de exclusión social. De ello se deriva que la provisión de esos apoyos –bien directamente, bien mediante entidades concertadas− constituye una responsabilidad de las administraciones públicas, no sujeta a discrecionalidad. Desde el punto de vista de la prestación del servicio, esto implica además la necesidad de garantizar la calidad del mismo, y de establecer los sistemas adecuados de inspección, acreditación y determinación de estándares.

3. Reconocimiento y respeto de los derechos.

El diseño de los programas y las intervenciones debe estar enmarcado en el reconocimiento de los derechos que asisten a las personas usuarias de los servicios sociales. Además de sus derechos básicos y fundamentales (a la igualdad, a la no discriminación, etc.) o de los derechos que el sistema de protección social les reconoce (a una prestación de garantía de ingresos o a unos servicios de apoyo para la inclusión social y laboral), las personas, en tanto que tales, deben poder también ejercer en la práctica el derecho a la dignidad, la privacidad y la intimidad, la autodeterminación y la autonomía, la capacidad de elección, o la satisfacción y la realización personal.

4. Individualización, autodeterminación y control.

Uno de los retos fundamentales de un modelo innovador y de calidad en el ámbito de la inclusión social radica en cómo promover la autodeterminación de las personas y su control en relación a los servicios que se les prestan, en la línea de modelos como la atención centrada en la persona o la vida independiente. Ello hace necesario promover un modelo de intervención que tenga en cuenta los condicionantes estructurales de la exclusión, y no se centre exclusivamente en los aspectos individuales de la misma, desde una concepción meramente rehabilitadora de la intervención social.

Más difícil resulta modificar las estructuras e inercias organizativas para garantizar que las personas atendidas tengan un mayor control a la hora de decidir el contenido de las intervenciones, establecer los objetivos de las mismas y evaluar sus resultados.

El acompañamiento individualizado se configura en ese sentido como una herramienta esencial para el desarrollo de este enfoque, en la medida en que puede combinar el derecho a la autonomía y el control de las personas que participan en los programas con la supervisión técnica de los procesos de inclusión por parte de los profesionales referentes de cada caso.

5. Perspectiva de género.

El principio de individualización hace inevitable la adopción de una perspectiva de género que tenga en cuenta en todas las fases de la intervención –diseño de los programas, articulación de los recursos, atención directa a las personas, evaluación de las intervenciones, etc.− las diferentes circunstancias que pueden rodear a mujeres y hombres en situación de exclusión.

La búsqueda de una igualdad real entre mujeres y hombres exige que las medidas y actuaciones diseñadas para la inclusión social se realicen a partir de una perspectiva transversal, que haga hincapié en los diferentes contextos vitales que hombres y mujeres tienen por el simple hecho de serlo. Ello obliga a adaptar los servicios a elementos tales como la posible presencia de responsabilidades familiares, el mayor impacto de los aspectos relacionales en los procesos de exclusión de las mujeres o la relación entre género, exclusión social y salud mental.

6. Desinstitucionalización, vivienda con apoyo y atención en la comunidad.

En el ámbito de la atención a los menores, las personas mayores o las personas con discapacidad, se ha aceptado la necesidad de que los servicios de alojamiento no se presten en centros residenciales de carácter institucional y de gran tamaño, sino en unidades de convivencia, viviendas tuteladas o con apoyo, y otros recursos residenciales ubicados en entornos comunitarios.

En el ámbito de la exclusión es todavía frecuente sin embargo el recurso a equipamientos aislados, institucionales y/o de gran tamaño, en los que el abordaje individualizado de la intervención, así como la autodeterminación y el control por parte de las personas usuarias resulta sumamente difícil, frente a la preponderancia de las necesidades organizativas. Un modelo de calidad debe por tanto basarse en la provisión de servicios de alojamiento en viviendas ordinarias, integradas en la comunidad, desde las que se puede prestar a las personas atendidas los apoyos necesarios.

La apuesta por un modelo comunitario de atención exige también basar las intervenciones en el aprovechamiento de los recursos comunitarios –comerciales, culturales, de ocio, etc.− de la zona en la que esas viviendas están ubicadas. Este enfoque exige también apostar por la búsqueda de alternativas de integración laboral en el mercado ordinario de empleo –con los apoyos necesarios y de forma más o menos gradual−, en detrimento de las fórmulas de empleo especial o protegido.

7. Reducción de daños y servicios de baja exigencia.

En el ámbito de la salud pública se ha aceptado el paradigma de la reducción de daños, renunciando a una concepción lineal de los procesos de inclusión. Asumir este paradigma  en el ámbito de las políticas de inclusión tiene dos consecuencias: desarrollar programas y equipamientos orientados fundamentalmente a evitar un mayor deterioro de las personas en situación de exclusión, aplicando criterios de baja exigencia en el acceso y en la utilización de los mismos; y renunciar a la idea de que toda intervención ha de ser necesariamente escalonada y lineal, y que el acceso a soluciones residenciales independientes sólo tiene sentido como culminación de un proceso previo de inclusión.

8. Apoyos para la calidad de vida.

La mayor parte de los elementos que se han señalado hasta ahora están presentes en el modelo de apoyos, autodeterminación y calidad de vida desarrollado en el ámbito de la discapacidad. La traslación de este modelo al ámbito de los servicios para la inclusión tiene, al menos, dos implicaciones:

La calidad de vida –tal y como la experimentan y definen las personas atendidas− se constituye como regla de oro de la intervención, en paralelo al objetivo de inclusión social. Si bien es cierto que no siempre pueden aplicarse a los servicios para la inclusión social las mismas bases conceptuales que se aplican en el ámbito de la discapacidad, el objetivo de la calidad de vida requiere un protagonismo mayor del que hasta ahora se le ha dado.

Por otra parte, el modelo de apoyos –estrechamente vinculado a la individualización de la atención− implica un cambio en la forma de concebir la intervención de los profesionales, cuya labor ha de centrarse preferentemente en la provisión de apoyos para la mejora de la calidad de vida y para la inclusión social de las personas atendidas.

9. Coordinación interinstitucional y continuidad de la atención.

Un modelo innovador y de calidad en el ámbito de la inclusión social debe articularse de forma que se garantice la continuidad de la atención y la coordinación de todos los agentes que intervienen, desde distintos ámbitos, con un mismo caso, a partir de un modelo de coordinación centrada en la persona.

10. Participación, ciudadanía activa y coproducción.

Cualquier modelo eficaz de trabajo en el ámbito de la inclusión social debe basarse en la participación de las personas, tanto en la definición de su proceso de inclusión, como en la gestión de los centros y recursos en los que participan. En ese sentido, no cabe duda de que implicación personal y participación social son mecanismos interrelacionados cuyo efecto mejora las posibilidades de autonomía personal e integración relacional.

El reto se centra en la búsqueda de herramientas que permitan empoderar a las personas en situación de exclusión social, capacitarlas, para generar y utilizar conocimientos de manera activa y eficaz de forma que puedan superar la barrera que les impide participar activamente en la sociedad, tomar el control de sus propias vidas y, en definitiva, convertirse en ciudadanos y ciudadanas autónomas.

11. Implicación de las entidades en la comunidad.

El trabajo de las entidades que prestan servicios para la inclusión social sólo puede resultar plenamente efectivo si estas entidades están presentes en el tejido social de los territorios en los que operan; si son capaces de participar activamente en las redes comunitarias y de influir en el debate público sobre la exclusión y la desigualdad, haciendo visibles las necesidades de estas personas y su derecho a recibir los apoyos que precisan para la inclusión.

12. Práctica basada en la evidencia y evaluación continua.

Cualquier modelo eficaz de intervención en el ámbito de la exclusión social debe estar basado en la evidencia científica y debe recurrir a intervenciones, prácticas, programas o enfoques cuya efectividad haya sido demostrada. Para ello cabe recurrir a las herramientas que tradicionalmente se han asociado al paradigma de la práctica basada en la evidencia –como los diseños experimentales o las revisiones sistemáticas de la literatura científica− sin olvidar, en cualquier caso, la necesidad de integrar en estas investigaciones y evaluaciones la voz de todos los agentes (incluyendo profesionales y usuarios).

Administración, Derechos humanos, Empleo, Inclusión, Innovación social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas sin hogar, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector
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¿Sobrevivir al cáncer para malvivir, Ministra?

1 de febrero de 2018 a las 0:44

¡Fuera del Hospital, Búsquense la vida!

Este es el mensaje que perciben muchas personas al recibir el alta hospitalaria.

Si hay algo frustrante para muchas profesionales de servicios sociales en administraciones y organizaciones sin ánimo de lucro, es la  coordinación en el espacio sociosanitario.

Décadas sin apenas éxito intentando conseguir una coordinación vital para la protección social y sanitaria. No hay forma de que las administraciones se pongan a definirlo, planificarlo, dotarlo y evaluarlo. Y no será por referentes positivos en el ámbito de la salud mental por ejemplo o intentos necesarios como en Navarra

El resultado es que a muchas personas se les salva la vida en el hospital pero luego se las deja a su suerte cuando les dan el alta: con dependencia, sin hogar, con daño cerebral adquirido... enfermas de cáncer.

En la lucha médica contra el cáncer hay buenas noticias. Se estima que en España hay 1.500.000 supervivientes y más de 100.000 personas le ganan cada año la batalla. La tasa de curación a los cinco años de un tumor de mama es superior al 85%, una cifra que invita al optimismo para los 26.000 nuevos casos diagnosticados cada año.

Las malas noticias empiezan al recibir el alta médica

El cáncer es una enfermedad que va más allá de la problemática médica y afecta al trabajo, economía, recursos, relaciones familiares y sociales del enfermo, etc. En muchas ocasiones las consecuencias económicas de la enfermedad pueden ser tan o igual de graves que el proceso de salud o sus secuelas. La lucha personal y familiar debería ser por volver a vivir, pero muchas personas están obligadas a luchar para sobrevivir, a defender sus y nuestros derechos en tribunales y medios de comunicación, a denunciar el trato kafkiano al que los responsables de nuestro estado social las condenan.

