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Explicando en clase por qué abuelas y abuelos están tomando las calles

9 de abril de 2018 a las 21:57

El 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, con un sencillo pero contundente “Miradnos bien, somos gallegos” la portada de La Voz de Galicia le dio una alegría inmensa a personas como Samba, Amdy, Zinthia, Libass, Alexque o Yosi que se vieron reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de nosotros.

Ese mismo día se publicaba el suplemento semanal La Voz de la Escuela, imprescindible para cualquier persona interesada en la educación. Y este artículo en gallego de Fernando Pariente explicando por qué es vital para niños y niñas entender y apoyar la defensa del sistema del sistema público de pensiones que ha puesto en pie a miles de pensionistas en defensa de sus derechos.

Quizá parezca que son temas diferentes, pero en realidad tienen mucho que ver. De hecho están hablando de lo mismo: el serio peligro de desaparición de nuestro estado del bienestar, forzándonos a pasar de un modelo de sociedad en el que todas las personas que vivimos en España cuidamos unas de otras a otro en el que cada uno se debe buscar la vida y si es un inútil o vago por no hacerlo, aguantarse y pedir limosna si acaso.

Si quieren entender mejor la extrema importancia de esta decisión política y como explicarla si acaso en sus clases, ademas de leer el artículo de Fernando Pariente, les recomiendo ver los vídeos, algunos de los que incluye la unidad didáctica elaborada por la Fundación FOESSA de Cáritas para explicar las conclusiones de su último y monumental informe sobre la pobreza en España. Como bien dicen: “La pobreza no es un problema de la crisis, sino de modelo social

Los abuelos salen a la calle

El pasado 22 de febrero ocurrió algo insólito en España. Los jubilados y pensionistas se manifestaron en más de sesenta ciudades. Numerosas personas mayores mostraron su indignación y su protesta contra elridículo incremento del 0,25 % que se viene aplicando a sus pensiones desde hace cinco años. En muchos casos eso significa un aumento de algunos céntimos nos sus ingresos mensuales. Menos de lo que vale la remisión de la carta con la que el Gobierno se lo comunica cada año. Por eso muchos procedieron simbólicamente a romper esas cartas en público. Parece que en los tiempos que corren se puede producir entre los abuelos un movimiento parecido al de los chicos indignados del 2011.

Las pensiones garantizan a los ciudadanos el bienestar mínimo indispensable. El sistema público mantenido por la Seguridad Social certifica que el Estado cubrirá tanto el cuidado de su salud como la satisfacción de sus necesidades cuando dejen de trabajar por jubilación o no encuentren trabajo. Que el Estado asuma esta responsabilidad es una conquista social tras muchos años de lucha desde mediados del siglo XIX, con la revolución industrial.

Manifestacion en Ferrol por unas pensiones dignas. Foto: José Pardo

En el sistema que funciona en España, el Estado recibe obligatoriamente alrededor de una tercera parte de la retribución de cada trabajador durante toda su vida laboral y financia con esos fondos las prestaciones de jubilación y de paro, cuando estas sean necesarias. Los trabajadores españoles estamos pagando durante toda nuestra vida laboral al Estado para que este cubra nuestras necesidades cuando dejemos de trabajar o cuando quedemos en el paro.

Estas prestaciones están destinadas a toda la población y son, por tanto, un efecto de la solidaridad de unos ciudadanos hacia los otros. Es importante comprender y reflexionar sobre esta idea. Durante toda nuestra vida laboral estamos cooperando para conseguir el bienestar de todos.

Este modelo está siendo objeto de debate porque hay quien piensa que no es económicamente sostenible. Los jubilados entraron en estado de alarma y las pensiones son noticia todos los días, mientras en el horizonte acechan amenazas de recortes en las prestaciones.

Los indignados pensionistas tratan de conseguir que su poder adquisitivo no se vea cercenado por un crecimiento ridículo de sus pensiones frente al alza de los precios de los bienes de consumo. Calentar la casa y pagar la luz cuesta hoy mucho más que hace cinco años, mientras que el incremento acumulado durante estos mismos cinco años en su pensión no pasa de los diez euros en muchos casos. Así que exigen que se aplique a las pensiones el mismo incremento, como mínimo, que se produjo en el año anterior en el IPC (índice de precios al consumo).

Para resolver esta difícil papeleta el Gobierno y los partidos políticos tienen que reunirse de nuevo en el Pacto de Toledo que firmaron hace años. Las personas mayores están en pie de guerra y al acecho del que ocurra.

Nos hace mejores

Desde que existe la Seguridad Social pública nuestra sociedad es mejor porque es más solidaria y tiene más conciencia de cuerpo social. Dejamos de ser una colección de individuos que coinciden viviendo sobre un territorio, para convertirnos en una organización solidaria que se compromete con el bienestar de todos sus miembros. Si sólo nos consideráramos individuos aislados, cada uno se dedicaría a solucionar su vida y, en el mejor de los casos, podríamos ayudar a otros por mera condescendencia, como un acto de caridad. Es lo que se hacía hasta el siglo XIX. Pero gracias a una nueva concepción de la sociedad, esta se convirtió en un conjunto solidario de ciudadanos en el que todos tienen derecho a un nivel básico de bienestar.

Ya no es una cuestión de caridad voluntaria, todos los ciudadanos tienen derecho a vivir dignamente y el Estado, centro de cohesión de todo el cuerpo social, tiene la obligación de garantizarlo. Por eso somos una sociedad mejor y este es un logro irrenunciable.

Un sistema que nació hace 135 años

Esta conquista social, que caracteriza especialmente a las democracias europeas, tiene su origen en las leyes que promovió en el Parlamento alemán el canciller de hierro, Otto von Bismarck, hace 135 años, para imponer un seguro obligatorio contra enfermedades y accidentes a favor de todos los trabajadores de la industria y de la Administración del país.

Bismarck no era precisamente socialista, pero fue el mejor medio que encontró para atemperar el creciente malestar de los obreros alemanes. La nueva ley, que entró en vigor el 15 de julio de 1883, estableció que el coste de estos seguros obligatorios debía ser abonado en dos terceras partes por los trabajadores y en una tercera parte por los empresarios, pero la ley fue impugnada ante la consideración de que no se debía exigir su financiación a los trabajadores. La impugnación prosperó y en 1884 se aprobó que la financiación corriera por completo a cargo de los patrones. Durante los años siguientes a ley se extendió al resto de los trabajadores asalariados y en 1889 se estableció de la misma forma un seguro de jubilación e invalidez.

No hay dinero. ¡Mentira!. Manifestacion en Santiago de Compostela

Con todo, el sistema creado por Bismarck no fue, aun, un verdadero sistema público de seguridad social, porque la prestación de los seguros la realizaban las empresas privadas con las que se contrataba y cubría sólo a los trabajadores por cuenta ajena, fundamentalmente el proletariado industrial y el personal de la Administración. Quedaban fuera muchas mujeres que trabajaban nos sus hogares y los artesanos, los pequeños comerciantes y emprendedores autónomos.

El auténtico concepto de Seguridad Social pública tiene que incluir dos características necesarias. La primera es el carácter público del servicio prestado y la segunda es la cobertura total de la población. Por eso la Seguridad Social tiene que estar organizada por el Estado y amparar a todos los ciudadanos de la nación. Para llegar a la concepción de un sistema de carácter público en el que el Estado se hiciera responsable de forma integral de la Seguridad Social hubo que esperar al año 1938, con la Ley de Seguridad Social de Nueva Zelanda, que sirvió de modelo para muchos países.

Actividades para trabajar en clase…

1) La Constitución española determina en su artículo primero que «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho». Esta definición básica de la nación española deja constancia de que nos constituimos como un conjunto solidario de ciudadanos y la organización estatal responde de satisfacer nuestros derechos en pie de igualdad. Eso tiene que ver con la supervivencia necesaria de la Seguridad Social y su carácter público. Buscad en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la comunidad los artículos que hagan referencia al derecho de los españoles a disfrutar de una Seguridad Social y a la forma de organizar sus prestaciones.

2) Probablemente no haya nadie en vuestra clase que no haya recibido alguna vez o que no esté recibiendo en su familia alguna de las prestaciones de la Seguridad Social. Muchos tendrán abuelos jubilados que perciben una pensión, alguien puede o pudo tener a su padre o su madre en paro o padeciendo una enfermedad de larga duración y percibiendo la prestación por desempleo, etcétera.

Haced un estudio de la relación de vuestra entorno familiar con la Seguridad Social. Comprobad cuántos miembros de vuestra familia están trabajando, reciben un salario y contribuyen con casi una tercera parte a sufragar los gastos de la Seguridad Social (ellos son miembros activos). Comprobad también cuántos son perceptores de prestaciones porque son jubilados, sufren incapacidad laboral o están en paro.

Comparad una lista con la otra y tomad conciencia de si el resultado en vuestro caso es favorable a la Seguridad Social o lo es a vuestra familia. Reflexionad sobre eso.

3) Para comentar el tema de hoy es muy recomendable que leas los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Administración, Adultos mayores, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Impuestos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Participación, Servicios sociales
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12 principios para luchar contra la exclusión social severa

28 de febrero de 2018 a las 23:23

Del profundo abismo de los dogmas políticos, de vez en cuando resurge un clásico: “las ONG son la cara bonita de la privatización de unos servicios sociales que deberían ser prestados por el estado“. Amén.

De esta generalización absurda (y cómplice por cierto de la verdadera y masiva privatización… pero a grandes empresas) que niega el trabajo diario y la filosofía de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que exigen a las administraciones públicas que cumplan su obligación de liderazgo y supervisión, escribíamos hace un par de años en el vigente ¿Desprecia la izquierda a las ONG que luchan contra la pobreza? 

Hace unos días planteaba en redes sociales una pregunta a profesorado y alumnado de Trabajo Social, Educación Social, Integración Social… ¿Es ético ningunear o generalizar ideológicamente en las clases a ONG de acción social (o de cooperación), negando su papel imprescindible en el sistema público de servicios sociales o de defensa de derechos… aún sabiendo que al hacerlo se está perjudicando gravemente la futura inserción laboral del alumnado?

Mientras hacía esta pregunta, no dejaba de pensar en el esfuerzo y ejemplo que la delegación gallega de Emaus Fundación Social ha hecho en los últimos años para desarrollar el Modelo INCLUE. Su concepto de “discapacidad social” y su apuesta por una atención de calidad en la atención a las personas en situación de exclusión social severa. Implicando desde el principio tanto a nivel político como técnico a la administración pública autonómica y municipal y a organizaciones con la misma filosofía.

Pueden descargar el informe de este proceso aquí, pero me gustaría resumirles los doce principios a los que llegan (página 66) para asegurar una intervención de calidad.

La pobreza no se esconde. Foto: Oscar Vázquez (La voz de Galicia)

1. Apostar por la activación, desde una concepción multidimensional de la inclusión.

Del mismo modo que en el ámbito de la discapacidad se pasó de un modelo médico o rehabilitador a una concepción social que hace hincapié en el carácter excluyente de las estructuras sociales y en la necesidad de adaptar esas estructuras a las características de todas las personas, reconociendo y valorando su diversidad, en el ámbito de la inclusión es también necesario desarrollar un modelo de “discapacidad social que, sin dejar de lado los factores individuales relacionados con los procesos de exclusión e inclusión, promueva la modificación de las estructuras sociales que generan desigualdad.

El entorno laboral, el educacional, el social y la vivienda, las políticas generales y las actitudes de toda la ciudadanía son co-responsables de los procesos de exclusión y, por tanto, parte activa de su solución. Esto afecta a todos los ámbitos públicos y privados, a todas las administraciones y a las instancias privadas, como la patronal, los sindicatos, medios de comunicación, etc.

Aun reconociendo la centralidad del empleo remunerado como elemento básico para la inclusión, es preciso reconocer la necesidad de trabajar otros elementos distintos de la empleabilidad (salud, vivienda, relaciones personales, etc.). Esto implica que el acceso al empleo remunerado no debe siempre considerarse como el objetivo básico de toda intervención y que cabe apostar por una concepción amplia de la empleabilidad, que reconozca el valor inclusivo del voluntariado, el cuidado a otros miembros de la unidad familiar, las actividades artísticas o, incluso, el ocio.

2. Derecho a una intervención de calidad.

Al margen de la regulación legal que en un momento dado pueda existir en una Comunidad Autónoma determinada, un modelo inclusivo de atención a las personas en situación de exclusión social debe tender a asumir que la percepción de apoyos para la inclusión constituye un derecho de las personas en situación de exclusión social. De ello se deriva que la provisión de esos apoyos –bien directamente, bien mediante entidades concertadas− constituye una responsabilidad de las administraciones públicas, no sujeta a discrecionalidad. Desde el punto de vista de la prestación del servicio, esto implica además la necesidad de garantizar la calidad del mismo, y de establecer los sistemas adecuados de inspección, acreditación y determinación de estándares.

3. Reconocimiento y respeto de los derechos.

El diseño de los programas y las intervenciones debe estar enmarcado en el reconocimiento de los derechos que asisten a las personas usuarias de los servicios sociales. Además de sus derechos básicos y fundamentales (a la igualdad, a la no discriminación, etc.) o de los derechos que el sistema de protección social les reconoce (a una prestación de garantía de ingresos o a unos servicios de apoyo para la inclusión social y laboral), las personas, en tanto que tales, deben poder también ejercer en la práctica el derecho a la dignidad, la privacidad y la intimidad, la autodeterminación y la autonomía, la capacidad de elección, o la satisfacción y la realización personal.

