¡Que se jodan!

Disculpen que empiece de una forma tan poco elegante recordando tanto a su autora, la diputada popular Andrea Fabra, como al momento en el que lo gritó, cuando se anunciaban nuevos recortes en la prestación por desempleo. Evidentemente Andrea no dimitió en su día, a pesar de que un 76% de la población (59% entre votantes del PP) creía que debía hacerlo.

Me he acordado de nuestra Andrea al leer la noticia de la octava casa de turismo rural cercana a Santiago de Compostela destrozada en una fiesta “Project X” por adolescentes de familias adineradas. Parece que los desperfectos de la última fiesta van a ser abonados por los fracasados padres para evitar ir a juicio.

¿Es una cuestión cultural, de edad o de clase?, se pregunta un lúcido José A. López Rey. “Es posible, pero hay más. Vivimos en una época en la que la población con más recursos está muy alejada del resto de la sociedad. Y no le importa lo más mínimo sus carencias, privaciones y sufrimientos. Es más, ven en ello una oportunidad de incrementar sus ganancias”

¿Exagera?

Será por datos y estudios sobre pobreza y desigualdad. Según el informe Impactos de la crisis de EAPN España, a finales del año 2011, 12.741.434 personas se encontraban en España en riesgo de pobreza y exclusión social. El 27% de toda la población,2.300.063 personas más en sólo 3 años.

El informe, además de desmentir varias de las falsas consignas que oímos a diario del tipo “tenemos un estado del bienestar que no nos podemos permitir”, habla también del drástico aumento de la desigualdad que asola por el mundo la marca España: en 2008 la renta del 20% más rico de los españoles era unas cinco veces superior a la del 20% más pobre; en el 2011 ya lo es siete veces!!.  Se lo explica mejor Gonzalo Fanjul citando los informes de un socialista, un clérigo, un sindicalista y un funcionario internacional…

Añadan a estos datos el de los 60 mil millones de euros de fraude fiscal, el 71% procedente de grandes fortunas y grandes empresas, que cada año se dejan de recaudar con el beneplácito y ánimo de nuestros sucesivos gobiernos.

Quizá Andrea fue sincera con su exabrupto. ¿Son conscientes ese 20% de personas que se están enriqueciendo con el sufrimiento de otros muchos millones?

No voy a insultar su inteligencia repitiendo esta pregunta a muchos miembros del gobierno actual, abdicando sin pudor de su programa electoral o promoviendo de forma indirecta medidas teóricamente contrarias a su ideario, como la condena a una eutanasia de facto a miles de personas en situación de dependencia.

Pero si me gustaría repetírsela a los miembros del ahora principal partido de la oposición, cuya última medida de gobierno fue un indulto a una persona condenada, y ahora premiada, por un delito de falsa acusación. Un partido cuyos dirigentes parecen empeñados en un indecente ensimismamiento y hasta onanismo político.

Es violencia.

En un país en donde el 66% de su gentes se cree pacífico y que parece no olvidar lo importante y conocer las causas de esta ignominia. Es cierto que como era previsible no estamos presenciando un estallido de violencia en España, pero no lo vemos porque está de puertas adentro, en familias, menores, ancianos… como bien certifican la mayoría de profesionales de servicios sociales.

¿Qué opinan las personas en situación de pobreza o exclusión? No importa demasiado. De hecho apenas votan.
Ya no se qué pensar: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de publicar su estudio “La protesta social en América Latina”, afirmando por ejemplo que la desigualdad social está estrictamente vinculada con las protestas sociales o que el conflicto y la movilización social no son negativos sino parte de la democracia y de la construcción de un nuevo modelo social y político en la región.

Gracias por resolver mis dudas. ¿Somos un país al margen de la ley? ¿Me estaré volviendo también un odioso nazi filoetarra?

@xosecuns

No nos pidan calma en Facebook

Foto: Sustainable Cities Collective

El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down

Hace unos días, Pamela Casagrande nos emocionaba al contarnos que no se había rendido hasta conseguir su derecho a un trabajo digno y una vida feliz. Pero su lucha como la de muchas otras personas con discapacidad intelectual y sus familias por la dignidad y por una inclusión plena no ha sido ni es nada fácil. Y hoy está en peligro

Para hablarles de esta dignidad les dejo con Antonio Villamarín, un miembro destacado de Down Lugo.

Es un honor que Antonio escriba este artículo. Hace unos días me ponía insolente al decir que no muchas ONG tienen clara la diferencia entre causa y marca.No es el caso de Down Lugo. En este último año he disfrutado con el optimismo, la creatividad y la  la implicación de sus socios, voluntarios y trabajadores (especialmente su gerente).  Y se nota en los donantes y en el prestigio que tienen en su ciudad.

Gracias Antonio

La dignidad de las personas con Síndrome de Down

Hay tres objetivos que las asociaciones de síndrome de Down (SD) deberían tener en su horizonte señalando el camino a seguir:

Reivindicar la dignidad y los derechos de las personas con síndrome de Down

Difundir una imagen de estas personas ajustada a la realidad y alejada de tópicos

Prestar a las personas con SD y a sus familias servicios específicos que no puedan ser asumidos por las administraciones como servicios públicos.

Nadie puede negar el avance de los últimos años en la consecución de estos objetivos, aunque el carácter reivindicativo de las asociaciones –su principal razón de ser– pasó, desgraciadamente, a un segundo plano.

Es incuestionable que las personas con síndrome de Down son actualmente mucho más «visibles» en la sociedad, y cada vez son más las que consiguen metas impensables hace pocos años:

Muchos niños/as y jóvenes están escolarizados en la escuela ordinaria, aunque las condiciones distan de ser ideales;

Algunos tienen un empleo –aunque precario– en empresas ordinarias, y se inició, por fin, la posibilidad de acceder al empleo público

No es raro ver estos jóvenes desplazándose de manera autónoma por la ciudad, haciendo deporte, disfrutando de su tiempo de ocio con sus amigos y amigas o con su pareja

Hay casos puntuales de personas con SD que viven, con apoyos, independientes de sus padres.

Todo esto que consideramos grandes avances no son más que derechos conseguidos, con mucho esfuerzo, por las personas con síndrome de Down, con el apoyo de sus familias. Son derechos incuestionables derivados de su dignidad; porque la dignidad es un valor propio de las personas, por el hecho de serlo, independientemente de sus capacidades.

Sin embargo, si miramos alrededor, todavía son muchas las personas con discapacidad intelectual a las que se les niegan estos derechos, simplemente porque no tienen la posibilidad o la capacidad para exigirlos.

Es evidente que la situación mejora, pero los cambios van demasiado despacio. Y los principales responsables de esta lentitud son, desde mi punto de vista, las administraciones responsables de articular las políticas relacionadas con la discapacidad intelectual que, en el fondo, se sienten más cómodas en esa concepción tradicional de la discapacidad, qué infantiliza a las personas y las considera sujetos pasivos, al margen de la sociedad en la que viven. Estoy seguro que ningún político asume esta responsabilidad pero, en la práctica, no apuestan decididamente por otras alternativas, y hay hechos incuestionables que lo demuestran.

Ahora mismo estamos inmersos en un cambio sustancial en la financiación de los servicios que necesitan las personas con SD a través de la Ley de Dependencia.