Los médicos están intentando curarme, pero la Administración me va a matar de hambre“. Así empieza en Change.org la petición Cambien la ley y protejan a los enfermos de cáncer que Beatriz Figueroa (@BeaMFigueroa), una de estas personas que no se rinden, dirigió a los grupos parlamentarios del Congreso.

Más de 650.000 firmar exigen modificar la Ley General de Seguridad Social para garantizar una protección suficiente y seguridad económica y jurídica a las personas mientras sufren las secuelas del cáncer. En especial ante la brutal indefensión socioeconómica a quienes se les diagnostica la enfermedad mientras perciben la prestación por desempleo.

Pueden firmar aquí y escuchen a Beatriz, Magdalena Martínez, Beatriz Rouco y Mercedes Valverde. Su historia podría ser la de cualquiera de nosotros.

Crueldad institucional con personas civilmente muertas

Alguien debía de haber calumniado a Josef K., porque, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana”

Así empieza El proceso, la obra maestra de Franz Kafza. No he dejado de acordarme de esta novela mientras leía toda la información que me ha mandado Beatriz pidiendo que difundiera esta injusticia y su lucha aprovechando que el 4 de febrero será el Día Mundial contra el cáncer. Ya lamento no ser periodista para escribir como debería su historia.

Pongámonos en el lugar de cualquiera de personas como las que aparecen en el vídeo. Lo cuenta Beatriz: “Después de diagnosticarme en marzo del 2011 me operaron en mayo y estaba recibiendo quimio en septiembre cuando recibí la resolución de que cobraría 426€ y además tendría que abonar el 40% de mis muchos medicamentos. Lo que menos me importó a partir de esa fecha fueron las vomitonas, la bajada de defensas, que el cuerpo me dolía como si me estuviesen torturando, ni siquiera que en mayo me tendrían que extirpar el otro pecho. Vivir y salvarme pasó a un segundo plano, lo importante era como iba apagar mi hipoteca, suministros y comer hasta ese momento“.

SERGAS (Servizo Galego de Saúde) INEM (Instituto Nacional de Empleo, ahora SEPE Servicio Público de Empleo Estatal), INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

En la web La vida no sigue igual se detalla el viacrucis de denuncias, huelgas de hambre, desprecio institucional y exclusión social a las que la Administración condena a miles de mujeres supervivientes al cáncer de mama: “Estamos en tierra de nadie y civilmente muertas sin derechos”.

Los datos son demoledores. Un estudio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,de Barcelona estimó que el 87% de las mujeres que trabajaban dejaron su puesto al ser diagnosticadas, el 46% de las que se encontraban en edad laboral no ha vuelto a trabajar tras superar la enfermedad y el 61% aseguraba que tenía que ver con el cáncer que habían padecido. 25.000 personas con cáncer se encuentran cada año en riesgo de exclusión social, el 27,7 % del total de diagnósticos (Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer)

Excma. Sra. Ministra Dolors Montserrat: ¿Está usted ahí?

Así comenzaba la carta que en febrero de 2017 se dirigió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reclamando la modificación de la Ley General de Seguridad Social para solucionar este problema (y de paso el de muchas personas con discapacidad y sus familias obligadas también al copago farmacéutico). Explicando como hacerlo y con el aval de la Defensora del Pueblo, la Valedora do Pobo de Galicia, decenas de diputadas y diputados del Congreso y más de 600.000 firmas.

El silencio y la inacción de la ministra sigue. Parece más entretenida en tertulias televisivas sobre independencias y patrias que en solucionar un problema que afecta a miles de españolas. Con su Secretario de Estado, José Castrodeza, si que hubo reunión pero de su compromiso de participación no se sabe tampoco nada. Como se dice en la carta: “…Creí entender que “Estado social” es aquél que se obliga a sí mismo, por medio de la ley, a proteger y a promover la justicia social y el bienestar de todos sus ciudadanos. Ahora he comprendido que en este país, esa definición es pura retórica. La cruel realidad que sufrimos los enfermos oncológicos mientras nos recuperamos de esta grave dolencia es una injusticia social.

El cáncer no es de color rosa

En muchas personas que han padecido cáncer hay una cierta desconfianza a las campañas que utilizan el lazo rosa como un mero símbolo de optimismo. Temen que sea artificial y que oculte el maltrato de la administración o el sentimiento de ira, indignación o frustración que provoca su falta de actuación.

Sin ningún ánimo de criticar a organizaciones como la Asociación Española contra el Cancer (AECC) ni por supuesto a las miles y miles de personas voluntarias que de forma admirable luchan contra esta enfermedad y se solidarizan con las enfermas, pero conviene reflexionar sobre el peligro de que instituciones públicas o partidos políticos intenten almibarar el cáncer, movilizándose aparentemente por los más gratificantes antes y después (prevención y tratamiento) pero evitando actuar de forma decisiva en un después asociado a las más incorrectas políticamente pobreza o exclusión por carecer de protección social, económica y laboral.

Lo explica Beatriz en Cuando baja la marea (rosa): “Es para mi imposible olvidar el lazo rosa que lucían en su solapa políticos que nos representan en el Congreso. Los mismos diputados de las Comisiones de Sanidad y Empleo y Seguridad Social que no contestaron al correo hablándoles de esas mujeres que se sienten desahuciadas después de sobrevivir a un cáncer de mama. Con su falta de respuesta, esos políticos deslucieron su gesto de ponerse un lazo rosa porque ignoraron a más 640.000 ciudadanos que firmaron para un cambio de ley de la Seguridad Social.

Administración, Campañas, Heroes cotidianos, Incidencia, Personas, Pobreza, Salud, Servicios sociales, Voluntariado
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No pidan calma en Trabajo Social

8 de enero de 2018 a las 21:58

Si hay una profesión que respeto es esta. Diariamente compruebo el trabajo constante de muchas profesionales, en los servicios sociales de las distintas administraciones y sobre todo en su imprescindible, y escasamente reconocido (cuando no despreciado) papel en múltiples organizaciones de acción social.

Por eso me puse bastante nervioso cuando me propusieron esta entrevista para el Colexio de Traballo Social de Galicia, y más con alguna pregunta que invita a pensar bastante. Como me la han pedido en castellano, aquí la tienen.

Gracias por negarse a tener calma.

¿Y qué pasa si te pedimos calma?

Que también me la pido yo muchas veces, pero me dura poco. Todos los días descubro causas que me motivan a hacer algo o como mínimo a difundirlas. Y tengo la inmensa suerte de conocer a muchas personas que, como dice la poesía de Benedetti que inspiró el título del blog, deciden “no quedarse inmóviles al borde del camino“.

Como decía en el artículo “¿Sirve de algo?” además de un cierto optimismo tengo también el convencimiento de que con rigor, defensa de derechos humanos y sobre todo constancia y trabajo en red se consiguen avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Por ejemplo, con la cooperación al desarrollo: los datos a nivel mundial de reducción de pobreza severa, analfabetismo, aumento de la esperanza de vida, muertes por guerras, etcétera, son incontestables. Detrás de cada mejora hay millares de personas que han peleado por ellas.

Dos términos que usas mucho cuando escribes son pobreza y exclusión social, ¿Cual es la diferencia?

La pobreza se refiere a la falta de recursos económicos para acceder a bienes y servicios básicos. En España el umbral de la pobreza para una persona supone ingresar menos de 684€ al mes. Si ingresa menos de la mitad (342€ al mes) está en situación de pobreza severa, 2,9 millones de personas en España en 2016.

Exclusión social hace referencia a un proceso más complejo que consiste en la pérdida de integración o de participación de una persona en una sociedad. Puede incluir la falta de ingresos (pérdida de trabajo, imposibilidad para realizarlo y para acceder a una prestación…), la ausencia de redes familiares y sociales, discapacidad, carencia de vivienda o distintas combinaciones de estos u otros factores.

Un ejemplo muy claro e indignante es la falta de accesibilidad en calles, locales comerciales y edificios públicos o viviendas particulares. De poco sirve tener una pensión digna para una persona en dependencia o con discapacidad si vive en un edificio sin ascensor o en muchos núcleos rurales.

Una buena noticia es que la Unión Europea haya establecido el indicador AROPE (Personas en Riesgo de Pobreza o Exclusión) homogeneizando la información entre países y comunidades autónomas y facilitando notablemente actuaciones de comunicación y denuncia, la comparación entre administraciones y la evaluación de la eficacia de las políticas publicas.

Informes como “El estado de la pobreza en España”,fichas como “O que debes saber sobre a pobreza en Galicia”, o webs como “Infancia en datos” son buenos ejemplos.

Términos como “pobreza energética” o “pobreza infantil” son eufemismos para mitigar la percepción da pobreza?

Lo que existe es la desigualdad y muchas versiones diferentes del “divide y vencerás” para que no disminuya. Desconfío cuando se le ponen apellidos a la pobreza y se presentan como fenómenos aislados, casi técnicos, y no como perspectivas de una misma problemática que debe afrontarse en su conjunto aunque prestando atención a las personas o colectivos mas las perjudicados.

No existen niños o niñas pobres en familias ricas. Lo que se debe afrontar es la pobreza familiar, con educación, sanidad, servicios sociales y rentas mínimas decentes,ágiles y estables. Con especial incidencia en las familias con hijos y específicamente a la pobreza infantil.

Y lo mismo podemos decir de la pobreza energética, hay que afrontarla pero no de manera aislada, con burocracia añadida que deben padecer las personas que la sufren o las profesionales que la gestionan.

¿La pobreza tiene que ver realmente con la crisis o con el modelo social?