4. Individualización, autodeterminación y control.

Uno de los retos fundamentales de un modelo innovador y de calidad en el ámbito de la inclusión social radica en cómo promover la autodeterminación de las personas y su control en relación a los servicios que se les prestan, en la línea de modelos como la atención centrada en la persona o la vida independiente. Ello hace necesario promover un modelo de intervención que tenga en cuenta los condicionantes estructurales de la exclusión, y no se centre exclusivamente en los aspectos individuales de la misma, desde una concepción meramente rehabilitadora de la intervención social.

Más difícil resulta modificar las estructuras e inercias organizativas para garantizar que las personas atendidas tengan un mayor control a la hora de decidir el contenido de las intervenciones, establecer los objetivos de las mismas y evaluar sus resultados.

El acompañamiento individualizado se configura en ese sentido como una herramienta esencial para el desarrollo de este enfoque, en la medida en que puede combinar el derecho a la autonomía y el control de las personas que participan en los programas con la supervisión técnica de los procesos de inclusión por parte de los profesionales referentes de cada caso.

5. Perspectiva de género.

El principio de individualización hace inevitable la adopción de una perspectiva de género que tenga en cuenta en todas las fases de la intervención –diseño de los programas, articulación de los recursos, atención directa a las personas, evaluación de las intervenciones, etc.− las diferentes circunstancias que pueden rodear a mujeres y hombres en situación de exclusión.

La búsqueda de una igualdad real entre mujeres y hombres exige que las medidas y actuaciones diseñadas para la inclusión social se realicen a partir de una perspectiva transversal, que haga hincapié en los diferentes contextos vitales que hombres y mujeres tienen por el simple hecho de serlo. Ello obliga a adaptar los servicios a elementos tales como la posible presencia de responsabilidades familiares, el mayor impacto de los aspectos relacionales en los procesos de exclusión de las mujeres o la relación entre género, exclusión social y salud mental.

6. Desinstitucionalización, vivienda con apoyo y atención en la comunidad.

En el ámbito de la atención a los menores, las personas mayores o las personas con discapacidad, se ha aceptado la necesidad de que los servicios de alojamiento no se presten en centros residenciales de carácter institucional y de gran tamaño, sino en unidades de convivencia, viviendas tuteladas o con apoyo, y otros recursos residenciales ubicados en entornos comunitarios.

En el ámbito de la exclusión es todavía frecuente sin embargo el recurso a equipamientos aislados, institucionales y/o de gran tamaño, en los que el abordaje individualizado de la intervención, así como la autodeterminación y el control por parte de las personas usuarias resulta sumamente difícil, frente a la preponderancia de las necesidades organizativas. Un modelo de calidad debe por tanto basarse en la provisión de servicios de alojamiento en viviendas ordinarias, integradas en la comunidad, desde las que se puede prestar a las personas atendidas los apoyos necesarios.

La apuesta por un modelo comunitario de atención exige también basar las intervenciones en el aprovechamiento de los recursos comunitarios –comerciales, culturales, de ocio, etc.− de la zona en la que esas viviendas están ubicadas. Este enfoque exige también apostar por la búsqueda de alternativas de integración laboral en el mercado ordinario de empleo –con los apoyos necesarios y de forma más o menos gradual−, en detrimento de las fórmulas de empleo especial o protegido.

7. Reducción de daños y servicios de baja exigencia.

En el ámbito de la salud pública se ha aceptado el paradigma de la reducción de daños, renunciando a una concepción lineal de los procesos de inclusión. Asumir este paradigma  en el ámbito de las políticas de inclusión tiene dos consecuencias: desarrollar programas y equipamientos orientados fundamentalmente a evitar un mayor deterioro de las personas en situación de exclusión, aplicando criterios de baja exigencia en el acceso y en la utilización de los mismos; y renunciar a la idea de que toda intervención ha de ser necesariamente escalonada y lineal, y que el acceso a soluciones residenciales independientes sólo tiene sentido como culminación de un proceso previo de inclusión.

8. Apoyos para la calidad de vida.

La mayor parte de los elementos que se han señalado hasta ahora están presentes en el modelo de apoyos, autodeterminación y calidad de vida desarrollado en el ámbito de la discapacidad. La traslación de este modelo al ámbito de los servicios para la inclusión tiene, al menos, dos implicaciones:

La calidad de vida –tal y como la experimentan y definen las personas atendidas− se constituye como regla de oro de la intervención, en paralelo al objetivo de inclusión social. Si bien es cierto que no siempre pueden aplicarse a los servicios para la inclusión social las mismas bases conceptuales que se aplican en el ámbito de la discapacidad, el objetivo de la calidad de vida requiere un protagonismo mayor del que hasta ahora se le ha dado.

Por otra parte, el modelo de apoyos –estrechamente vinculado a la individualización de la atención− implica un cambio en la forma de concebir la intervención de los profesionales, cuya labor ha de centrarse preferentemente en la provisión de apoyos para la mejora de la calidad de vida y para la inclusión social de las personas atendidas.

9. Coordinación interinstitucional y continuidad de la atención.

Un modelo innovador y de calidad en el ámbito de la inclusión social debe articularse de forma que se garantice la continuidad de la atención y la coordinación de todos los agentes que intervienen, desde distintos ámbitos, con un mismo caso, a partir de un modelo de coordinación centrada en la persona.

10. Participación, ciudadanía activa y coproducción.

Cualquier modelo eficaz de trabajo en el ámbito de la inclusión social debe basarse en la participación de las personas, tanto en la definición de su proceso de inclusión, como en la gestión de los centros y recursos en los que participan. En ese sentido, no cabe duda de que implicación personal y participación social son mecanismos interrelacionados cuyo efecto mejora las posibilidades de autonomía personal e integración relacional.

El reto se centra en la búsqueda de herramientas que permitan empoderar a las personas en situación de exclusión social, capacitarlas, para generar y utilizar conocimientos de manera activa y eficaz de forma que puedan superar la barrera que les impide participar activamente en la sociedad, tomar el control de sus propias vidas y, en definitiva, convertirse en ciudadanos y ciudadanas autónomas.

11. Implicación de las entidades en la comunidad.

El trabajo de las entidades que prestan servicios para la inclusión social sólo puede resultar plenamente efectivo si estas entidades están presentes en el tejido social de los territorios en los que operan; si son capaces de participar activamente en las redes comunitarias y de influir en el debate público sobre la exclusión y la desigualdad, haciendo visibles las necesidades de estas personas y su derecho a recibir los apoyos que precisan para la inclusión.

12. Práctica basada en la evidencia y evaluación continua.

Cualquier modelo eficaz de intervención en el ámbito de la exclusión social debe estar basado en la evidencia científica y debe recurrir a intervenciones, prácticas, programas o enfoques cuya efectividad haya sido demostrada. Para ello cabe recurrir a las herramientas que tradicionalmente se han asociado al paradigma de la práctica basada en la evidencia –como los diseños experimentales o las revisiones sistemáticas de la literatura científica− sin olvidar, en cualquier caso, la necesidad de integrar en estas investigaciones y evaluaciones la voz de todos los agentes (incluyendo profesionales y usuarios).

Administración, Derechos humanos, Empleo, Inclusión, Innovación social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas sin hogar, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector
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¿Sobrevivir al cáncer para malvivir, Ministra?

1 de febrero de 2018 a las 0:44

¡Fuera del Hospital, Búsquense la vida!

Este es el mensaje que perciben muchas personas al recibir el alta hospitalaria.

Si hay algo frustrante para muchas profesionales de servicios sociales en administraciones y organizaciones sin ánimo de lucro, es la  coordinación en el espacio sociosanitario.

Décadas sin apenas éxito intentando conseguir una coordinación vital para la protección social y sanitaria. No hay forma de que las administraciones se pongan a definirlo, planificarlo, dotarlo y evaluarlo. Y no será por referentes positivos en el ámbito de la salud mental por ejemplo o intentos necesarios como en Navarra

El resultado es que a muchas personas se les salva la vida en el hospital pero luego se las deja a su suerte cuando les dan el alta: con dependencia, sin hogar, con daño cerebral adquirido... enfermas de cáncer.

En la lucha médica contra el cáncer hay buenas noticias. Se estima que en España hay 1.500.000 supervivientes y más de 100.000 personas le ganan cada año la batalla. La tasa de curación a los cinco años de un tumor de mama es superior al 85%, una cifra que invita al optimismo para los 26.000 nuevos casos diagnosticados cada año.

Las malas noticias empiezan al recibir el alta médica

El cáncer es una enfermedad que va más allá de la problemática médica y afecta al trabajo, economía, recursos, relaciones familiares y sociales del enfermo, etc. En muchas ocasiones las consecuencias económicas de la enfermedad pueden ser tan o igual de graves que el proceso de salud o sus secuelas. La lucha personal y familiar debería ser por volver a vivir, pero muchas personas están obligadas a luchar para sobrevivir, a defender sus y nuestros derechos en tribunales y medios de comunicación, a denunciar el trato kafkiano al que los responsables de nuestro estado social las condenan.

Los médicos están intentando curarme, pero la Administración me va a matar de hambre“. Así empieza en Change.org la petición Cambien la ley y protejan a los enfermos de cáncer que Beatriz Figueroa (@BeaMFigueroa), una de estas personas que no se rinden, dirigió a los grupos parlamentarios del Congreso.

Más de 650.000 firmar exigen modificar la Ley General de Seguridad Social para garantizar una protección suficiente y seguridad económica y jurídica a las personas mientras sufren las secuelas del cáncer. En especial ante la brutal indefensión socioeconómica a quienes se les diagnostica la enfermedad mientras perciben la prestación por desempleo.

Pueden firmar aquí y escuchen a Beatriz, Magdalena Martínez, Beatriz Rouco y Mercedes Valverde. Su historia podría ser la de cualquiera de nosotros.

Crueldad institucional con personas civilmente muertas

Alguien debía de haber calumniado a Josef K., porque, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana”

Así empieza El proceso, la obra maestra de Franz Kafza. No he dejado de acordarme de esta novela mientras leía toda la información que me ha mandado Beatriz pidiendo que difundiera esta injusticia y su lucha aprovechando que el 4 de febrero será el Día Mundial contra el cáncer. Ya lamento no ser periodista para escribir como debería su historia.

Pongámonos en el lugar de cualquiera de personas como las que aparecen en el vídeo. Lo cuenta Beatriz: “Después de diagnosticarme en marzo del 2011 me operaron en mayo y estaba recibiendo quimio en septiembre cuando recibí la resolución de que cobraría 426€ y además tendría que abonar el 40% de mis muchos medicamentos. Lo que menos me importó a partir de esa fecha fueron las vomitonas, la bajada de defensas, que el cuerpo me dolía como si me estuviesen torturando, ni siquiera que en mayo me tendrían que extirpar el otro pecho. Vivir y salvarme pasó a un segundo plano, lo importante era como iba apagar mi hipoteca, suministros y comer hasta ese momento“.

SERGAS (Servizo Galego de Saúde) INEM (Instituto Nacional de Empleo, ahora SEPE Servicio Público de Empleo Estatal), INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

En la web La vida no sigue igual se detalla el viacrucis de denuncias, huelgas de hambre, desprecio institucional y exclusión social a las que la Administración condena a miles de mujeres supervivientes al cáncer de mama: “Estamos en tierra de nadie y civilmente muertas sin derechos”.

Los datos son demoledores. Un estudio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,de Barcelona estimó que el 87% de las mujeres que trabajaban dejaron su puesto al ser diagnosticadas, el 46% de las que se encontraban en edad laboral no ha vuelto a trabajar tras superar la enfermedad y el 61% aseguraba que tenía que ver con el cáncer que habían padecido. 25.000 personas con cáncer se encuentran cada año en riesgo de exclusión social, el 27,7 % del total de diagnósticos (Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer)

Excma. Sra. Ministra Dolors Montserrat: ¿Está usted ahí?

Así comenzaba la carta que en febrero de 2017 se dirigió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reclamando la modificación de la Ley General de Seguridad Social para solucionar este problema (y de paso el de muchas personas con discapacidad y sus familias obligadas también al copago farmacéutico). Explicando como hacerlo y con el aval de la Defensora del Pueblo, la Valedora do Pobo de Galicia, decenas de diputadas y diputados del Congreso y más de 600.000 firmas.

El silencio y la inacción de la ministra sigue. Parece más entretenida en tertulias televisivas sobre independencias y patrias que en solucionar un problema que afecta a miles de españolas. Con su Secretario de Estado, José Castrodeza, si que hubo reunión pero de su compromiso de participación no se sabe tampoco nada. Como se dice en la carta: “…Creí entender que “Estado social” es aquél que se obliga a sí mismo, por medio de la ley, a proteger y a promover la justicia social y el bienestar de todos sus ciudadanos. Ahora he comprendido que en este país, esa definición es pura retórica. La cruel realidad que sufrimos los enfermos oncológicos mientras nos recuperamos de esta grave dolencia es una injusticia social.

El cáncer no es de color rosa

En muchas personas que han padecido cáncer hay una cierta desconfianza a las campañas que utilizan el lazo rosa como un mero símbolo de optimismo. Temen que sea artificial y que oculte el maltrato de la administración o el sentimiento de ira, indignación o frustración que provoca su falta de actuación.

