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Salir de la pobreza no es cosa de mujeres

26 de junio de 2018 a las 23:07

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2017, con los últimos datos sobre bienestar, pobreza o exclusión en España y en cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla.

Pueden consultar el detalle y los datos de su Comunidad aquí. Quedan meses de trabajo para analizar tanta información, pero quiero contarles la bofetada que me llevé después de ponerme las gafas violeta y analizar las principales conclusiones en clave de diferencias entre hombres y mujeres. Error garrafal no habérmelas puesto antes, o mejor no tenerlas puestas siempre.

Lo realista, como bien resaltan en EAPN España, es mantener la preocupación por los altos índices de riesgo de pobreza y exclusión social que se mantienen. Indicios sobran:

  • Se sale de la pobreza severa y la carencia material severa (no los confundan, como hace El Pais, perdón por la maldad, como son en los periódicos de provincias)… pero no de la pobreza relativa (ingresar por persona menos de 710€ al mes)
  • La precariedad y la pobreza laboral ni se han movido (el 14,1% de las personas que trabajan siguen en riesgo de pobreza)
  • 4 de cada 10 familias monoparentales (1 adulto con uno o varios menores a cargo) siguen en riesgo de pobreza.
  • Han aumentado las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (del 2,9% al 3,7%, en Galicia se ha triplicado). Escoger entre ¿Combatir la pobreza o parasitarla? parece que sigue pendiente.
  • Las personas mayores de 65 años aumentan notablemente su riesgo de pobreza. ¿En donde baja menos? Pues en niñas y niños; lo de que son nuestro futuro sigue siendo una perogrullada.
  • Las tasas de riesgo de pobreza o exclusión más elevadas son en Extremadura (44,3%), Canarias (40,2%) y Andalucía (37,3%). Las más bajas en Navarra (13,5%), País Vasco (14,5%) y La Rioja (14,4%). Los gobiernos autónomos de Baleares, Comunitat Valenciana, Cataluña o especialmente Extremadura (¿Qué ha pasado aquí?) deberían estar dando ya explicaciones por el empeoramiento del bienestar de las personas para las que trabajan.

¿Dos buenas noticias?

¿Qué quieren que les diga? Tras años de disgustos viendo estadísticas, no está mal que muchos medios (y yo feliz con ellos) hayan destacado que:

Las personas en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en España han vuelto a niveles del 2011: 12.388.187 personas, el 26,6%. Una pequeña reducción sobre el 27,9% del 2016, pero son 500.000 personas menos, algo es algo.

Se ha reducido la tasa de riesgo de pobreza en España (ingresar menos de 710,2 €/mes una persona o 1491,3 €/mes una familia de dos adultos y dos menores). Del 22,3% hemos pasado al 21,6% de la población. Lejos de las que había en 2008, pero se reducen.

Es mentira que se haya reducido la pobreza en España. Las mujeres son más pobres

Tú que sabes que tener hijos es cuidarlos, protegerlos y darles lo mejor que se pueda, entenderás que cuando lo máximo que puedes no es suficiente, se siente una enorme frustración…” Dejar de interpretar números y empezar a pensar en personas que sufren cambia la perspectiva. El artículo Tú que tienes hijos, de Gaby Jorquera, y los mensajes de otras compañeras lo hicieron conmigo.

Este gráfico es obsceno, y después del 8M es inconcebible que no haya sido primera página en  la mayoría de medios de comunicación. Mientras en la población masculina se redujo del 22,6% al 21% el riesgo de pobreza… en la femenina AUMENTÓ del 22,1% al 22,2%.

Son mucho más pobres las mujeres mayores de 64 años y las jóvenes entre 16 y 29 años. Y las niñas están en 2017 como estaban en 2016: el 28,6% en riesgo de pobreza.

4 de cada 10 familias monoParentales siguen en riesgo de pobreza, si … en el 81% de estas familias el adulto es una mujer sola. Son familias monoMarentales.

Son menos las personas con carencias materiales severas pero… ¿Quien está peor, hombres o mujeres? La respuesta en los recuadros en amarillo

Les agradezco mucho que me indiquen noticias en prensa, radio, televisión o webs de ONG, en los que hayan salido alguno de estos datos.

La pobreza tiene rostro de mujer

¿Y qué hacemos? Merece la pena difundir el informe de EAPN sobre desigualdades de género y la pobreza de la mujer en Europa presentado el pasado, y bendito 8MEn el apartado de España, Graciela Malgesini explica en dos párrafos varias de las razones de esta desigualdad:

La crisis económica y las políticas de austeridad han afectado más a las mujeres. Durante la crisis económica se ha producido una disminución del gasto social que solamente ahora se ha estabilizado, sin que se hayan recuperado aún los niveles de 2008. Las familias y, dentro de ellas, las mujeres han compensado los recortes en gastos sociales, particularmente en el área del cuidado. Los recortes en los servicios de cuidados han conducido a su privatización y/o a una vuelta a los roles de género tradicionales, al transferir la responsabilidad de la sociedad a los hogares, es decir a las mujeres.

Existen evidencias de que las mujeres se han visto más afectadas por la pobreza y la exclusión social, reflejadas por ejemplo en la tasa AROPE de los hogares compuestos por una mujer con 1 o más niños (familias monoparentales), pero también porque tienen las pensiones más bajas, en particular las de viudedad. La brecha salarial por razón de género, la menor tasa de empleo femenina, la menor participación y movilidad social, la mayor inactividad por responsabilidades familiares son otras realidades detrás del rostro femenino de la pobreza

No nos quitemos nunca las gafas violeta.

@xosecuns

Foto: Euge Neme

Adultos mayores, Desigualdad, Empleo, Exclusión, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, Personas, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector
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¿Por qué no se puede reducir la pobreza en España? #AporofobiaEconomica

13 de junio de 2018 a las 22:19

Xaquín Marín

Ya tenemos nuevo gobierno y nuevas ilusiones y promesas. Veremos si son palabrería o se hacen realidad, pero al menos el discurso oficial parece haber asumido por fin la emergencia social del aumento de la desigualdad de la renta (a la cabeza de la Unión Europea) o la pobreza (también la infantil).

Hace unos días denunciaba esa concepción de la economía que desprecia y hasta odia o los más débiles. Una “aporofobia económica” que confunde de forma interesada pobreza y miseria, niega que 12.400.000 de personas están en riesgo de pobreza o exclusión en España, no reconoce que tanto la crisis económica como la pretendida recuperación la han pagado y la siguen pagando las personas más pobres, en especial las mujeres. O lo que es peor, que se ha utilizado como excusa ideológica para avanzar en el desmantelamiento del tesoro de nuestro estado de bienestar.

He intentado resumir en ocho factores que creo que motivan el desplome de las rentas más bajas y que España sea un paraíso de la desigualdad. Afrontarlos debería ser la base de cualquier política económica que asegure sin rastro de aporofobia el desarrollo del país.

Tener empleo no es suficiente para reducir la pobreza.

Si ya en España el desempleo es un problema estructural, la reducción de la elevada tasa alcanzada en los años más negativos de la crisis se está realizando a costa de la creciente precarización del mercado laboral y del empeoramiento de los salarios y condiciones laborales.

Desde 2009, el peso de la remuneración salarial en la distribución del PIB ha caído en cuatro puntos. En 2016, mientras los beneficios empresariales crecieron un 200,7% sobre el año anterior, el coste laboral por trabajador se mantiene estancado desde 2012 (Informe “Premiar el trabajo, no la riqueza” Oxfam Intermon)

Una desigualdad que también se acentúa en la estructura salarial: entre 2008 y 2016, los salarios más bajos se han reducido un 15%, mientras que los más altos han crecido un 15,2%.

No debería extrañar que el 13,6% de la población ocupada esté en riesgo de pobreza, o que la última EPA del 2017 alerte del crecimiento del número de hogares con todos sus miembros activos en paro o del número de parados de larga duración.

Las personas desempleadas están en un callejón sin salida y sin entrada, con cada vez menos posibilidades de acceder a unas prestaciones por desempleo cada vez más escasas.

Miren el gráfico: la línea azul que baja son las personas que percibían alguna prestación por desempleo; la roja que sube las que han pasado a estar en riesgo de pobreza. Aporofobia en estado puro.

Tasa cobertura desempleo y % población en riesgo pobreza o exclusión. Fuente: Elias Trabada/Público

Falta de competencia como política social.

España es la economía europea con mayor número de oligopolios y carteles, especialmente en mercados relacionados con la vivienda y los servicios vinculados. Esta falta de competencia, además de suponer una barrera de entrada notable para pequeñas y medianas empresas, provoca que los precios de muchos bienes y servicios sean más elevados, detrayendo renta de los hogares.

Mientras entre 2008 y 2016 los ingresos de los hogares medios descendieron un 1,2%, el precio de la electricidad subió un 46,7%, el gas natural 31,2%, la gasolina un 39,5% y el gasóleo un 22,4%.

Y espántense con este gráfico y el imprescindible artículo de Ana Balseiro que lo explica: entre 2015 y 2018, el precio de algunos alimentos creció hasta cinco veces más que el salario medio.  ¿Se atreven a calcular lo que supone para las personas en pobreza severa que, con suerte, perciben desde hace 8 años los mismos 400€ al mes de una renta mínima autonómica?

Ya ven, defender la libre competencia y el libre mercado para luchar contra la pobreza, justo lo contrario que muchos subvencionados neoliberales de pacotilla hacen. No por casualidad, Joseph Stiglitz inventó el término “capitalismo de amiguetes”, o el primer informe sobre desigualdad de Oxfam Intermon en 2014 se titulaba “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica”.

La corrupción como causa de desempleo

Directamente relacionada con el apartado anterior. La corrupción no es solo una cuestión ética que se pueda perdonar a través de las urnas.

Como advierte repetidamente la Comisión Europea, falsea la competencia, permite que firmas poco competitivas se alcen con contratos millonarios sin ser las mejores para desarrollar los trabajos, por lo que el coste se eleva no solo a la supuesta ‘comisión’, sino también a la ineficiencia del gasto público.

Un informe del Banco de España lo dice de forma más elegante: “el crecimiento económico producido en España entre 1995 y 2007 se focalizó en los sectores con peores productividades, pero con mejor conexión con las administraciones públicas”.

El Estado ha “despilfarrado” más de 45.000 millones de euros en 20 años en infraestructuras innecesarias o infrautilizadas. ¿Hace falta hablar de infraestructuras innecesarias, autopistas rescatadas, el 3%? Quizá si, porque muchos de los nombres de empresas en las que están pensando han encontrado un filón enriqueciéndose, dentro y fuera de España, con la pobreza y la exclusión.

El aumento del precio de la vivienda, sobre todo de alquiler.

Según Eurostat, el 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27%. España es también uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda social: un 1,1% frente al 32% de Holanda o el 17% de Francia.

Lo que está pasando en el mercado del alquiler de vivienda es una burbuja de manual… y un buen “jugo” para aumentar la desigualdad. Los juzgados emiten más de cien órdenes de desahucio diarias a inquilinos, el 7% más que hace dos años.

El precio de los inmuebles creció un 6,2% en el primer trimestre del año, sobre todo en Madrid, Cataluña y Baleares. Solo en Galicia los alquileres suben hasta cinco veces más que los sueldos.

Fuente: Expansión

El sistema fiscal en España apenas reduce la desigualdad.

Se recauda mal y de manera injusta, ya que son las familias más pobres quienes soportan un peso desproporcionado de los impuestos, sobre todo indirectos, y perciben muchas menos transferencias sociales. En 2014 el 20% de la población más pobre pagó de promedio un 29% de su renta en impuestos, una cifra sólo superada por el 10% más rico.

El 72% del inmenso fraude fiscal español está generado por grandes empresas y grandes fortunas. No debería sorprender que el presidente de la Red Española contra la Pobreza (EAPN España) reclame un batallón de inspectores fiscales y de trabajo para luchar contra la desigualdad. No hay dinero. ¡Mentira!

La pobreza y la desigualdad se heredan.

Aunque creamos que los logros que obtenemos en la vida se deben a nuestro esfuerzo y talento, lo cierto es que en España el techo de cristal, o mejor el suelo pegajoso, que paralizará el ascensor social para los niños y niñas más vulnerables se muestra en múltiples detalles: a los 15 años han repetido curso un 53% frente a un 8% de los de familias acomodadas. Sus padres acuden tres veces más al médico de cabecera, tienen más riesgo de depresión o enfermedades mentales o cardiovasculares.