Hace unas semanas me conmovió escuchar en un Foro sobre como luchar contra la herencia de la pobreza, a una trabajadora social en activo desde hay mas de veinte años negándose a rendirse mientras afirmaba que ahora estaba atendiendo a los hijos de los padres y madres con los que había trabajado hace años.

La mayor parte de la pobreza no la trajo la crisis, que ni en los años anteriores bajó del 19% de la población. Es un fenómeno estructural en España, agravado por el escaso desarrollo de políticas sociales no vinculadas al empleo, la “loteria social” de la extrema dispersión de medidas y compromiso político y presupuestario entre administraciones y un enfoque asistencialista y más pensado en culpabilizar a la persona y que salga del sistema antes que de la pobreza.

Fue clarificador leer este verano un librito de Kiko Lorenzo que lo explica muy bien:Metáforas para entender la crisis (y no volver la repetirla)

Cada vez que escuchamos las cifras macro parece que la economía no deja de mejorar. ¿Qué pasa realmente en los hogares en pobreza?

Que apenas se están enterando de esta mejoría. El terremoto de la crisis aparentemente pasó pero millares de familias siguen entre los escombros, muy debilitadas tras el esfuerzo de estos años, la merma de los ahorros o el agotamiento económico de las personas mayores.

Con todos sus defectos, el relativo aumento de presupuesto en medidas de emergencia como rentas mínimas, antidesahucios, etc. está favoreciendo una cierta reducción de la pobreza más severa. Pero esta mejora es muy endeble ante nuevas crisis, sobre todo porque el empleo que se está creando es de muy baja calidad.

Es imprescindible defender demandas contra la desigualdad como las de Oxfam Intermon: al mismo tiempo y con la misma importancia que se difunden indicadores macroeconómicos como crecimiento del PIB, inflación o balanza de pagos se deberían difundir también los de desigualdad, pobreza severa y relativa o fraude fiscal, y que certifican la mejora de la calidad de vida de las personas.

¿Qué papel deben jugar los y las trabajadoras sociales en la lucha contra la pobreza?

Para mí el trabajo social es una profesión de marcado carácter político que implica decidir de facto sobre cómo se ejerce; si con un contenido meramente técnico o burocrático o vinculado a la lucha contra las causas de la pobreza o la desigualdad y la defensa de derechos sociales de las personas con las que se trabaja.

Creo que estamos en un momento decisivo a la hora de afrontar el aumento brutal de la burocracia que está dificultando, cuando no provocando, la parálisis de procesos de inclusión en los servicios sociales comunitarios o en organizaciones de acción social, y sobre todo perjudicando a las personas en pobreza o exclusión y reforzando el creciente proceso de culpabilización de las mismas.

Lo definen de maravilla muchas de ellas cuando demandan Eliminar la violencia administrativa llamada burocracia para que deje de ser una barrera de acceso a nuestros derechos

Hay buena noticias como la Marea Naranja, la reflexión crítica y dialogo en muchos blogs y jornadas. Y admiro mucho y creo que no está reconocido el enorme esfuerzo que realizan muchas trabajadoras sociales en organizaciones de acción social, navegando entre administraciones públicas, normativas dispersas y prejuicios contra las personas para las que trabajan.

Otro de los temas que tratas es el de los refugiados. El Estado Español hizo el ridículo en la cuestión de la acogida?

Ridículo o mejor desprecio al sufrimiento y a los derechos humanos. En España donde el compromiso de acoger la 17337 personas quedó en so 1983, pero no muy diferente al del conjunto de la Unión Europea.

Un tema recurrente porque resume muchas de los factores que agravan la pobreza y la desigualdad, no solo con las personas refugiadas: pretender enfrentar a colectivos y personas o entre “pobres de aquí y de allá” en vez de no enfrentar las causas de su situación, pretender que una problemática no tiene una historia o unas causas detrás y que puede afrontarse solo con medidas inmediatas y en este momento el agravamiento brutal de la aporofobia, el odio con las personas refugiadas o con cualquiera que esté en riesgo de pobreza.

Me quedo con varias noticias positivas: la implicación de muchas personas a favor de los derechos de las personas refugiadas y que la muerte de Aylan no sea olvidada (la campaña #VenidYa fue un buen ejemplo), iniciativas innovadoras como Ciberespect de Ecos del Sur contra el discurso del odio en redes sociales o el trabajo callado pero muy efectivo de organizaciones como ACCEM por la inclusión de las nuevas gallegas y gallegos que tenemos la inmensa suerte de acoger.

¿Cómo afrontar el fenómeno de cada vez más hogares de una sola persona mayor que no tiene compañía?

Creo que lo primero es ser conscientes de que con el futuro envejecimiento de la población, se va a agravar la pobreza en las personas mayores. Si durante la crisis este colectivo no se vio tan perjudicado como el resto de tramos de edad fue gracias al relativo mantenimiento de las pensiones (lo que indica por cierto la bondad de los sistemas de rentas con las mínimas condiciones y burocracia posible).

Esto ya no es así. Está de nuevo aumentando el riesgo de pobreza en las mayores de 65 años. Su fragilidad se entiende porque por ejemplo el 62,7% de las pensiones que se distribuyen en Galicia tienen un importe inferior al umbral de la pobreza, un 16,3% por debajo del de la pobreza severa (en las de viudedad un 80,7% y 30,2%). La reducción de facto del importe de las pensiones de jubilación (con subidas anuales del 0.25% muy por debajo de la inflación) ya está empeorando esta situación.

Afrontar de una vez el futuro y la viabilidad del sistema de pensiones, es una decisión de prioridad política, rechazar también aquí el falso discurso de la competencia y el enfrentamiento entre colectivos por los recursos (en este caso jubilados contra juventud), denunciar sin descanso el cobarde y flagrante incumplimiento de la Ley de Dependencia o apostar de manera decidida por una economía de los cuidados creo que son algunas prioridades. Y asumo como propias las demandas que hacen desde Alzheimer Galicia, por ejemplo.

¿Hay esperanza para revertir la tendencia del empleo precarizado y estacional?

Hay que acabar con la teología del empleo” decían hace unas semanas en un grupo de participación de personas en riesgo de pobreza. Acabar con dogmas como “la mejor política social es el empleo” o  “tener trabajo es una garantía para salir de la pobreza”. La mayoría del empleo que se está creando es de muy baja calidad, con contratos precarios, elevada temporalidad y bajos salarios. Y especialmente y como siempre está afectando a las personas mas vulnerables.

No deberíamos resignarnos a este modelo ruinoso e injusto de empleo precario como factor de competitividad. Es inviable competir con salarios bajo, perderíamos el talento decía hace unos años el director general de FINSA, la empresa en la que aprendí gran parte de lo que sé. Reclamar derechos laborales en Galicia y en el resto del mundo: subida drástica del Salario Mínimo Interprofesional (y si de paso se elimina ese caballo de Troya que es el IPREM, mejor), apoyar un consumo responsable y campañas como Ropa Limpia o contra la explotación laboral infantil o aquellas que defienden unas condiciones laborales decentes en los productos que compramos.

Y en lo que más nos afecta, no estaría mal la coordinación entre servicios sociales y empleo dentro y entre la gran mayoría de las administraciones públicas y con las organizaciones de acción social. Pero también destinar los ingentes recursos para empleo (como la Garantía Juvenil,por ejemplo) a programas y procesos de acompañamiento, formación y orientación laboral a medio y largo plazo adaptados a cada persona, sin castigar a las personas desempleadas o a las organizaciones con ingentes, absurdos y continuos requisitos burocráticos obligándolas a recorrer mostradores en vez de formarse y prepararse para obtener un empleo decente.

El programa Incorpora, coordinado en Galicia por IGAXES, creo que es un buen ejemplo en este sentido.

Alguna vez has dicho que “las personas que dicen que todos los políticos son iguales es porque ellas, en su lugar, harían lo mismo que los corruptos”…

La frase seguro que llevaba algún “a veces pienso” o un “quizás”, que raramente soy tan directo, y siempre con una sonrisa, claro. Pero lo cierto es que más allá de una cierta constatación personal, desde que comencé en Manos Unidas a trabajar cómo voluntario en este temas he escuchado infinidad de excusas para no hacer nada ante la desigualdad y la pobreza. Y echarle la culpa a cualquier otro para evadir la responsabilidad propia es un clásico, cuando no oculta un desprecio o odio a quien está en pobreza, como de maravilla ha descrito Adela Cortina inventando la palabra “aporofobia

Si de algo sirve implicarse en actuaciones de incidencia política es comprobar que ni las personas son todas iguales, ni los políticos profesionales tampoco, como tampoco es cierta la chorrada de que las ONGS son apolíticas. El blanco y negro no existen y sí un inmenso gris “depende”.

Me sentí muy orgulloso de nuestro Parlamento cuando el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que decía que Las personas no son culpables de su pobreza. Nadie es culpable de su sufrimiento. Ninguna persona es inútil

@xosecuns

Comunicación, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector
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Nuestros niños son el futuro y otras tonterías sobre la pobreza infantil

20 de noviembre de 2017 a las 23:04

Entre las niñas y niños se da un fenómeno curioso llamado “sesgo de optimismo vital”. La divergencia entre su situación objetiva de pobreza y la valoración subjetiva que hacen de su calidad de vida. En el estudio “La infancia en vulnerabilidad social” de Cruz Roja, el 86% de los menores participantes con diferentes situaciones carenciales se manifestaron satisfechos con lo que tenían.

La ilusión y la inocencia desaparecerán pronto. De continuar con la pasividad, el 80% de la infancia que hoy se encuentra en la pobreza está condenada a sufrirla el resto de su vida Y también sus hijos y hijas. Y sus nietos. Se llama transmisión intergeneracional de la pobreza.

Las niñas y niños son nuestro presente, olvidemos ya la frase vacía de que son nuestro futuro.