Sin ningún ánimo de criticar a organizaciones como la Asociación Española contra el Cancer (AECC) ni por supuesto a las miles y miles de personas voluntarias que de forma admirable luchan contra esta enfermedad y se solidarizan con las enfermas, pero conviene reflexionar sobre el peligro de que instituciones públicas o partidos políticos intenten almibarar el cáncer, movilizándose aparentemente por los más gratificantes antes y después (prevención y tratamiento) pero evitando actuar de forma decisiva en un después asociado a las más incorrectas políticamente pobreza o exclusión por carecer de protección social, económica y laboral.

Lo explica Beatriz en Cuando baja la marea (rosa): “Es para mi imposible olvidar el lazo rosa que lucían en su solapa políticos que nos representan en el Congreso. Los mismos diputados de las Comisiones de Sanidad y Empleo y Seguridad Social que no contestaron al correo hablándoles de esas mujeres que se sienten desahuciadas después de sobrevivir a un cáncer de mama. Con su falta de respuesta, esos políticos deslucieron su gesto de ponerse un lazo rosa porque ignoraron a más 640.000 ciudadanos que firmaron para un cambio de ley de la Seguridad Social.

Administración, Campañas, Heroes cotidianos, Incidencia, Personas, Pobreza, Salud, Servicios sociales, Voluntariado
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Nos siguen echando. Y no nos dejan votar

18 de diciembre de 2017 a las 22:23

Pasado mañana habrá elecciones en Cataluña. Paradójicamente, aunque el tema del “derecho a decidir” sea una de sus claves, se impedirá de nuevo ejercer su derecho al voto a miles de ciudadanas residentes en el extranjero, como ya ocurrió en las anteriores elecciones generales.

Migración y democracia parece que siguen sin tener sentido en la misma frase. Se dificulta el voto a inmigrantes tan españolas como yo. Y a las emigrantes que siguen gritando “No nos vamos. Nos echáis“. Muchas de ellas llevan años luchando con rigor e ingenio por su derecho al voto agrupadas en la Marea Granate. En las pasadas elecciones generales, 3.549 personas participamos en su campaña #Rescatamivoto.

Hoy cedo el blog a la Marea Granate para que les cuenten la historia del voto exterior imposible y su lucha para recuperar ese derecho.

Manifestación Marea Granate París

La historia del voto exterior imposible y la lucha granate para recuperar ese derecho

Érase una vez en 2011, el Partido Socialista, con apoyo del Partido Popular y CiU, modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LO 2/2011) e instauró el ruego del voto, según el cual las personas residentes en el extranjero, bien inscritas en el censo de residentes ausentes (CERA) o en el de temporales (ERTA), cada vez que se convocasen elecciones estarían obligadas a rogar su derecho al sufragio universal.

Para ello, las ciudadanas tenían que desplazarse hasta su embajada u oficina consular más cercana y hacer unos trámites burocráticos que solo se podían hacer presencialmente y en horario laboral, sin importar que vivieran a muchísimos kilómetros de allí. Solo quien realizara todos los trámites a tiempo y dentro de los plazos establecidos, que no son muy holgados, recibiría en su domicilio las papeletas electorales y podría ejercer así su derecho a participar en las elecciones.

Desde entonces y hasta ahora, votar desde el extranjero ha sido una carrera de obstáculos, una pesadilla y un gasto de dinero y energía para las personas residentes en el exterior. Tan solo un dato: en las elecciones generales de 2011, pudo ejercer su derecho al voto solamente un 4,95% de las personas inscritas en el CERA, es decir, 73.361 votantes, mientras que cuatro años antes, en 2008, habían participado un 31,74% de las inscritas en este mismo registro, o sea 382.568 votantes.

Luchar contra este drástico descenso de la participación electoral exterior ha sido una de las primeras reivindicaciones de Marea Granate, colectivo que denuncia y combate las causas de la crisis económica y social dentro Estado español, que han obligado a millones de personas de todas las edades a buscarse el futuro en el extranjero.

Nos siguen echando

Y es que, por mucho que se hable de recuperación económica, nos seguimos yendo o, mejor dicho, nos siguen echando. Según los datos del INE, desde el inicio de la crisis, la cifra de migrantes ha aumentado casi un millón de personas (de 1.471.291 inscritas en enero de 2009 a 2.406.611, en enero de 2017). Sin embargo, la cifra de participación del voto exterior se mantiene por debajo del 10% de las personas inscritas (en las pasadas elecciones de junio de 2016, logró votar tan solo un 6,3% del CERA, es decir, 121.000 personas de un censo de 1.924.021 millones en aquel momento)

Facilitar el voto a la diáspora ha sido una de las principales luchas de Marea Granate, que en sus cuatro años de vida, no ha dejado de ayudar al electorado residente en el extranjero, con tareas de asesoría, difusión de información y ayuda con los trámites burocráticos.

Concretamente, Marea Granate ha hecho la labor que la administración no ha querido hacer, bien sea por falta de menos o desidia, y ha llevado adelante iniciativas tan sonadas como la de “Rescata mi voto” que en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 lograron rescatar 3.549 votos y se quedaron 13.377 esperando a ser rescatados.

Y nuestras reivindicaciones llegaron al Congreso

El colofón de estos cuatro años de lucha fue el pasado miércoles 13 de diciembre, cuando el Grupo de Voto de Marea Granate fue invitado a presentar sus propuestas de reforma de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) ante la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de examinar dicha Ley. De este modo, una portavoz del grupo de voto, pudo compartir con los representantes de distintos partidos políticos (PSOE, PP, UP y Ciudadanos) los resultados del extenso informe sobre el voto exterior que Marea Granate acaba de publicar y en el que llevaba trabajando desde principios de año.

En este informe se recogen las reivindicaciones de Marea Granate para lograr una reforma garantista de la Ley Electoral que devuelva el derecho al voto a la población residente en el exterior. Los principales puntos del informe son los siguientes:

  • Derogación inmediata del voto rogado que, desde su instauración, ha producido el descenso drástico del voto emigrante, ya aludido, llegando a registrar caídas de hasta el 85% en los diferentes comicios.
  • Mejora del sistema de inscripción consular. Se propone un procedimiento de registro simplificado y que sea posible la inscripción a distancia, para acabar con una de las barreras más importantes en el proceso de voto exterior: la lejanía de los consulados del lugar de residencia y sus restringidos horarios.
  • Ampliación de los plazos de envío electoral, insuficientes para que la documentación electoral llegue a tiempo a los consulados y a las Juntas Electorales Provinciales. Según datos recogidos por Marea Granate, entre un 35 y un 50% de las personas residentes en el exterior no pudieron votar en los comicios de 2014, 2015 y 2016, simplemente porque las papeletas no llegaron a tiempo.
  • Mejora de la información electoral a la ciudadanía en el exterior y dotación de medios (económicos, humanos y tecnológicos) adecuados a las administraciones implicadas. A pesar de que el censo exterior sigue aumentando, las dotaciones destinadas a los servicios consulares han sufrido numerosos recortes: no solo no se han aportado recursos extra, sino que han cerrado consulados importantes, como el de Manchester en 2012.
  • Reforma del sistema de voto y creación de alternativas al voto por correo. Considerando que el voto electrónico no supondría ninguna solución a las dificultades para votar desde el extranjero, ya que es un sistema vulnerable, inseguro, caro e innecesario, que supone una pérdida de auditabilidad del proceso electoral por parte de la ciudadanía y las autoridades; Marea Granate propone que las personas residentes en el extranjero puedan descargar online la documentación electoral (para que no haya que esperar a que llegue por correo) y que luego puedan elegir en qué modalidad votar: por correo, en urna consular o por delegación (en la que el elector señala a una persona apoderada con capacidad para deposita el voto en su nombre, como ya se hace en Francia, Reino Unido o Bélgica)
  • Por último, y teniendo en cuenta que la migración española ya es, por número de habitantes, la “tercera provincia” del Estado (sobrepasada solo por Madrid y Barcelona) Marea Granate ha insistido en la necesidad de crear una circunscripción electoral exterior, como la que existe en los sistemas electorales francés, italiano o portugués, con un número de escaños en función de la población que reside en el exterior, de manera que pueda elegir a sus representantes parlamentarios y sus intereses se vean representados en ambas cámaras.

Queda mucho por hacer y mucho por luchar hasta que la participación electoral desde el extranjero vuelva a ser como la de antes de la reforma de la LOREG, y también queda mucho por hacer para que la ciudadanía vuelva a gozar de un estado del bienestar pleno.

Marea Granate seguirá luchando por la justicia social, y para que se devuelvan a la comunidad migrante derechos que le han sido robados, no sólo el voto, sino también la asistencia sanitaria gratuita, el derecho de nacionalidad española para descendientes de quienes tuvieron que exiliarse por la Guerra Civil y el derecho a cobrar una pensión tras haber trabajado en distintos países.

@MareaGranate

Administración, Campañas, Derechos humanos, Incidencia, Participación, Personas Migrantes, Tercer Sector
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Nuestros niños son el futuro y otras tonterías sobre la pobreza infantil

20 de noviembre de 2017 a las 23:04

Entre las niñas y niños se da un fenómeno curioso llamado “sesgo de optimismo vital”. La divergencia entre su situación objetiva de pobreza y la valoración subjetiva que hacen de su calidad de vida. En el estudio “La infancia en vulnerabilidad social” de Cruz Roja, el 86% de los menores participantes con diferentes situaciones carenciales se manifestaron satisfechos con lo que tenían.

La ilusión y la inocencia desaparecerán pronto. De continuar con la pasividad, el 80% de la infancia que hoy se encuentra en la pobreza está condenada a sufrirla el resto de su vida Y también sus hijos y hijas. Y sus nietos. Se llama transmisión intergeneracional de la pobreza.

Las niñas y niños son nuestro presente, olvidemos ya la frase vacía de que son nuestro futuro.

La primera reclamación es darles voz, fomentar su participación activa en la defensa de sus derechos, reducir la llamada exclusión política. Y dársela también a sus padres y madres. En las redes sociales, medios de comunicación o con su voto.

¡Quiéreme, Escáchame y Entiéndeme!. Santo Domingo (Rep. Dominicana) Foto: Roberto Guzman

¿Niños y niñas pobres en familias ricas?

Está de moda difuminar el drástico aumento de pobreza y la desigualdad poniéndole todo tipo de apellidos, entre ellos los de infantil o juvenil. Habría que hablar primero de pobreza, en todo caso familiar.

En 2015, 118,7 millones de europeos, el 23,7% de la población, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). El 26.9% de los menores europeos entre 0 y 17 años .

En España, donde según la Comisión Europea “la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue creciendo” un 27,9% de la población se encontraba en el 2016 en riesgo de pobreza (12.964.600 personas). Un riesgo que se dispara hasta el 54% cuando hablamos de alguna de las 1.754.000 familias monoparentales en las que un adulto (en un 82% de los casos una mujer) es el único responsable de los hijos.

Si quieren profundizar en todos estos datos, o en los de su comunidad, consulten la web “Estado de Pobreza 2017

Blasfemando contra la “teología” del empleo

Acabemos con dos dogmas políticos: ni la recuperación económica permite salir de la pobreza ni la mejor política social es el empleo: la pobreza ya alcanza a un 14,1% de las personas con un empleo y la intensidad laboral (hogares en los que sus miembros trabajan menos del 20% de su tiempo disponible) apenas disminuyó del 13,8% al 13,6% entre 2015 y 2016.

De prioridad política nada.  Ensañándose con la infancia y la juventud.

Así se le niega el futuro a un país. En el 2015, el 34.4% de los menores de 18 años se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión en España, en quinto lugar europeo. Si tenemos en cuenta la pobreza anclada en el 2008 y según UNICEF ya sería el tercer país europeo con mayor pobreza infantil, tras Rumanía y Grecia.

E irán la peor en la juventud. El 38,2% de las chicos y chicas españoles entre 16 y 29 años están en riesgo de pobreza.

Pero el escaso interés político se percibe a la perfección cuando hablamos de pobreza severa, en la que España tiene la medalla de plata europea por detrás de Rumanía. 1.388.474 niñas y niños (el 16,7%) viven en hogares con ingresos inferiores a 334 euros al mes. Si se pusieran en fila a peregrinar a Santiago tendrían que salir desde Marsella.

¡La pobreza de niños y niñas no es culpa de sus padres!

Las razones de la escasa eficiencia de los sistemas y programas de política social, incluídas las de infancia, son conocidas: escaso compromiso político en presupuestos y planificación a medio y largo plazo, descoordinación entre las administraciones implicadas y con las organizaciones sin ánimo de lucro especializadas y un enfoque asistencialista dirigido a paliar la emergencia pero no a solucionar causas.

Invertimos muy poco en niños y niñas. Y no preocupa mucho saber cuanto. La inversión en infancia no es un capricho ni una política menor de la que prescindir cuando las cuentas están mal. Las elevadas tasas de pobreza tienen como causa principal a incapacidad del sistema redistributivo español de reducir la desigualdad en épocas de bonanza y para acentuarla en períodos de crisis.

¿Compromiso con la infancia? En España no

España dedica un 1.3% de su PIB total, frente a la media europea del 2.3%(no se pierdan el portal Infancia en datos) Dinamarca,por ejemplo, con una inversión del 3,7% de su PIB tiene una tasa de pobreza infantil del 9,2% .

Según UNICEF, en 2007, la inversión pública en España fue de 5158 € por niño/niña. En 2013, bajó hasta los 4514€.

Lejos de la creciente tentación política de enfrentar colectivos, es un ejemplo positivo la defensa de los derechos sociales, políticas, pensiones y presupuestos para las personas mayores de 65 años, que en absoluto se ha seguido en la protección de la infancia. Y que explica tasas de pobreza infantil y juvenil que duplican las de los mayores de manera record en el entorno europeo.