Nacer pobre implica hipotecarse de por vida y probablemente también la del 80% de sus hijos e hijas y nietos, la llamada transmisión intergeneracional de la pobreza

Y como contraste, el suelo de cristal en el que los hijos de familias de altos ingresos con signos de baja capacidad académica a los 5 años, tienen un 35% más de probabilidades de tener altos ingresos cuando sean adultos que los niños de familias más pobres con signos tempranos de alta capacidad. Los Cifuentes no son precisamente una excepción)

No hay mejor discriminación positiva que el hecho de que la mitad de las fortunas españolas provenga directa o indirectamente de la herencia. Muy lejos quedan las intenciones de millonarios como Zuckerberg, Gates o Buffet de donar la mayor parte de su fortuna a la lucha contra la pobreza a través de la iniciativa “The Giving Pledge” (El placer de dar)

Burocracia

Nuestro trabajo es luchar contra la pobreza, no hacer sudokus burocráticos” es un grito continuo de las organizaciones que deben relacionarse con la administración para llevar a cabo sus actividades (y el de muchas empresas, por cierto).

La multiplicación de requisitos administrativos contraproducentes,creciente inseguridad jurídica y sensación de sospecha y desprecio institucional está perjudicando seriamente a miles de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y de paso arruinando entre mostradores y formularios absurdos el prestigio de las políticas sociales públicas o de profesiones imprescindibles en la lucha por la inclusión social.

Es deprimente escuchar a responsables políticas su acuerdo rotundo con este tema pero reconociendo su impotencia casi inexorable para solucionarlo. Y es posible, la Xunta de Galicia se ha comprometido a reducir en dos tercios la información a cubrir y los plazos para valorar las solicitudes de reconocimiento de la discapacidad… ¿y si se extiende esta reducción a todos los procedimientos de inclusión social?

Ausencia y escasa eficacia de políticas públicas que aseguren ingresos mínimos e igualdad de oportunidades.

España es uno de los países más cutres de Europa invirtiendo en políticas sociales. Y es casi obsceno su interés en la lucha cntra la pobreza familiar e infantil.

Les dejo dos gráficos que lo resumen.  Uno de Daniel Fuentes sobre la evolución del gasto público en sanidad, cultura, educación y protección social (excluyendo pensiones) en España y en la media de los 19 países del área euro. Y otro de Unicef España sobre el gasto de prestaciones monetarias para la protección de familias con el que debería empapelar su despacho la nueva Comisaria contra la pobreza infantil.

Evolución gasto público en sanidad, cultura, educación y protección social (excluyendo pensiones) Vía @dfuentescastro

Se gasta muy poco, pero encima sin beneficiar a quien más lo necesita. Lo ha denunciado con inusual claridad la Comisión Europea: España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas. La OCDE lo concreta: el 20,4% de las transferencias públicas va a parar al 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre sólo percibe el 4%.

Más allá de las pensiones o la decadente prestación por desempleo está la mediocridad. No existe una política estatal ni un sistema estructurado de protección de rentas o garantía de ingresos dirigido a combatir la pobreza, ayudar a las familias o dar acceso a la vivienda.

El último recurso para los hogares en pobreza severa, son las llamadas “Rentas Mínimas de Inserción”, una red de protección fragmentada por comunidades autónomas “que protege poco y a muy pocos” por sus bajas cuantía y unos requisitos burocráticos extremos y basados en la culpabilización y la sospecha sobre las personas perceptoras. ¡Bienvenidas a la Confederación Española de Derechos Sociales Autónomos!

Y el modelo de éxito para reducir la pobreza sin burocracias ni aporofobia está muy claro. Como se indica en el gráfico de la Fundación FOESSA, sin las pensiones de jubilación, ocho de cada diez personas mayores de 64 años estaría en la pobreza, 7 de cada 10 en pobreza severa, con ellas esta cifra se reduce al 11% (al 3% la pobreza severa). Observen la diferencia enorme del impacto en las personas menores de 65 años.

Los españoles toleramos peor la desigualdad que otros pueblos. Un 74% consideramos un problema muy grave la diferencia entre ricos y pobres. Las soluciones para combatir contra la desigualdad están muy claras, sólo hay que tener voluntad política para implantarlas y exigir una economía sin rastro de aporofobia en donde el bienestar de las personas sea la principal prioridad.

Quizá habría que empezar por menos apelaciones a la patria y más al estado social y de derecho, ¿no?.

@xosecuns

Barrio La Rondilla (Valladolid)

 

Administración, Cláusulas sociales, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Empresa, Exclusión, Impuestos, Inclusión, Inversión social, Pobreza, Rentas Mínimas, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Servicios sociales, Transparencia, Unión Europea, Vivienda
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Cuando la economía odia a los pobres #AporofobiaEconomica

27 de mayo de 2018 a las 23:19

Es oficial. La crisis ha quedado atrás y la recuperación económica es un hecho. Se crea empleo por fin, así que la mayoría de las familias más perjudicadas durante la ya superada gran recesión, están mejorando o van a mejorar en breve su situación. AMEN. Es incluso antipatriota no reconocerlo así, mucho más cuando la emergencia obliga a la gente de bien a defender patrias y banderas.

Será oficial, pero no es cierto para los casi 13 millones de personas que en España siguen en riesgo de pobreza o exclusión. Desde que hace un año se lo contaba en ¿Por qué crece la desigualdad en España? sigue estando claro que la recuperación económica es solo para una minoría.

La economía debería ser la ciencia de la pobreza” decía el añorado José Luis Sampedro. El logro del crecimiento económico no es algo importante en sí mismo, solo lo es si nos permite alcanzar objetivos sociales virtuosos” nos recuerda el Nobel Amartya Sen (en el artículo Crecimiento: ¿con desarrollo o con despilfarro? del siempre clarificador Albino Prada).

La única economía que debería importar es la que asegure mejorar la calidad de vida de las personas.

Economía y humanismo no son palabras opuestas, pero la norma parece ser la contraria. En la economía tradicional que hace el ridículo creyéndose una ciencia exacta (tras haber previsto 9 de las últimas 5 recesiones dice un chiste), la aporofobia y el desprecio a las personas en pobreza, es la norma. Y es una de las razones fundamentales para que ésta no se reduzca.

Llegará un día en el que en los cuadros macroeconómicos, al mismo tiempo que datos y objetivos de crecimiento del PIB, inflación, déficit público o balanza de pagos se prioricen y se sigan de forma exhaustiva los de reducción de pobreza y desigualdad, % de gasto en servicios sociales sobre el PIB, reducción fraude y elusión fiscal, etc.

Mientras tanto, se agradecen informes como El Estado de la Pobreza de EAPN España o los de Oxfam Intermon como “Premiar el trabajo, no la riqueza” sobre la desigualdad y la situación de las más pobres a nivel mundial o  “La recuperación económica, en manos de una minoría” sobre la situación en España.

Se agradecen también y merecen apoyarse medios alternativos o webs como Alternativas Económicas, El Salmón Contracorriente, Econoplastas Economía Solidaria o grupos de Facebook de docentes y profesionales preocupados por hacer accesibles Economía y Educación.

Y es aire fresco leer a periodistas y economistas que en medios tradicionales informan con rigor de lo que importa; y en Galicia podemos presumir: Julio Rodríguez, Lara Graza, Santi Riveiro, Rubén Santamarta, Gabriel Lemos, Ana Balseiro, Sofía Vázquez, Marcos Pérez, David Lombao…

Todos debemos apretarnos el cinturón”… pues para nada ha sido así.

Fuente: El Pais

Aporofobia económica es confundir de forma interesada pobreza y miseria, negando que 13.000.000 de personas están en riesgo de pobreza o exclusión en España o no reconocer en cualquier titular objetivo que tanto la crisis económica como la pretendida recuperación la han pagado y la siguen pagando las personas más pobres. Y de una forma nunca vista en los últimos 40 años. O lo que es peor, que se ha utilizado como excusa para avanzar en el desmantelamiento del tesoro de nuestro estado de bienestar.

Y es que España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la brecha entre ricos y pobres desde 2007, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria y empatada con Lituania.  Y se enquista más en España que tras las crisis anteriores.

Cuatro evidencias:

1. Entre 2008 y 2016 mientras los sueldos del diez por ciento más pobre bajaron un 15%, los del 0,03% más alto aumentaron en un 15, 18% 2. Entre 2007 y 2016 mientras que el diez por ciento más pobre vio disminuir su participación en la renta nacional en un 17%, el 10% más rico la incrementó en un 5%, y el uno por ciento más rico, en un 9%.3. Entre 2013 y 2016, con la crisis aparentemente superada, 29 de cada cien euros provenientes del crecimiento económico fueron a parar al 10% con rentas más altas, mientras que tan sólo 8 de cada cien terminaron en manos del 10% más pobre. Cuatro veces más.

4. El dogma de la recuperación económica también está sirviendo para incrementar la desigualdad de riqueza. Entre 2016 y 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada, mientras que el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7% de este incremento.

Una desigualdad que se agranda en mujeres y jóvenes.

El 58% de las personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres. Ocupan la mayor parte de los empleos a tiempo parcial, las que tienen vidas laborales más cortas, las que se concentran en los sectores con menor valor añadido y con menor reconocimiento social y, por tanto, con salarios más bajos. Las que presentan mayores tasas de desempleo y las que más se ven perjudicadas cuando tienen que cuidar solas a sus hijos: el 80% de las familias monoparentales están encabezadas por una mujer, y más de la mitad están en riesgo de pobreza.

El futuro de los y las jóvenes es muy incierto. Además de sufrir las consecuencias de empleos precarios, temporales, parciales y mal pagados, no tienen a la vista un futuro que les permita ser optimistas en lo referido al ámbito laboral y a la igualdad de oportunidades. El salario anual de un joven de 26 años que accede al mercado laboral es hoy un 33% inferior al obtenido en 2008.

Si no se lo creen todavía, el mismo Banco de España, en su reciente informe “La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España” reconoce que la desigualdad se está cebando con mujeres y jóvenes. Con datos como que en el 10% que menos cobra por hora el 63% son mujeres, a pesar de que en el total de los asalariados representan el 48%…

¿Por qué la recuperación económica no está sirviendo para reducir la pobreza?

Seis grandes factores creo que motivan el desplome de las rentas más bajas y el aumento de la desigualdad en España. Afrontarlos debería ser la base de cualquier política económica que asegure sin rastro de aporofobia el desarrollo del país. Se las contaré en breve, pero pueden irlas leyendo en este resumen: Sin noticias de la recuperación o aporofobia económica.

@xosecuns

Comunicación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Inversión social, Personas, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales
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Explicando en clase por qué abuelas y abuelos están tomando las calles

9 de abril de 2018 a las 21:57

El 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, con un sencillo pero contundente “Miradnos bien, somos gallegos” la portada de La Voz de Galicia le dio una alegría inmensa a personas como Samba, Amdy, Zinthia, Libass, Alexque o Yosi que se vieron reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de nosotros.

Ese mismo día se publicaba el suplemento semanal La Voz de la Escuela, imprescindible para cualquier persona interesada en la educación. Y este artículo en gallego de Fernando Pariente explicando por qué es vital para niños y niñas entender y apoyar la defensa del sistema del sistema público de pensiones que ha puesto en pie a miles de pensionistas en defensa de sus derechos.

Quizá parezca que son temas diferentes, pero en realidad tienen mucho que ver. De hecho están hablando de lo mismo: el serio peligro de desaparición de nuestro estado del bienestar, forzándonos a pasar de un modelo de sociedad en el que todas las personas que vivimos en España cuidamos unas de otras a otro en el que cada uno se debe buscar la vida y si es un inútil o vago por no hacerlo, aguantarse y pedir limosna si acaso.

Si quieren entender mejor la extrema importancia de esta decisión política y como explicarla si acaso en sus clases, ademas de leer el artículo de Fernando Pariente, les recomiendo ver los vídeos, algunos de los que incluye la unidad didáctica elaborada por la Fundación FOESSA de Cáritas para explicar las conclusiones de su último y monumental informe sobre la pobreza en España. Como bien dicen: “La pobreza no es un problema de la crisis, sino de modelo social

Los abuelos salen a la calle

El pasado 22 de febrero ocurrió algo insólito en España. Los jubilados y pensionistas se manifestaron en más de sesenta ciudades. Numerosas personas mayores mostraron su indignación y su protesta contra elridículo incremento del 0,25 % que se viene aplicando a sus pensiones desde hace cinco años. En muchos casos eso significa un aumento de algunos céntimos nos sus ingresos mensuales. Menos de lo que vale la remisión de la carta con la que el Gobierno se lo comunica cada año. Por eso muchos procedieron simbólicamente a romper esas cartas en público. Parece que en los tiempos que corren se puede producir entre los abuelos un movimiento parecido al de los chicos indignados del 2011.