Debemos ser coherentes con nuestros principios y asumir que el síndrome de Down no es sinónimo de dependencia. Es cierto que algunas personas, como ocurre con el resto de la población, van a desarrollar un menor o mayor grado de dependencia a lo largo de su vida, y van a necesitar la ayuda de otra persona para las actividades de su vida cotidiana.

Pero no nos dejemos engañar: las personas con síndrome de Down, en general, no necesitan un cuidador/a. Lo que necesitan son apoyos puntuales y específicos a lo largo de su vida que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades potenciales para acceder a la «vida adulta»; para evitar, precisamente, ser dependientes. Todos tenemos en mente cuáles son esos apoyos, que están perfectamente definidos y plasmados en los planes de actuación de nuestras asociaciones Down. Es obligación de las administraciones poner en marcha estos servicios con carácter público y gratuito o, cuando menos, asumir sin regateos su co-financiación cuando estos servicios son prestados por las asociaciones.

Para evitar la dependencia hay que poner medios y recursos. Y, paradójicamente, las personas con discapacidad intelectual se encuentran actualmente en una clara situación de desventaja con respecto a la población sin discapacidad.

Basta un ejemplo para ilustrar esta afirmación: los estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria pueden acceder al bachillerato o a un ciclo de formación profesional en centros públicos; una vez finalizado el bachillerato pueden acceder a los estudios de grado universitario en una universidad pública, financiados en un 80% con fondos públicos. Esto quiere decir que el Estado (es decir, todos los que pagamos impuestos) invierte en la formación de cada estudiante universitario al menos 5.000 euros anuales…

Dinero bien invertido, sin duda. Pero, ¿qué pasa con los chicos/as con síndrome de Down, que en su mayoría no pueden acceder a los estudios de bachillerato ni de formación profesional? ¿Cuánto invierte la administración en su formación una vez finalizada la etapa de enseñanza obligatoria? ¿Qué alternativas les ofrece la administración para seguir una formación práctica, encaminada a la inserción laboral?

Respuesta: prácticamente ninguna, y sin perspectivas de mejorar. ¿Acaso son, entonces, ciudadanos de segunda categoría, con menos dignidad que el resto de las personas?

Es necesario que las personas con SD sigan demostrando día a día con su esfuerzo, con su trabajo, con su tesón, y con nuestra ayuda y apoyo, que quieren y pueden tener otro tipo de vida, una vida plena y activa, y que no se van a conformar con menos.

Porque las personas con síndrome de Down tienen dignidad, y por lo tanto son también merecedoras de este tipo de vida.

Antonio Villamarín

“Cuando sea mayor”, Down Coruña

“El Regalo de Sofía“, Down España

Mientras se habla de ponzoña, sobres y corrupciones, la BBC acaba de publicar un revelador reportaje sobre la pobreza en España y Cruz Roja presentaba su prestigioso Informe Anual de Vulnerabilidad Social , analizando la situación de los millones de personas a los que se atiende desde esta organización.

Los datos son escalofriantes.

Pueden consultar el Informe Completo aquí o verlo aqui. Tienen también los datos referentes a Galicia en el 2010.

Para contarles sus conclusiones, hoy tengo el lujo de dejarles con la opinión de su directora, Graciela Malgesini, a quien le agradezco mucho su esfuerzo. He tenido la suerte de trabajar con Graciela en algunas ocasiones aprendiendo de su profesionalidad, entrega y capacidad de comunicación, como demostró en el Encuentro de Ciudadanía Inclusiva de EAPN Galicia.

Muchas gracias, Graciela

El Informe sobre Vulnerabilidad Social de Cruz Roja comenzó a elaborarse en 2006. El Informe 2011-2012 parte de la información recogida en la Base de datos de las personas atendidas por Cruz Roja Española (2.058.870 personas en 2011), a través de una muestra representativa de los distintos colectivos representados en su Memoria de 2011 (24.999 registros).

El análisis ofrece un Indicador Global de Vulnerabilidad, un retrato de las personas que afrontan mayores riesgos de exclusión, e indicadores de riesgo por ámbito: personal, económico, social, familiar y ambiental/ vivienda. La investigación destaca también las problemáticas que tienen mayor incidencia en los distintos sectores de población: personas mayores, infancia y juventud en situación de dificultad social, personas inmigrantes y refugiadas, personas en situación de exclusión social, mujeres en situación de dificultad social, personas afectadas por VIH-Sida o las drogodependencias, reclusos, personas con discapacidad o dependencia, infancia y juventud, entre otros.

El perfil general de la persona atendida es una mujer (55,6%), en edad activa (el 66%), española (45%) o extranjera (55%), casada o que vive en pareja, con tiene hijos.

Con respecto a la situación ocupacional, el 56% del total está desempleado, cifra que sube al 71,3% si consideramos la población en edad activa. El nivel de estudios que predomina es el secundario (43%), siendo más elevado en las mujeres.

Todos los colectivos atendidos por Cruz Roja presentan el riesgo más elevado en el ámbito económico, excepto las personas mayores con problemas de salud o dependencia. El 21,3% de la población atendida vive con INGRESOS MENORES DE 500 EUROS (18,4% de los hombres y 23,5% de las mujeres).

El 32,9% de las personas NO TIENE INGRESOS (46,2% de los hombres y 22,3% de las mujeres).

Si miramos la situación de las personas desempleadas, el panorama es aún más grave. El 55% son hombres y el 45% mujeres, la edad media es de 37 años, el 25% tiene familia numerosa y otro 29% tiene dos hijos.

El 8% de las personas atendidas está en situación de exclusión social severa (alrededor de 165.000 personas). Aquí también nos encontramos con personas que tienen familias a cargo y una problemática multidimensional: sin ingresos, sin hogar o con exclusión residencial, con enfermedades o dependencias y otros problemas personales (si son extranjeros, sin permiso de trabajo). El 82,3% está desempleado.

Confirmando lo que señalan las estadísticas europeas, las familias monoparentales y numerosas son las que se encuentran en situación más vulnerable. El 67% de las monoparentales están encabezadas por mujeres. El 54% de las familias numerosas con adultos en paro de larga duración están a cargo de mujeres.

Las 347.000 personas mayores (de 65 a 79 años) atendidas por Cruz Roja presentan un nivel de riesgo moderado, en comparación con otros colectivos. Los problemas más frecuentes son tener ingresos bajos, tener personas dependientes a su cargo o tener riesgos vinculados a la salud como enfermedades graves o dependencia. Llama la atención que el 49% de ellos tiene personas dependientes a su cargo y el12% familias numerosas a su cargo. Estas cifras hablan del regreso de los familiares al hogar de los abuelos, la verdadera red de apoyo social primaria. El 16% presenta un riesgo extremo por enfermedad o dependencia. El 20% vive con ingresos menores a 500 euros/mes. Otro 19,4% sobrevive con una pensión viudedad y un 8,7% con una pensión no contributiva.

El 73% de las personas inmigrantes atendidas (200.000) se encuentra en paro. El 25% tiene familias numerosas y, como resultado de sus diversos problemas, el 67% se halla en niveles de riesgo alto a extremo. Uno de los problemas es no tener ingresos (57%), tener vivienda temporal (28%) y carecer de permiso de residencia (23%). Estos datos muestran cómo se ha pasado de un proceso de integración y normalización a uno de riesgo de exclusión.