Foto: Constanza Morales

La lacra del corto plazo se erradica con compromisos y coordinación

Si estamos ante una emergencia social, debería ser afrontada inmediata y rotundamente ¿no?… Pues no.

Uno de los aspectos que mas deprime a organizaciones y personas que trabajan contra la causas de la pobreza es su normalización política, como si se tratara de un hecho casi natural e irremediable. Se venden así como éxito míseras mejoras en las cifras o medidas puntuales y cortoplacistas de asegurado escaso impacto. Quienes trabajan en contacto directo con las personas en pobreza tienen que asistir o paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre instituciones.

Si hablamos con honestidad de invertir (que no gastar) en infancia, hay que repensar por ejemplo si todas y cada una de las inversiones en obras públicas son más prioritarias.

Tras varios años de crisis, resulta contraproducente y un fracaso político impulsar medidas de emergencia en vez de procesos integrales de inclusión. La apuesta por políticas y medidas asistencialistas o el chantaje emocional con el sufrimiento de niños y niñas, además de un abuso de la buena fe y la solidaridad de miles de personas, refuerza la culpabilización de las personas e impide su empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

¿Cuantos ayuntamientos se verán “obligados” o hasta presumirán de solidaridad por tener que abrir el próximo verano los comedores escolares ante la emergencia de la situación de niños y niñas? Tras un curso entero, otro mas, sin encontrar respuestas estables, inclusivas y respetuosas con la dignidad de las familias afectadas, no dice mucho de la competencia de las concejalías responsables.

Las estrategias y medidas a largo y medio plazo suelen ser sustituidas por un maremagnum de normativas, requisitos y medidas puntuales y aisladas. Esta extrema dispersión, además del sufrimiento innecesario en las personas, provoca una excesiva carga de trabajo y desánimo en muchas profesionales en administraciones y especialmente en las organizaciones de acción social obligadas a actuar de intermediarias.

Si de verdad fuera una prioridad política, entonces…

Lejos del discurso aporofóbico de culpar y hasta odiar a las personas en pobreza, la gravedad de la pobreza infantil es que son las personas adultas las encargadas de proporcionar un vínculo sano, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente sus condiciones emocionales y mentales para proporcionarlo, siendo este imprescindible para el desarrollo físico, mental y emocional de niños y niñas.

Si reducir drásticamente la pobreza severa en las familias y en la infancia es una prioridad YA (no “a ver si al final de la legislatura“), es obligado apostar por una Ley y un sistema estatal de Garantía de ingresos o rentas mínimas que permita una vida digna a todas las personas que lo necesitan, de manera prioritaria y urgente a todas aquellas personas con niños y niñas a cargo, simplificando y armonizando drásticamente su gestión administrativa.

Priorizar las personas y las familias, sobre todo las que tienen menores a cargo, supone dar apoyo específico a la infancia y la juventud como colectivos especialmente afectados, pero también contra la transmisión intergeneracional de la pobreza y el declive demográfico: prestaciones económicas, atención temprana (0 a 3 años), planes de apoyo a familias monoparentales, impulso a los programas de alquiler social o paralización de desahucios poniendo especial atención en las familias con menores, etc.

Se lo resume en apenas un minuto Joseba Zalakain. Y pueden ver a otros expertos como Jordi Longás, Guillermo Fernández, Kepa Larrañaga… y conocer mucho más en esta página ¿Cómo hacemos para que nuestras hijas y nietas no hereden la pobreza?

Es imprescindible defender la demanda de la Plataforma de Infancia y aumentar los ridículos presupuestos destinados a la infancia.

Aumentar el número de familias beneficiarias de la prestación por niño o niña a cargo para llegar a todas las que viven en situación de pobreza o aumentar su cuantía de 24.25€ a 100€ mensuales (con una bonificación del 50% para las familias monoparentales). Save The Children ha demostrado que se trata de uha medida viable, que haría que 638.770 niños y niñas salieran de la pobreza en una legislatura. Y con un coste equivalente al 0,41% del PIB.

Unicef va más allá sugiriendo con valentía desde el 2014 que esta renta debería y podría ser universal.

Una educación inclusiva que impida heredar la pobreza

Entendiendo que es el principal factor para el desarrollo personal, la integración social, el combate contra los prejuicios o la defensa de derechos, la educación es un ambito de actuación imprescindible de muchas organizaciones del Tercer Sector y donde se encuentran muchos de los ejes citados, en especial el hercúleo trabajo de fomentar la coordinación entre educación, empleo y servicios sociales.

Huyendo como de la peste del viejuno modelo de escuela del siglo XIX para afrontar desigualdades del siglo XXI, una educación inclusiva y normalizada que erradique cualquier discriminación y fomente la cohesión social, defendiendo el derecho de toda niña o niño a acceder de manera igualitaria al servicio público de la educación, que le proporcione los instrumentos precisos para desarrollarse plenamente en aquellos aspectos que le facilitarán logros académicos y sociales y su posterior incorporación como miembro activo de la sociedad.

Una educación centrada en el ciclo vital de la persona y su entorno y no en las competencias de las consejerías: Atención temprana, educación básica, lucha contra el fracaso y el abandono escolar, formación para el empleo (antes, durante y después), educación no formal, etc.

Luchar contra la pobreza infantil es hacerlo en sus familias, con rentas mínimas dignas y ágiles, viviendas decentes y acompañamiento profesional en este proceso y en el de formación y búsqueda de empleo.

Sí por algo deben pelear las organizaciones de acción social es porque las personas aseguren su futuro y no la visita al siguiente mostrador

@xosecuns  

Artigo escrito junto a Sara Abella y publicado en la revista Tempos Novos con el título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Vivienda

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Una vida salvada merece ser vivida: 10 condiciones

26 de octubre de 2017 a las 10:17

 

El 26 de octubre es el Día del Daño Cerebral Adquirido (DCA).

Hace años, el responsable de la Federación Gallega de Daño Cerebral (FEGADACE), se preguntaba si las personas con esta discapacidad eran invisibles. Hoy creo que mucho menos y que tenemos la obligación de agradecérselo.

En el que para mí es un ejemplo de esfuerzo y comunicación social bien entendida, no se limitaron en estos dos años a conmovernos o buscar nuestra solidaridad, sino a intentar hacernos la vida mejor a los que no tenemos Daño Cerebral, quizá por poco tiempo. Son muchos los consejos sobre alimentación, seguridad viaria, envejecimiento activo o sobre como mejorar nuestra vida cotidiana que les debemos. Hace meses nos presentaban tres proyectos modélicos para empoderar a las personas.

Abruma el montón de actividades que están previstas para conmemorar este día en toda España y en Galicia. En Santiago de Compostela el 27 de octubre celebrarán la “Xornada sobre Daño Cerebral Adquirido“, premiando además a la periodista Maria Escario.

Gracias por recordarnos que una vida salvada merece ser vivida. Y gracias a Irene Cancelas, responsable de Comunicación de FEGADACE con quien hoy les dejo.

Convendría comenzar y terminar su artículo bailando con Oscar  ¿… O mejor no?

No, mejor acabar con el Rap de la ilusión y un lema que vale para muchos otros colectivos en riesgo de exclusión: “No sólo queremos demostrar lo que hacemos. Sino convencernos de todo lo que podemos

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Tiempo de reivindicación

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una discapacidad que se presenta de manera súbita en la vida de las personas. Puede estar provocada por una enfermedad (ictus -en la mayoría de los casos, tumor cerebral) o por un traumatismo craneoencefálico (causado por un accidente de tráfico, laboral, o un golpe o caída). Es una discapacidad de aparición relativamente reciente, en buena medida a causa de los avances científicos y del sistema sanitario, que posibilitan que la atención médica de urgencia salve vidas que, en muchos casos, tienen secuelas permanentes. Estas secuelas (de tipo motor, cognitivo, emocional, etc.) componen el daño cerebral adquirido.

Si bien la atención en los servicios de urgencias es satisfactoria, el sistema sociosanitario abandona a las personas con DCA una vez salen del hospital. La preocupación de las familias de estas personas que vuelven a casa con una discapacidad que antes no tenían es el hecho fundacional de las asociaciones que componen FEGADACE. La ayuda mutua, pero también la necesidad de recibir atención y rehabilitación especializada, impulsan las cinco entidades que componen FEGADACE.

Los cambios que se están produciendo por el recorte en prestaciones y servicios y por el riesgo de pérdida de derechos hacen que sea tiempo de reivindicación para las personas con daño cerebral.

Diez necesidades cruciales

1. Pensiones

Las personas con daño cerebral adquirido tienen una discapacidad que irrumpe en su vida en cualquier momento y a cualquier edad, con independencia del momento del ciclo vital en el que se encuentren. Sus carreras profesionales se ven paralizadas (a veces, en el caso de las personas más jóvenes, no tienen tiempo ni de comenzar), lo que limita su tiempo de cotización, dificultando el acceso a pensiones dignas. Es muy complicado que una persona con DCA pueda volver a su puesto de trabajo, por lo que se ve condenada a sobrevivir con la pensión que corresponde a su cotización en el momento del daño, independientemente de que su cuantía sea insuficiente.

2. Asistencia personal

Es un derecho básico para cualquier persona con discapacidad, y está directamente relacionada con el aspecto económico del punto 1. En la actualidad, en muchas familias, la persona cuidadora principal se ve en la obligación de abandonar su puesto de trabajo para asumir la labor de cuidados. Además de las repercusiones negativas que este hecho pode tener para la persona cuidadora -y que veremos más adelante-, el hecho de depender de la madre, del marido o de quién sea que asume el cuidado, afecta directamente a la dignidad de la persona en situación de dependencia.

Contar con un servicio de asistencia personal es la única manera de que una persona con discapacidad, daño cerebral en este caso, pueda tomar un control real y efectivo de su vida.

3. Rehabilitación interdisciplinar

El movimiento asociativo del daño cerebral lleva, desde sus albores, reclamando que se aplique su modelo (el mismo que recomienda el Imserso en su Modelo de atención a las personas con daño cerebral ) de rehabilitación interdisciplinar a las personas con daño cerebral adquirido. El DCA se divide en tres fases: aguda, subaguda y crónica. Nuestro sistema sanitario garantiza la atención en la primera de ellas (la hospitalización), pero cuenta con muy reducidos recursos en atención ambulatoria, cuando se produce el alta hospitalaria.

Unas horas de logopedia o de fisioterapia son insuficientes para una persona con daño cerebral que acaba de ser dada de alta del hospital. Por otra parte, los especialistas coinciden en señalar que los primeros seis meses tras el daño son cruciales para la recuperación funcional, y que es en ese intervalo de tiempo donde se debe trabajar, lo antes posible y con la mayor intensidad que se pueda, en la rehabilitación de la persona con DCA.

Rehabilitación en Alento. Foto: Rober Amado

4. Unidades de Daño Cerebral y figura del responsable clínico

El daño cerebral no cuenta con un departamento específico en los hospitales. En Galicia tenemos apenas una Unidad de Ictus en Santiago, que solo está especializada en una de las causas del daño cerebral y que resulta insuficiente para la totalidad de la población. Las personas con DCA son atendidas en diferentes unidades, como neurología, psiquiatría, o neurocirugía, lo que provoca confusión en las familias, ya de por sí desorientadas ante a llegada del daño y su desconocimiento del mismo. Por eso reclaman la figura del responsable clínico: un interlocutor único, estable y accesible, para cada persona con daño cerebral, que tenga a la familia informada durante toda la estancia hospitalaria.

5. Centros públicos

Las asociaciones de daño cerebral adquirido aspiran a desaparecer. La emergencia de la situación hace que busquen recursos, proporcionen servicios, contraten personal especializado y creen centros de atención a las personas con DCA con un modelo basado en la rehabilitación interdisciplinar y la inclusión social. Pero estos servicios deben ser públicos, gratuitos y universales. El alcance de las asociaciones miembro de FEGADACE es muy limitado: juntas suman 1.268 familias socias, cuando se estima que hay unas 35.000 personas con daño cerebral en Galicia. 420.000 en toda España.

Terapia canina en la ONG Alento. Foto: Lou Abril. El perro es de la Asociación Alma Canina

6. Atención psicológica

Las secuelas del daño cerebral adquirido son múltiples y variadas. Las más visibles son las físicas, pero es muy fácil encontrar secuelas de tipo cognitivo, conductual, emocional, o comunicativo. Todas ellas, combinadas con las dificultades de adaptación a la nueva vida, hacen que se requiera un apoyo externo para la adaptación a los cambios, para conseguir asumir la nueva situación, dejando el ancla en la “vida anterior” que tan complicado resulta abandonar.

7. Cuidado para las familias

El daño cerebral adquirido afecta a la persona, a su familia, y a todo su círculo social. Todo el entorno de la persona con DCA se tiene que adecuar a la nueva situación, lo que incluye, además de las adaptaciones físicas, un cambio en los roles. El apoyo psicológico es fundamental para acompañar a las familias en esa readaptación.

Esta situación, además, profundiza en la problemática de género, repercutiendo más negativamente en las mujeres, pues son ellas las que suelen asumir el cuidado de los familiares (parejas, hijos/as, padres/madres), que tienen que compaginar con su propia adaptación a la nueva vida y, en ocasiones, con el abandono del trabajo, con el consiguiente empobrecimiento económico. Una cotización digna en el caso de abandono del trabajo, o contar con asistencia personal, eliminarían esa sobrecarga de trabajo y estrés en las familias.