Las pensiones garantizan a los ciudadanos el bienestar mínimo indispensable. El sistema público mantenido por la Seguridad Social certifica que el Estado cubrirá tanto el cuidado de su salud como la satisfacción de sus necesidades cuando dejen de trabajar por jubilación o no encuentren trabajo. Que el Estado asuma esta responsabilidad es una conquista social tras muchos años de lucha desde mediados del siglo XIX, con la revolución industrial.

Manifestacion en Ferrol por unas pensiones dignas. Foto: José Pardo

En el sistema que funciona en España, el Estado recibe obligatoriamente alrededor de una tercera parte de la retribución de cada trabajador durante toda su vida laboral y financia con esos fondos las prestaciones de jubilación y de paro, cuando estas sean necesarias. Los trabajadores españoles estamos pagando durante toda nuestra vida laboral al Estado para que este cubra nuestras necesidades cuando dejemos de trabajar o cuando quedemos en el paro.

Estas prestaciones están destinadas a toda la población y son, por tanto, un efecto de la solidaridad de unos ciudadanos hacia los otros. Es importante comprender y reflexionar sobre esta idea. Durante toda nuestra vida laboral estamos cooperando para conseguir el bienestar de todos.

Este modelo está siendo objeto de debate porque hay quien piensa que no es económicamente sostenible. Los jubilados entraron en estado de alarma y las pensiones son noticia todos los días, mientras en el horizonte acechan amenazas de recortes en las prestaciones.

Los indignados pensionistas tratan de conseguir que su poder adquisitivo no se vea cercenado por un crecimiento ridículo de sus pensiones frente al alza de los precios de los bienes de consumo. Calentar la casa y pagar la luz cuesta hoy mucho más que hace cinco años, mientras que el incremento acumulado durante estos mismos cinco años en su pensión no pasa de los diez euros en muchos casos. Así que exigen que se aplique a las pensiones el mismo incremento, como mínimo, que se produjo en el año anterior en el IPC (índice de precios al consumo).

Para resolver esta difícil papeleta el Gobierno y los partidos políticos tienen que reunirse de nuevo en el Pacto de Toledo que firmaron hace años. Las personas mayores están en pie de guerra y al acecho del que ocurra.

Nos hace mejores

Desde que existe la Seguridad Social pública nuestra sociedad es mejor porque es más solidaria y tiene más conciencia de cuerpo social. Dejamos de ser una colección de individuos que coinciden viviendo sobre un territorio, para convertirnos en una organización solidaria que se compromete con el bienestar de todos sus miembros. Si sólo nos consideráramos individuos aislados, cada uno se dedicaría a solucionar su vida y, en el mejor de los casos, podríamos ayudar a otros por mera condescendencia, como un acto de caridad. Es lo que se hacía hasta el siglo XIX. Pero gracias a una nueva concepción de la sociedad, esta se convirtió en un conjunto solidario de ciudadanos en el que todos tienen derecho a un nivel básico de bienestar.

Ya no es una cuestión de caridad voluntaria, todos los ciudadanos tienen derecho a vivir dignamente y el Estado, centro de cohesión de todo el cuerpo social, tiene la obligación de garantizarlo. Por eso somos una sociedad mejor y este es un logro irrenunciable.

Un sistema que nació hace 135 años

Esta conquista social, que caracteriza especialmente a las democracias europeas, tiene su origen en las leyes que promovió en el Parlamento alemán el canciller de hierro, Otto von Bismarck, hace 135 años, para imponer un seguro obligatorio contra enfermedades y accidentes a favor de todos los trabajadores de la industria y de la Administración del país.

Bismarck no era precisamente socialista, pero fue el mejor medio que encontró para atemperar el creciente malestar de los obreros alemanes. La nueva ley, que entró en vigor el 15 de julio de 1883, estableció que el coste de estos seguros obligatorios debía ser abonado en dos terceras partes por los trabajadores y en una tercera parte por los empresarios, pero la ley fue impugnada ante la consideración de que no se debía exigir su financiación a los trabajadores. La impugnación prosperó y en 1884 se aprobó que la financiación corriera por completo a cargo de los patrones. Durante los años siguientes a ley se extendió al resto de los trabajadores asalariados y en 1889 se estableció de la misma forma un seguro de jubilación e invalidez.

No hay dinero. ¡Mentira!. Manifestacion en Santiago de Compostela

Con todo, el sistema creado por Bismarck no fue, aun, un verdadero sistema público de seguridad social, porque la prestación de los seguros la realizaban las empresas privadas con las que se contrataba y cubría sólo a los trabajadores por cuenta ajena, fundamentalmente el proletariado industrial y el personal de la Administración. Quedaban fuera muchas mujeres que trabajaban nos sus hogares y los artesanos, los pequeños comerciantes y emprendedores autónomos.

El auténtico concepto de Seguridad Social pública tiene que incluir dos características necesarias. La primera es el carácter público del servicio prestado y la segunda es la cobertura total de la población. Por eso la Seguridad Social tiene que estar organizada por el Estado y amparar a todos los ciudadanos de la nación. Para llegar a la concepción de un sistema de carácter público en el que el Estado se hiciera responsable de forma integral de la Seguridad Social hubo que esperar al año 1938, con la Ley de Seguridad Social de Nueva Zelanda, que sirvió de modelo para muchos países.

Actividades para trabajar en clase…

1) La Constitución española determina en su artículo primero que «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho». Esta definición básica de la nación española deja constancia de que nos constituimos como un conjunto solidario de ciudadanos y la organización estatal responde de satisfacer nuestros derechos en pie de igualdad. Eso tiene que ver con la supervivencia necesaria de la Seguridad Social y su carácter público. Buscad en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la comunidad los artículos que hagan referencia al derecho de los españoles a disfrutar de una Seguridad Social y a la forma de organizar sus prestaciones.

2) Probablemente no haya nadie en vuestra clase que no haya recibido alguna vez o que no esté recibiendo en su familia alguna de las prestaciones de la Seguridad Social. Muchos tendrán abuelos jubilados que perciben una pensión, alguien puede o pudo tener a su padre o su madre en paro o padeciendo una enfermedad de larga duración y percibiendo la prestación por desempleo, etcétera.

Haced un estudio de la relación de vuestra entorno familiar con la Seguridad Social. Comprobad cuántos miembros de vuestra familia están trabajando, reciben un salario y contribuyen con casi una tercera parte a sufragar los gastos de la Seguridad Social (ellos son miembros activos). Comprobad también cuántos son perceptores de prestaciones porque son jubilados, sufren incapacidad laboral o están en paro.

Comparad una lista con la otra y tomad conciencia de si el resultado en vuestro caso es favorable a la Seguridad Social o lo es a vuestra familia. Reflexionad sobre eso.

3) Para comentar el tema de hoy es muy recomendable que leas los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Administración, Adultos mayores, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Impuestos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Participación, Servicios sociales
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12 principios para luchar contra la exclusión social severa

28 de febrero de 2018 a las 23:23

Del profundo abismo de los dogmas políticos, de vez en cuando resurge un clásico: “las ONG son la cara bonita de la privatización de unos servicios sociales que deberían ser prestados por el estado“. Amén.

De esta generalización absurda (y cómplice por cierto de la verdadera y masiva privatización… pero a grandes empresas) que niega el trabajo diario y la filosofía de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que exigen a las administraciones públicas que cumplan su obligación de liderazgo y supervisión, escribíamos hace un par de años en el vigente ¿Desprecia la izquierda a las ONG que luchan contra la pobreza? 

Hace unos días planteaba en redes sociales una pregunta a profesorado y alumnado de Trabajo Social, Educación Social, Integración Social… ¿Es ético ningunear o generalizar ideológicamente en las clases a ONG de acción social (o de cooperación), negando su papel imprescindible en el sistema público de servicios sociales o de defensa de derechos… aún sabiendo que al hacerlo se está perjudicando gravemente la futura inserción laboral del alumnado?

Mientras hacía esta pregunta, no dejaba de pensar en el esfuerzo y ejemplo que la delegación gallega de Emaus Fundación Social ha hecho en los últimos años para desarrollar el Modelo INCLUE. Su concepto de “discapacidad social” y su apuesta por una atención de calidad en la atención a las personas en situación de exclusión social severa. Implicando desde el principio tanto a nivel político como técnico a la administración pública autonómica y municipal y a organizaciones con la misma filosofía.

Pueden descargar el informe de este proceso aquí, pero me gustaría resumirles los doce principios a los que llegan (página 66) para asegurar una intervención de calidad.

La pobreza no se esconde. Foto: Oscar Vázquez (La voz de Galicia)

1. Apostar por la activación, desde una concepción multidimensional de la inclusión.

Del mismo modo que en el ámbito de la discapacidad se pasó de un modelo médico o rehabilitador a una concepción social que hace hincapié en el carácter excluyente de las estructuras sociales y en la necesidad de adaptar esas estructuras a las características de todas las personas, reconociendo y valorando su diversidad, en el ámbito de la inclusión es también necesario desarrollar un modelo de “discapacidad social que, sin dejar de lado los factores individuales relacionados con los procesos de exclusión e inclusión, promueva la modificación de las estructuras sociales que generan desigualdad.

El entorno laboral, el educacional, el social y la vivienda, las políticas generales y las actitudes de toda la ciudadanía son co-responsables de los procesos de exclusión y, por tanto, parte activa de su solución. Esto afecta a todos los ámbitos públicos y privados, a todas las administraciones y a las instancias privadas, como la patronal, los sindicatos, medios de comunicación, etc.

Aun reconociendo la centralidad del empleo remunerado como elemento básico para la inclusión, es preciso reconocer la necesidad de trabajar otros elementos distintos de la empleabilidad (salud, vivienda, relaciones personales, etc.). Esto implica que el acceso al empleo remunerado no debe siempre considerarse como el objetivo básico de toda intervención y que cabe apostar por una concepción amplia de la empleabilidad, que reconozca el valor inclusivo del voluntariado, el cuidado a otros miembros de la unidad familiar, las actividades artísticas o, incluso, el ocio.

2. Derecho a una intervención de calidad.

Al margen de la regulación legal que en un momento dado pueda existir en una Comunidad Autónoma determinada, un modelo inclusivo de atención a las personas en situación de exclusión social debe tender a asumir que la percepción de apoyos para la inclusión constituye un derecho de las personas en situación de exclusión social. De ello se deriva que la provisión de esos apoyos –bien directamente, bien mediante entidades concertadas− constituye una responsabilidad de las administraciones públicas, no sujeta a discrecionalidad. Desde el punto de vista de la prestación del servicio, esto implica además la necesidad de garantizar la calidad del mismo, y de establecer los sistemas adecuados de inspección, acreditación y determinación de estándares.

3. Reconocimiento y respeto de los derechos.

El diseño de los programas y las intervenciones debe estar enmarcado en el reconocimiento de los derechos que asisten a las personas usuarias de los servicios sociales. Además de sus derechos básicos y fundamentales (a la igualdad, a la no discriminación, etc.) o de los derechos que el sistema de protección social les reconoce (a una prestación de garantía de ingresos o a unos servicios de apoyo para la inclusión social y laboral), las personas, en tanto que tales, deben poder también ejercer en la práctica el derecho a la dignidad, la privacidad y la intimidad, la autodeterminación y la autonomía, la capacidad de elección, o la satisfacción y la realización personal.

4. Individualización, autodeterminación y control.

Uno de los retos fundamentales de un modelo innovador y de calidad en el ámbito de la inclusión social radica en cómo promover la autodeterminación de las personas y su control en relación a los servicios que se les prestan, en la línea de modelos como la atención centrada en la persona o la vida independiente. Ello hace necesario promover un modelo de intervención que tenga en cuenta los condicionantes estructurales de la exclusión, y no se centre exclusivamente en los aspectos individuales de la misma, desde una concepción meramente rehabilitadora de la intervención social.

Más difícil resulta modificar las estructuras e inercias organizativas para garantizar que las personas atendidas tengan un mayor control a la hora de decidir el contenido de las intervenciones, establecer los objetivos de las mismas y evaluar sus resultados.