La primera reclamación es darles voz, fomentar su participación activa en la defensa de sus derechos, reducir la llamada exclusión política. Y dársela también a sus padres y madres. En las redes sociales, medios de comunicación o con su voto.

¡Quiéreme, Escáchame y Entiéndeme!. Santo Domingo (Rep. Dominicana) Foto: Roberto Guzman

¿Niños y niñas pobres en familias ricas?

Está de moda difuminar el drástico aumento de pobreza y la desigualdad poniéndole todo tipo de apellidos, entre ellos los de infantil o juvenil. Habría que hablar primero de pobreza, en todo caso familiar.

En 2015, 118,7 millones de europeos, el 23,7% de la población, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). El 26.9% de los menores europeos entre 0 y 17 años .

En España, donde según la Comisión Europea “la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue creciendo” un 27,9% de la población se encontraba en el 2016 en riesgo de pobreza (12.964.600 personas). Un riesgo que se dispara hasta el 54% cuando hablamos de alguna de las 1.754.000 familias monoparentales en las que un adulto (en un 82% de los casos una mujer) es el único responsable de los hijos.

Si quieren profundizar en todos estos datos, o en los de su comunidad, consulten la web “Estado de Pobreza 2017

Blasfemando contra la “teología” del empleo

Acabemos con dos dogmas políticos: ni la recuperación económica permite salir de la pobreza ni la mejor política social es el empleo: la pobreza ya alcanza a un 14,1% de las personas con un empleo y la intensidad laboral (hogares en los que sus miembros trabajan menos del 20% de su tiempo disponible) apenas disminuyó del 13,8% al 13,6% entre 2015 y 2016.

De prioridad política nada.  Ensañándose con la infancia y la juventud.

Así se le niega el futuro a un país. En el 2015, el 34.4% de los menores de 18 años se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión en España, en quinto lugar europeo. Si tenemos en cuenta la pobreza anclada en el 2008 y según UNICEF ya sería el tercer país europeo con mayor pobreza infantil, tras Rumanía y Grecia.

E irán la peor en la juventud. El 38,2% de las chicos y chicas españoles entre 16 y 29 años están en riesgo de pobreza.

Pero el escaso interés político se percibe a la perfección cuando hablamos de pobreza severa, en la que España tiene la medalla de plata europea por detrás de Rumanía. 1.388.474 niñas y niños (el 16,7%) viven en hogares con ingresos inferiores a 334 euros al mes. Si se pusieran en fila a peregrinar a Santiago tendrían que salir desde Marsella.

¡La pobreza de niños y niñas no es culpa de sus padres!

Las razones de la escasa eficiencia de los sistemas y programas de política social, incluídas las de infancia, son conocidas: escaso compromiso político en presupuestos y planificación a medio y largo plazo, descoordinación entre las administraciones implicadas y con las organizaciones sin ánimo de lucro especializadas y un enfoque asistencialista dirigido a paliar la emergencia pero no a solucionar causas.

Invertimos muy poco en niños y niñas. Y no preocupa mucho saber cuanto. La inversión en infancia no es un capricho ni una política menor de la que prescindir cuando las cuentas están mal. Las elevadas tasas de pobreza tienen como causa principal a incapacidad del sistema redistributivo español de reducir la desigualdad en épocas de bonanza y para acentuarla en períodos de crisis.

¿Compromiso con la infancia? En España no

España dedica un 1.3% de su PIB total, frente a la media europea del 2.3%(no se pierdan el portal Infancia en datos) Dinamarca,por ejemplo, con una inversión del 3,7% de su PIB tiene una tasa de pobreza infantil del 9,2% .

Según UNICEF, en 2007, la inversión pública en España fue de 5158 € por niño/niña. En 2013, bajó hasta los 4514€.

Lejos de la creciente tentación política de enfrentar colectivos, es un ejemplo positivo la defensa de los derechos sociales, políticas, pensiones y presupuestos para las personas mayores de 65 años, que en absoluto se ha seguido en la protección de la infancia. Y que explica tasas de pobreza infantil y juvenil que duplican las de los mayores de manera record en el entorno europeo.

Foto: Constanza Morales

La lacra del corto plazo se erradica con compromisos y coordinación

Si estamos ante una emergencia social, debería ser afrontada inmediata y rotundamente ¿no?… Pues no.

Uno de los aspectos que mas deprime a organizaciones y personas que trabajan contra la causas de la pobreza es su normalización política, como si se tratara de un hecho casi natural e irremediable. Se venden así como éxito míseras mejoras en las cifras o medidas puntuales y cortoplacistas de asegurado escaso impacto. Quienes trabajan en contacto directo con las personas en pobreza tienen que asistir o paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre instituciones.

Si hablamos con honestidad de invertir (que no gastar) en infancia, hay que repensar por ejemplo si todas y cada una de las inversiones en obras públicas son más prioritarias.

Tras varios años de crisis, resulta contraproducente y un fracaso político impulsar medidas de emergencia en vez de procesos integrales de inclusión. La apuesta por políticas y medidas asistencialistas o el chantaje emocional con el sufrimiento de niños y niñas, además de un abuso de la buena fe y la solidaridad de miles de personas, refuerza la culpabilización de las personas e impide su empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

¿Cuantos ayuntamientos se verán “obligados” o hasta presumirán de solidaridad por tener que abrir el próximo verano los comedores escolares ante la emergencia de la situación de niños y niñas? Tras un curso entero, otro mas, sin encontrar respuestas estables, inclusivas y respetuosas con la dignidad de las familias afectadas, no dice mucho de la competencia de las concejalías responsables.

Las estrategias y medidas a largo y medio plazo suelen ser sustituidas por un maremagnum de normativas, requisitos y medidas puntuales y aisladas. Esta extrema dispersión, además del sufrimiento innecesario en las personas, provoca una excesiva carga de trabajo y desánimo en muchas profesionales en administraciones y especialmente en las organizaciones de acción social obligadas a actuar de intermediarias.

Si de verdad fuera una prioridad política, entonces…

Lejos del discurso aporofóbico de culpar y hasta odiar a las personas en pobreza, la gravedad de la pobreza infantil es que son las personas adultas las encargadas de proporcionar un vínculo sano, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente sus condiciones emocionales y mentales para proporcionarlo, siendo este imprescindible para el desarrollo físico, mental y emocional de niños y niñas.

Si reducir drásticamente la pobreza severa en las familias y en la infancia es una prioridad YA (no “a ver si al final de la legislatura“), es obligado apostar por una Ley y un sistema estatal de Garantía de ingresos o rentas mínimas que permita una vida digna a todas las personas que lo necesitan, de manera prioritaria y urgente a todas aquellas personas con niños y niñas a cargo, simplificando y armonizando drásticamente su gestión administrativa.

Priorizar las personas y las familias, sobre todo las que tienen menores a cargo, supone dar apoyo específico a la infancia y la juventud como colectivos especialmente afectados, pero también contra la transmisión intergeneracional de la pobreza y el declive demográfico: prestaciones económicas, atención temprana (0 a 3 años), planes de apoyo a familias monoparentales, impulso a los programas de alquiler social o paralización de desahucios poniendo especial atención en las familias con menores, etc.

Se lo resume en apenas un minuto Joseba Zalakain. Y pueden ver a otros expertos como Jordi Longás, Guillermo Fernández, Kepa Larrañaga… y conocer mucho más en esta página ¿Cómo hacemos para que nuestras hijas y nietas no hereden la pobreza?

Es imprescindible defender la demanda de la Plataforma de Infancia y aumentar los ridículos presupuestos destinados a la infancia.

Aumentar el número de familias beneficiarias de la prestación por niño o niña a cargo para llegar a todas las que viven en situación de pobreza o aumentar su cuantía de 24.25€ a 100€ mensuales (con una bonificación del 50% para las familias monoparentales). Save The Children ha demostrado que se trata de uha medida viable, que haría que 638.770 niños y niñas salieran de la pobreza en una legislatura. Y con un coste equivalente al 0,41% del PIB.

Unicef va más allá sugiriendo con valentía desde el 2014 que esta renta debería y podría ser universal.

Una educación inclusiva que impida heredar la pobreza

Entendiendo que es el principal factor para el desarrollo personal, la integración social, el combate contra los prejuicios o la defensa de derechos, la educación es un ambito de actuación imprescindible de muchas organizaciones del Tercer Sector y donde se encuentran muchos de los ejes citados, en especial el hercúleo trabajo de fomentar la coordinación entre educación, empleo y servicios sociales.

Huyendo como de la peste del viejuno modelo de escuela del siglo XIX para afrontar desigualdades del siglo XXI, una educación inclusiva y normalizada que erradique cualquier discriminación y fomente la cohesión social, defendiendo el derecho de toda niña o niño a acceder de manera igualitaria al servicio público de la educación, que le proporcione los instrumentos precisos para desarrollarse plenamente en aquellos aspectos que le facilitarán logros académicos y sociales y su posterior incorporación como miembro activo de la sociedad.

Una educación centrada en el ciclo vital de la persona y su entorno y no en las competencias de las consejerías: Atención temprana, educación básica, lucha contra el fracaso y el abandono escolar, formación para el empleo (antes, durante y después), educación no formal, etc.

Luchar contra la pobreza infantil es hacerlo en sus familias, con rentas mínimas dignas y ágiles, viviendas decentes y acompañamiento profesional en este proceso y en el de formación y búsqueda de empleo.

Sí por algo deben pelear las organizaciones de acción social es porque las personas aseguren su futuro y no la visita al siguiente mostrador

@xosecuns  

Artigo escrito junto a Sara Abella y publicado en la revista Tempos Novos con el título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Vivienda

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Pobreza (sen apelidos).Tamén infantil

4 de septiembre de 2017 a las 21:27

Entre as nenas e nenos dáse un fenómeno curioso que deu en chamarse “sesgo de optimismo vital” e que explica a diverxencia entre a súa situación obxectiva de pobreza e a valoración subxectiva que fai da súa calidade de vida. Así, no estudo “A infancia en vulnerabilidade social” de Cruz Vermella, o 86% dos menores participantes da entidade con diferentes situacións carenciais manifestáronse satisfeitos co que tiñan .