8. Accesibilidad universal

Las peculiaridades del DCA como discapacidad, y la heterogeneidad de sus manifestaciones, hacen que las necesidades en materia de accesibilidad sean muchas y diferentes. En este punto volvemos a la figura del asistente personal, y también de la persona acompañante, que en algunos casos pueden ser necesarias. Una persona con daño cerebral puede no necesitar un transporte adaptado para desplazarse, pero sí mecanismos que le ayuden a recordar cuál es su parada de autobús o a dónde se dirige.

9. Inclusión social

Familias FEDACE. Grazas!!!

Las personas con DCA reclaman un respeto efectivo por su inclusión social, siempre que esta sea posible (no suele serlo en los casos de personas en coma, con el síndrome de vigilia sin respuesta y estado de mínima conciencia). La discapacidad provocada por el daño limita algunas capacidades, pero también preserva -o incluso desarrolla- otras. Desde instancias públicas se debe favorecer el acceso a los derechos a la educación, al trabajo y al disfrute del ocio a través de medidas efectivas que los garanticen.

10. No más recortes

Los recortes atacan los efectos igualadores de nuestro débil sistema de bienestar, cebándose con las personas que están en una situación de mayor indefensión. La tabla de reivindicaciones se cierra volviendo al inicio: el problema económico. Las personas que disponen de menos recursos son las más sometidas a copagos y demás gastos de tipo sanitario, ortopédico, etcétera, además de sentir, igual que el resto de la población, la pérdida de poder adquisitivo, la subida del IVA, y demás factores empobrecedores.

 @fegadacegalicia

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Nota. Entrada actualizada, original publicada 21.10.2014

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Las personas no son culpables de su pobreza. Lo dice mi Parlamento

23 de octubre de 2017 a las 1:18

El 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Permítanme ser algo optimista.

Miren estos gráficos con lo que ha aumentado la esperanza de vida o disminuido la mortalidad infantil en el último siglo. Son posibles porque miles de personas se empeñaron en luchar por ello. Como respondía Xavier en uno de los comentarios del artículo ¿Sirve de algo luchar contra la pobreza?:  “Claro que sirve (…) porque no podemos contemplar la trayectoria de los avances de la Humanidad desde la dimensión ridícula de una vida humana, por mucho que se haya alargado, hay que verlo en perspectiva algo mayor y, con esa perspectiva, yo creo que vamos ganando

Optimismo para mi, pero no para las 1.400 millones de personas que siguen en pobreza extrema. Ni en España para las 12.989.405 personas, el 27,9% de la población, seguía en 2016 en riesgo de pobreza o exclusión, apenas 345.000 menos que el año anterior.

Si quieren saber más de la pobreza en España o en su comunidad, les recomiendo que consulten El Estado de la Pobreza. España 2017, el detallado informe de EAPN España. Y si quieren hacer algo ahora mismo. Firmen contra la desigualdad obscena, la campaña internacional que en España impulsan centenares de organizaciones a través de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

Las personas non son culpables de su pobreza. No lo son las niñas y niños ni sus madres y padres. Nadie es inútil ni culpable de su sufrimiento

Donde no cabe el mínimo optimismo es por el aumento del odio y los prejuicios sobre las personas más vulnerables. Hace unos meses se lo mostraba y les proponía algunos antivirus en Si las tolerantes no se callaran.. En el Parlamento de Galicia, y por unanimidad, no se han callado.

Hoy tengo el orgullo de dejarles la Declaración Institucional contra el odio y la intolerancia que han asumido todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia (Partido Popular, En Marea, PSdeG-PSOE y BNG) a propuesta de EAPN Galicia-Rede Galega contra la Pobreza.

Léanla, por favor. Llámenme iluso si quieren, sean todo lo excépticos que quieran. Pero con toda la patética situación política a la que estamos asistiendo y para quienes creemos que la única patria que vale la pena es la de los olvidados, me ha ilusionado la actitud abierta al dialogo y la voluntad de llegar a acuerdo de los partidos presentes en mi Parlamento.

Ahora a cumplirlo. Pero por ahora si me representan. Muchas gracias

Declaración institucional del Parlamento de Galicia con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Parlamento de Galicia y las diputadas y diputados que representamos a la ciudadanía gallega, queremos reiterar nuestro compromiso unánime del año 2010 y recordar de nuevo la necesidad urgente de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza extrema en la que aún hoy malviven mas de 1.400 millones de personas. Queremos también reconocer el esfuerzo y sentir de los gallegos y gallegas que defendiendo los derechos humanos se esfuerzan por conseguir un mundo mas justo y luchan contra la desigualdad.

El crecimiento y la recuperación económica, aunque está permitiendo recuperar algunas de las políticas y presupuestos de inclusión social o empleo, no será efectivo mientras no garantice de manera estable su derecho a una vida digna a todas y cada una de las gallegas y gallegos que en el 2016 estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 25,4% de la población.

Queremos reconocer el esfuerzo y solidaridad de gran parte de la población gallega en los peores años de la crisis económica: familias, vecinas y vecinos y en especial nuestras personas mayores. Sabemos de su debilidad y de las serias dificultades que tendrían para afrontar otra crisis.

Somos conscientes del deber de seguir avanzando en nuestro modelo social en el que no se permita dejar a nadie al margen, y en el que desde los poderes públicos se garantizan los derechos constitucionales y la inclusión social.

En especial es urgente y vital para el futuro de Galicia evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Hay que seguir luchando para evitar que el 80% de las niñas y niños que hoy viven en familias en la pobreza estén condenados a sufrirla el resto de su vida, así como sus hijas y hijos.

Las propias personas en riesgo de pobreza y bajo lemas como “Las personas primero” o “Somos personas, no expedientes”, resumen sus demandas en tres principios: Luchar contra las causas de la pobreza y la desigualdad, muy lejos del asistencialismo y asegurando la igualdad de derechos y una inclusión social activa basada en la garantía de ingresos (mediante lo empleo o rentas mínimas ágiles). Compromiso en presupuestos y planificación a medio y largo plazo. Y una coordinación política y técnica entre las administraciones y con las organizaciones especializadas que reduzca drásticamente la burocracia.

Conmemoramos este día cuándo asistimos a una creciente evolución de los prejuicios, estereotipos, intolerancia y hasta desprecio a las personas en riesgo de pobreza o exclusión.

Los delitos de odio en España se han incrementado casi en un 93% desde el 2011 hasta el 2015. En las redes sociales sólo entre 2015 y 2016 los delitos de odio crecieron en un 82% según la Fiscalía General del Estado.

Fenómenos como el racismo, la xenofobia y la aporofobia (odio a las personas en pobreza) son especialmente incidentes. En este último caso, una de cada cinco personas sin hogar ha sido agredida físicamente al menos una vez, y una de cada tres fue insultada o vejada.

Las personas no son culpables de su pobreza. No lo son las niñas y niños ni sus madres y padres.

Tampoco lo son de su exclusión las personas con discapacidad, migrantes, refugiadas o de la comunidad gitana, las chicas y chicos tutelados o las privadas de libertad.

Nadie es culpable de su sufrimiento. No lo son las mujeres víctimas de violencia de género. Ni cualquier persona por su orientación o identidad sexual.

No existen las religiones que defiendan el terrorismo o la violencia.

Ninguna persona es inútil. Sea joven, desempleada, jubilada o sin hogar.

Las personas que sufren y denunciaron estas y otras muchas mentiras en el último Seminario Gallego de Participación y Ciudadanía Inclusiva o las que afirmaron que “el más peligroso de los perjuicios es cuando ti mismo los crees no están solas.

Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, poniendo en marcha las medidas necesarias para reducir las desigualdades sociales, combatir la discriminación y favorecer el respeto, la tolerancia y la participación activa de todas las personas.

Tenemos también el compromiso de difundir y poner el foco en las experiencias positivas, y en los ejemplos de armonía y convivencia normalizada, que son la mayoría, evitando la difusión de una visión sesgada y no real de las personas que viven situaciones de exclusión social.

En este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza queremos hacer un llamamiento para no caer en la ignorancia de los perjuicios, y dar un paso hacia inclusión urgente de las personas que no se encuentran en igualdad de condiciones para la consecución de una vida digna.

Texto original Declaración Institucional

Administración, Adultos mayores, Campañas, Comunidad gitana, Derechos humanos, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas drogodependientes, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Pobreza, Tercer Sector, Tolerancia
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Recuerda quien soy: Defendiendo la dignidad de las personas con Alzheimer

20 de septiembre de 2017 a las 13:12

El 21 de septiembre es el Día Mundial del AlzheimerUna ocasión ideal para reflexionar un poco sobre esta enfermedad que transforma profundamente la vida de a quien le toca pero también la oportunidad de agradecer su esfuerzo a las miles de familias y a las asociaciones que están peleando por las personas que quieren pero también para que todos nosotros tengamos una vejez feliz.

Para resolver dudas y sobre todo sumarnos a sus demandas y marcarle el paso al Alzheimer, les dejo con Javier Hermida, coordinador de la Federación Alzheimer Galicia.

Gracias Javier

ALZHEIMER: UNA PRIORIDAD PÚBLICA

En el último siglo se ha duplicado la esperanza de vida en nuestro país, y prueba de ello es que a día de hoy la gallega es de las sociedades con mayor esperanza de vida del mundo.

Esto, que es sin lugar a duda un éxito del que tenemos que sentirnos orgullosos, es el resultado de la combinación de diferentes acciones que ofrecen a la población muchas oportunidades de afrontar el proceso de envejecimiento desde una perspectiva muy positiva: avances en medicina, un sistema sanitario de alta calidad, mejora de los sistemas educativos y protección económica en la jubilación, pensiones, etcétera.

Como es lógico, este proceso abre nuevas incógnitas ante el futuro con la aparición de nuevas problemáticas asociadas al proceso de envejecimiento de la que quizás sea la más representativa la que nos ofrecen las enfermedades neurodegenerativas, entre las que sobresale el alzhéimer o enfermedad de Alzheimer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2012 un informe en el que hacía un llamamiento a los estados a asumir las demencias como una cuestión de prioridad pública, dando así difusión a los que se venía llamando desde hacía años la plaga del siglo XXI.

¿Qué es una demencia?

La demencia es una disminución de la capacidad intelectual. Por lo general, esta disminución va acompañada de cambios psicológicos y de comportamiento y da lugar a una alteración de las capacidades sociales y laborales de quien la padece.

La demencia no es una enfermedad en concreto sino un conjunto de síntomas relacionados con una disminución de las capacidades mentales (memoria, lenguaje, juicio, cálculo, abstracción, capacidades visoespaciales, emotividad y características de la personalidad). Por todo ello, podemos decir que la demencia es un “síndrome” (conjunto de síntomas y de signos).

¿Y el alzheimer?

Una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se manifiesta con un deterioro cognitivo y trastornos de la conducta. Afecta principalmente a la memoria, al pensamiento, al carácter y a la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.

El alzheimer comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas de demencia, y como en todas las enfermedades, la detección precoz es fundamental porque no sólo es mejor para cualquier tratamiento sino que permite a la persona que la padece tomar las riendas de su vida con mayor perspectiva y tiempo. Un dato interesante indica que una detección precoz podría ahorrar a los sistemas sanitario y de política social hasta un 45% de lo que se invierte a posteriori en la atención a las personas con demencia en fase moderada o severa.

Recorda quen son. Marcha 2017 Alzheimer Galicia

¿Una enfermedad con dos pacientes?

Es por tanto una enfermedad discapacitante y que produce una dependencia absoluta a largo plazo, necesitando control las 24 horas del día, tarea que suele recaer sobre la familia y especialmente sobre algún miembro concreto, comúnmente conocido como cuidador principal, que en la mayoría de los casos suele ser o el cónyuge o una hija.

Por todo ello se conoce a esta enfermedad como la enfermedad de los dos pacientes, porque acaban quemando a la persona cuidadora que sufre depresión, aislamiento social, enfermedades derivadas del cuidados del familiar, sentimiento de culpa, etc.

Se estima que, de media, los cuidados de una persona con alzhéimer tienen un coste anual de 30.000€ divididos entre los que asume la familia y los que pone la administración a través de los tratamientos clínicos y los programas de prevención de la dependencia.

¿De cuantas personas estamos hablando?

La Organización Mundial de la Salud estimó en 2012 que había aproximadamente 40.000.000 de personas con una demencia en el mundo. En España se estiman en 810.000 pacientes. En Galicia, a falta de estadísticas oficiales y de estudios epidemiológicos, podemos estimar que hay entre 70.000 y 100.000 casos de los que el 70% son alzheimer. Recordemos que en la actualidad el 23% de la población gallega tiene más de 65 años (un 40% para el 2050 según el INE), y que la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar una demencia. De todos estos casos, la mitad están sin diagnosticar

alzheimer-envejecimiento-galicia

¿Qué se está investigando? ¿Qué no?

Los profesionales de la investigación clínica centran sus esfuerzos en dos líneas de trabajo: la detección precoz, que necesita estudios longitudinales de enorme coste y tiempo, y buscar la cronicidad de la enfermedad, es decir, ralentizar su evolución ofreciendo mayor calidad de vida a la persona que la padece.

También se están haciendo grandes avances en el campo de las terapias no farmacológicas, que en Galicia no están reconocidas por el sistema público de salud, que mediante en trabajo cognitivo y funcional con la persona afectada se ayuda en el retraso de la atención a la persona con demencia mientras hace algo proactivo en su lucha persona contra la enfermedad.