El acompañamiento individualizado se configura en ese sentido como una herramienta esencial para el desarrollo de este enfoque, en la medida en que puede combinar el derecho a la autonomía y el control de las personas que participan en los programas con la supervisión técnica de los procesos de inclusión por parte de los profesionales referentes de cada caso.

5. Perspectiva de género.

El principio de individualización hace inevitable la adopción de una perspectiva de género que tenga en cuenta en todas las fases de la intervención –diseño de los programas, articulación de los recursos, atención directa a las personas, evaluación de las intervenciones, etc.− las diferentes circunstancias que pueden rodear a mujeres y hombres en situación de exclusión.

La búsqueda de una igualdad real entre mujeres y hombres exige que las medidas y actuaciones diseñadas para la inclusión social se realicen a partir de una perspectiva transversal, que haga hincapié en los diferentes contextos vitales que hombres y mujeres tienen por el simple hecho de serlo. Ello obliga a adaptar los servicios a elementos tales como la posible presencia de responsabilidades familiares, el mayor impacto de los aspectos relacionales en los procesos de exclusión de las mujeres o la relación entre género, exclusión social y salud mental.

6. Desinstitucionalización, vivienda con apoyo y atención en la comunidad.

En el ámbito de la atención a los menores, las personas mayores o las personas con discapacidad, se ha aceptado la necesidad de que los servicios de alojamiento no se presten en centros residenciales de carácter institucional y de gran tamaño, sino en unidades de convivencia, viviendas tuteladas o con apoyo, y otros recursos residenciales ubicados en entornos comunitarios.

En el ámbito de la exclusión es todavía frecuente sin embargo el recurso a equipamientos aislados, institucionales y/o de gran tamaño, en los que el abordaje individualizado de la intervención, así como la autodeterminación y el control por parte de las personas usuarias resulta sumamente difícil, frente a la preponderancia de las necesidades organizativas. Un modelo de calidad debe por tanto basarse en la provisión de servicios de alojamiento en viviendas ordinarias, integradas en la comunidad, desde las que se puede prestar a las personas atendidas los apoyos necesarios.

La apuesta por un modelo comunitario de atención exige también basar las intervenciones en el aprovechamiento de los recursos comunitarios –comerciales, culturales, de ocio, etc.− de la zona en la que esas viviendas están ubicadas. Este enfoque exige también apostar por la búsqueda de alternativas de integración laboral en el mercado ordinario de empleo –con los apoyos necesarios y de forma más o menos gradual−, en detrimento de las fórmulas de empleo especial o protegido.

7. Reducción de daños y servicios de baja exigencia.

En el ámbito de la salud pública se ha aceptado el paradigma de la reducción de daños, renunciando a una concepción lineal de los procesos de inclusión. Asumir este paradigma  en el ámbito de las políticas de inclusión tiene dos consecuencias: desarrollar programas y equipamientos orientados fundamentalmente a evitar un mayor deterioro de las personas en situación de exclusión, aplicando criterios de baja exigencia en el acceso y en la utilización de los mismos; y renunciar a la idea de que toda intervención ha de ser necesariamente escalonada y lineal, y que el acceso a soluciones residenciales independientes sólo tiene sentido como culminación de un proceso previo de inclusión.

8. Apoyos para la calidad de vida.

La mayor parte de los elementos que se han señalado hasta ahora están presentes en el modelo de apoyos, autodeterminación y calidad de vida desarrollado en el ámbito de la discapacidad. La traslación de este modelo al ámbito de los servicios para la inclusión tiene, al menos, dos implicaciones:

La calidad de vida –tal y como la experimentan y definen las personas atendidas− se constituye como regla de oro de la intervención, en paralelo al objetivo de inclusión social. Si bien es cierto que no siempre pueden aplicarse a los servicios para la inclusión social las mismas bases conceptuales que se aplican en el ámbito de la discapacidad, el objetivo de la calidad de vida requiere un protagonismo mayor del que hasta ahora se le ha dado.

Por otra parte, el modelo de apoyos –estrechamente vinculado a la individualización de la atención− implica un cambio en la forma de concebir la intervención de los profesionales, cuya labor ha de centrarse preferentemente en la provisión de apoyos para la mejora de la calidad de vida y para la inclusión social de las personas atendidas.

9. Coordinación interinstitucional y continuidad de la atención.

Un modelo innovador y de calidad en el ámbito de la inclusión social debe articularse de forma que se garantice la continuidad de la atención y la coordinación de todos los agentes que intervienen, desde distintos ámbitos, con un mismo caso, a partir de un modelo de coordinación centrada en la persona.

10. Participación, ciudadanía activa y coproducción.

Cualquier modelo eficaz de trabajo en el ámbito de la inclusión social debe basarse en la participación de las personas, tanto en la definición de su proceso de inclusión, como en la gestión de los centros y recursos en los que participan. En ese sentido, no cabe duda de que implicación personal y participación social son mecanismos interrelacionados cuyo efecto mejora las posibilidades de autonomía personal e integración relacional.

El reto se centra en la búsqueda de herramientas que permitan empoderar a las personas en situación de exclusión social, capacitarlas, para generar y utilizar conocimientos de manera activa y eficaz de forma que puedan superar la barrera que les impide participar activamente en la sociedad, tomar el control de sus propias vidas y, en definitiva, convertirse en ciudadanos y ciudadanas autónomas.

11. Implicación de las entidades en la comunidad.

El trabajo de las entidades que prestan servicios para la inclusión social sólo puede resultar plenamente efectivo si estas entidades están presentes en el tejido social de los territorios en los que operan; si son capaces de participar activamente en las redes comunitarias y de influir en el debate público sobre la exclusión y la desigualdad, haciendo visibles las necesidades de estas personas y su derecho a recibir los apoyos que precisan para la inclusión.

12. Práctica basada en la evidencia y evaluación continua.

Cualquier modelo eficaz de intervención en el ámbito de la exclusión social debe estar basado en la evidencia científica y debe recurrir a intervenciones, prácticas, programas o enfoques cuya efectividad haya sido demostrada. Para ello cabe recurrir a las herramientas que tradicionalmente se han asociado al paradigma de la práctica basada en la evidencia –como los diseños experimentales o las revisiones sistemáticas de la literatura científica− sin olvidar, en cualquier caso, la necesidad de integrar en estas investigaciones y evaluaciones la voz de todos los agentes (incluyendo profesionales y usuarios).

Administración, Derechos humanos, Empleo, Inclusión, Innovación social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas sin hogar, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector
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¿Sobrevivir al cáncer para malvivir, Ministra?

1 de febrero de 2018 a las 0:44

¡Fuera del Hospital, Búsquense la vida!

Este es el mensaje que perciben muchas personas al recibir el alta hospitalaria.

Si hay algo frustrante para muchas profesionales de servicios sociales en administraciones y organizaciones sin ánimo de lucro, es la  coordinación en el espacio sociosanitario.

Décadas sin apenas éxito intentando conseguir una coordinación vital para la protección social y sanitaria. No hay forma de que las administraciones se pongan a definirlo, planificarlo, dotarlo y evaluarlo. Y no será por referentes positivos en el ámbito de la salud mental por ejemplo o intentos necesarios como en Navarra

El resultado es que a muchas personas se les salva la vida en el hospital pero luego se las deja a su suerte cuando les dan el alta: con dependencia, sin hogar, con daño cerebral adquirido... enfermas de cáncer.

En la lucha médica contra el cáncer hay buenas noticias. Se estima que en España hay 1.500.000 supervivientes y más de 100.000 personas le ganan cada año la batalla. La tasa de curación a los cinco años de un tumor de mama es superior al 85%, una cifra que invita al optimismo para los 26.000 nuevos casos diagnosticados cada año.

Las malas noticias empiezan al recibir el alta médica

El cáncer es una enfermedad que va más allá de la problemática médica y afecta al trabajo, economía, recursos, relaciones familiares y sociales del enfermo, etc. En muchas ocasiones las consecuencias económicas de la enfermedad pueden ser tan o igual de graves que el proceso de salud o sus secuelas. La lucha personal y familiar debería ser por volver a vivir, pero muchas personas están obligadas a luchar para sobrevivir, a defender sus y nuestros derechos en tribunales y medios de comunicación, a denunciar el trato kafkiano al que los responsables de nuestro estado social las condenan.

Los médicos están intentando curarme, pero la Administración me va a matar de hambre“. Así empieza en Change.org la petición Cambien la ley y protejan a los enfermos de cáncer que Beatriz Figueroa (@BeaMFigueroa), una de estas personas que no se rinden, dirigió a los grupos parlamentarios del Congreso.

Más de 650.000 firmar exigen modificar la Ley General de Seguridad Social para garantizar una protección suficiente y seguridad económica y jurídica a las personas mientras sufren las secuelas del cáncer. En especial ante la brutal indefensión socioeconómica a quienes se les diagnostica la enfermedad mientras perciben la prestación por desempleo.

Pueden firmar aquí y escuchen a Beatriz, Magdalena Martínez, Beatriz Rouco y Mercedes Valverde. Su historia podría ser la de cualquiera de nosotros.

Crueldad institucional con personas civilmente muertas

Alguien debía de haber calumniado a Josef K., porque, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana”

Así empieza El proceso, la obra maestra de Franz Kafza. No he dejado de acordarme de esta novela mientras leía toda la información que me ha mandado Beatriz pidiendo que difundiera esta injusticia y su lucha aprovechando que el 4 de febrero será el Día Mundial contra el cáncer. Ya lamento no ser periodista para escribir como debería su historia.

Pongámonos en el lugar de cualquiera de personas como las que aparecen en el vídeo. Lo cuenta Beatriz: “Después de diagnosticarme en marzo del 2011 me operaron en mayo y estaba recibiendo quimio en septiembre cuando recibí la resolución de que cobraría 426€ y además tendría que abonar el 40% de mis muchos medicamentos. Lo que menos me importó a partir de esa fecha fueron las vomitonas, la bajada de defensas, que el cuerpo me dolía como si me estuviesen torturando, ni siquiera que en mayo me tendrían que extirpar el otro pecho. Vivir y salvarme pasó a un segundo plano, lo importante era como iba apagar mi hipoteca, suministros y comer hasta ese momento“.

SERGAS (Servizo Galego de Saúde) INEM (Instituto Nacional de Empleo, ahora SEPE Servicio Público de Empleo Estatal), INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

En la web La vida no sigue igual se detalla el viacrucis de denuncias, huelgas de hambre, desprecio institucional y exclusión social a las que la Administración condena a miles de mujeres supervivientes al cáncer de mama: “Estamos en tierra de nadie y civilmente muertas sin derechos”.

Los datos son demoledores. Un estudio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,de Barcelona estimó que el 87% de las mujeres que trabajaban dejaron su puesto al ser diagnosticadas, el 46% de las que se encontraban en edad laboral no ha vuelto a trabajar tras superar la enfermedad y el 61% aseguraba que tenía que ver con el cáncer que habían padecido. 25.000 personas con cáncer se encuentran cada año en riesgo de exclusión social, el 27,7 % del total de diagnósticos (Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer)

Excma. Sra. Ministra Dolors Montserrat: ¿Está usted ahí?

Así comenzaba la carta que en febrero de 2017 se dirigió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reclamando la modificación de la Ley General de Seguridad Social para solucionar este problema (y de paso el de muchas personas con discapacidad y sus familias obligadas también al copago farmacéutico). Explicando como hacerlo y con el aval de la Defensora del Pueblo, la Valedora do Pobo de Galicia, decenas de diputadas y diputados del Congreso y más de 600.000 firmas.

El silencio y la inacción de la ministra sigue. Parece más entretenida en tertulias televisivas sobre independencias y patrias que en solucionar un problema que afecta a miles de españolas. Con su Secretario de Estado, José Castrodeza, si que hubo reunión pero de su compromiso de participación no se sabe tampoco nada. Como se dice en la carta: “…Creí entender que “Estado social” es aquél que se obliga a sí mismo, por medio de la ley, a proteger y a promover la justicia social y el bienestar de todos sus ciudadanos. Ahora he comprendido que en este país, esa definición es pura retórica. La cruel realidad que sufrimos los enfermos oncológicos mientras nos recuperamos de esta grave dolencia es una injusticia social.

El cáncer no es de color rosa

En muchas personas que han padecido cáncer hay una cierta desconfianza a las campañas que utilizan el lazo rosa como un mero símbolo de optimismo. Temen que sea artificial y que oculte el maltrato de la administración o el sentimiento de ira, indignación o frustración que provoca su falta de actuación.