A ilusión e a inocencia desaparecerán pronto. De continuar coa pasividade, o 80% da infancia que se atopa hoxe na pobreza está condenada a sufrila o resto da súa vida E tamén os seus fillos e fillas. E os seus netos. Chámase transmisión interxeneracional da pobreza.

As nenas e nenos son o noso presente, esquezamos xa a frase baleira de que son o noso futuro. Por iso a primeira reclamación é darlles voz, fomentar a súa participación activa na defensa dos seus dereitos, reducir a chamada exclusión política. E dárllela tamén aos seus pais e nais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto.

Pobreza, madres solas, cariño, exclusión

Madres solas. Foto: Aitor Lara

Non hai nenos e nenas pobres en familias ricas

Está de moda difuminar o drástico aumento de pobreza e a desigualdade poñéndolle todo tipo de apelidos, entre eles os de infantil ou xuvenil. Compre falar primeiro da pobreza, en todo caso familiar.

No 2015, 118,7 millóns de europeos, o 23,7% da poboación, atopábanse en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE). O 26.9% dos menores europeos entre 0 e 17 anos .

En España, onde segundo a Comisión EuropeaA desigualdade entre o 20% máis rico e o 20% máis pobre é unha das máis elevadas da Unión e segue crecendo” un 27,9% da poboación atopábase no 2016 en risco de pobreza (12.964.600 persoas). Un risco que se dispara ata o 54% cando falamos dalgunha das 1.754.000 familias monoparentais nas que un adulto (nun 82% dos casos unha muller) e o único responsable dos fillos.

En Galicia os indicadores son mellores que no conxunto do estado, pero case 700.000 persoas, o 25.4% da poboación, está en risco de pobreza e/ou exclusión.

Rachemos con dous dogmas políticos: nin a recuperación económica ou ter emprego permite saír da pobreza nin a mellor política social é o emprego: a pobreza xa alcanza a un 14,1% das persoas cun emprego e a intensidade laboral (fogares nos que os seus membros traballan menos do 20% do seu tempo dispoñible) apenas diminuíu do 13,8% ao 13,6% entre 2015 e 2016.

31.426 nenas e nenos. Asañándose coa infancia e a mocidade.

Así se lle nega o futuro a un país. No 2015, o 34.4% dos menores de 18 anos se atopaban en risco de pobreza e exclusión en España, en quinto lugar europeo. Se temos en conta a pobreza anclada no 2008 e según UNICEF xa sería o terceiro país europeo con maior pobreza infantil, tras Romanía e Grecia.

En Galicia un 28,8% : 111.739 rapaces. E irán a peor na mocidade. O 38,2% das mozos e mozas españois entre 16 e 29 anos están en risco de pobreza (un 37,8% en Galicia). Cabe puntualizar que, aínda que a recomendación das organizacións especializadas en infancia é considerar que esta chega ata os 18 anos, as desagregacións por idade que manexan IGE e INE van unicamente ata os 16 ou de 16 a 29 anos.

Pero o escaso interese político percíbese á perfección cando falamos de pobreza severa, na que España ten a medalla de prata europea por detrás de Romanía. 1.388.474 rapaces (o 16,7%) viven en fogares con ingresos inferiores a 330 euros ao mes. Se se puxeran en fila a peregrinar a Santiago terían que saír dende Marsella. En Galicia os datos son máis alentadores, pero 31.426 (8.1%) nenos e nenas se atopaban en pobreza severa.

As políticas de infancia non son políticas menores

Aínda que en mellor situación que na media do estado, Galicia comparte as mesmas razóns da escasa eficiencia da súa política social, incluída a de infancia: escaso compromiso político en orzamentos e planificación a medio e longo prazo, descoordinación entre as administracións implicadas e coas organizacións sen ánimo de lucro especializadas e un enfoque asistencialista dirixido a paliar a emerxencia pero non a solucionar causas.

A pobreza de nenos e nenas non é culpa dos pais. O investimento en infancia non é un capricho do que prescindir cando as contas están mal. As elevadas taxas de pobreza teñen como causa principal a incapacidade do sistema redistributivo español e galego de reducir a desigualdade en épocas de bonanza e para acentuala en períodos de crise.

Compromiso? España adica un 1.3% do seu PIB total, fronte á media europea do 2.3%. (non se perdan o portal Infancia en datos) Dinamarca,por exemplo, cunha inversión do 3,7% do seu PIB ten unha taxa de pobreza infantil do 9,2% .

Segundo UNICEF, no 2007, o investimento público en España foi de 5158 € por neno/nena, no 2013, baixou ata os 4514€. En Galicia, pasouse de 6038€ a 5077€.

Lonxe da crecente tentación política de enfrontar colectivos, resulta un exemplo a defensa dos dereitos sociais, políticas, pensións e orzamentos das persoas maiores de 65 anos, que en absoluto se ten seguido na protección da infancia. E que explica taxas de pobreza infantil e xuvenil que duplican e triplican as taxas de pobreza nos maiores dun xeito record no entorno europeo.

Compromisos e coordinación para erradicar a lacra do curto prazo

Hai en Galicia 31.426 menores en fogares e familias en pobreza severa, case unha cuarta parte das 132.000 persoas que no 2015 estaban nesta situación. Unha emerxencia social que debería ser afrontada inmediata e rotundamente.

Un dos aspectos que mais deprime a organizacións e persoas que traballan contra a causas da pobreza é a súa normalización política, como se se tratase dun feito case natural. Véndense así como éxito míseras melloras nas cifras ou medidas puntuais e curtopracistas de asegurado escaso impacto. Quenes traballan en contacto directo coas persoas en pobreza teñen que asistir ou paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre institucións.

Se falamos con honestidade de investir (que non gastar en infancia), hai que repensar por exemplo se todos a cada un dos investimentos en obras públicas son máis prioritarios.

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político impulsar medidas de emerxencia no canto de procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas ou a chantaxe emocional co sufrimento de nenos e nenas, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade de milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas e impide o seu empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

Cantos concellos se verán “obrigados” ou ata presumirán de solidariedade por ter que abrir este verán os comedores escolares ante a emerxencia da situación de nenos e nenas? Tras un curso enteiro, outro mais, sen atopar respostas estables, inclusivas e respectuosas coa dignidade das familias afectadas, non di moito da competencia das concellerías responsables.

As estratexias e medidas a longo e medio prazo adoitan ser substituídas por un maremagnum de normativas, requisitos e medidas puntuais e ailladas. Esta extrema dispersión, ademais do sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias.

A Xunta de Galicia, a cuxa Consellería de Política Social hai que recoñecerlle a intención de superar o curtopracismo, ten pendente difundir dende o 2014, e xa de paso actualizar, o recoñecido Informe sobre pobreza infantil , en base á que esta feita a Estratexia para a Infancia e a Adolescencia (EGIA) 2016-2020, aínda non publicada.

Un dos aspectos mais reclamados neste borrador ou en Estratexias como a de Inclusión Social 2014-2020 ou na Axenda Social asinada por Xunta de Galicia, FEGAMP e EAPN Galicia é a coordinación política e técnica así como a transparencia na difusión de datos obxectivos de esforzo orzamentario e eficiencia das actuacións compartidas de política social.

Estamos a tempo de reverter tendencias

Lonxe do discurso aporofóbico de culpar e ata odiar as persoas en pobreza, a gravidade da pobreza infantil é que son as persoas adultas as encargadas de proporcionar un vínculo san, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente as súas condicións emocionais e mentais para proporcionalo, sendo este imprescindible para o desenvolvemento físico, mental e emocional dos nenos e nenas.

Na pasada campaña electoral ao Parlamento de Galicia, dende EAPN-Galicia prantexáronse ás distintas candidaturas diferentes demandas destinadas á mellora ca calidade das familias. En varias acadouse un consenso elevado (ver web www.pobreza.gal)

Non foi o caso diante do clamor de implantación exhaustiva da RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) como medida de choque contra a pobreza e a privación material severas. E de destacar o aumento de orzamento desta partida nos últimos anos e o compromiso de aprobar no 2017, tras tres anos de retraso, o decreto que debe desenvolver a Lei que o regula fornecendo por fin apartados como o complemento por vivenda ou a compatibilización da prestación co emprego.

Pero non abonda, as 13.848 persoas que percibiron unha RISGA no 2015, un 13% mais que no ano anterior, supuxeron tan so 5,07 por mil habitantes, lonxe dos 6,2 de Castela e León ou dos 19,3 de Asturias e a anos luz de Navarra ou Euskadi.

Se reducir drasticamente a pobreza severa é unha prioridade nesta lexislatura, é obrigado multiplicar o orzamento adicado á RISGA como mínimo ata o nivel de Asturias (de xeito prioritario e urxente a todas aquelas persoas con nenos e nenas a cargo), simplificar administrativamente a súa xestión e avanzar cara un sistema áxil e amplo de Garantía de Ingresos.

Priorizar as persoas e as familias, sobre todo as que teñen menores a cargo, supón dar apoio específico á infancia e a mocidade como colectivos especialmente afectados, pero tamén contra a transmisión interxeneracional da pobreza e o declive demográfico: Plan de apoio a familias monoparentais, ampliación ata os 3 anos de idade do Cheque Benvida para familias con nenas e nenos en pobreza, impulso aos programas de aluguer social ou paralización de desafiuzamentos poñendo especial atención nas familias con menores, etc.

No eido estatal, é preciso defender a demanda da Plataforma de Infancia de aumentar os ridículos orzamentos destinados á infancia.