Finalmente, el Programa de Lucha contra la Pobreza, destinado a la distribución de alimentos, kit-higiénicos y otros básicos, que se había reducido muchísimo hasta 2008, es el que más ha crecido debido a la crisis. Se ha tenido que retomar la asistencia pura y dura, pasando de 691.000 personas atendidas en 2010 a 1.030.000 en 2012. Se calcula que el 70% de las personas atendidas tienen deficiencias en su alimentación, lo cual afecta a su salud y a la de sus hijos.

La distribución de alimentos se lleva a cabo, en parte, gracias a los fondos europeos de ayuda alimentaria, que van a finalizar en 2013. La situación que se presenta desde el 2014 es extremadamente grave, si se tiene en cuenta que la pobreza más clásica, la de la falta de comida, está creciendo exponencialmente.

Estos datos deberían despertar la conciencia de los representantes políticos españoles y deberían tenerse presente como una alarma inminente, por parte de las autoridades europeas que están impulsando las políticas de austeridad y de recortes sociales.

Graciela Malgesini

Hace unos días, Francisco González Barona, el representante en Galicia de GESTHA, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda denunciaba en Robo, hurto y fraude fiscal. Adiós a las clases medias que con la renuncia dolosa de nuestros gobiernos a la lucha contra el fraude y sus injustificables medidas de ajuste, estaba causando un brutal aumento de la brecha salarial surgida entre las clases medias y bajas y los grandes patrimonios.

Y no será por ganas de trabajar. Carlos Cruzado, el presidente de GESTHA, al tiempo que denunciaba que Hacienda está rozando la ilegalidad en el caso Bárcenas, afirmaba que  ”estamos con las manos atadas no sólo en la lucha contra el fraude sino también en el control del gasto público. Podríamos hacer mucho más (…), pero no se está contando con nosotros”

Gobernar en contra de las personas. Si antes denunciábamos que 12.741.434 personas  están en situación de pobreza y exclusión social (662.515 en Galicia), hoy Francisco González nos habla de las 20.640.801 en situación de precariedad (1.333.897 en Galicia)…

Gracias, Francisco

ADIÓS A LAS CLASES MEDIAS (y II). La tasa de precariedad se dispara a consecuencia de la crisis.

La crisis aumentó en dos millones más el número de personas adultas que viven en situación de precariedad, debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, según el informe ‘Adiós a las clases medias‘, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Como se puede apreciar en los cuadros adjuntos, el informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en Galicia –que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos– se sitúa en el 47,7% de la  población, afectando en la actualidad a 1.333.897 personas.

De esta forma, las rentas de los hogares mileuristas se concentran, sobre todo, entre los asalariados, seguidos por los adultos sin ingresos y los autónomos.

A finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, la precariedad se extendía al 40% de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000 menos que ahora. Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las SICAV, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco. De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un 1%.

Esta cantidad es sólo la punta del iceberg, que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de dimensiones gigantescas en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no retiren su participación. Por su parte, las grandes fortunas evitan retirar sus fondos para no pagar al Fisco.

La elevada tasa de precariedad es diferente en función del lugar de residencia. De este modo, con el 53% y el 51% respectivamente, Extremadura y Andalucía son las comunidades con una mayor proporción de adultos mileuristas y sin ingresos, seguidas de Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco registran la menor precariedad del Estado, con el 22,2% y el 24,1%, respectivamente.

Para contrarrestar esta situación de precariedad, Gestha propone una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de 63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales y centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7% de la evasión fiscal.

Una de las medidas incluidas en este paquete, que consiste en excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, permitiría al Estado recaudar 1.380 millones de euros adicionales cada año.

Además, entre las propuestas para aumentar la recaudación y reducir la desigualdad entre rentas, Gestha también defiende la aprobación de un proyecto de ley para crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, al que sustituiría a partir de 2013.

Sin embargo, consideran que el tipo efectivo de esta nueva tasa debería triplicar al del actual impuesto, además de incorporar fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir su pago, así como incluir la ya mencionada exención de la plena propiedad de la deuda pública.

Además, para ser efectivas, todas estas medidas deberían ir acompañadas de una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los 8.000 técnicos de Hacienda y  dotándoles de más efectivos en la lucha contra el fraude. Actualmente la Agencia Estatal Tributaria cuenta con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de los países de la OCDE, que se sitúa en uno por cada 903 contribuyentes.

Si nos organizamos podemos perder

Si no nos organizamos estamos perdidos

Juntos podemos

Javier, Carmen, José, Rubén, Javier, Adolfo y otras 200 personas a día de hoy han decidido no rendirse, defender su futuro e ilusionar a muchas personas como a mi.  En Valladolid acaban de crear Parad@s en Movimiento

Curiosamente, uno de los colectivos más afectados por la crisis, los recortes injustificados y el desmantelamiento de derechos sociales  es uno de los que menos se visibiliza. Este es uno de los objetivos que ya están consiguiendo,  otro es que «las políticas de empleo sean de verdad y lleguen a la gente», como explica Adolfo Potente, su presidente (al que pueden conocer en un video al final del post)

Y bien que se están moviendo. Además de mantener entrevistas con los principales agentes sociales de la provincia, están celebrando sus ‘Lunes al sol’ o plantes semanales ante las oficinas del servicio de empleo de Castilla y Leon, y continúan también con su propósito de solicitar a las instituciones huertos ecológicos para el autoconsumo y para poner en marcha cooperativas agrícolas.

Y como la unión hace la fuerza. Poco a poco van surgiendo iniciativas para ayudarse unos a otros: se está construyendo una especie de ‘banco del tiempo’ en el que unos están poniendo sus habilidades a disposición de los demás. Ya han ofrecido clases de apoyo para los hijos de parados con problemas de aprendizaje y asesoramiento en la elaboración de currículos o en la preparación de entrevistas de trabajo.

Puede que en su ciudad también exista una asociación de parados en la que integrarse, lo pueden comprobar en la página Estoy parado. Y si no existe, ¿nos animamos a crearla?

Si nos organizamos podemos perder

Si no nos organizamos estamos perdidos

Juntos podemos

¡Cómo no va a ser respetable con lo que lleva robado! Xaquín Marín

Antes de las pasadas elecciones gallegas, V Televisión organizó un ejemplar debate sobre política social en el que distintos representantes de ONG pudimos conocer las propuestas de los candidatos. Yo pregunté sobre el fraude fiscal  (minuto 36) y pensé que había salido bien pero tuve mis dudas cuando al día siguiente mi madre me dijo: “que bien hablaste, Josiño, pero mira: ¿que es eso del fraude fiscal?”. “Los que no pagan impuestos, mamá” . “Ah, unos ladrones todos” me respondió…

Robar:  Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Si no hay violencia es hurto.  Ante noticias como el volumen del fraude fiscal en España, su consentimiento por este gobierno y por el anterior, la fracasada amnistía fiscal o las noticias sobre Luis Bárcenas, decidan ustedes el verbo a utilizar.

Yo le llamo robo, porque renunciando a la lucha contra el fraude se está utilizando conscientemente la violencia contra la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país. No sólo  las 12.741.434 personas que a final del 2011 estaban en situación de pobreza y exclusión social (662.515 en Galicia) sino también contra la gran mayoría de la clase media.

Hace unos meses, Carlos Cruzado, el presidente de GESTHA, el admirado Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ya escribió sobre déficit público o déficit fiscal. Hoy tengo el honor de dejarles con la opinión de Francisco González Barona, su representante en Galicia y a partir de hoy colaborador habitual de este blog.