Sin ningún ánimo de criticar a organizaciones como la Asociación Española contra el Cancer (AECC) ni por supuesto a las miles y miles de personas voluntarias que de forma admirable luchan contra esta enfermedad y se solidarizan con las enfermas, pero conviene reflexionar sobre el peligro de que instituciones públicas o partidos políticos intenten almibarar el cáncer, movilizándose aparentemente por los más gratificantes antes y después (prevención y tratamiento) pero evitando actuar de forma decisiva en un después asociado a las más incorrectas políticamente pobreza o exclusión por carecer de protección social, económica y laboral.

Lo explica Beatriz en Cuando baja la marea (rosa): “Es para mi imposible olvidar el lazo rosa que lucían en su solapa políticos que nos representan en el Congreso. Los mismos diputados de las Comisiones de Sanidad y Empleo y Seguridad Social que no contestaron al correo hablándoles de esas mujeres que se sienten desahuciadas después de sobrevivir a un cáncer de mama. Con su falta de respuesta, esos políticos deslucieron su gesto de ponerse un lazo rosa porque ignoraron a más 640.000 ciudadanos que firmaron para un cambio de ley de la Seguridad Social.

Administración, Campañas, Heroes cotidianos, Incidencia, Personas, Pobreza, Salud, Servicios sociales, Voluntariado
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Nos siguen echando. Y no nos dejan votar

18 de diciembre de 2017 a las 22:23

Pasado mañana habrá elecciones en Cataluña. Paradójicamente, aunque el tema del “derecho a decidir” sea una de sus claves, se impedirá de nuevo ejercer su derecho al voto a miles de ciudadanas residentes en el extranjero, como ya ocurrió en las anteriores elecciones generales.

Migración y democracia parece que siguen sin tener sentido en la misma frase. Se dificulta el voto a inmigrantes tan españolas como yo. Y a las emigrantes que siguen gritando “No nos vamos. Nos echáis“. Muchas de ellas llevan años luchando con rigor e ingenio por su derecho al voto agrupadas en la Marea Granate. En las pasadas elecciones generales, 3.549 personas participamos en su campaña #Rescatamivoto.

Hoy cedo el blog a la Marea Granate para que les cuenten la historia del voto exterior imposible y su lucha para recuperar ese derecho.

Manifestación Marea Granate París

La historia del voto exterior imposible y la lucha granate para recuperar ese derecho

Érase una vez en 2011, el Partido Socialista, con apoyo del Partido Popular y CiU, modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LO 2/2011) e instauró el ruego del voto, según el cual las personas residentes en el extranjero, bien inscritas en el censo de residentes ausentes (CERA) o en el de temporales (ERTA), cada vez que se convocasen elecciones estarían obligadas a rogar su derecho al sufragio universal.

Para ello, las ciudadanas tenían que desplazarse hasta su embajada u oficina consular más cercana y hacer unos trámites burocráticos que solo se podían hacer presencialmente y en horario laboral, sin importar que vivieran a muchísimos kilómetros de allí. Solo quien realizara todos los trámites a tiempo y dentro de los plazos establecidos, que no son muy holgados, recibiría en su domicilio las papeletas electorales y podría ejercer así su derecho a participar en las elecciones.

Desde entonces y hasta ahora, votar desde el extranjero ha sido una carrera de obstáculos, una pesadilla y un gasto de dinero y energía para las personas residentes en el exterior. Tan solo un dato: en las elecciones generales de 2011, pudo ejercer su derecho al voto solamente un 4,95% de las personas inscritas en el CERA, es decir, 73.361 votantes, mientras que cuatro años antes, en 2008, habían participado un 31,74% de las inscritas en este mismo registro, o sea 382.568 votantes.

Luchar contra este drástico descenso de la participación electoral exterior ha sido una de las primeras reivindicaciones de Marea Granate, colectivo que denuncia y combate las causas de la crisis económica y social dentro Estado español, que han obligado a millones de personas de todas las edades a buscarse el futuro en el extranjero.

Nos siguen echando

Y es que, por mucho que se hable de recuperación económica, nos seguimos yendo o, mejor dicho, nos siguen echando. Según los datos del INE, desde el inicio de la crisis, la cifra de migrantes ha aumentado casi un millón de personas (de 1.471.291 inscritas en enero de 2009 a 2.406.611, en enero de 2017). Sin embargo, la cifra de participación del voto exterior se mantiene por debajo del 10% de las personas inscritas (en las pasadas elecciones de junio de 2016, logró votar tan solo un 6,3% del CERA, es decir, 121.000 personas de un censo de 1.924.021 millones en aquel momento)

Facilitar el voto a la diáspora ha sido una de las principales luchas de Marea Granate, que en sus cuatro años de vida, no ha dejado de ayudar al electorado residente en el extranjero, con tareas de asesoría, difusión de información y ayuda con los trámites burocráticos.

Concretamente, Marea Granate ha hecho la labor que la administración no ha querido hacer, bien sea por falta de menos o desidia, y ha llevado adelante iniciativas tan sonadas como la de “Rescata mi voto” que en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 lograron rescatar 3.549 votos y se quedaron 13.377 esperando a ser rescatados.

Y nuestras reivindicaciones llegaron al Congreso

El colofón de estos cuatro años de lucha fue el pasado miércoles 13 de diciembre, cuando el Grupo de Voto de Marea Granate fue invitado a presentar sus propuestas de reforma de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) ante la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de examinar dicha Ley. De este modo, una portavoz del grupo de voto, pudo compartir con los representantes de distintos partidos políticos (PSOE, PP, UP y Ciudadanos) los resultados del extenso informe sobre el voto exterior que Marea Granate acaba de publicar y en el que llevaba trabajando desde principios de año.

En este informe se recogen las reivindicaciones de Marea Granate para lograr una reforma garantista de la Ley Electoral que devuelva el derecho al voto a la población residente en el exterior. Los principales puntos del informe son los siguientes:

  • Derogación inmediata del voto rogado que, desde su instauración, ha producido el descenso drástico del voto emigrante, ya aludido, llegando a registrar caídas de hasta el 85% en los diferentes comicios.
  • Mejora del sistema de inscripción consular. Se propone un procedimiento de registro simplificado y que sea posible la inscripción a distancia, para acabar con una de las barreras más importantes en el proceso de voto exterior: la lejanía de los consulados del lugar de residencia y sus restringidos horarios.
  • Ampliación de los plazos de envío electoral, insuficientes para que la documentación electoral llegue a tiempo a los consulados y a las Juntas Electorales Provinciales. Según datos recogidos por Marea Granate, entre un 35 y un 50% de las personas residentes en el exterior no pudieron votar en los comicios de 2014, 2015 y 2016, simplemente porque las papeletas no llegaron a tiempo.
  • Mejora de la información electoral a la ciudadanía en el exterior y dotación de medios (económicos, humanos y tecnológicos) adecuados a las administraciones implicadas. A pesar de que el censo exterior sigue aumentando, las dotaciones destinadas a los servicios consulares han sufrido numerosos recortes: no solo no se han aportado recursos extra, sino que han cerrado consulados importantes, como el de Manchester en 2012.
  • Reforma del sistema de voto y creación de alternativas al voto por correo. Considerando que el voto electrónico no supondría ninguna solución a las dificultades para votar desde el extranjero, ya que es un sistema vulnerable, inseguro, caro e innecesario, que supone una pérdida de auditabilidad del proceso electoral por parte de la ciudadanía y las autoridades; Marea Granate propone que las personas residentes en el extranjero puedan descargar online la documentación electoral (para que no haya que esperar a que llegue por correo) y que luego puedan elegir en qué modalidad votar: por correo, en urna consular o por delegación (en la que el elector señala a una persona apoderada con capacidad para deposita el voto en su nombre, como ya se hace en Francia, Reino Unido o Bélgica)
  • Por último, y teniendo en cuenta que la migración española ya es, por número de habitantes, la “tercera provincia” del Estado (sobrepasada solo por Madrid y Barcelona) Marea Granate ha insistido en la necesidad de crear una circunscripción electoral exterior, como la que existe en los sistemas electorales francés, italiano o portugués, con un número de escaños en función de la población que reside en el exterior, de manera que pueda elegir a sus representantes parlamentarios y sus intereses se vean representados en ambas cámaras.

Queda mucho por hacer y mucho por luchar hasta que la participación electoral desde el extranjero vuelva a ser como la de antes de la reforma de la LOREG, y también queda mucho por hacer para que la ciudadanía vuelva a gozar de un estado del bienestar pleno.

Marea Granate seguirá luchando por la justicia social, y para que se devuelvan a la comunidad migrante derechos que le han sido robados, no sólo el voto, sino también la asistencia sanitaria gratuita, el derecho de nacionalidad española para descendientes de quienes tuvieron que exiliarse por la Guerra Civil y el derecho a cobrar una pensión tras haber trabajado en distintos países.

@MareaGranate

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Nuestros niños son el futuro y otras tonterías sobre la pobreza infantil

20 de noviembre de 2017 a las 23:04

Entre las niñas y niños se da un fenómeno curioso llamado “sesgo de optimismo vital”. La divergencia entre su situación objetiva de pobreza y la valoración subjetiva que hacen de su calidad de vida. En el estudio “La infancia en vulnerabilidad social” de Cruz Roja, el 86% de los menores participantes con diferentes situaciones carenciales se manifestaron satisfechos con lo que tenían.

La ilusión y la inocencia desaparecerán pronto. De continuar con la pasividad, el 80% de la infancia que hoy se encuentra en la pobreza está condenada a sufrirla el resto de su vida Y también sus hijos y hijas. Y sus nietos. Se llama transmisión intergeneracional de la pobreza.

Las niñas y niños son nuestro presente, olvidemos ya la frase vacía de que son nuestro futuro.

La primera reclamación es darles voz, fomentar su participación activa en la defensa de sus derechos, reducir la llamada exclusión política. Y dársela también a sus padres y madres. En las redes sociales, medios de comunicación o con su voto.

¡Quiéreme, Escáchame y Entiéndeme!. Santo Domingo (Rep. Dominicana) Foto: Roberto Guzman

¿Niños y niñas pobres en familias ricas?

Está de moda difuminar el drástico aumento de pobreza y la desigualdad poniéndole todo tipo de apellidos, entre ellos los de infantil o juvenil. Habría que hablar primero de pobreza, en todo caso familiar.

En 2015, 118,7 millones de europeos, el 23,7% de la población, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). El 26.9% de los menores europeos entre 0 y 17 años .

En España, donde según la Comisión Europea “la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue creciendo” un 27,9% de la población se encontraba en el 2016 en riesgo de pobreza (12.964.600 personas). Un riesgo que se dispara hasta el 54% cuando hablamos de alguna de las 1.754.000 familias monoparentales en las que un adulto (en un 82% de los casos una mujer) es el único responsable de los hijos.

Si quieren profundizar en todos estos datos, o en los de su comunidad, consulten la web “Estado de Pobreza 2017

Blasfemando contra la “teología” del empleo

Acabemos con dos dogmas políticos: ni la recuperación económica permite salir de la pobreza ni la mejor política social es el empleo: la pobreza ya alcanza a un 14,1% de las personas con un empleo y la intensidad laboral (hogares en los que sus miembros trabajan menos del 20% de su tiempo disponible) apenas disminuyó del 13,8% al 13,6% entre 2015 y 2016.

De prioridad política nada.  Ensañándose con la infancia y la juventud.

Así se le niega el futuro a un país. En el 2015, el 34.4% de los menores de 18 años se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión en España, en quinto lugar europeo. Si tenemos en cuenta la pobreza anclada en el 2008 y según UNICEF ya sería el tercer país europeo con mayor pobreza infantil, tras Rumanía y Grecia.

E irán la peor en la juventud. El 38,2% de las chicos y chicas españoles entre 16 y 29 años están en riesgo de pobreza.

Pero el escaso interés político se percibe a la perfección cuando hablamos de pobreza severa, en la que España tiene la medalla de plata europea por detrás de Rumanía. 1.388.474 niñas y niños (el 16,7%) viven en hogares con ingresos inferiores a 334 euros al mes. Si se pusieran en fila a peregrinar a Santiago tendrían que salir desde Marsella.

¡La pobreza de niños y niñas no es culpa de sus padres!

Las razones de la escasa eficiencia de los sistemas y programas de política social, incluídas las de infancia, son conocidas: escaso compromiso político en presupuestos y planificación a medio y largo plazo, descoordinación entre las administraciones implicadas y con las organizaciones sin ánimo de lucro especializadas y un enfoque asistencialista dirigido a paliar la emergencia pero no a solucionar causas.