La gran ausente es la investigación social, el impacto social de la enfermedad, daños colaterales, validez de las acciones que se llevan a cabo, etc.  Esta investigación es la que nos puede dar información muy valiosa para las políticas sociales en materia de alzhéimer y otras demencias para los años venideros

¿Qué hay que hacer? Defender la dignidad de las personas

En el Día Mundial del Alzheimer 2017 desde la Federación Alzheimer Galicia queremos poner el acento en la importancia de las personas con alzheimer u otra demencia neurodegenerativa. A través de la campaña “Recuerda quien soy“, queremos hacer más visibles aquellos aspectos que consideramos que tanto las administraciones públicas como la sociedad en general deben ayudar a reconocer para mejorar la calidad de vida de las personas con una demencia y de su familia.

1.  La defensa de la dignidad de la persona con alzheimer

Respetando siempre la autonomía de la persona al máximo. Además debemos respetar su capacidad de tomar decisiones siempre que sea posible. La persona con demencia acaba por perder progresivamente su capacidad funcional, y a disminuir su autonomía y capacidad de elección. Por eso es preciso que se vele por el bienestar de estas personas y se pueda detectar cualquier situación anómala lo más rápido posible.

2. Reconocimiento de los derechos de las personas con alzheimer

Dentro de estos derechos encontramos alguno tan importante como ser informado del diagnóstico de la enfermedad, a tener atención médica apropiada y continuada, a vivir en un ambiente seguro y estructurado, o a ser cuidado por profesionales cualificados en el ámbito del alzheimer.

3. Reconocimiento de la figura de la persona cuidadora y de sus derechos

Reconociendo su valor y visibilizando su labor ante la sociedad. Es fundamental facilitar el acceso de las personas cuidadoras a recursos tanto para un mejor cuidado de la persona con demencia como para evitar situaciones de exclusión social de los cuidadores, incluyendo también la personas ex-cuidadoras.

4. Reconocimiento automático del 33% de discapacidad para las personas a las que se les diagnostique alzheimer u otra demencia

Las personas con una discapacidad por enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer no responden al patrón de otras discapacidades, por lo que, en muchas ocasiones, se dan situaciones de desprotección social. El reconocimiento de este grado de discapacidad permitirá a los afectados por la dolencia a acceder a recursos y servicios básicos e imprescindibles para estas personas

Estas cuatro demandas se suman a las reclamaciones fundamentales y aún no conseguidas para la lucha contra esta enfermedad:

1. Que el alzheimer sea una prioridad sanitaria

2.Desarrollo de una política transversal de alzheimer

3. Reconocimiento de la figura del cuidador

4. Supresión del copago de los servicios de dependencia

5. Desarrollo de servicios de intervención especializada en demencias en el medio rural

6. Sistema de detección precoz desde el sistema sanitario

7. Campaña de sensibilización y prevención del deterioro

8. Potenciar la investigación social y clínica

¿Y el sector asociativo?  El alzheimer no es el final de un camino, sino uno nuevo

Las 13 Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia llevan más de 20 años reclamando más acciones contra esta enfermedad. Han realizado un largo camino en el que han conseguido que nuestra comunidad sea pionera en el desarrollo de una red pública de centros de día especializados en alzhéimer, que los enfermos tengan la tarjeta sanitaria AA (que les permite llevar acompañamiento y cierta prioridad en la atención para evitar que la espera en una consulta o en urgencias se convierta en un problema mayor), programas formativos para familias cuidadoras, programas de prevención mediante talleres de memoria… pero no quieren parar.

Con el lema “Recuerda quien soy”, queremos hacer más visibles aquellos aspectos que consideramos que tanto las administraciones públicas como la sociedad en general deben ayudar a reconocer para mejorar la calidad de vida de las personas con una demencia y de su familias.

Somos todos los que tenemos que marcar el paso a la enfermedad y no ella a nosotros, un diagnóstico no tiene que ser el final de un camino, sino un camino nuevo, como tantos otros que hemos empezado a lo largo de nuestras vidas.

Os animo a compartir vuestros pasos con los hastags  #RecordaQuenSon  o #DiaMundialDelAlzheimer

Son muchos pasos los que nos quedan por delante.

@FagalAlzheimer

Nota. Entrada actualizada. Original publicada el 20 de setiembre de 2016

alzheimer-decalogo

Administración, Campañas, Desarrollo rural, Exclusión, Incidencia, Inversión social, Naciones Unidas, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas con Discapacidad, Servicios sociales, Tercer Sector
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Pobreza (sen apelidos).Tamén infantil

4 de septiembre de 2017 a las 21:27

Entre as nenas e nenos dáse un fenómeno curioso que deu en chamarse “sesgo de optimismo vital” e que explica a diverxencia entre a súa situación obxectiva de pobreza e a valoración subxectiva que fai da súa calidade de vida. Así, no estudo “A infancia en vulnerabilidade social” de Cruz Vermella, o 86% dos menores participantes da entidade con diferentes situacións carenciais manifestáronse satisfeitos co que tiñan .

A ilusión e a inocencia desaparecerán pronto. De continuar coa pasividade, o 80% da infancia que se atopa hoxe na pobreza está condenada a sufrila o resto da súa vida E tamén os seus fillos e fillas. E os seus netos. Chámase transmisión interxeneracional da pobreza.

As nenas e nenos son o noso presente, esquezamos xa a frase baleira de que son o noso futuro. Por iso a primeira reclamación é darlles voz, fomentar a súa participación activa na defensa dos seus dereitos, reducir a chamada exclusión política. E dárllela tamén aos seus pais e nais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto.

Pobreza, madres solas, cariño, exclusión

Madres solas. Foto: Aitor Lara

Non hai nenos e nenas pobres en familias ricas

Está de moda difuminar o drástico aumento de pobreza e a desigualdade poñéndolle todo tipo de apelidos, entre eles os de infantil ou xuvenil. Compre falar primeiro da pobreza, en todo caso familiar.

No 2015, 118,7 millóns de europeos, o 23,7% da poboación, atopábanse en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE). O 26.9% dos menores europeos entre 0 e 17 anos .

En España, onde segundo a Comisión EuropeaA desigualdade entre o 20% máis rico e o 20% máis pobre é unha das máis elevadas da Unión e segue crecendo” un 27,9% da poboación atopábase no 2016 en risco de pobreza (12.964.600 persoas). Un risco que se dispara ata o 54% cando falamos dalgunha das 1.754.000 familias monoparentais nas que un adulto (nun 82% dos casos unha muller) e o único responsable dos fillos.

En Galicia os indicadores son mellores que no conxunto do estado, pero case 700.000 persoas, o 25.4% da poboación, está en risco de pobreza e/ou exclusión.

Rachemos con dous dogmas políticos: nin a recuperación económica ou ter emprego permite saír da pobreza nin a mellor política social é o emprego: a pobreza xa alcanza a un 14,1% das persoas cun emprego e a intensidade laboral (fogares nos que os seus membros traballan menos do 20% do seu tempo dispoñible) apenas diminuíu do 13,8% ao 13,6% entre 2015 e 2016.

31.426 nenas e nenos. Asañándose coa infancia e a mocidade.

Así se lle nega o futuro a un país. No 2015, o 34.4% dos menores de 18 anos se atopaban en risco de pobreza e exclusión en España, en quinto lugar europeo. Se temos en conta a pobreza anclada no 2008 e según UNICEF xa sería o terceiro país europeo con maior pobreza infantil, tras Romanía e Grecia.

En Galicia un 28,8% : 111.739 rapaces. E irán a peor na mocidade. O 38,2% das mozos e mozas españois entre 16 e 29 anos están en risco de pobreza (un 37,8% en Galicia). Cabe puntualizar que, aínda que a recomendación das organizacións especializadas en infancia é considerar que esta chega ata os 18 anos, as desagregacións por idade que manexan IGE e INE van unicamente ata os 16 ou de 16 a 29 anos.

Pero o escaso interese político percíbese á perfección cando falamos de pobreza severa, na que España ten a medalla de prata europea por detrás de Romanía. 1.388.474 rapaces (o 16,7%) viven en fogares con ingresos inferiores a 330 euros ao mes. Se se puxeran en fila a peregrinar a Santiago terían que saír dende Marsella. En Galicia os datos son máis alentadores, pero 31.426 (8.1%) nenos e nenas se atopaban en pobreza severa.

As políticas de infancia non son políticas menores

Aínda que en mellor situación que na media do estado, Galicia comparte as mesmas razóns da escasa eficiencia da súa política social, incluída a de infancia: escaso compromiso político en orzamentos e planificación a medio e longo prazo, descoordinación entre as administracións implicadas e coas organizacións sen ánimo de lucro especializadas e un enfoque asistencialista dirixido a paliar a emerxencia pero non a solucionar causas.

A pobreza de nenos e nenas non é culpa dos pais. O investimento en infancia non é un capricho do que prescindir cando as contas están mal. As elevadas taxas de pobreza teñen como causa principal a incapacidade do sistema redistributivo español e galego de reducir a desigualdade en épocas de bonanza e para acentuala en períodos de crise.

Compromiso? España adica un 1.3% do seu PIB total, fronte á media europea do 2.3%. (non se perdan o portal Infancia en datos) Dinamarca,por exemplo, cunha inversión do 3,7% do seu PIB ten unha taxa de pobreza infantil do 9,2% .

Segundo UNICEF, no 2007, o investimento público en España foi de 5158 € por neno/nena, no 2013, baixou ata os 4514€. En Galicia, pasouse de 6038€ a 5077€.

Lonxe da crecente tentación política de enfrontar colectivos, resulta un exemplo a defensa dos dereitos sociais, políticas, pensións e orzamentos das persoas maiores de 65 anos, que en absoluto se ten seguido na protección da infancia. E que explica taxas de pobreza infantil e xuvenil que duplican e triplican as taxas de pobreza nos maiores dun xeito record no entorno europeo.

Compromisos e coordinación para erradicar a lacra do curto prazo

Hai en Galicia 31.426 menores en fogares e familias en pobreza severa, case unha cuarta parte das 132.000 persoas que no 2015 estaban nesta situación. Unha emerxencia social que debería ser afrontada inmediata e rotundamente.

Un dos aspectos que mais deprime a organizacións e persoas que traballan contra a causas da pobreza é a súa normalización política, como se se tratase dun feito case natural. Véndense así como éxito míseras melloras nas cifras ou medidas puntuais e curtopracistas de asegurado escaso impacto. Quenes traballan en contacto directo coas persoas en pobreza teñen que asistir ou paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre institucións.

Se falamos con honestidade de investir (que non gastar en infancia), hai que repensar por exemplo se todos a cada un dos investimentos en obras públicas son máis prioritarios.

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político impulsar medidas de emerxencia no canto de procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas ou a chantaxe emocional co sufrimento de nenos e nenas, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade de milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas e impide o seu empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

Cantos concellos se verán “obrigados” ou ata presumirán de solidariedade por ter que abrir este verán os comedores escolares ante a emerxencia da situación de nenos e nenas? Tras un curso enteiro, outro mais, sen atopar respostas estables, inclusivas e respectuosas coa dignidade das familias afectadas, non di moito da competencia das concellerías responsables.

As estratexias e medidas a longo e medio prazo adoitan ser substituídas por un maremagnum de normativas, requisitos e medidas puntuais e ailladas. Esta extrema dispersión, ademais do sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias.

A Xunta de Galicia, a cuxa Consellería de Política Social hai que recoñecerlle a intención de superar o curtopracismo, ten pendente difundir dende o 2014, e xa de paso actualizar, o recoñecido Informe sobre pobreza infantil , en base á que esta feita a Estratexia para a Infancia e a Adolescencia (EGIA) 2016-2020, aínda non publicada.

Un dos aspectos mais reclamados neste borrador ou en Estratexias como a de Inclusión Social 2014-2020 ou na Axenda Social asinada por Xunta de Galicia, FEGAMP e EAPN Galicia é a coordinación política e técnica así como a transparencia na difusión de datos obxectivos de esforzo orzamentario e eficiencia das actuacións compartidas de política social.

Estamos a tempo de reverter tendencias

Lonxe do discurso aporofóbico de culpar e ata odiar as persoas en pobreza, a gravidade da pobreza infantil é que son as persoas adultas as encargadas de proporcionar un vínculo san, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente as súas condicións emocionais e mentais para proporcionalo, sendo este imprescindible para o desenvolvemento físico, mental e emocional dos nenos e nenas.

Na pasada campaña electoral ao Parlamento de Galicia, dende EAPN-Galicia prantexáronse ás distintas candidaturas diferentes demandas destinadas á mellora ca calidade das familias. En varias acadouse un consenso elevado (ver web www.pobreza.gal)

Non foi o caso diante do clamor de implantación exhaustiva da RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) como medida de choque contra a pobreza e a privación material severas. E de destacar o aumento de orzamento desta partida nos últimos anos e o compromiso de aprobar no 2017, tras tres anos de retraso, o decreto que debe desenvolver a Lei que o regula fornecendo por fin apartados como o complemento por vivenda ou a compatibilización da prestación co emprego.

Pero non abonda, as 13.848 persoas que percibiron unha RISGA no 2015, un 13% mais que no ano anterior, supuxeron tan so 5,07 por mil habitantes, lonxe dos 6,2 de Castela e León ou dos 19,3 de Asturias e a anos luz de Navarra ou Euskadi.

Se reducir drasticamente a pobreza severa é unha prioridade nesta lexislatura, é obrigado multiplicar o orzamento adicado á RISGA como mínimo ata o nivel de Asturias (de xeito prioritario e urxente a todas aquelas persoas con nenos e nenas a cargo), simplificar administrativamente a súa xestión e avanzar cara un sistema áxil e amplo de Garantía de Ingresos.