Gracias Francisco

ADIÓS A LAS CLASES MEDIAS (I) . La brecha salarial provocada por la crisis

Los recortes aprobados en los últimos años han impactado con mayor virulencia en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que representan al 85% de los trabajadores, que son las que han soportado el mayor peso de los ajustes fiscales como la subida del IRPF, el aumento del IVA, la reducción de salarios a los funcionarios o la congelación de las pensiones.

Pese al teórico impacto positivo para las arcas públicas, la puesta en marcha de estas medidas reduciría notablemente el consumo interno, provocando el cierre de centros de producción y el aumento del desempleo, lo que a corto y medio plazo agravaría aún más la recesión de la economía española y el desplome de la recaudación prevista.

Además, Gestha considera que la subida del IVA es “injusta” en la medida en que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y grandes patrimonios, y es “regresiva” porque afecta en mayor medida a los ciudadanos con bajos ingresos que a quienes disponen de más recursos: mientras los primeros dedican gran parte de sus ingresos a pagar el IVA – que grava el consumo-, los segundos además tienen posibilidad de ahorrar, sobre lo que no se aplica este impuesto.

Los más perjudicados serán, por tanto, mileuristas y pensionistas, pese a ser uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte los empleados públicos tendrían que soportar una nueva rebaja de sueldos que vendría a sumarse a la rebaja de 2010 y a las congelaciones aprobadas en anteriores legislaturas.

En consecuencia, cada vez es mayor la brecha salarial surgida en España entre las clases medias y bajas y los grandes patrimonios como consecuencia de la crisis económica y de las medidas de ajuste que se están aplicando.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen una serie de alternativas que permitirían obtener una recaudación similar o incluso superior sin que ello implicase contrapartidas negativas en materia económica o social y, por tanto, sin necesidad de ampliar las diferencias salariales.

Bastaría con aplicar un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades a los beneficios que superen el millón de euros anuales -declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas- para elevar los ingresos en 592 millones de euros en Galicia y 13.943 millones de euros para el conjunto de Estado, equivalente de por sí a todas las medidas exigidas desde el exterior.

La creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras que gravase este tipo de operaciones, actualmente exentas de IVA, generaría unos 4.500 millones. Por su parte, la compra de Deuda Pública española en el mercado primario y la prohibición de las operaciones en corto reduciría en 1.400 millones de euros los gastos del Estado.

Estas medidas, sumadas a una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran más del 70% de la evasión fiscal, para aflorar 1,6 puntos porcentuales de la economía sumergida (actualmente en el 23,3% del PIB) y mejorar el control del gasto público, elevarían la recaudación estatal en otros 6.200 millones de euros, lo que en total sumaría más de 26.000 millones con los que cubrir las necesidades del Estado para asegurar el cumplimiento de déficit y transmitir mayor confianza a los mercados financieros.

Muchas gracias

Será que con los años me estoy animando con lo de la Navidad, o quizá porque en estos últimos días he recibido varios regalos y caricias gracias a este blog, pero hoy me apetece hacer un post de agradecimiento y optimismo.

En marzo hará dos años que empece con esta aventura maravillosa de escribir un blog. Nunca le agradeceré lo suficiente a La Voz de Galicia la oportunidad de poder hacerlo y a Rubén Santamarta y a Olalla Sanchez el ayudarme a empezar. Como decía en mi primer post, este intenta ser un blog en positivo sobre y para personas normales y corrientes que intentan  “no quedarse inmóviles al borde del camino ni reservar del mundo sólo un rincón tranquilo”.

No se si lo consigo, pero a muchas personas tengo mucho que agradecerles. En primer lugar a las que lo leen, y a las que comentan, discuten, critican y difunden lo escrito en el blog, en la página en Facebook No nos pidan calma, por Twitter, Meneame,  correo electrónico o en persona.

88 entradas van ya, y en 31 de ellas, han escrito personas a las que valoro y respeto por su compromiso y honestidad. 31 razones para ser optimista: Luis Barreiro, Susi Pérez, Desiré Kouakou, Pio y Paula, Esperanza Morales, Belen Badaloni, Ramón Ferreño, Paula Prado, Mercedes Rosón, Santiago Míguez, Sergio Fernández, Beti Vázquez, Rodrigo Fernández, Pepa Vázquez, Gaby Jorquera, Beatriz García, David Silva, María Ferreiro, Daniel Zapico, Vanessa Fernández, José Manuel Ramírez, Carlos Cruzado, Voces sin Voz, Pilar Porras, José Antonio Ramírez, Fernando Cardenal, Antonio Fernández, Enrique Castro, Meniños, Romana Pérez, María José Cervera, Alberto Estévez y Cristina Bandín. GRACIAS     (y gracias a Concha Velasco, esta persona que tanto me inspira con su arte)

En estas últimas semanas me han hecho además varios regalos. El 14 de diciembre pude presentar el blog en #mediosocial, una jornada organizada organizada por EAPN España con objeto de promover el compromiso cívico de medios de comunicación y organizaciones sociales. Hacía tiempo que no disfrutaba y aprendía tanto en una jornada de este tipo con todos los y las profesionales que allí descubrí.

Ya iba contento. En el blog vecino de Nacho de la Fuente acababa de descubrir este vídeo de Intermon Oxfam en el que presenta su informe “Crisis, desigualdad y pobreza” que seguro ya conocen.

Sus conclusiones son estremecedoras: de seguir por la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a los 18 millones de personas en situación de pobreza en 2022, 2 de cada 5 españoles serán pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarán 15 veces más que el 20% más pobre.

Lo ilusionante es que este vídeo que firmaría como editorial para este blog, lo ha hecho una organización de cooperación al desarrollo en la que he militado con orgullo y que tras su particular “edad media“, renace con ímpetu a innovar en la lucha contra las causas del empobrecimiento.

Y no lo han hecho solos, este informe se ha realizado junto a organizaciones como  Médicos del Mundo, UNICEF, Cáritas o la red de organizaciones de acción social de la Compañía de Jesús. Cuando uno de los mensajes más deleznables de esta crisis es el que busca enfrentar a los “pobres de aquí” con los “pobres de allá” , reconforta leer frases como estas de ONG de Desarrollo:

“Después de décadas de denunciar la desprotección de las poblaciones pobres ante la imposición de la austeridad y el ajuste, con consecuencias terribles, vemos en España una situación idéntica. La crisis de la deuda, las políticas de austeridad y el control férreo del déficit no han conseguido nunca la recuperación de la economía o el retorno a una senda de bienestar. Algo que defendemos en Bolivia, en Guatemala, en Burkina Faso o en Etiopía. Hoy debemos defenderlo también en España.”

“Recomendaciones para un cambio de rumbo:

• Aumentar la recaudación y la justicia fiscal, luchando contra los paraísos fiscales, estableciendo medidas fiscales progresivas, e imponiendo una tasa a las transacciones financieras que destine sus recursos a la lucha contra la pobreza doméstica e internacional.
• Blindar las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo ante los constantes ajustes fiscales que se realizan.
• Adoptar medidas de mejora y regeneración democrática impulsando una ley de transparencia homologable a las del entorno europeo, la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas y combatiendo males como la corrupción o la impunidad ante hechos que afecten directamente a los derechos sociales de la población española”.

Gracias de nuevo. Seguimos.

Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hace unos días cuando escribía No más armas para cometer atrocidades, ya les anunciaba que hoy les traería una historia de esperanza. Para contársela, les dejo con una persona a la que admiro por su compromiso: Alberto Estévez, miembro del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, y uno de los mayores expertos en tráfico de armas. 

Gracias, Alberto

Una oportunidad para regular el comercio de armas

 ¿CÓMO SE “CUECE” UN ACUERDO INTERNACIONAL EN LA ONU?

Esta es una parte poco conocida del trabajo de “lobby” (incidencia política o captación de apoyos) de las ONG, pero clave para conseguir que sus propuestas se plasmen en acuerdos de obligado cumplimiento para los gobiernos. Muchas veces se asocia el “lobbying” o cabildeo a algo sucio, pero en este caso tiene un fin positivo y es un instrumento para cambiar la realidad a mejor.

La campaña para regular el comercio mundial de armas es un proceso que nació hace más de 15 años, cuando Amnistía Internacional (AI) y otros laureados con el Nóbel de la Paz presentamos en 1997 una iniciativa para regular el comercio internacional de armas mediante un Código de Conducta. En 2003, AI y otras ONG lanzamos la campaña Armas Bajo Control, para regular el comercio global de armas mediante un Tratado internacional.

A diferencia de otras campañas que, como la de minas y de bombas de racimo, buscaban prohibir, fuera del marco de la ONU, un determinado tipo de armas,  esta es más compleja, pues su fin es conseguir unas normas legalmente vinculantes para regular la transferencia de armas (esto incluye no solo el comercio, sino, entre otras, las operaciones de intermediación y transporte). Para que sea eficaz, deberá incluir a las principales potencias exportadoras, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Francia, EE.UU. Reino Unido, China y Rusia), además otros importantes fabricantes de armas.

En 2009, más de 150 países votaron en la ONU un plan de trabajo que desembocó en una conferencia celebrada en la sede de la ONU en Nueva York y que, como explico más abajo, culminará en una conferencia final del 18 al 28 de marzo de 2013.

Conseguir un tratado sólido es prioritario porque la mala regulación de las transferencias internacionales de armas convencionales y la ausencia de normas mundiales para controlarlas continuarán cobrándose cada año centenares de miles de vidas y dejarán sin sustento a millones de personas en muchos países mientras la comunidad internacional no actúe con decisión. El Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA) no es una panacea, pero es parte esencial de la solución, porque ayudará a reducir el número de graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el mundo.

En julio de este verano coordiné una amplia delegación internacional de lobbistas de Amnistía Internacional (AI) y fui parte del proceso de “cocción” del TCA. En un Nueva York muy caluroso, fui testigo y parte de la mejor versión de Amnistía en acción. Era la parte final de un proceso en la que todo fue importante, desde las más de 600.000 firmas de apoyo a la campaña, al trabajo con medios de comunicación, pasando por los actos simbólicos, las cartas a gobiernos o las reuniones con funcionarios gubernamentales en las capitales y en la ONU, además del trabajo de investigación y denuncia y los informes y propuestas de AI para el texto del Tratado.

“PASILLEO” Y COCCIÓN LENTA DEL TRATADO

En la segunda semana, la Conferencia se dividió en dos grupos de trabajo simultáneos que en ocasiones se reunían a puerta cerrada. Esto no dificultaba especialmente nuestro trabajo, ya que la mayoría de las negociaciones se realizaban fuera de la sala del plenario, en reuniones en torno a un café o en conversaciones en los pasillos de la ONU.

Lo que los Estados decían en las sesiones plenarias se decidía fuera de la sala. Por eso los delegados de AI aprovechábamos cada ocasión para presentarles nuestras recomendaciones a los delegados que teníamos asignados. En los últimos días de la Conferencia nuestro acceso a los delegados fue más limitado, debido a que el Presidente convocó sesiones informales solo para los delegados gubernamentales, pero ¡para eso está el email!

La mañana del 12 de julio en particular me sentí especialmente orgulloso de formar parte de Amnistía. Ese día distribuimos una guía de referencia para los diplomáticos sobre la elaboración del TCA . Sobre las 9.30 a.m., mientras esperaba en medio de la amplia sala sin ventanas en que se desarrollaba la negociación que los delegados de Turquía y Portugal hiciesen su aparición, vi como un ejército de cerca de 20 lobbistas de AI distribuía nuestra “joya de la corona” a diestro y siniestro y charlaba con unos 100 diplomáticos en cuestión de pocos minutos. Todos ellos hojeaban con interés nuestro documento, objeto de alabanzas en los días posteriores y usado para proponer partes del texto del TCA. Esa mañana la enorme sala de la conferencia, sin luz natural, estaba dominada por el llamativo logo amarillo de Amnistía.

Está más regulado el comercio de plátanos que el de armas

La Conferencia de negociación de julio terminó sin que se alcanzara un acuerdo, lo que supuso un traspiés, pero se recordará como una etapa crucial de este “cocido” que Amnistía empezó a cocinar cuando elaboró esta receta, allá por 1993. Sabíamos que el acuerdo era difícil, pues la Conferencia se rigió por el principio del consenso, lo que requería el acuerdo unánime de los 193 Estados miembros de la ONU. El 26 de julio, tras casi cuatro semanas de negociaciones, el presidente de la Conferencia presentó un proyecto de Tratado. Aunque durante las negociaciones, un pequeño grupo de Estados (entre ellos Egipto, Siria, Argelia, Irán, Corea del Norte y Venezuela) hicieron un intento concertado de bloquear o suavizar el texto tanto como fuera posible, la mayoría de los demás Estados, incluidos países clave en el comercio mundial de armas como Estados Unidos, China, India, Indonesia o Rusia, consideraron que el proyecto de tratado era una base bastante firme a partir de la cual llegar a un acuerdo por consenso.

Sin embargo, en la mañana del viernes 27 de julio una serie de Estados, encabezados por Estados Unidos y seguidos por Rusia, Cuba y otros, pidieron “más tiempo” para analizar el proyecto de texto presentado el día anterior. Ese día yo creí que podría ser histórico y cerrar un ciclo de casi veinte años de promoción del TCA, pero resultó que mi abuela, una excelente cocinera que solía decir que los mejores cocidos son los que se cocinan con tiempo y a los que se les pone mucho cariño, tenía razón: “el cocido” -el texto del TCA- necesitaría “un ratito más”, unos pequeños retoques para ser del gusto de todos. Fue un momento duro, porque la noche anterior, mientras el debate en plenario continuaba de madrugada, pudimos “oler” el Tratado, y olía (y sabía) bastante bien. El cocido estaba casi en su punto. Sin embargo, a la mañana siguiente triunfó la “realpolitik”.

No todo está perdido y ni mucho menos fue un fracaso, pues se ha avanzado mucho. El proyecto de texto es más que aceptable, sin ser el texto ideal que defendía AI, una base bastante firme para imponer obligaciones específicas a los Estados para controlar la mayoría de los tipos de transferencias internacionales de armas convencionales. El texto cuenta con un respaldo amplio, principalmente en Europa, África y América Latina. El 7 de noviembre, en la Asamblea General de la ONU, 157 países votaron a favor de convocar una Conferencia final para adoptar el texto del tratado. AI ya está promoviendo con todos los gobiernos una serie de puntos para mejorar el proyecto de texto y continuará trabajando junto a otras organizaciones en ese sentido en los próximos meses.

ASPECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO DE TRATADO

El principal objetivo de AI era que el TCA incluyera normas estrictas con que mejorar la protección de los derechos humanos.