Invertimos muy poco en niños y niñas. Y no preocupa mucho saber cuanto. La inversión en infancia no es un capricho ni una política menor de la que prescindir cuando las cuentas están mal. Las elevadas tasas de pobreza tienen como causa principal a incapacidad del sistema redistributivo español de reducir la desigualdad en épocas de bonanza y para acentuarla en períodos de crisis.

¿Compromiso con la infancia? En España no

España dedica un 1.3% de su PIB total, frente a la media europea del 2.3%(no se pierdan el portal Infancia en datos) Dinamarca,por ejemplo, con una inversión del 3,7% de su PIB tiene una tasa de pobreza infantil del 9,2% .

Según UNICEF, en 2007, la inversión pública en España fue de 5158 € por niño/niña. En 2013, bajó hasta los 4514€.

Lejos de la creciente tentación política de enfrentar colectivos, es un ejemplo positivo la defensa de los derechos sociales, políticas, pensiones y presupuestos para las personas mayores de 65 años, que en absoluto se ha seguido en la protección de la infancia. Y que explica tasas de pobreza infantil y juvenil que duplican las de los mayores de manera record en el entorno europeo.

Foto: Constanza Morales

La lacra del corto plazo se erradica con compromisos y coordinación

Si estamos ante una emergencia social, debería ser afrontada inmediata y rotundamente ¿no?… Pues no.

Uno de los aspectos que mas deprime a organizaciones y personas que trabajan contra la causas de la pobreza es su normalización política, como si se tratara de un hecho casi natural e irremediable. Se venden así como éxito míseras mejoras en las cifras o medidas puntuales y cortoplacistas de asegurado escaso impacto. Quienes trabajan en contacto directo con las personas en pobreza tienen que asistir o paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre instituciones.

Si hablamos con honestidad de invertir (que no gastar) en infancia, hay que repensar por ejemplo si todas y cada una de las inversiones en obras públicas son más prioritarias.

Tras varios años de crisis, resulta contraproducente y un fracaso político impulsar medidas de emergencia en vez de procesos integrales de inclusión. La apuesta por políticas y medidas asistencialistas o el chantaje emocional con el sufrimiento de niños y niñas, además de un abuso de la buena fe y la solidaridad de miles de personas, refuerza la culpabilización de las personas e impide su empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

¿Cuantos ayuntamientos se verán “obligados” o hasta presumirán de solidaridad por tener que abrir el próximo verano los comedores escolares ante la emergencia de la situación de niños y niñas? Tras un curso entero, otro mas, sin encontrar respuestas estables, inclusivas y respetuosas con la dignidad de las familias afectadas, no dice mucho de la competencia de las concejalías responsables.

Las estrategias y medidas a largo y medio plazo suelen ser sustituidas por un maremagnum de normativas, requisitos y medidas puntuales y aisladas. Esta extrema dispersión, además del sufrimiento innecesario en las personas, provoca una excesiva carga de trabajo y desánimo en muchas profesionales en administraciones y especialmente en las organizaciones de acción social obligadas a actuar de intermediarias.

Si de verdad fuera una prioridad política, entonces…

Lejos del discurso aporofóbico de culpar y hasta odiar a las personas en pobreza, la gravedad de la pobreza infantil es que son las personas adultas las encargadas de proporcionar un vínculo sano, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente sus condiciones emocionales y mentales para proporcionarlo, siendo este imprescindible para el desarrollo físico, mental y emocional de niños y niñas.

Si reducir drásticamente la pobreza severa en las familias y en la infancia es una prioridad YA (no “a ver si al final de la legislatura“), es obligado apostar por una Ley y un sistema estatal de Garantía de ingresos o rentas mínimas que permita una vida digna a todas las personas que lo necesitan, de manera prioritaria y urgente a todas aquellas personas con niños y niñas a cargo, simplificando y armonizando drásticamente su gestión administrativa.

Priorizar las personas y las familias, sobre todo las que tienen menores a cargo, supone dar apoyo específico a la infancia y la juventud como colectivos especialmente afectados, pero también contra la transmisión intergeneracional de la pobreza y el declive demográfico: prestaciones económicas, atención temprana (0 a 3 años), planes de apoyo a familias monoparentales, impulso a los programas de alquiler social o paralización de desahucios poniendo especial atención en las familias con menores, etc.

Se lo resume en apenas un minuto Joseba Zalakain. Y pueden ver a otros expertos como Jordi Longás, Guillermo Fernández, Kepa Larrañaga… y conocer mucho más en esta página ¿Cómo hacemos para que nuestras hijas y nietas no hereden la pobreza?

Es imprescindible defender la demanda de la Plataforma de Infancia y aumentar los ridículos presupuestos destinados a la infancia.

Aumentar el número de familias beneficiarias de la prestación por niño o niña a cargo para llegar a todas las que viven en situación de pobreza o aumentar su cuantía de 24.25€ a 100€ mensuales (con una bonificación del 50% para las familias monoparentales). Save The Children ha demostrado que se trata de uha medida viable, que haría que 638.770 niños y niñas salieran de la pobreza en una legislatura. Y con un coste equivalente al 0,41% del PIB.

Unicef va más allá sugiriendo con valentía desde el 2014 que esta renta debería y podría ser universal.

Una educación inclusiva que impida heredar la pobreza

Entendiendo que es el principal factor para el desarrollo personal, la integración social, el combate contra los prejuicios o la defensa de derechos, la educación es un ambito de actuación imprescindible de muchas organizaciones del Tercer Sector y donde se encuentran muchos de los ejes citados, en especial el hercúleo trabajo de fomentar la coordinación entre educación, empleo y servicios sociales.

Huyendo como de la peste del viejuno modelo de escuela del siglo XIX para afrontar desigualdades del siglo XXI, una educación inclusiva y normalizada que erradique cualquier discriminación y fomente la cohesión social, defendiendo el derecho de toda niña o niño a acceder de manera igualitaria al servicio público de la educación, que le proporcione los instrumentos precisos para desarrollarse plenamente en aquellos aspectos que le facilitarán logros académicos y sociales y su posterior incorporación como miembro activo de la sociedad.

Una educación centrada en el ciclo vital de la persona y su entorno y no en las competencias de las consejerías: Atención temprana, educación básica, lucha contra el fracaso y el abandono escolar, formación para el empleo (antes, durante y después), educación no formal, etc.

Luchar contra la pobreza infantil es hacerlo en sus familias, con rentas mínimas dignas y ágiles, viviendas decentes y acompañamiento profesional en este proceso y en el de formación y búsqueda de empleo.

Sí por algo deben pelear las organizaciones de acción social es porque las personas aseguren su futuro y no la visita al siguiente mostrador

@xosecuns  

Artigo escrito junto a Sara Abella y publicado en la revista Tempos Novos con el título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Vivienda

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Una vida salvada merece ser vivida: 10 condiciones

26 de octubre de 2017 a las 10:17

 

El 26 de octubre es el Día del Daño Cerebral Adquirido (DCA).

Hace años, el responsable de la Federación Gallega de Daño Cerebral (FEGADACE), se preguntaba si las personas con esta discapacidad eran invisibles. Hoy creo que mucho menos y que tenemos la obligación de agradecérselo.

En el que para mí es un ejemplo de esfuerzo y comunicación social bien entendida, no se limitaron en estos dos años a conmovernos o buscar nuestra solidaridad, sino a intentar hacernos la vida mejor a los que no tenemos Daño Cerebral, quizá por poco tiempo. Son muchos los consejos sobre alimentación, seguridad viaria, envejecimiento activo o sobre como mejorar nuestra vida cotidiana que les debemos. Hace meses nos presentaban tres proyectos modélicos para empoderar a las personas.

Abruma el montón de actividades que están previstas para conmemorar este día en toda España y en Galicia. En Santiago de Compostela el 27 de octubre celebrarán la “Xornada sobre Daño Cerebral Adquirido“, premiando además a la periodista Maria Escario.

Gracias por recordarnos que una vida salvada merece ser vivida. Y gracias a Irene Cancelas, responsable de Comunicación de FEGADACE con quien hoy les dejo.

Convendría comenzar y terminar su artículo bailando con Oscar  ¿… O mejor no?

No, mejor acabar con el Rap de la ilusión y un lema que vale para muchos otros colectivos en riesgo de exclusión: “No sólo queremos demostrar lo que hacemos. Sino convencernos de todo lo que podemos

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Tiempo de reivindicación

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una discapacidad que se presenta de manera súbita en la vida de las personas. Puede estar provocada por una enfermedad (ictus -en la mayoría de los casos, tumor cerebral) o por un traumatismo craneoencefálico (causado por un accidente de tráfico, laboral, o un golpe o caída). Es una discapacidad de aparición relativamente reciente, en buena medida a causa de los avances científicos y del sistema sanitario, que posibilitan que la atención médica de urgencia salve vidas que, en muchos casos, tienen secuelas permanentes. Estas secuelas (de tipo motor, cognitivo, emocional, etc.) componen el daño cerebral adquirido.

Si bien la atención en los servicios de urgencias es satisfactoria, el sistema sociosanitario abandona a las personas con DCA una vez salen del hospital. La preocupación de las familias de estas personas que vuelven a casa con una discapacidad que antes no tenían es el hecho fundacional de las asociaciones que componen FEGADACE. La ayuda mutua, pero también la necesidad de recibir atención y rehabilitación especializada, impulsan las cinco entidades que componen FEGADACE.

Los cambios que se están produciendo por el recorte en prestaciones y servicios y por el riesgo de pérdida de derechos hacen que sea tiempo de reivindicación para las personas con daño cerebral.

Diez necesidades cruciales

1. Pensiones

Las personas con daño cerebral adquirido tienen una discapacidad que irrumpe en su vida en cualquier momento y a cualquier edad, con independencia del momento del ciclo vital en el que se encuentren. Sus carreras profesionales se ven paralizadas (a veces, en el caso de las personas más jóvenes, no tienen tiempo ni de comenzar), lo que limita su tiempo de cotización, dificultando el acceso a pensiones dignas. Es muy complicado que una persona con DCA pueda volver a su puesto de trabajo, por lo que se ve condenada a sobrevivir con la pensión que corresponde a su cotización en el momento del daño, independientemente de que su cuantía sea insuficiente.

2. Asistencia personal

Es un derecho básico para cualquier persona con discapacidad, y está directamente relacionada con el aspecto económico del punto 1. En la actualidad, en muchas familias, la persona cuidadora principal se ve en la obligación de abandonar su puesto de trabajo para asumir la labor de cuidados. Además de las repercusiones negativas que este hecho pode tener para la persona cuidadora -y que veremos más adelante-, el hecho de depender de la madre, del marido o de quién sea que asume el cuidado, afecta directamente a la dignidad de la persona en situación de dependencia.

Contar con un servicio de asistencia personal es la única manera de que una persona con discapacidad, daño cerebral en este caso, pueda tomar un control real y efectivo de su vida.

3. Rehabilitación interdisciplinar

El movimiento asociativo del daño cerebral lleva, desde sus albores, reclamando que se aplique su modelo (el mismo que recomienda el Imserso en su Modelo de atención a las personas con daño cerebral ) de rehabilitación interdisciplinar a las personas con daño cerebral adquirido. El DCA se divide en tres fases: aguda, subaguda y crónica. Nuestro sistema sanitario garantiza la atención en la primera de ellas (la hospitalización), pero cuenta con muy reducidos recursos en atención ambulatoria, cuando se produce el alta hospitalaria.

Unas horas de logopedia o de fisioterapia son insuficientes para una persona con daño cerebral que acaba de ser dada de alta del hospital. Por otra parte, los especialistas coinciden en señalar que los primeros seis meses tras el daño son cruciales para la recuperación funcional, y que es en ese intervalo de tiempo donde se debe trabajar, lo antes posible y con la mayor intensidad que se pueda, en la rehabilitación de la persona con DCA.

Rehabilitación en Alento. Foto: Rober Amado

4. Unidades de Daño Cerebral y figura del responsable clínico

El daño cerebral no cuenta con un departamento específico en los hospitales. En Galicia tenemos apenas una Unidad de Ictus en Santiago, que solo está especializada en una de las causas del daño cerebral y que resulta insuficiente para la totalidad de la población. Las personas con DCA son atendidas en diferentes unidades, como neurología, psiquiatría, o neurocirugía, lo que provoca confusión en las familias, ya de por sí desorientadas ante a llegada del daño y su desconocimiento del mismo. Por eso reclaman la figura del responsable clínico: un interlocutor único, estable y accesible, para cada persona con daño cerebral, que tenga a la familia informada durante toda la estancia hospitalaria.