Priorizar as persoas e as familias, sobre todo as que teñen menores a cargo, supón dar apoio específico á infancia e a mocidade como colectivos especialmente afectados, pero tamén contra a transmisión interxeneracional da pobreza e o declive demográfico: Plan de apoio a familias monoparentais, ampliación ata os 3 anos de idade do Cheque Benvida para familias con nenas e nenos en pobreza, impulso aos programas de aluguer social ou paralización de desafiuzamentos poñendo especial atención nas familias con menores, etc.

No eido estatal, é preciso defender a demanda da Plataforma de Infancia de aumentar os ridículos orzamentos destinados á infancia.

Aumentado o número de familias beneficiarias da prestación por neno e nena a cargo para chegar a todas as que viven en situación de pobreza ou aumentar a súa contía de 24.25€ a 100€ mensuais (cunha bonificación do 50% para as familias monoparentais). Save The Children vén de demostrar que se trata dunha medida viable, que faría que 638.770 nenos e nenas salgan da situación de pobreza nunha lexislatura. E cun custo equivalente ao 0,41% do PIB. Unicef vai máis alá suxerindo con valentía dende o 2014 que esta renda debería e podería ser universal.

Unha educación inclusiva que impida herdar a pobreza

Entendendo que é o principal factor para o desenvolvemento persoal, a integración social, o combate de prexuízos e a defensa de dereitos, a educación é un eido imprescindible de actuación de moitas organizacións do Terceiro Sector e onde se atopan moitos dos eixes citados, en especial o hercúleo traballo de fomentar a coordinación entre educación, emprego e servizos sociais.

Unha educación inclusiva e normalizada que erradique calquera discriminación e fomente a cohesión social, defendendo o dereito de toda nena ou neno a acceder de xeito igualitario ao servizo público da educación, que lle proporcione os instrumentos precisos para desenvolverse plenamente naqueles aspectos que lle facilitarán logros académicos e sociais e a súa posterior incorporación como membro activo da sociedade.

Unha educación centrada no ciclo vital da persoa e o seu entorno e non nas competencias das consellerías: Atención temperá, educación básica, loita contra o fracaso e o abandono escolar, formación para o emprego (antes, durante e despois), educación non formal, etc.

Loitar contra a pobreza infantil é facelo nas súas familias, con rendas mínimas dignas e áxiles, vivendas decentes e acompañamento profesional neste proceso e no de formación e procura de emprego.

Si por algo deben pelexar as organizacións de acción social é porque as persoas aseguren o seu futuro e non a visita ao seguinte mostrador.

@xosecuns  

Artigo escrito xunto a Sara Abella e publicado na revista Tempos Novos co título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia, Vivienda
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¿Por qué la pobreza no se ha enterado del fin de la crisis?

7 de agosto de 2017 a las 0:32

¿Cómo es posible?

Todos los días tenemos buenas noticias de crecimiento económico, menos desempleo, más optimismo gubernamental…pero la población en riesgo de pobreza en España sigue prácticamente igual.

Si leen este blog, sabrán de sobra que el empleo ya no es suficiente para tener una vida digna. Las razones que motivaron el aumento de la pobreza en España siguen exactamente igual y casi seguro se repetirán y agravarán en la siguiente crisis. Se las recuerdo recomendándoles de nuevo 6 vídeos breves, una Guía Didáctica y un libro de apenas 100 páginas “Metáforas para entender la crisis (y no volver a repetirla)” de Kiko Lorenzo.

Sería ridículo pretender hablar sobre desigualdad, pobreza o exclusión social en España sin conocer los imprescindibles estudios de la Fundación Foessa. Es habitual el rigor e independencia de esta fundación impulsada por Cáritas, tanto en informes periódicos como el reciente Análisis y Perspectivas 2017  (en donde constatan que el 70% de los hogares no están notando los efectos de la recuperación económica), como en sus monumentales Informes sobre exclusión y desarrollo social (los llamados Informes FOESSA). 

En el último hicieron un enorme esfuerzo de divulgación con vídeos, resúmenes, gráficos y un detalle por cada comunidad autónoma. Compruébenlo en su web o en su canal de Youtube. Pero sobre todo nos dejaron un auténtico regalo de material pedagógico con seis vídeos breves y una guía pedagógica para que cualquier persona o organización interesada pueda conocer algunas de las cuestiones recogidas en el VII Informe FOESSA.

Pueden descargarse la Guía didáctica aquí. Les resumo algunas de las preguntas, conclusiones y enlaces de cada uno.

Que lo disfruten.

Materiales_pedagogicos_del_VII_Informe_FOESSA

 

La pobreza no es un “problema de la crisis”, sino de modelo social

¿Las personas en pobreza o exclusión deberían poner más de su parte para salir de su situación?

¿Uno nace pobre o se hace pobre?

El 65% de las personas en exclusión ya lo estaba antes de la crisis económica. Lo que ha entrado en crisis es nuestra idea de lo que es vivir en comunidad.

Ya no se trata de incorporar a pobres y excluidos al entramado social, sino directamente no tenerlos en cuenta, ignorarlos, invisibilizarlos, trasladarlos o recluirlos en espacios donde no molesten.

Más información:

Resumen capítulo 1 

Enfrentarse a la crisis desde la perspectiva de las víctimas

Búsquense la vida

¿Crees que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?¿Y eso qué significa?

¿Es posible mantener un Estado de bienestar como el nuestro sin pagar más impuestos?

La protección social ¿tiene que cubrir unos mínimos y a partir de ahí que cada cual se pague lo que considere necesario?

Poco a poco estamos asistiendo a la transferencia al ámbito privado de lo que antes era colectivo (pensiones, sanidad, educación, cuidados…) y esto tiene enormes implicaciones para las personas con menos posibilidades.

No estamos ante una crisis temporal, sino ante un cambio de época en donde debemos decidir o consentir seguir avanzando hacia un modelo de privatización e individualización de los riesgos sociales, donde cada ciudadano se busque la vida para complementar sus formas de asegurarse, o hacia nuevas formas de socialización de riesgos donde sigamos haciéndonos cargo unos de otros y la ciudadanía social sea la propuesta principal.

Más información:

Resumen capítulo 5

La opinión pública sobre las políticas sociales

El empleo ya no es suficiente para tener o mantener una vida digna

¿Conoces situaciones de empleo precario, desempleo de larga duración o de personas que ya hayan dejado de buscar?

¿Son culpables las personas que se encuentran en paro?

¿Qué podemos hacer para fomentar el trabajo digno desde donde tú te ubicas?

Mientras el aumento de la precariedad laboral entre los jóvenes es alarmante, muchos trabajadores con escasa formación conforman una “generación expulsada” sin posibilidad de trabajar en su sector y con cualificaciones inútiles en otros sectores. Resulta muy difícil imaginar que puedan volver al empleo a corto plazo cuando se recupere la contratación.

A pesar de que la economía española ha comenzado a crear empleo neto desde 2014, después de un periodo de seis años en que se ha destruido más del 18% del empleo existente a finales de 2007, el mercado laboral español sigue teniendo los mismos problemas estructurales que ya tenía anteriormente. De hecho el 14,8% de las personas con trabajo está en situación de pobreza.

La recuperación económica, sobre todo del empleo, puede contribuir a reducir la magnitud de los indicadores, pero para modificar sustancialmente el empleo como mecanismo de inclusión social, de sentirse miembro de la sociedad, son necesarias muchas otras cosas, como una mayor inversión de recursos sociales y un diseño global mucho más ambicioso de políticas públicas inclusivas.

Más información:

Resumen capítulo 4

Empleo precario y Protección Social

Los recortes en el gasto social vulneran los derechos de cada vez más capas sociales

¿Sientes que te han recortado algún derecho?

¿Crees que hay que apoyar a las personas y familias que están padeciendo con más intensidad el debilitamiento de nuestros derechos?

El debilitamiento de los derechos, y la reducción práctica de la inversión o gasto social, genera un impacto rápido y directo en las personas más pobres y excluidas. Pero no solo en estas: cada vez más capas sociales de población se están viendo afectadas: 645.000 hogares han sufrido algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda. El 15,8% de los hogares ya no puede comprar medicamentos. Se han dejado de invertir 7.100 millones en dependencia.  Hay 700 millones menos en becas para educación obligatoria.

Estamos pasando de un discurso de fondo sustentado en la garantía de derechos a otro estructurado alrededor de los valores de la revolución neoliberal y meritocrática. Esto está generando un incremento de la fractura social, de la distancia entre la posición social de las personas.

Más información:

Resumen Capítulo 3  

Desigualdad y pobreza en España en el largo plazo

Curarse del conformismo: Afrontar la resignación, la impotencia y la incertidumbre como elementos que bloquean la participación ciudadana

¿Tienes esperanza de que las «cosas» van a ir a mejor?

¿Crees que en ese «ir a mejor» tú tienes algo que ver?

¿Cuáles crees que deben ser tus compromisos como ciudadano o ciudadana?

El compromiso, la implicación y la esperanza como actitudes para la construcción de un nuevo modelo de sociedad. En los últimos años han surgido multitud de iniciativas de participación ciudadana que huyen de la impotencia y la resignación y buscan actuar como “garantes de la ética, los valores, la dignidad y los infrarrepresentados“.

La sociedad civil mantenemos la capacidad social para ayudarnos y cooperar. Una excelente noticia, pues constituye la condición necesaria para poder desarrollar iniciativas que aunque todavía no supongan la realización de ese otro mundo posible, sí permitan anticipar sus rasgos esenciales. Sin embargo, no hay garantía de que ese modelo alternativo acabe conectando con lo normativo e institucional o con el conjunto de la sociedad.

Más información:

Resumen Capítulo 6      

De un individualismo placentero y protegido a un individualismo no placentero y desprotegido   

¿Qué sociedad saldrá de la actual crisis?

¿Reaccionamos? O estado del bienestar o crecimiento sin sociedad

¿Crees que puedes salir individualmente de la crisis?

¿Crees que el Estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales públicos) sigue siendo sostenible o debemos reducirlo?

¿Y aquellas necesidades que no pueda cubrir que cada uno busque su forma de satisfacerlas?

Se está produciendo una confrontación entre mayores demandas y menores recursos, lo que coloca a los asistidos en el foco de la sospecha de por qué ese gasto, no visualizándose como inversión. No es más que el resultado de la lógica que entiende la crisis como la oportunidad para un nuevo modelo de sociedad que pasa del “contrato social” al “contrato mercantil“. Que cuestiona la lógica de los derechos universales y del Estado de bienestar.

A medida que las políticas públicas dejan de ser para todas, pierden ambición universalista y dejan de ser espacios para la cooperación, el reconocimiento y el encuentro, y se convierten en campos de batalla donde distintos colectivos sociales pugnan por recursos cada vez más escasos.

Tenemos una oportunidad si entendemos como ciudadanas y ciudadanos que es imprescindible fortalecer los valores cívicos y defender la necesidad y la implicación personal y colectiva de mantener y potenciar nuestro actual Estado de Bienestar. La necesidad de un nuevo proyecto social que abandone la lógica del “crecimiento sin sociedad

Más información:

Documento de conclusiones del VII Informe FOESSA
Transformaciones en los dinamismos de participación política y asociativa en la sociedad española

@xosecuns

NOTA. Entrada actualizada. Original: “Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen” publicada el 22 de junio de 2016

Todas las cosas son imposibles

Administración, Comunicación, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Empleo, Exclusión, Formación, Impuestos, Incidencia, Innovación social, Inversión social, Mujeres y hombres, Organizaciones No Lucrativas, Otra Iglesia, Participación, Personas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Voluntariado
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¿Ayuntamientos comprometidos contra la pobreza? #CSM17

24 de julio de 2017 a las 22:12

En Pamplona ya han cantado el “Pobre de mi” pero deberían seguir de fiesta.

De los 80 ayuntamientos capitales de provincia o Comunidad Autónoma o mayores de 100.000 habitantes Pamplona es el que, según el Ministerio de Hacienda, mas fondos por habitante dedicó en 2016 a reducir la pobreza y promover el empleo. 230,5€ de gasto real ejecutado por habitante en la partida de Protección y Promoción Social.

Y no estaría mal en estas vacaciones una ruta por los municipios más comprometidos con su ciudadanía más vulnerable, a la vista de estos datos: Bilbao, Sevilla, Avila, Barakaldo, Mataró, Barcelona, Soria, Logroño, Santa Cruz de Tenerife… Quizá el suyo debería estar en esta lista, luego le explico como saberlo.

Estamos de enhorabuena quienes creemos que la transparencia y la accesibilidad de la información pública es una herramienta imprescindible para un control democrático de nuestros gobiernos, evaluar la veracidad de los compromisos políticos de lucha contra la pobreza y la exclusión social o para obligar a una coordinación entre instituciones que combata de una vez la lotería social de la dispersión que padece el sistema español de servicios sociales y empleo.

Es digno de reconocimiento el esfuerzo del Ministerio de Hacienda en publicar anualmente no solo los presupuestos detallados de la gran mayoría de los municipios españoles sino sobre todo de lo realmente ejecutado cada año. Y de hacerlo no con datos globales o con un habitual pdf que imposibilita su análisis (“el pdf es casta”, clamaban en el 15M) sino en detalladas hojas de cálculo Excel.