El texto del proyecto contiene varias disposiciones sobre el respeto de los derechos humanos que representan un término medio entre las posturas de los gobiernos más poderosos del mundo (principalmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad) y las de los países con más comercio de armas (como Alemania, India y otros Estados de la UE y de otras partes).

Para AI, el texto del proyecto era una mejora significativa con respecto a textos anteriores distribuidos durante la Conferencia y a las propuestas presentadas por Estados Unidos y otros Estados antes de la Conferencia con objeto de suavizar la “Regla de Oro” sobre el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que propugnan AI, el CICR y otras entidades.

Los tres aspectos más positivos del proyecto son:

1. Abarca las actividades del comercio internacional de armas convencionales.

2. Recoge los principios básicos de la “Regla de Oro” defendida por AI :

a) Impone obligaciones de protección de los derechos humanos al examinar las transferencias de armas, como realizar una evaluación de riesgo y no autorizar las exportaciones si existe un riesgo claro de que puedan servir para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos.

b) Prohíbe determinadas transferencias como las que violen embargos de la ONU, las obligaciones internacionales de los Estados, o las realizadas con el propósito de cometer genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o violaciones graves del derecho internacional humanitario.

c) Exige considerar la posibilidad de tomar medidas factibles para evitar la exportación de armas convencionales si van a utilizarse para cometer o facilitar que se cometa violencia de género o violencia contra menores.

3. El tratado se aplicaría como mínimo a siete categorías de armas convencionales y a las armas pequeñas y ligeras, pero permite que los Estados controlen otros tipos de armas si así lo desean.

La cocción lenta del texto, la negociación, dio sus frutos. Un dato significativo es que, durante la Conferencia, Estados Unidos fue cambiando gradualmente de postura en varias cuestiones para aceptar las disposiciones del texto del proyecto que obligan a detener las transferencias de armas, incluidas las municiones y las piezas y componentes militares, cuando existe un claro riesgo de que esos artículos se utilicen para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos. Antes de la Conferencia, Estados Unidos pedía simplemente un conjunto de principios que los Estados debían tener en cuenta al tomar decisiones sobre exportaciones de armas y que AI calificaba de norma de la que se podía “hacer caso omiso”. Asimismo, insistía en que las municiones quedaran totalmente excluidas del tratado.

Sin embargo, durante la Conferencia y como resultado de una considerable presión internacional, incluida una Acción Urgente de AI a través de la cual decenas de miles de personas escribieron al Presidente Obama, cambió de política con respecto a las violaciones de derechos humanos y la exclusión de la municiones y propuso además una nueva disposición en la que se prohíben explícitamente las transferencias que tengan por objeto facilitar la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra que constituyan infracciones graves de los Convenios de Ginebra o violaciones graves del artículo común 3 de los Convenios de Ginebra. Estos cambios suponen una mejora, pero no son lo ideal.

La Conferencia “final” del TCA de marzo de 2013 será la última oportunidad para pulir y acordar el texto. Deberá completarlo con la máxima participación posible y conseguir que Estados clave, como China, Rusia e India, firmen y ratifiquen el tratado. Es la última oportunidad de demostrar al mundo que el proceso de consenso de la ONU es creíble y capaz de conseguir un tratado sólido, que exija realmente a los Estados Partes poner fin a las transferencias irresponsables de armas y detener el tráfico ilícito. Si la Conferencia de 2013 fracasa, el texto del TCA más sólido posible deberá presentarse cuanto antes a la Asamblea General para su aprobación en votación por amplia mayoría (se necesitaría una mayoría de 2/3 de los Estados miembros de la ONU).

Al cocido del TCA le queda poco para estar listo, pero todos los ingredientes son necesarios, pues para ganar esa batalla necesitaremos la colaboración activa de la opinión pública, por lo que os proponemos diversas acciones para apoyar este proceso y evitar que, a diferencia de los dos fallidos intentos de lograr regular el comercio internacional de armas en los años 20 y 30 del siglo pasado, a la tercera, vaya la vencida.

Para saber más y empezar a actuar:

http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/egipto-tratado-armas

Versión reducida del artículo en:

Tratado Internacional Comercio Armas Artículo Alberto Estévez

A principio de este año les decía que en el 2010, 11.666.827 españoles y españolas, un millón más que el año anterior, se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social.

Mike Bromsky

En el 2011, había 751.071 personas más en esta situación. 12.741.434 en total (662.515 en Galicia, 47.031 personas más que en el 2010)

Estos datos y bastantes más se citan en el INFORME IMPACTOS DE LA CRISIS, elaborado por Juan Carlos Llano para EAPN España (para que no se aburran con tanto numero como les voy a dar, les dejo al final un interesante vídeo de Carlos Susías, su presidente, preguntándose de nuevo: ¿hay algún avaricioso saciado?)

Les recomiendo la lectura de sus 23 páginas, un auténtico argumentario sobre la pobreza y la exclusión social en el conjunto de España y por comunidades autónomas.  Permítanme que les anticipe algunos titulares.

23,4% del total de la población en 2009 , 25,5% en 2010 y 27% en 2011, 2.300.063 personas en 3 años.

Para obtener estos datos se utiliza el indicador que propone la Unión Europea (AROPE: At Risk Of Poverty and/or Exclusión) y que tiene en cuenta tres factores:

• Población bajo el umbral de la pobreza: personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la mediana nacional. En el 2009 había 9.115.432 pobres, en 2011 10.287.527.
• Población con privación material severa: personas que viven en hogares en los que no pueden permitirse cuatro de nueve gastos definidos a nivel europeo: pagar el alquiler o una hipoteca, tener calor en invierno, permitirse unas vacaciones de una semana al año, comer carne, pollo o pescado al menos tres veces por semana, afrontar gastos imprevistos, tener un coche, lavadora, televisión o teléfono. En el 2009: 1.636.103 personas, en 2011 1.826.816 personas.
• Población con baja intensidad de trabajo por hogar: relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros del hogar y el número total de meses que, en teoría, podrían trabajar todos los miembros en edad de trabajar. Se ha disparado con el aumento de desempleo. En 2009: 2.571.019 personas, en 2011 4.482.773.

La población masculina ha sufrido con mayor intensidad las consecuencias de la crisis, aunque la tasa de pobreza femenina sigue siendo casi dos puntos superior a la masculina.

Los mayores de 65 años han reducido su tasa de pobreza por la mayor estabilidad de sus ingresos.

En cambio, la crisis se está ensañando con los más jóvenes. Desde el 2009, la tasa de pobreza ha subido 3,4 puntos entre los menores de 16 años y 6,4 puntos entre la población de 16 a 29 años.

El paro entre estos jóvenes (especialmente hombres que trabajaban en la construcción) ha crecido hasta un 72% del total (entre 16 a 19 años) y hasta un 48,7% (entre 20 y 24 años)

NO es la crisis. En los años de crecimiento económico no se redujeron las tasas de pobreza. Más crecimiento no implica que se reduzcan las tasas de pobreza y exclusión social ni la desigualdad si no van acompañadas de políticas activas de redistribución de la riqueza y armonizadas entre las distintas administraciones.

NO tenemos un gasto social mayor del que nos podemos permitir. En 2008, con un PIB per cápita en España cercano al promedio de la UE-16, nuestro gasto social era sólo del 59%.