Aumentado o número de familias beneficiarias da prestación por neno e nena a cargo para chegar a todas as que viven en situación de pobreza ou aumentar a súa contía de 24.25€ a 100€ mensuais (cunha bonificación do 50% para as familias monoparentais). Save The Children vén de demostrar que se trata dunha medida viable, que faría que 638.770 nenos e nenas salgan da situación de pobreza nunha lexislatura. E cun custo equivalente ao 0,41% do PIB. Unicef vai máis alá suxerindo con valentía dende o 2014 que esta renda debería e podería ser universal.

Unha educación inclusiva que impida herdar a pobreza

Entendendo que é o principal factor para o desenvolvemento persoal, a integración social, o combate de prexuízos e a defensa de dereitos, a educación é un eido imprescindible de actuación de moitas organizacións do Terceiro Sector e onde se atopan moitos dos eixes citados, en especial o hercúleo traballo de fomentar a coordinación entre educación, emprego e servizos sociais.

Unha educación inclusiva e normalizada que erradique calquera discriminación e fomente a cohesión social, defendendo o dereito de toda nena ou neno a acceder de xeito igualitario ao servizo público da educación, que lle proporcione os instrumentos precisos para desenvolverse plenamente naqueles aspectos que lle facilitarán logros académicos e sociais e a súa posterior incorporación como membro activo da sociedade.

Unha educación centrada no ciclo vital da persoa e o seu entorno e non nas competencias das consellerías: Atención temperá, educación básica, loita contra o fracaso e o abandono escolar, formación para o emprego (antes, durante e despois), educación non formal, etc.

Loitar contra a pobreza infantil é facelo nas súas familias, con rendas mínimas dignas e áxiles, vivendas decentes e acompañamento profesional neste proceso e no de formación e procura de emprego.

Si por algo deben pelexar as organizacións de acción social é porque as persoas aseguren o seu futuro e non a visita ao seguinte mostrador.

@xosecuns  

Artigo escrito xunto a Sara Abella e publicado na revista Tempos Novos co título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia, Vivienda
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¿Ayuntamientos comprometidos contra la pobreza? #CSM17

24 de julio de 2017 a las 22:12

En Pamplona ya han cantado el “Pobre de mi” pero deberían seguir de fiesta.

De los 80 ayuntamientos capitales de provincia o Comunidad Autónoma o mayores de 100.000 habitantes Pamplona es el que, según el Ministerio de Hacienda, mas fondos por habitante dedicó en 2016 a reducir la pobreza y promover el empleo. 230,5€ de gasto real ejecutado por habitante en la partida de Protección y Promoción Social.

Y no estaría mal en estas vacaciones una ruta por los municipios más comprometidos con su ciudadanía más vulnerable, a la vista de estos datos: Bilbao, Sevilla, Avila, Barakaldo, Mataró, Barcelona, Soria, Logroño, Santa Cruz de Tenerife… Quizá el suyo debería estar en esta lista, luego le explico como saberlo.

Estamos de enhorabuena quienes creemos que la transparencia y la accesibilidad de la información pública es una herramienta imprescindible para un control democrático de nuestros gobiernos, evaluar la veracidad de los compromisos políticos de lucha contra la pobreza y la exclusión social o para obligar a una coordinación entre instituciones que combata de una vez la lotería social de la dispersión que padece el sistema español de servicios sociales y empleo.

Es digno de reconocimiento el esfuerzo del Ministerio de Hacienda en publicar anualmente no solo los presupuestos detallados de la gran mayoría de los municipios españoles sino sobre todo de lo realmente ejecutado cada año. Y de hacerlo no con datos globales o con un habitual pdf que imposibilita su análisis (“el pdf es casta”, clamaban en el 15M) sino en detalladas hojas de cálculo Excel.

Pues ya que tenemos esta maravilla de información vamos a intentar difundirla…

No soy el primero en hacerlo, esta historia comenzó en el 2015 con este artículo de Europa Press: ¿Cuanto gasta y en qué tu ayuntamiento? . Ya se lo presenté hace un par de años en Otras 5 ideas para alcaldesas y alcaldes que luchen contra la pobreza. Y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concedió, no sin escándalo, su premio Corazón de Piedra 2016 a los 36 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes “oficialmente pobres en inversión social”.

Aquí tienen el Compromiso Social Municipal 2017 (#CSM17).

Un indicador que trata de dar buenas noticias y reconocer a los ayuntamientos que más fondos por habitante destinaron en 2016 a servicios sociales y empleo, los que dedican más porcentaje de su total de gastos a estos fines o los que más los aumentaron entre 2015 o 2016. En el post tienen los principales datos y al final les dejo el detalle y otra tabla por cada Comunidad Autónoma (CCAA)

La primera buena noticia es que que entre todos los 72 ayuntamientos que facilitaron datos en 2015 y 2016 han aumentado en 23,4 millones de euros en la partida de Protección y Promoción Social. Si bien 29 los aumentaron y 43 la disminuyeron.

¿Por qué se destacan los datos positivos y no los ayuntamientos que menos destinan a esta partida?

Por prudencia y para buscar mejoras y no discusiones o excusas estériles. Presentar de forma aséptica y objetiva datos oficiales pretende dar una propuesta en positivo, no para generar polémica ni ruido en redes sociales, sino resaltar las buenas noticias y animar al análisis y mejora de la información y la coordinación entre instituciones.

Pobreza, crisis, 15M,

Foto: José Manuel Vidal

Esta información es novedosa y cada ayuntamiento es un mundo, con actuaciones y situaciones muy heterogéneas: relación con el gobierno de su Comunidad, competencias que se solapan, incoherencias de financiación, herencias recibidas, desprecio a ONG especializadas, resistencia al cambio de técnicas municipales… o simple buena gestión o ingenio para hacer más con menos presupuesto.

Los datos oficiales son los que son. El análisis de la situación de cada municipio le toca a quienes la conocen, o a profesionales que con más conocimiento y medios puedan realizar investigaciones periodísticas o estudios detallados (como ya existen con Civio y su ¿Dónde van mis impuestos?). 

Allá ustedes si quieren darle caña a Leganes, Mérida, Torrejón de Ardoz, Parla, Alcalá de Henares o Badajoz.

¿Como se obtienen los datos?

En base a la información del Ministerio de Hacienda sobre presupuestos y ejecución presupuestaria de TODAS las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) facilitada por cada una de ellas.

Los del 2016 están en la tabla Excel Avance Liquidación de los presupuestos del ejercicio 2016 (apartado Relación Entidades de cada CCAA). Los del 2015 (y años anteriores) seleccionan en la parte de abajo de la misma página CCAA, liquidación del presupuesto y año y les abrirá un excel con muchas pestañas, vayan a la última “Clasificación económica y por programas de cada Entidad Local” y tienen el detalle.

En cada tabla tienen todos los municipios de su CCAA, la población de cada uno y el detalle de ingresos y gastos. La partida Actuaciones de protección y promoción social está en la columna AC.

Las personas primero Dia contra pobreza

¿Por qué la partida Actuaciones de protección y promoción social? ¿No hay otras?

Esta partida o área presupuestaria es la que incluye las subpartidas “Servicios sociales y promoción social” y “fomento del empleo”, las imprescindibles en cualquier estrategia de lucha contra la pobreza.

En palabras (algunas totalmente viejunas e impresentables) del portal estatal Rendición de Cuentas: “Área de gasto 2: Incluye actuaciones de protección y promoción social, por tanto, se incluyen todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo

Seguramente hay gastos en otras partidas presupuestarias que podrían considerarse política social (educación, sanidad, vivienda…). De hecho cuando los datos no son favorables, algunos ayuntamientos y concejales ofendidos, además de clamar por el rigor empiezan a buscar con ansía en la contabilidad gastos que puedan adecentar su compromiso.

Bienvenidos sean, pero no se dejen liar. Los datos indican, con criterios homogéneos de contabilidad pública, lo que se invierte estrictamente en Servicios Sociales y Empleo. Y no son inventados, se facilitan al Ministerio desde cada ayuntamiento.

Si no están de acuerdo hablen con su Intervención, el Ministerio, la Federación Española de Municipios y Provincias o la de su Comunidad. Será por instituciones y espacios donde poder organizarse y facilitar la coordinación.

¿Han facilitado datos todos los ayuntamientos?

La mayoría si y aparecen en la información del Ministerio. Una muy buena noticia que habla de la profesionalidad y rigor de los servicios de intervención y contabilidad municipales.

En este estudio Jerez de la Frontera y Vitoria no, ni en 2015 ni en 2016. Desconozco las razones de esta falta de transparencia. En 2016 aún no han facilitado al Ministerio los datos AlgecirasMarbella, Las Palmas, TeldeGirona ni Alcorcón. Santiago de Compostela tampoco, pero están en su flamante portal de transparencia.

A la vista de los portales de transparencia municipales que he visto (tienen los enlaces en el párrafo anterior) queda mucho trabajo por hacer para mejorar la calidad y la homogeneidad de la información facilitada (y por reducir el grado de paripé también).

Pero aquí también buenas noticias: la Guía sobre Datos Abiertos presentado por la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana (FEMP), los mejores resultados del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2017 o iniciativas rigurosas como la Red Localis y su Informe de Transparencia de los municipios gallegos.

¿Y si mi ONG, mi medio de comunicación o yo queremos difundir los datos de nuestros ayuntamientos?

Lo tienen fácil. Casi seguro han facilitado los datos al Ministerio y ya les he explicado como obtenerlo en los ficheros Excel. Comprueben varias veces que los han tecleado bien y que sus afirmaciones, piropos o críticas, van a ser rigurosas.

Las tablas y fotos de esta entrada he procurado hacerlas de la forma más sencilla posible y con los medios más básicos que tienen seguro en su ordenador: directamente en Excel, copiar pantalla y pegar en el Paint, recortar el gráfico, guardar como .jpg y listo (pido disculpas a La Voz y a quienes hacen sus infografías por todo esto)

Si tienen dudas o detectan algún error, les agradezco mucho sus comentarios y ayuda.