5. Centros públicos

Las asociaciones de daño cerebral adquirido aspiran a desaparecer. La emergencia de la situación hace que busquen recursos, proporcionen servicios, contraten personal especializado y creen centros de atención a las personas con DCA con un modelo basado en la rehabilitación interdisciplinar y la inclusión social. Pero estos servicios deben ser públicos, gratuitos y universales. El alcance de las asociaciones miembro de FEGADACE es muy limitado: juntas suman 1.268 familias socias, cuando se estima que hay unas 35.000 personas con daño cerebral en Galicia. 420.000 en toda España.

Terapia canina en la ONG Alento. Foto: Lou Abril. El perro es de la Asociación Alma Canina

6. Atención psicológica

Las secuelas del daño cerebral adquirido son múltiples y variadas. Las más visibles son las físicas, pero es muy fácil encontrar secuelas de tipo cognitivo, conductual, emocional, o comunicativo. Todas ellas, combinadas con las dificultades de adaptación a la nueva vida, hacen que se requiera un apoyo externo para la adaptación a los cambios, para conseguir asumir la nueva situación, dejando el ancla en la “vida anterior” que tan complicado resulta abandonar.

7. Cuidado para las familias

El daño cerebral adquirido afecta a la persona, a su familia, y a todo su círculo social. Todo el entorno de la persona con DCA se tiene que adecuar a la nueva situación, lo que incluye, además de las adaptaciones físicas, un cambio en los roles. El apoyo psicológico es fundamental para acompañar a las familias en esa readaptación.

Esta situación, además, profundiza en la problemática de género, repercutiendo más negativamente en las mujeres, pues son ellas las que suelen asumir el cuidado de los familiares (parejas, hijos/as, padres/madres), que tienen que compaginar con su propia adaptación a la nueva vida y, en ocasiones, con el abandono del trabajo, con el consiguiente empobrecimiento económico. Una cotización digna en el caso de abandono del trabajo, o contar con asistencia personal, eliminarían esa sobrecarga de trabajo y estrés en las familias.

8. Accesibilidad universal

Las peculiaridades del DCA como discapacidad, y la heterogeneidad de sus manifestaciones, hacen que las necesidades en materia de accesibilidad sean muchas y diferentes. En este punto volvemos a la figura del asistente personal, y también de la persona acompañante, que en algunos casos pueden ser necesarias. Una persona con daño cerebral puede no necesitar un transporte adaptado para desplazarse, pero sí mecanismos que le ayuden a recordar cuál es su parada de autobús o a dónde se dirige.

9. Inclusión social

Familias FEDACE. Grazas!!!

Las personas con DCA reclaman un respeto efectivo por su inclusión social, siempre que esta sea posible (no suele serlo en los casos de personas en coma, con el síndrome de vigilia sin respuesta y estado de mínima conciencia). La discapacidad provocada por el daño limita algunas capacidades, pero también preserva -o incluso desarrolla- otras. Desde instancias públicas se debe favorecer el acceso a los derechos a la educación, al trabajo y al disfrute del ocio a través de medidas efectivas que los garanticen.

10. No más recortes

Los recortes atacan los efectos igualadores de nuestro débil sistema de bienestar, cebándose con las personas que están en una situación de mayor indefensión. La tabla de reivindicaciones se cierra volviendo al inicio: el problema económico. Las personas que disponen de menos recursos son las más sometidas a copagos y demás gastos de tipo sanitario, ortopédico, etcétera, además de sentir, igual que el resto de la población, la pérdida de poder adquisitivo, la subida del IVA, y demás factores empobrecedores.

 @fegadacegalicia

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Nota. Entrada actualizada, original publicada 21.10.2014

Incidencia, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Personas con Discapacidad, Salud, Servicios sociales, Tercer Sector
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Las personas no son culpables de su pobreza. Lo dice mi Parlamento

23 de octubre de 2017 a las 1:18

El 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Permítanme ser algo optimista.

Miren estos gráficos con lo que ha aumentado la esperanza de vida o disminuido la mortalidad infantil en el último siglo. Son posibles porque miles de personas se empeñaron en luchar por ello. Como respondía Xavier en uno de los comentarios del artículo ¿Sirve de algo luchar contra la pobreza?:  “Claro que sirve (…) porque no podemos contemplar la trayectoria de los avances de la Humanidad desde la dimensión ridícula de una vida humana, por mucho que se haya alargado, hay que verlo en perspectiva algo mayor y, con esa perspectiva, yo creo que vamos ganando

Optimismo para mi, pero no para las 1.400 millones de personas que siguen en pobreza extrema. Ni en España para las 12.989.405 personas, el 27,9% de la población, seguía en 2016 en riesgo de pobreza o exclusión, apenas 345.000 menos que el año anterior.

Si quieren saber más de la pobreza en España o en su comunidad, les recomiendo que consulten El Estado de la Pobreza. España 2017, el detallado informe de EAPN España. Y si quieren hacer algo ahora mismo. Firmen contra la desigualdad obscena, la campaña internacional que en España impulsan centenares de organizaciones a través de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

Las personas non son culpables de su pobreza. No lo son las niñas y niños ni sus madres y padres. Nadie es inútil ni culpable de su sufrimiento

Donde no cabe el mínimo optimismo es por el aumento del odio y los prejuicios sobre las personas más vulnerables. Hace unos meses se lo mostraba y les proponía algunos antivirus en Si las tolerantes no se callaran.. En el Parlamento de Galicia, y por unanimidad, no se han callado.

Hoy tengo el orgullo de dejarles la Declaración Institucional contra el odio y la intolerancia que han asumido todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia (Partido Popular, En Marea, PSdeG-PSOE y BNG) a propuesta de EAPN Galicia-Rede Galega contra la Pobreza.

Léanla, por favor. Llámenme iluso si quieren, sean todo lo excépticos que quieran. Pero con toda la patética situación política a la que estamos asistiendo y para quienes creemos que la única patria que vale la pena es la de los olvidados, me ha ilusionado la actitud abierta al dialogo y la voluntad de llegar a acuerdo de los partidos presentes en mi Parlamento.

Ahora a cumplirlo. Pero por ahora si me representan. Muchas gracias

Declaración institucional del Parlamento de Galicia con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Parlamento de Galicia y las diputadas y diputados que representamos a la ciudadanía gallega, queremos reiterar nuestro compromiso unánime del año 2010 y recordar de nuevo la necesidad urgente de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza extrema en la que aún hoy malviven mas de 1.400 millones de personas. Queremos también reconocer el esfuerzo y sentir de los gallegos y gallegas que defendiendo los derechos humanos se esfuerzan por conseguir un mundo mas justo y luchan contra la desigualdad.

El crecimiento y la recuperación económica, aunque está permitiendo recuperar algunas de las políticas y presupuestos de inclusión social o empleo, no será efectivo mientras no garantice de manera estable su derecho a una vida digna a todas y cada una de las gallegas y gallegos que en el 2016 estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 25,4% de la población.

Queremos reconocer el esfuerzo y solidaridad de gran parte de la población gallega en los peores años de la crisis económica: familias, vecinas y vecinos y en especial nuestras personas mayores. Sabemos de su debilidad y de las serias dificultades que tendrían para afrontar otra crisis.

Somos conscientes del deber de seguir avanzando en nuestro modelo social en el que no se permita dejar a nadie al margen, y en el que desde los poderes públicos se garantizan los derechos constitucionales y la inclusión social.

En especial es urgente y vital para el futuro de Galicia evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Hay que seguir luchando para evitar que el 80% de las niñas y niños que hoy viven en familias en la pobreza estén condenados a sufrirla el resto de su vida, así como sus hijas y hijos.

Las propias personas en riesgo de pobreza y bajo lemas como “Las personas primero” o “Somos personas, no expedientes”, resumen sus demandas en tres principios: Luchar contra las causas de la pobreza y la desigualdad, muy lejos del asistencialismo y asegurando la igualdad de derechos y una inclusión social activa basada en la garantía de ingresos (mediante lo empleo o rentas mínimas ágiles). Compromiso en presupuestos y planificación a medio y largo plazo. Y una coordinación política y técnica entre las administraciones y con las organizaciones especializadas que reduzca drásticamente la burocracia.

Conmemoramos este día cuándo asistimos a una creciente evolución de los prejuicios, estereotipos, intolerancia y hasta desprecio a las personas en riesgo de pobreza o exclusión.

Los delitos de odio en España se han incrementado casi en un 93% desde el 2011 hasta el 2015. En las redes sociales sólo entre 2015 y 2016 los delitos de odio crecieron en un 82% según la Fiscalía General del Estado.

Fenómenos como el racismo, la xenofobia y la aporofobia (odio a las personas en pobreza) son especialmente incidentes. En este último caso, una de cada cinco personas sin hogar ha sido agredida físicamente al menos una vez, y una de cada tres fue insultada o vejada.

Las personas no son culpables de su pobreza. No lo son las niñas y niños ni sus madres y padres.

Tampoco lo son de su exclusión las personas con discapacidad, migrantes, refugiadas o de la comunidad gitana, las chicas y chicos tutelados o las privadas de libertad.

Nadie es culpable de su sufrimiento. No lo son las mujeres víctimas de violencia de género. Ni cualquier persona por su orientación o identidad sexual.

No existen las religiones que defiendan el terrorismo o la violencia.

Ninguna persona es inútil. Sea joven, desempleada, jubilada o sin hogar.

Las personas que sufren y denunciaron estas y otras muchas mentiras en el último Seminario Gallego de Participación y Ciudadanía Inclusiva o las que afirmaron que “el más peligroso de los perjuicios es cuando ti mismo los crees no están solas.

Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, poniendo en marcha las medidas necesarias para reducir las desigualdades sociales, combatir la discriminación y favorecer el respeto, la tolerancia y la participación activa de todas las personas.

Tenemos también el compromiso de difundir y poner el foco en las experiencias positivas, y en los ejemplos de armonía y convivencia normalizada, que son la mayoría, evitando la difusión de una visión sesgada y no real de las personas que viven situaciones de exclusión social.

En este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza queremos hacer un llamamiento para no caer en la ignorancia de los perjuicios, y dar un paso hacia inclusión urgente de las personas que no se encuentran en igualdad de condiciones para la consecución de una vida digna.

Texto original Declaración Institucional

Administración, Adultos mayores, Campañas, Comunidad gitana, Derechos humanos, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas drogodependientes, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Pobreza, Tercer Sector, Tolerancia
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Recuerda quien soy: Defendiendo la dignidad de las personas con Alzheimer

20 de septiembre de 2017 a las 13:12

El 21 de septiembre es el Día Mundial del AlzheimerUna ocasión ideal para reflexionar un poco sobre esta enfermedad que transforma profundamente la vida de a quien le toca pero también la oportunidad de agradecer su esfuerzo a las miles de familias y a las asociaciones que están peleando por las personas que quieren pero también para que todos nosotros tengamos una vejez feliz.

Para resolver dudas y sobre todo sumarnos a sus demandas y marcarle el paso al Alzheimer, les dejo con Javier Hermida, coordinador de la Federación Alzheimer Galicia.

Gracias Javier

ALZHEIMER: UNA PRIORIDAD PÚBLICA

En el último siglo se ha duplicado la esperanza de vida en nuestro país, y prueba de ello es que a día de hoy la gallega es de las sociedades con mayor esperanza de vida del mundo.

Esto, que es sin lugar a duda un éxito del que tenemos que sentirnos orgullosos, es el resultado de la combinación de diferentes acciones que ofrecen a la población muchas oportunidades de afrontar el proceso de envejecimiento desde una perspectiva muy positiva: avances en medicina, un sistema sanitario de alta calidad, mejora de los sistemas educativos y protección económica en la jubilación, pensiones, etcétera.

Como es lógico, este proceso abre nuevas incógnitas ante el futuro con la aparición de nuevas problemáticas asociadas al proceso de envejecimiento de la que quizás sea la más representativa la que nos ofrecen las enfermedades neurodegenerativas, entre las que sobresale el alzhéimer o enfermedad de Alzheimer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2012 un informe en el que hacía un llamamiento a los estados a asumir las demencias como una cuestión de prioridad pública, dando así difusión a los que se venía llamando desde hacía años la plaga del siglo XXI.

¿Qué es una demencia?

La demencia es una disminución de la capacidad intelectual. Por lo general, esta disminución va acompañada de cambios psicológicos y de comportamiento y da lugar a una alteración de las capacidades sociales y laborales de quien la padece.