Más desigualdad. El índice Gini que la mide ha pasado de 30,7 en 2008 a 34 en 2011. En aquel año, la renta del 20% más rico era unas cinco veces superior a la del 20% más pobre. En el 2011 ya lo es siete veces!!.

La desigualdad entre comunidades autónomas es abismal. En 2011 Navarra tenía un 13,1% de su población AROPE, Andalucía un 38,6%. En Galicia estamos algo mejor que la media nacional, con un 23,7%,

Las políticas sociales y de redistribución activas se notan: Madrid, Pais Vasco y Navarra tienen un elevado y semejante PIB, pero sus tasas AROPE son muy distintas. Las diferencias también ocurren con las comunidades con PIB más bajo.

Dos preguntas personales para terminar. Las entidades sociales reinvindicamos en este informe como ineludible un Pacto de Estado para la Inclusión, que coordine la acción de las distintas administraciones públicas y demás actores sociales. Las empresas piden ya la unidad de mercado entre Comunidades Autónomas. Ambas demuestran sentido común, ¿lo tienen nuestros gobernantes?

En un reciente artículo, Beti Vazquez sorprendía con un provocador titular:  El hambre que viene: el 90% de la población gallega en peligro de pobreza. Si algo demuestra esta crisis es como poco a poco está desapareciendo la clase media. ¿exageraba?

Pueden seguir también este debate en Facebook: No nos pidan calma o Twitter #impactosdelacrisis

Y el domingo #SOSdiscapacidad

El 17 de octubre es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza.

Y a mi me ha cogido el toro.

Con tanto cambio profesional en el que estoy metido y como veo que siguen leyendo los recientes artículos de Fernando Cardenal y Antonio Hernández, me he despistado y no les he hablado con tiempo de los centenares de actos que se van a realizar mañana. Discúlpenme, es lo que tiene ser voluntario con este blog.

De las muchas actuaciones que se van a realizar, les recomiendo que entren en Rebelate contra la pobreza, la web de la Alianza Española contra la Pobreza, una red formada por organizaciones sociales, sindicatos, movimientos y plataformas ciudadanas que aglutinan a más de un millar de entidades en todo el territorio español. En la Plaza do Sol en Vigo a las 20 horas pueden gritar la evidencia de que los recortes producen pobreza. 

Tampoco pude escribir este post ayer porque estuve preparando la entrevista que hoy por la mañana nos hizo, junto al presidente de EAPN Galicia, David Silva, el corresponsal del Financial Times en España. No se si publicarán algo (si es así, les dejaré el enlace en los comentarios), pero es esperanzador empezar un reportaje sobre las elecciones del próximo domingo preguntando por las 648.975 personas en riesgo de pobreza y exclusión en Galicia.

Lo que le contamos ya lo conocen. O apretarse el cinturón o bajarse los pantalones.

En 2010, había 11.666.827 personas en España (25,5% del total de la población), 600.918 en Galicia (22% del total) en esta situación. A finales del 2011 había 12.599.861 persoas en riesgo de pobreza y exclusión en España (casi un millón más), y una estimación de 648.975 gallegos (50000 más que el año anterior.

Para obtener estos datos se utiliza el indicador oficial que propone la Unión Europea (AROPE: At Risk Of Poverty and/or Exclusion) y que agrupa tres factores: Renta, privación material severa e intensidad en el trabajo. Los datos son en todos los casos oficiales y del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el enlace anterior se lo explico con detalle.

Le contamos, y se sorprendió bastante, de que la negativa de sucesivos gobiernos a luchar contra el fraude fiscal sea una de las causas principales para que día a día  aumente el sufrimiento de millones de personas cuando sobra el dinero necesario para evitarlo. Y también es una de las causas de que la prima de riesgo y la evidencia de un rescate aumenta no tanto por la maldad congénita del gobierno alemán, sino porque los acreedores de nuestro país saben que la economia sumergida en el estado español es del 23% sobre el PIB, diez puntos más que la media de la Unión Europea (trece más en Galicia).

España no es un país fallido, aunque muchos de sus gobiernos se empeñen en demostrar lo contrario ante el exterior consintiendo el delito y legislando contra los más débiles. 

Le facilitamos el contacto del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), y de su presidente Carlos Cruzado quien ya escribió hace poco sobre el fraude fiscal y sobre medidas sencillas para combatirlo…si se quiere.

Por supuesto le facilitamos las medidas que desde EAPN Galicia se proponen a los partidos politicos que se presentan a las elecciones del 21 de octubre para luchar de forma efectiva contra la pobreza y la exclusión. Pueden consultarlas en detalle aquí pero les indico los 10 apartados que las resumen:

Garantía real y efectiva de los derechos fundamentales y sociales.

Reducción de las desigualdades mediante un modelo social más justo y equitativo.

Pacto autonómico por la inclusión social que implique a las distintas Administraciones Públicas, partidos políticos y al Tercer Sector.

Políticas activas de empleo: reducción del desempleo y apoyo a las personas desempleadas.

Mejorar el rendimiento escolar y asegurar una escolarización efectiva.

Garantizar una vivienda digna para todas las personas

Reforzar y mejorar los servicios sociales

Optimizar la red de prestaciones y rentas mínimas

Lucha decidida contra el fraude fiscal y mejora de la transparencia

Implantar un plan de apoyo al Tercer Sector de Acción Social

Quizá estas propuestas y ver el interesante debate en V Televisión les ayuden a decidir su voto el 21 de octubre.

… Y a defenderlo día a día los próximos cuatro años.

Desbordado.

Les confieso que muchas veces soy incapaz ya no de comprender, sino simplemente de enterarme de los recortes en derechos sociales y presupuestos que día a día se están produciendo y que van a acabar afectando a la vida de miles de personas.

Analizar como con la excusa de reducir el déficit público se está aprovechando para desmantelar nuestro incipiente sistema de bienestar y de servicios sociales en nuestro país, es uno de los tres ejes que se van a estudiar en el II Foro de Pobreza, Exclusión y Voluntariado que organiza EAPN Galicia - Rede Galega contra a Pobreza esta semana en Santiago de Compostela. Los otros dos son el fraude fiscal, del que les escribía hace unos días Carlos Cruzado, el presidente de GESTHA, y la corresponsabilidad en la superación de la pobreza y la exclusión social de organizaciones sociales, empresas y administración pública

Para hablar del presente y el futuro del estado del bienestar, vendrá un experto, José Manuel Ramírez Navarro, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Sus reconocidos informes sobre el escaso avance de la ahora también en peligro Ley de Dependencia y su posicionamiento argumentado en defensa de los servicios sociales tienen una elevada repercusión pública.

Su opinión se resume en el artículo que me ha enviado.

Muchas gracias, José Manuel

Las PERSONAS para las que trabajamos en los servicios sociales NO SON NÚMEROS, pero sí ENTIENDEN DE NÚMEROS

Entienden que los 283 millones recortados a la Dependencia  en los Presupuestos del estado suponen su expulsión de un sistema que les prometía mucho. Saben que ya es seguro que no se podrá atender a las 270.000 personas con derecho reconocido y a la espera, y que las ya atendidas verán mermadas sus prestaciones cuando venga el siguiente recorte anunciado: el que acordarán las Comunidades Autónomas.