La transparencia avanza. El compromiso social de nuestros ayuntamientos parece que también.

@xosecuns

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Compromiso, Coordinación e Causas na loita contra a pobreza e a exclusión social

10 de mayo de 2016 a las 22:07

CES Galicia Pobreza e ExclusionHoxe quero deixarlles este artigo no Caderno sobre Pobreza e Exclusión Social publicado polo Consello Económico e Social de Galicia. Unha honra estar ao lado de persoas expertas como Angela Troitiño ou Carlos Gradín e de participar nunha das actividades dun Consello preocupado polo que importa.

Se teñen dúbidas sobre algún dos términos utilizados, aproveito para deixarlles ao final dúas recomendables “chuletas” que a Rede Galega de Loita contra a Pobreza (EAPN Galicia) fixo para o seu último Foro: O que debes saber sobre a pobreza e Cómo é a situación en Galicia?

As persoas primeiro.
Non abondan as palabras: Queremos compromisos

Estes lemas son algunhas das conclusións do VI Seminario Galego de Cidadanía Inclusiva que en maio do 2015 se celebrou en Compostela. Moi semellantes aos escoitados noutros encontros en Barcelona, Garda (Portugal) ou Bruselas.

Un berro e unha opinión compartida por todas as persoas que participaron nos mesmos, pertencentes todas elas a colectivos que sofren pobreza ou exclusión social, e unha expresión de dignidade semellante a que as ONG adicadas á cooperación ao desenvolvemento teñen escoitado e visto en moitos lugares do mundo.

Non son unha excepción. Lenta pero constantemente aumenta a participación social e política das persoas, denunciando a súa situación e esixindo o cumprimento dos seus dereitos constitucionais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto. O VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España ven de detectar que a chamada exclusión política baixou dun 51,7% no 2009 a un 32, 2% no 2015 (en Galicia un 10,3%)

A emerxencia española da pobreza e a desigualdade

Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

E quizais unha das poucas razóns para o optimismo. EAPN España ven de presentar o informe “O Estado da pobreza en España 2015”. Coa última información oficial dispoñible, o 29,2% da poboación española estaba no 2014 en risco de pobreza ou exclusión social, case 14 millóns de persoas. 790 mil máis que o ano anterior e 2,1 millóns mais que no 2009, cando o estado español comprometeuse na Estratexia Europa 2020 a que neste ano España reduciría en 1,4 millóns esta cifra.

Un aumento notable da pobreza, pero especialmente da máis severa. Xa son 3,2 millóns (o 6,9% da poboación) as persoas que malviven con ingresos inferiores a 3.981 € ao ano (332 euros ao mes). 400.000 máis que no 2013.

Mentres tanto o crecemento da desigualdade nos últimos anos situou a España cun índice Gini en 2014 do 34,7, superando en máis de tres puntos á media da Unión Europea (EU27). So superada por Serbia, Macedonia, Bulgaria, Letonia, Lituania,Grecia, Portugal e Romanía. A renda do 20 % máis rico dos españois é, actualmente, 6,8 veces superior á renda do 20 % máis pobre.

Unha pobreza e exclusión que, de xeito semellante en Galicia que no resto do estado, ensáñase con colectivos como os xóvenes de 16 a 29 anos (36,4%), os menores de 16 anos (35,4%) ou as familias monomarentais (53%) asegurando que esta emerxencia social se manterá no futuro reproducindo un fenómeno que en cooperación ao desenvolvemento se coñece moi ben: o círculo vicioso da pobreza.

O desemprego é a maior fábrica de pobreza e exclusión. A poboación que vive en fogares con baixa intensidade de emprego era do 7,6% da poboación no 2009. No 2014 xa era do 17,1%. Máis de 6,1 millóns de persoas.

Ter traballo xa non garante saír da pobreza. A pesar do descenso das cifras de paro, en 2014 había un 14,2% de traballadores en situación de pobreza (un 11,7% o ano anterior). Unha vez máis se demostra que non calquera traballo protexe da pobreza. Esta cuestión está moi relacionada coa precariedade laboral e o crecemento da xornada parcial.

Tampouco o mero crecemento económico garante a redución da pobreza se non ven acompañado de políticas redistributivas e de protección social activa, como demostra o análise polo miúdo das diferentes Comunidades Autónomas.

A lotería social nun país desestruturado

Sería absurdo prantexar unha análise da pobreza e a exclusión en Galicia sen ter en conta previamente o fracaso do sistema español de servizos sociais, caracterizado por unha profunda desestruturación e con notables diferenzas entre as súas comunidades autónomas tanto en calquera dos indicadores sociais que se consideren como nos servizos sociais que se prestan aos seus habitantes.

A gravidade desta lotería social motivou que a Plataforma del Tercer Sector, integrada pola práctica totalidade das organizacións de acción social españolas, veña de reclamar que na reforma da Constitución Española, os dereitos sociais, culturais e económicos se consideren dereitos fundamentais. Ou a modificación do seu título oitavo, de xeito que o Estado poida dispor dunha competencia de natureza compartida coas Comunidades Autónomas para desenvolver políticas de ámbito estatal en materia de solidariedade e inclusión social.

Evol AROPE España Galicia 2004 a 2014

Con este marco nacional, en Galicia temos algunha pequena razón para o optimismo. 654.000 persoas, o 23,8% da poboación galega aínda malvivía no 2014 en risco de pobreza ou exclusión social. Medio punto menos que no 2013 e 5,4 puntos menos que no conxunto do estado. A preocupación chega cando detallamos este dato e comprobamos que tamén aquí empeoran quenes pior están:

151.000 persoas en situación de privación material severa. O 5,5% da poboación.Privacion Material Severa Galicia 2009 a 2014

14,9% dos fogares galegos con baixa intensidade laboral (a relación entre o número de persoas que traballan nun fogar e o das que están en idade de facelo). Case o dobre que no 2009.

Intensidad laboral España Galicia 2009 a 2014

As persoas en pobreza severa (con ingresos inferiores a 332€ ao mes) xa son o 3,5% da poboación galega: 96.000 homes e mulleres.

As persoas primeiro. Compromiso, coordinación e causas

Aínda que en mellor situación que na media do resto do estado, Galicia comparte as tres principais razóns da mediocre eficiencia do sistema español de servizos sociais. As propias persoas en risco de pobreza e exclusión as definen repetidamente en diversos foros, así como as súas principais demandas para asegurar unha loita efectiva pola inclusión social.

Escaso compromiso político en orzamentos estables e planificación de políticas públicas a medio e longo prazo

A elevada pobreza e exclusión en España é un fenómeno estrutural. Nos anos de maior crecemento económico apenas baixou do 19%. A crise económica manifestou con crueza esta eiva histórica dos servizos sociais, centrados en contribucións a partires do traballo, pero non tanto con enfoques específicos de loita contra a pobreza. O remate das diferentes prestacións por desemprego sen un sistema integrado e eficiente de servizos sociais e rendas mínimas, está detrás do brutal aumento dos datos de pobreza.

% Población en riesgo de pobreza y exclusión. Fuente INE/EAPN España

% Población en riesgo de pobreza y exclusión. Fuente INE/EAPN España

A escasa prioridade orzamentaria é evidente: según Eurostat, xa no 2012, o estado español destinaba a gasto social 6026 euros por habitante, lonxe dos 8500 euros da media da zoa euro. Se lle unimos a xa comentada extrema dispersión entre administracións implicadas e o incremento de custes de xestión que isto supón, enténdese que moitos fondos non cheguen nunca as persoas que os precisan.

Son poucas as experiencias de elaboración de estratexias e planificación a longo e medio prazo, substituídas por un maremagnum de todo tipo de normativas e medidas puntuais e ailladas nas diferentes administracións implicadas acompañadas normalmente dunha mediocre venda política.

Esta extrema dispersión, ademais do lóxico sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais de servizos sociais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias, como así se puxo de manifesto no informe “Por unha RISGA efectiva: dos papeis as persoas

Afortunadamente, esta eiva estase a correxir en parte grazas á obriga da Comisión Europea de planificar en detalle e xunto aos actores implicados o destino dos Fondos Estruturais (FSE, FEDER, FEADER) que durante o período 2014-2020 cofinanciarán gran parte das actuacións de inclusión social na Administración Xeral do Estado e nas Comunidades Autónomas. En Galicia tense avanzado coa Estratexia de Inclusión Social 2014-2020 aprobada pola Consellería de Política Social e semella que a transparencia na xestión e avaliación dos fondos ten deixado de ser un reto pendente na Consellería de Facenda.

Escasa coordinación entre administracións públicas e coas organizacións de acción social.

Como xa se indicou anteriormente, a “lotería social” que caracteriza o sistema español de servizos sociais, non é unha excepción en Galicia, como se pode observar a modo de exemplo no seguinte gráfico sobre gasto real en Protección e Promoción Social das sete principais cidades galegas (datos Ministerio Hacienda)

AROPE e Orz 2013 2014 Concellos

Unha coordinación e corresponsabilidade política e técnica é imprescindible:

Dentro das propias administracións, onde as políticas de benestar social, emprego, sanidade e educación deberían ir da man.

Entre administracións. Comezando pola Administración Xeral do Estado elaborando de inmediato unha Lei Estatal de Rendas Mínimas que recoñeza o acceso a unha prestación mínima como dereito subxectivo da cidadanía, e que asegure a mellora e racionalización das actuais leis autonómicas e a súa relación cun profesional estable nos servizos sociais de base.