Pues ya que tenemos esta maravilla de información vamos a intentar difundirla…

No soy el primero en hacerlo, esta historia comenzó en el 2015 con este artículo de Europa Press: ¿Cuanto gasta y en qué tu ayuntamiento? . Ya se lo presenté hace un par de años en Otras 5 ideas para alcaldesas y alcaldes que luchen contra la pobreza. Y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concedió, no sin escándalo, su premio Corazón de Piedra 2016 a los 36 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes “oficialmente pobres en inversión social”.

Aquí tienen el Compromiso Social Municipal 2017 (#CSM17).

Un indicador que trata de dar buenas noticias y reconocer a los ayuntamientos que más fondos por habitante destinaron en 2016 a servicios sociales y empleo, los que dedican más porcentaje de su total de gastos a estos fines o los que más los aumentaron entre 2015 o 2016. En el post tienen los principales datos y al final les dejo el detalle y otra tabla por cada Comunidad Autónoma (CCAA)

La primera buena noticia es que que entre todos los 72 ayuntamientos que facilitaron datos en 2015 y 2016 han aumentado en 23,4 millones de euros en la partida de Protección y Promoción Social. Si bien 29 los aumentaron y 43 la disminuyeron.

¿Por qué se destacan los datos positivos y no los ayuntamientos que menos destinan a esta partida?

Por prudencia y para buscar mejoras y no discusiones o excusas estériles. Presentar de forma aséptica y objetiva datos oficiales pretende dar una propuesta en positivo, no para generar polémica ni ruido en redes sociales, sino resaltar las buenas noticias y animar al análisis y mejora de la información y la coordinación entre instituciones.

Pobreza, crisis, 15M,

Foto: José Manuel Vidal

Esta información es novedosa y cada ayuntamiento es un mundo, con actuaciones y situaciones muy heterogéneas: relación con el gobierno de su Comunidad, competencias que se solapan, incoherencias de financiación, herencias recibidas, desprecio a ONG especializadas, resistencia al cambio de técnicas municipales… o simple buena gestión o ingenio para hacer más con menos presupuesto.

Los datos oficiales son los que son. El análisis de la situación de cada municipio le toca a quienes la conocen, o a profesionales que con más conocimiento y medios puedan realizar investigaciones periodísticas o estudios detallados (como ya existen con Civio y su ¿Dónde van mis impuestos?). 

Allá ustedes si quieren darle caña a Leganes, Mérida, Torrejón de Ardoz, Parla, Alcalá de Henares o Badajoz.

¿Como se obtienen los datos?

En base a la información del Ministerio de Hacienda sobre presupuestos y ejecución presupuestaria de TODAS las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) facilitada por cada una de ellas.

Los del 2016 están en la tabla Excel Avance Liquidación de los presupuestos del ejercicio 2016 (apartado Relación Entidades de cada CCAA). Los del 2015 (y años anteriores) seleccionan en la parte de abajo de la misma página CCAA, liquidación del presupuesto y año y les abrirá un excel con muchas pestañas, vayan a la última “Clasificación económica y por programas de cada Entidad Local” y tienen el detalle.

En cada tabla tienen todos los municipios de su CCAA, la población de cada uno y el detalle de ingresos y gastos. La partida Actuaciones de protección y promoción social está en la columna AC.

Las personas primero Dia contra pobreza

¿Por qué la partida Actuaciones de protección y promoción social? ¿No hay otras?

Esta partida o área presupuestaria es la que incluye las subpartidas “Servicios sociales y promoción social” y “fomento del empleo”, las imprescindibles en cualquier estrategia de lucha contra la pobreza.

En palabras (algunas totalmente viejunas e impresentables) del portal estatal Rendición de Cuentas: “Área de gasto 2: Incluye actuaciones de protección y promoción social, por tanto, se incluyen todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo

Seguramente hay gastos en otras partidas presupuestarias que podrían considerarse política social (educación, sanidad, vivienda…). De hecho cuando los datos no son favorables, algunos ayuntamientos y concejales ofendidos, además de clamar por el rigor empiezan a buscar con ansía en la contabilidad gastos que puedan adecentar su compromiso.

Bienvenidos sean, pero no se dejen liar. Los datos indican, con criterios homogéneos de contabilidad pública, lo que se invierte estrictamente en Servicios Sociales y Empleo. Y no son inventados, se facilitan al Ministerio desde cada ayuntamiento.

Si no están de acuerdo hablen con su Intervención, el Ministerio, la Federación Española de Municipios y Provincias o la de su Comunidad. Será por instituciones y espacios donde poder organizarse y facilitar la coordinación.

¿Han facilitado datos todos los ayuntamientos?

La mayoría si y aparecen en la información del Ministerio. Una muy buena noticia que habla de la profesionalidad y rigor de los servicios de intervención y contabilidad municipales.

En este estudio Jerez de la Frontera y Vitoria no, ni en 2015 ni en 2016. Desconozco las razones de esta falta de transparencia. En 2016 aún no han facilitado al Ministerio los datos AlgecirasMarbella, Las Palmas, TeldeGirona ni Alcorcón. Santiago de Compostela tampoco, pero están en su flamante portal de transparencia.

A la vista de los portales de transparencia municipales que he visto (tienen los enlaces en el párrafo anterior) queda mucho trabajo por hacer para mejorar la calidad y la homogeneidad de la información facilitada (y por reducir el grado de paripé también).

Pero aquí también buenas noticias: la Guía sobre Datos Abiertos presentado por la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana (FEMP), los mejores resultados del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2017 o iniciativas rigurosas como la Red Localis y su Informe de Transparencia de los municipios gallegos.

¿Y si mi ONG, mi medio de comunicación o yo queremos difundir los datos de nuestros ayuntamientos?

Lo tienen fácil. Casi seguro han facilitado los datos al Ministerio y ya les he explicado como obtenerlo en los ficheros Excel. Comprueben varias veces que los han tecleado bien y que sus afirmaciones, piropos o críticas, van a ser rigurosas.

Las tablas y fotos de esta entrada he procurado hacerlas de la forma más sencilla posible y con los medios más básicos que tienen seguro en su ordenador: directamente en Excel, copiar pantalla y pegar en el Paint, recortar el gráfico, guardar como .jpg y listo (pido disculpas a La Voz y a quienes hacen sus infografías por todo esto)

Si tienen dudas o detectan algún error, les agradezco mucho sus comentarios y ayuda.

La transparencia avanza. El compromiso social de nuestros ayuntamientos parece que también.

@xosecuns

Administración, Comunicación, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Impuestos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
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¿Escuelas del siglo XIX contra desigualdades del siglo XXI?

11 de mayo de 2017 a las 21:11

Porcentaje población en riesgo de pobreza o exclusión social por tramos de edad

Pues si, por desgracia, en España los jóvenes siguen condenados a cadena perpetua.

La parte de arriba de este gráfico marca el seguro declive de este país. En 2015 el 38,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años estaba en riesgo de pobreza y exclusión. El 33,4% si hablamos de los menores de 16 años.  La última Encuesta de Condiciones de Vida insiste en que niños, niñas y jóvenes son quien menos tienen un presente digno y sobre todo que no tendrán futuro.

Y cualquier solución pasa por la educación, o mejor por la educación social. Por eso estoy feliz de dejarles con Simo Deibe, uno de los profesionales más reconocidos en esta materia.

Simo, junto a otros muchos profesionales, están reclamando una Ley de regularización de la profesión de Educación Social. Si siguen #porunaleydeeducacionsocial tienen toda la información necesaria. y si quieren saber por qué es vital para el presente y el futuro de este país, vean este vídeo.

!Gracias Simo!

Cuando la escuela no lucha contra la desigualdad

La literatura especializada en la cuestión educativa es unánime al destacar la importancia de que la escuela camine hacia un enfoque socioeducativo, destacando la importancia del contexto en el hacer pedagógico. A todas luces, no parece razonable apostar por un modelo de sistema educativo que permanezca ajeno a las transformaciones sociales.

Foto: Oscar Cela. La Voz de Galicia

El presente artículo pretende potenciar una reflexión conjunta en este sentido, una apuesta por el cuestionamiento de la permanencia de un enfoque decimonónico.

Como profesional de la acción socioeducativa, observo con preocupación cómo el sistema educativo no contribuye a la superación de las desigualdades sociales.

No lo digo yo, lo dicen una y otra vez investigaciones varias. Si España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea, la infancia y la adolescencia en dificultad social tiene unos resultados académicos alarmantemente inferiores a los del resto de pares. Según la OCDE, la pobreza triplica el riesgo de que un alumno en España saque peores notas.

Según Save the Children, el abandono escolar en alumnos de familias pobres se disparó con la crisis en España. Diversos estudios traducen el fracaso escolar de este colectivo en un rango que oscila entre del 71%, en los trabajos más favorables, y en el 83% con los jóvenes con expediente en el sistema de atención a la infancia y a la adolescencia.

¿Con echarlos de la escuela problema resuelto?

Una invisibilidad que se perpetúa. Y ya sabemos: lo no visible a ojos de la sociedad parece que no existe. Pero sí, están aquí.

A modo de anécdota, me decía un orientador de un centro educativo “que tal joven sería baja, que abandonaría sus estudios“, frase enmarcada en una argumentación centrada en que los problemas de esta persona no eran cuestiones propias del hacer del sistema educativo.

La literatura científica es unánime sobre la diversidad de factores del fracaso escolar, y los de naturaleza social siempre están presentes.

Sorprendentemente, la escuela tiene desarrollado prácticas que tratan de dar respuesta a todas las necesidades, excepto las sociales.

La legislación educativa hace propósito de enmienda. Incluso la cuestionada LOMCE, en su artículo 80, refiriéndose al principio de igualdad, establece que las políticas de educación actuarán para evitar las desigualdades derivadas de factores sociales. El Real Decreto 299/1996  de Ordenación de las Acciones Dirigidas a la Compensación de las Desigualdades en Educación, fija como objetivo potencial la colaboración entre diferentes administraciones, así como con el tercer sector, para concertar programas de acción integral con el alumnado en dificultad social.

Las expuestas medidas legislativas quedan en intenciones, que con el paso del tiempo siguen sin concretarse.

En Galicia por ejemplo, y si hablamos de escuela social, encontramos iniciativas resultado de la perseverancia de organizaciones del Tercer Sector y profesionales del ámbito socioeducativo. Para muestra de buena praxis es obligado citar el programa ALEIDA, iniciativa de lucha contra el fracaso escolar liderado por IGAXES3 en varios ayuntamientos gallegos, una apuesta por el trabajo de calidad.

Conscientes de las demandas reales del alumnado, cada vez son más los centros educativos y los equipos docentes que reclaman una apuesta por actuaciones que permitan una escuela para todos y todas.

En el territorio Español, son conocidas experiencias como las llamadas prácticas restaurativas. Estos ejemplos constituyen, junto con otros que se están ejecutando, una muestra práctica que verifica la importancia de apostar por un nuevo paradigma para el sistema educativo.

Las administraciones tienen pendiente dar respuesta a las demandas sociales del alumnado escolarizado. Mientras la atención a la cuestión social no se articule dentro del sistema educativo, la igualdad de oportunidades en la escuela no será posible. La frase es contundente, pero a mi juicio la situación es tal que la contundencia se hace necesaria.

En mi hacer profesional, acompaño día a día a jóvenes como Leonor en situación de dificultad social, a la que la escuela solo contribuyó a incrementar la ya presente auto sensación de vulnerabilidad.

Formación y competencias sociales para poder tener empleo

El sistema educativo, centrado en la cuestión instructiva, no calibró las consecuencias de la exclusión formativa para un alumnado con elevadas dificultades en la superación de las metas personales. Retomando el ejemplo del orientador que hablaba en pasado del alumno que iba a egresar de su centro, recuerdo mis palabras en las que le decía a modo irónico que el joven sigue su vida, que tiene realidad fuera de la escuela, y dificultades incrementadas por la experiencia en el sistema educativo.

Es fácil aproximarse al futuro vital de un joven sin cualificación ni apoyo contextual, frecuentemente sin referentes familiares ni sociales. Formación y competencias sociales configuran el binomio necesario para poder acceder a un mercado laboral cada vez más exigente.

Foto: Gabriel Tizón

La construcción de un proyecto de transición a la vida adulta exige a la juventud contar con los medios económicos que posibiliten la independencia personal. Sin empleo es evidente que es imposible emanciparse. Incluso con trabajo, la reinante precariedad del mercado laboral frecuentemente no garantiza los recursos para una vida autónoma. Numerosos son los estudios que una y otra vez apuntalan esta realidad. Tenemos un problema social de primera magnitud al que la escuela no puede referirse como si fuese un elemento ajeno.

Recordemos una vez más que la literatura científica sobre la cuestión es unánime, el hecho educativo tiene que ser integral. La diagnosis de necesidades en la escuela está pendiente de una aproximación hacia el paradigma socioeducativo. Y tenemos excelentes prácticas de unión entre escuela y familia para prevenir dinámicas de conflicto.

Las demandas del alumnado transitan por un hacer coordinado en el que la escuela tiene que trabajar en conjunto con los actores sociales presentes en la comunidad. Temas sociales transversales, acoso escolar, la expuesta situación de la juventud en dificultad social, son solo algunos de los aspectos que nos aproximan a la evidencia de que la educación social debe estar presente en el hacer pedagógico de los centros escolares.

La realidad es innegable, la administración no puede retrasar más la asunción de esta cuestión. En los próximos años es imprescindible la construcción de una escuela socialmente inclusiva.

Vivir en un contexto de dificultad social no puede ser una condena al fracaso escolar.

@DEIBESIMO

Desigualdad, Educación, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
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