Las PERSONAS –mujeres invisibles- que atienden a familiares dependientes también entienden mucho de NÚMEROS. Echan cuenta de cuánto trabajan, de las renuncias vitales que se ven obligadas a hacer y de cuánto aportan en eficacia y economía de ahorro en atenciones al conjunto de la sociedad y no les salen las cuentas de la ingratitud y la desidia con que son tratadas.

Quienes se acercan a los servicios sociales básicos en busca de ayuda, entenderán de sobra que un recorte de más del 44% en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas afectará gravemente a la red pública que los atiende en sus barrios y en sus pueblos; en donde las situaciones de necesidad se han multiplicado mientras que las posibilidades de salir adelante de las familias se han ido restando. Entienden y saben que esos servicios sociales básicos ya atendían a cinco millones y medio de personas en 2007; que en 2009 se pasó a atender a ocho millones de personas y que de 2011 ni siquiera se ofrecen los datos… para no alarmar. Y entienden que miles de profesionales de la red pública se van a ir a la calle justo cuando más falta harían, trabajando duro, para evitar que la exclusión social (que es peor aún que la pobreza) se propague más de la cuenta.

Quienes viven en el mundo real (y no en ese que llaman financiero) saben tanto de NÚMEROS que cuando se les dice que España ocupa los primeros puestos en inequidad en la distribución de los bienes, que la distancia entre ricos y pobres aumenta más que ningún otro país de Europa o que una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de la pobreza, no se extrañan, sino que confirman lo que ya veían que venía ocurriendo alrededor. Hasta nos han cambiado la Constitución para que los NÚMEROS prevalezcan sobre los derechos de las PERSONAS.

Las familias que tuvieron la osadía de acceder a una vivienda –derecho convertido en mercancía- a precio inflado por los especuladores, ahora endeudadas porque han perdido los empleos, habiendo quemado todas las naves, saben más que nadie de NÚMEROS. Porque calculan incrédulos cuánto tiempo les queda hasta el desahucio de sus hogares y de los sueños de un futuro para sus hijos, como ya les ha pasado a otras 200.000 familias. Han de hacer números para saber si volver a casa de los padres es una opción, si cabrán todos, o si la magra pensión de los abuelos dará para alimentar a todo el mundo. Hacen cuentas y saben que jamás podrán pagar la deuda adquirida y que cualquier ingreso –o sueño- les será embargado.

Nosotros, los y las profesionales de los servicios sociales, no sabemos tanto de NÚMEROS, pero quizás sí lo suficiente como para asegurar que lo que algunos ven como “gasto improductivo” es inversión efectiva en seguridad, paz y cohesión social. Sabemos de NÚMEROS lo bastante como para comprobar que los retornos fiscales y el empleo que generan los servicios sociales son tan o más importantes que los que ofrecen otros sectores llamados “productivos” como el turismo o la construcción. Y, por fin, CREEMOS TANTO EN LAS PERSONAS que, indignados como estamos, no podrán engañarnos con más NÚMEROS.

José Manuel Ramírez Navarro

Articulo 31 Constitución Española

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Si de vez en cuando entran en este blog, verán que cada poco tiempo se cita la desfachatez del fraude fiscal en nuestro pais como una de las causas principales para que día a día  aumente el sufrimiento de millones de personas en situación de pobreza y/0 exclusion social cuando sobra el dinero necesario para evitarlo.

Cuando se habla de evasión y de fraude fiscal es habitual reproducir la información y análisis de GESTHA, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Para Vicenç Navarro y para mi GESTHA “es una de las instituciones más valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa proveen información de una gran importancia que documenta las enormes injusticias existentes en el sistema fiscal español que se han acentuado todavía más con las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Zapatero y Rajoy” (Impuestos y fraude fiscal)

Les dejo con la opinión de Carlos Cruzado, presidente de GESTHA. Hoy pueden leerlo, pero tendrán la suerte de escucharlo junto a su compañero Francisco Barona el 28 y 29 de junio en Santiago de Compostela, en el II Foro sobre Pobreza, Exclusión Social y Voluntariado que organiza EAPN Galicia-Rede Galega contra a Pobreza. Ya pueden inscribirse en su web. Como pueden ver en el programa, estarán acompañados de un buen número de personas expertas en inversión social y lucha contra la pobreza. En Twitter lo podrán seguir con la etiqueta #pobrezagalicia

Muchas gracias Carlos, y muchas gracias por la sensatez el sentido común y el ilusionante ejemplo del Sindicato que preside.

AUMENTAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA ES UNA BUENA ALTERNATIVA

Desde el mes de mayo de 2010 venimos asistiendo a un continuo recorte de gastos, iniciado por el anterior Gobierno y profundizado por el actual, con la finalidad de reducir la cifra de déficit. Tal recorte comenzó afectando de manera específica a colectivos como el de los empleados públicos, pensionistas y personas dependientes, y ha acabado incidiendo en todos los ciudadanos, y especialmente en las capas más desfavorecidas de la sociedad, tras los recortes en educación, sanidad y otros gastos sociales, que constituyen los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Asimismo se han sacrificado una gran parte de las inversiones públicas, que podrían contribuir, por efecto multiplicador de la demanda de este tipo de gasto, a la creación de nuevos empleos y a una salida más rápida de la crisis económica.

Entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos y la contribución solidaria de todos para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en la que se encuentra, no se pueden aceptar estas medidas porque no se extienden al recorte de otros gastos menos justificados, ni se centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal, apelando a la solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad (que como es sabido, escapan en gran medida de la tributación del IRPF, utilizando con frecuencia las numerosas posibilidades de elusión que la vigente normativa les permite, cuando no a través directamente de la evasión fiscal)

En paralelo a este proceso de recorte de gastos y de incrementos impositivos centrados fundamentalmente en las rentas del trabajo, se han hecho públicos en los dos últimos años diversos informes sobre el volumen de la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral, que, pese a proceder de distintas organizaciones e instituciones, tanto nacionales como europeas, coinciden en cifrar dicho fenómeno en casi una cuarta parte del PIB, uno de los niveles más altos de Europa. De acuerdo con ese porcentaje, que GESTHA cifra en un 23,3, se estarían dejando de ingresar cada año 88.000 millones de euros, de los cuales 59.000 corresponderían a impuestos y 29.000 a cotizaciones sociales.

Ante esta situación, a la que hemos llegado debido a una falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos para modificarla, hoy ya no hay excusa para no adoptar las medidas necesarias para lograr una reducción de la economía sumergida hasta los niveles de los países europeos de nuestro entorno (recortando en diez puntos nuestro porcentaje de economía sumergida, lograríamos recaudar 38.500 millones adicionales).

Hacer efectivos los principios que la Constitución establece como inspiradores de nuestro sistema tributario (igualdad, proporcionalidad y contribución según la capacidad económica) requiere la adopción tanto de medidas efectivas contra el fraude fiscal, como de medidas normativas que acaben con las posibilidades que nuestra legislación ofrece a los titulares de rentas y patrimonios de cierta entidad para eludir el pago de impuestos -SICAV, Sociedades patrimoniales, Entidades de tenencia de valores extranjeros, tratamiento de rentas del ahorro a los rendimientos de capital especulativos, etc.-

La puesta en marcha de tales medidas, acompañadas de un funcionamiento más racional y eficiente de la administración tributaria y de una mejora sustancial en el control del gasto público, contribuirán, sin duda, a minorar el déficit a través del aumento de la recaudación tributaria, sin comprometer el gasto social.

Carlos Cruzado. Presidente GESTHA