Evolución-Rentas-Minimas-2008-a-2014

Entre concellos limítrofes, promovendo a prestación conxunta de servizos sociais para mellorar a calidade e rendibilidade social dos servizos e a redución de custes de estrutura. Coa Xunta de Galicia e as súas delegacións. E mesmo coas deputacións provinciais e coa FEGAMP, onde se debería ter unha comisión específica con indicadores de cumprimento para avanzar mensualmente nesta coordinación.

Coas ONG implicadas, fomentando o dialogo civil con xuntanzas periódicas políticas e técnicas de intercambio de información e establecemento de estratexias comúns. E co criterio de non admitir o lucro na loita contra a pobreza, implantando cláusulas sociais na contratación pública de servizos sociais, recoñecendo así a experiencia e valores das organizacións non lucrativas e asegurando que operan en igualdade de condicións con outros actores económicos.

Loita efectiva contra as causas da pobreza e a exclusión.

O sistema de servizos sociais español está mais pensado en expulsar as persoas en pobreza do sistema que en que saian da pobreza” Miguel Laparra (Universidade Pública de Navarra)

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político das administracións que seguen a impulsar medidas de emerxencia e non afrontan de xeito decidido procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas nos últimos anos, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade demostrada por milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas en pobreza e exclusión e impide a súa inclusión efectiva.

Políticas e medidas a medio e longo prazo como as xa citadas deben ir acompañadas do fomento da participación activa das persoas, tanto presencial como a través de redes sociais. Como se ten demostrado dabondo nas decenas de Seminarios e Congresos de participación en toda a Unión Europa, ou mesmo coa Valedora do Pobo e parlamentarias galegas facilitar que as persoas falen por si mesmas defendendo os seus dereitos e esixindo melloras políticas é un requisito sine qua non para o seu empoderamento.

Pero loitar de xeito efectivo contra as causas da pobreza obriga as organizacións de acción social e de cooperación ao desenvolvemento a denunciar os inxustificados e sistemáticos recortes nos orzamentos de políticas sociais levados a cabo nos últimos anos.

Esixindo medidas contra o fraude fiscal ou a corrupción política ou fomentando a transparencia e a exhaustiva rendición de contas como establece a Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno: Publicar mediante criterios Open Data, a execución orzamentaria do exercicio anterior ao máximo nivel de detalle ou a difusión inmediata trala resolución de proxectos subvencionados e non subvencionados en cada convocatoria pública, indicando puntuación obtida, ou de todos os concursos públicos de calquera índole, etcétera.

Clamando polo Decreto regulador da Lei de Inclusión

En Galicia gran parte da filosofía e medidas reclamadas están recollidas na Ley 10/2013 de Inclusión social. Unha lei na que se establecen os principios e criterios de funcionamento da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) e que na súa Disposición final primeira di que “A Xunta de Galicia, nun prazo máximo de seis meses dende a publicación da presente lei, elaborará as disposicións necesarias para o seu desenvolvemento e aplicación”.

Tras máis de dous anos, o decreto que debe regular a Lei de Inclusión segue sen publicarse.

Este retraso, ademais de comprometer inxustamente a credibilidade das novas medidas de política social anunciadas pola Xunta de Galicia, está a provocar serias dificultades na xestión a profesionais de servizos sociais en concellos e organizacións de acción social, e sobre todo un sufrimento notable a moitas das persoas solicitantes da mesma, en forma de retrasos na súa concesión, denegacións de máis do 50% de solicitudes, burocratización extrema e a imposibilidade de afrontar procesos de inclusión activa.

@xosecuns

FICHA FORMACIÓN VOLUNTARIADO Foro 2015

Chuleta VOLUNTARIADO Foro 2015 O que debes saber sobre a pobrezaChuleta VOLUNTARIADO Foro 2015 Situacion en Galicia

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La mujer del César: ¿Lucrarse con la pobreza?

11 de febrero de 2016 a las 1:20

No admitimos el lucro en la lucha contra la pobreza y la exclusión

¿Estará de acuerdo Trinidad Jiménez con esta exigencia de miles de oenegés de acción social o de cooperación al desarrollo? Seguro que si. ¿Lo defenderá cuando se incorpore a Telefónica, esta agencia de colocación de élites?

telefonica

Fuente: La Voz de Galicia

La verdad es que grandes empresas están ganando y por goleada a la labor de muchas organizaciones solidarias en España y por todo el mundo. No hay fronteras para el capitalismo de amiguetes que sustituye la libre competencia por las puertas giratorias, la inversión en paraísos fiscales para evitar tributar en España y el compadreo opaco entre grandes empresas y políticos en perjuicio de PYMES, personas y la propia democracia,

Con estas armas se están ganando infinidad de concursos públicos. A Coruña, por ejemplo, acaba de expedientar a una empresa de Florentino Pérez por desatender a personas dependientes. Es una exigencia unánime de las plataformas de oenegés la  implantación de cláusulas sociales en la contratación pública o conciertos sociales, reconociendo la experiencia y valores de las organizaciones no lucrativas y asegurando que trabajan y compiten en igualdad de condiciones.

Los intereses empresariales parece que también se están adueñando de la política de cooperación para el desarrollo. A veces bajo hermosos nombres como alianzas público privadas. Con multitud de ejemplos sobre todo en América Latina.

Para reflexionar sobre este tema, es un honor cederle el blog a Miquel Carrillo, Presidente de Ingeniería sin Fronteras y responsable de incidencia política en la red de ONGD Àgora Nord Sud

Gràçies Miquel!

Cooperacion empresas justicia

La mujer del César

Hace unos años andábamos por Managua investigando para llevar a cabo un documental sobre la historia de la Cruzada de Alfabetización. Como es lógico, las conversaciones con tanta gente que vivió la que quizás fuera la última revolución del siglo pasado, en su acepción clásica, no sólo nos llevó a evocar episodios tan inspiradores como aquel, sino también todas las circunstancias que envolvieron su colapso. En una de aquellas deliciosas charlas, Fernando Cardenal nos contó cómo el proyecto sandinista no se vino abajo tanto por la derrota electoral provocada por el desgaste de la guerra, sino por el desprestigio que generó la ‘piñata’.

tipos-de-plumaLa piñata es ese juego típico de los cumpleaños infantiles, muy centroamericano y mejicano, en el que un niño golpea una figura de cartón repleta de chucherías, que acaban en las manos de todos los que se ríen de sus palos de ciego hasta que finalmente acierta. Pues bien, nos relataba Fernando, en una reunión del Frente Sandinista en aquellos meses de ‘piñata’ postelectoral, en los que se repartió a escondidas y al tun-tun entre casi todos sus dirigentes las propiedades y activos nacionalizados durante la revolución, la ex-comandante guerrillera Dora María Téllez, harta de lo que era un secreto a voces, se levantó en medio del auditorio y espetó a todas aquellos compañeros que se estaban beneficiando de su posición privilegiada: “Yo no necesito ver cómo roban la gallina, me basta con ver las plumas que han quedado en el suelo para saber que se la han llevado“.

Tampoco nosotros necesitamos una investigación exhaustiva de las relaciones entre las grandes empresas con razón social en el Estado y los partidos políticos, para ver lo bien engrasadas que están las puertas giratorias en nuestro país. El último capítulo se está produciendo, a cámara lenta para no ser utilizado como arma política arrojadiza en las negociaciones para formar gobierno, a raíz del fichaje de Trinidad Jiménez, ex-ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación con el último gobierno de Zapatero, por parte de Telefónica.

La influencia que estas grandes empresas tienen en la definición y puesta en marcha de las política públicas es más que evidente, las plumas las pueden encontrar a diario en todos los medios de comunicación. La cooperación al desarrollo no ha sido ajena a esa injerencia de un gran empresariado que no ha querido dejar pasar una sola oportunidad para expandirse por potenciales mercados, azuzados por una crisis de proporciones desconocidas.

Cooperacion empresas lucro alianza publico privadaInterpretando sesgadamente la necesidad identificada en los Objetivos del Milenio de realizar nuevas alianzas en el campo del desarrollo y de atraer nuevos actores, Exteriores ha metido a capón a empresas como la que dirige el señor Alierta, el BBVA, Santillana y otras tantas, construyendo un discurso teórico sobre la necesidad de contar con ellas para atraer tanto nuevos fondos como fórmulas mágicas para disolver el nudo gordiano de la exclusión y la pobreza.

Precisamente esas empresas constituyeron años atrás en Perú un programa, orquestado por la AECID, que ha sido utilizado hasta la saciedad como el ejemplo recurrente de que era posible contar con nuestros campeones del IBEX35 en la tarea de luchar contra la pobreza. Sin embargo, el mainstream que obligaba a contar sus bondades en público, se disolvía sistemáticamente al acabar la función con un par de cañas en el bar de al lado del elegante auditorio de turno, si conseguías tomártelas con quien de verdad había estado en terreno y conocía las prácticas e intereses de unas y otras.

cooperacion transnacionalesAfortunadamente cada vez va imponiéndose más la idea, también entre las ONG que se apuntaron a ese bombardeo, de que esas grandes corporaciones aportan mucho más a la causa pagando religiosamente sus impuestos en casa y no en cualquier paraíso fiscal, y no intentando convencernos de que conseguirán que el ánimo de lucro, por un instante, no guíe sus pasos.

Pero Roma no olvida los favores, hayan servido o no para algo. Uno más uno, dos. Usted nos ayuda con la internacionalización y nosotros le buscamos un retiro de oro para cuando deje la política, no se preocupe. Y si no fue así, todos merecemos el beneficio de la duda, hay que obrar con extremada precaución y no dar pie a la sospecha, en un escenario por el que ya han pasado antes muchos otros, utilizando cualquier artimaña legal para saltarse los filtros que los partido se han autoimpuesto en esta materia.

La mujer del César además de ser casta debe parecerlo, y la señora Jiménez, quien seguro cuenta con innumerables capacidades profesionales para buscar otros caminos debería reconsiderar convertirse en una mujer de (César) Alierta.

@MiquelCarr

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