La demencia no es una enfermedad en concreto sino un conjunto de síntomas relacionados con una disminución de las capacidades mentales (memoria, lenguaje, juicio, cálculo, abstracción, capacidades visoespaciales, emotividad y características de la personalidad). Por todo ello, podemos decir que la demencia es un “síndrome” (conjunto de síntomas y de signos).

¿Y el alzheimer?

Una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se manifiesta con un deterioro cognitivo y trastornos de la conducta. Afecta principalmente a la memoria, al pensamiento, al carácter y a la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.

El alzheimer comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas de demencia, y como en todas las enfermedades, la detección precoz es fundamental porque no sólo es mejor para cualquier tratamiento sino que permite a la persona que la padece tomar las riendas de su vida con mayor perspectiva y tiempo. Un dato interesante indica que una detección precoz podría ahorrar a los sistemas sanitario y de política social hasta un 45% de lo que se invierte a posteriori en la atención a las personas con demencia en fase moderada o severa.

Recorda quen son. Marcha 2017 Alzheimer Galicia

¿Una enfermedad con dos pacientes?

Es por tanto una enfermedad discapacitante y que produce una dependencia absoluta a largo plazo, necesitando control las 24 horas del día, tarea que suele recaer sobre la familia y especialmente sobre algún miembro concreto, comúnmente conocido como cuidador principal, que en la mayoría de los casos suele ser o el cónyuge o una hija.

Por todo ello se conoce a esta enfermedad como la enfermedad de los dos pacientes, porque acaban quemando a la persona cuidadora que sufre depresión, aislamiento social, enfermedades derivadas del cuidados del familiar, sentimiento de culpa, etc.

Se estima que, de media, los cuidados de una persona con alzhéimer tienen un coste anual de 30.000€ divididos entre los que asume la familia y los que pone la administración a través de los tratamientos clínicos y los programas de prevención de la dependencia.

¿De cuantas personas estamos hablando?

La Organización Mundial de la Salud estimó en 2012 que había aproximadamente 40.000.000 de personas con una demencia en el mundo. En España se estiman en 810.000 pacientes. En Galicia, a falta de estadísticas oficiales y de estudios epidemiológicos, podemos estimar que hay entre 70.000 y 100.000 casos de los que el 70% son alzheimer. Recordemos que en la actualidad el 23% de la población gallega tiene más de 65 años (un 40% para el 2050 según el INE), y que la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar una demencia. De todos estos casos, la mitad están sin diagnosticar

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¿Qué se está investigando? ¿Qué no?

Los profesionales de la investigación clínica centran sus esfuerzos en dos líneas de trabajo: la detección precoz, que necesita estudios longitudinales de enorme coste y tiempo, y buscar la cronicidad de la enfermedad, es decir, ralentizar su evolución ofreciendo mayor calidad de vida a la persona que la padece.

También se están haciendo grandes avances en el campo de las terapias no farmacológicas, que en Galicia no están reconocidas por el sistema público de salud, que mediante en trabajo cognitivo y funcional con la persona afectada se ayuda en el retraso de la atención a la persona con demencia mientras hace algo proactivo en su lucha persona contra la enfermedad.

La gran ausente es la investigación social, el impacto social de la enfermedad, daños colaterales, validez de las acciones que se llevan a cabo, etc.  Esta investigación es la que nos puede dar información muy valiosa para las políticas sociales en materia de alzhéimer y otras demencias para los años venideros

¿Qué hay que hacer? Defender la dignidad de las personas

En el Día Mundial del Alzheimer 2017 desde la Federación Alzheimer Galicia queremos poner el acento en la importancia de las personas con alzheimer u otra demencia neurodegenerativa. A través de la campaña “Recuerda quien soy“, queremos hacer más visibles aquellos aspectos que consideramos que tanto las administraciones públicas como la sociedad en general deben ayudar a reconocer para mejorar la calidad de vida de las personas con una demencia y de su familia.

1.  La defensa de la dignidad de la persona con alzheimer

Respetando siempre la autonomía de la persona al máximo. Además debemos respetar su capacidad de tomar decisiones siempre que sea posible. La persona con demencia acaba por perder progresivamente su capacidad funcional, y a disminuir su autonomía y capacidad de elección. Por eso es preciso que se vele por el bienestar de estas personas y se pueda detectar cualquier situación anómala lo más rápido posible.

2. Reconocimiento de los derechos de las personas con alzheimer

Dentro de estos derechos encontramos alguno tan importante como ser informado del diagnóstico de la enfermedad, a tener atención médica apropiada y continuada, a vivir en un ambiente seguro y estructurado, o a ser cuidado por profesionales cualificados en el ámbito del alzheimer.

3. Reconocimiento de la figura de la persona cuidadora y de sus derechos

Reconociendo su valor y visibilizando su labor ante la sociedad. Es fundamental facilitar el acceso de las personas cuidadoras a recursos tanto para un mejor cuidado de la persona con demencia como para evitar situaciones de exclusión social de los cuidadores, incluyendo también la personas ex-cuidadoras.

4. Reconocimiento automático del 33% de discapacidad para las personas a las que se les diagnostique alzheimer u otra demencia

Las personas con una discapacidad por enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer no responden al patrón de otras discapacidades, por lo que, en muchas ocasiones, se dan situaciones de desprotección social. El reconocimiento de este grado de discapacidad permitirá a los afectados por la dolencia a acceder a recursos y servicios básicos e imprescindibles para estas personas

Estas cuatro demandas se suman a las reclamaciones fundamentales y aún no conseguidas para la lucha contra esta enfermedad:

1. Que el alzheimer sea una prioridad sanitaria

2.Desarrollo de una política transversal de alzheimer

3. Reconocimiento de la figura del cuidador

4. Supresión del copago de los servicios de dependencia

5. Desarrollo de servicios de intervención especializada en demencias en el medio rural

6. Sistema de detección precoz desde el sistema sanitario

7. Campaña de sensibilización y prevención del deterioro

8. Potenciar la investigación social y clínica

¿Y el sector asociativo?  El alzheimer no es el final de un camino, sino uno nuevo

Las 13 Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia llevan más de 20 años reclamando más acciones contra esta enfermedad. Han realizado un largo camino en el que han conseguido que nuestra comunidad sea pionera en el desarrollo de una red pública de centros de día especializados en alzhéimer, que los enfermos tengan la tarjeta sanitaria AA (que les permite llevar acompañamiento y cierta prioridad en la atención para evitar que la espera en una consulta o en urgencias se convierta en un problema mayor), programas formativos para familias cuidadoras, programas de prevención mediante talleres de memoria… pero no quieren parar.

Con el lema “Recuerda quien soy”, queremos hacer más visibles aquellos aspectos que consideramos que tanto las administraciones públicas como la sociedad en general deben ayudar a reconocer para mejorar la calidad de vida de las personas con una demencia y de su familias.

Somos todos los que tenemos que marcar el paso a la enfermedad y no ella a nosotros, un diagnóstico no tiene que ser el final de un camino, sino un camino nuevo, como tantos otros que hemos empezado a lo largo de nuestras vidas.

Os animo a compartir vuestros pasos con los hastags  #RecordaQuenSon  o #DiaMundialDelAlzheimer

Son muchos pasos los que nos quedan por delante.

@FagalAlzheimer

Nota. Entrada actualizada. Original publicada el 20 de setiembre de 2016

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Pobreza (sen apelidos).Tamén infantil

4 de septiembre de 2017 a las 21:27

Entre as nenas e nenos dáse un fenómeno curioso que deu en chamarse “sesgo de optimismo vital” e que explica a diverxencia entre a súa situación obxectiva de pobreza e a valoración subxectiva que fai da súa calidade de vida. Así, no estudo “A infancia en vulnerabilidade social” de Cruz Vermella, o 86% dos menores participantes da entidade con diferentes situacións carenciais manifestáronse satisfeitos co que tiñan .

A ilusión e a inocencia desaparecerán pronto. De continuar coa pasividade, o 80% da infancia que se atopa hoxe na pobreza está condenada a sufrila o resto da súa vida E tamén os seus fillos e fillas. E os seus netos. Chámase transmisión interxeneracional da pobreza.

As nenas e nenos son o noso presente, esquezamos xa a frase baleira de que son o noso futuro. Por iso a primeira reclamación é darlles voz, fomentar a súa participación activa na defensa dos seus dereitos, reducir a chamada exclusión política. E dárllela tamén aos seus pais e nais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto.

Pobreza, madres solas, cariño, exclusión

Madres solas. Foto: Aitor Lara

Non hai nenos e nenas pobres en familias ricas

Está de moda difuminar o drástico aumento de pobreza e a desigualdade poñéndolle todo tipo de apelidos, entre eles os de infantil ou xuvenil. Compre falar primeiro da pobreza, en todo caso familiar.

No 2015, 118,7 millóns de europeos, o 23,7% da poboación, atopábanse en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE). O 26.9% dos menores europeos entre 0 e 17 anos .

En España, onde segundo a Comisión EuropeaA desigualdade entre o 20% máis rico e o 20% máis pobre é unha das máis elevadas da Unión e segue crecendo” un 27,9% da poboación atopábase no 2016 en risco de pobreza (12.964.600 persoas). Un risco que se dispara ata o 54% cando falamos dalgunha das 1.754.000 familias monoparentais nas que un adulto (nun 82% dos casos unha muller) e o único responsable dos fillos.

En Galicia os indicadores son mellores que no conxunto do estado, pero case 700.000 persoas, o 25.4% da poboación, está en risco de pobreza e/ou exclusión.

Rachemos con dous dogmas políticos: nin a recuperación económica ou ter emprego permite saír da pobreza nin a mellor política social é o emprego: a pobreza xa alcanza a un 14,1% das persoas cun emprego e a intensidade laboral (fogares nos que os seus membros traballan menos do 20% do seu tempo dispoñible) apenas diminuíu do 13,8% ao 13,6% entre 2015 e 2016.

31.426 nenas e nenos. Asañándose coa infancia e a mocidade.

Así se lle nega o futuro a un país. No 2015, o 34.4% dos menores de 18 anos se atopaban en risco de pobreza e exclusión en España, en quinto lugar europeo. Se temos en conta a pobreza anclada no 2008 e según UNICEF xa sería o terceiro país europeo con maior pobreza infantil, tras Romanía e Grecia.

En Galicia un 28,8% : 111.739 rapaces. E irán a peor na mocidade. O 38,2% das mozos e mozas españois entre 16 e 29 anos están en risco de pobreza (un 37,8% en Galicia). Cabe puntualizar que, aínda que a recomendación das organizacións especializadas en infancia é considerar que esta chega ata os 18 anos, as desagregacións por idade que manexan IGE e INE van unicamente ata os 16 ou de 16 a 29 anos.

Pero o escaso interese político percíbese á perfección cando falamos de pobreza severa, na que España ten a medalla de prata europea por detrás de Romanía. 1.388.474 rapaces (o 16,7%) viven en fogares con ingresos inferiores a 330 euros ao mes. Se se puxeran en fila a peregrinar a Santiago terían que saír dende Marsella. En Galicia os datos son máis alentadores, pero 31.426 (8.1%) nenos e nenas se atopaban en pobreza severa.

As políticas de infancia non son políticas menores

Aínda que en mellor situación que na media do estado, Galicia comparte as mesmas razóns da escasa eficiencia da súa política social, incluída a de infancia: escaso compromiso político en orzamentos e planificación a medio e longo prazo, descoordinación entre as administracións implicadas e coas organizacións sen ánimo de lucro especializadas e un enfoque asistencialista dirixido a paliar a emerxencia pero non a solucionar causas.

A pobreza de nenos e nenas non é culpa dos pais. O investimento en infancia non é un capricho do que prescindir cando as contas están mal. As elevadas taxas de pobreza teñen como causa principal a incapacidade do sistema redistributivo español e galego de reducir a desigualdade en épocas de bonanza e para acentuala en períodos de crise.

Compromiso? España adica un 1.3% do seu PIB total, fronte á media europea do 2.3%. (non se perdan o portal Infancia en datos) Dinamarca,por exemplo, cunha inversión do 3,7% do seu PIB ten unha taxa de pobreza infantil do 9,2% .

Segundo UNICEF, no 2007, o investimento público en España foi de 5158 € por neno/nena, no 2013, baixou ata os 4514€. En Galicia, pasouse de 6038€ a 5077€.

Lonxe da crecente tentación política de enfrontar colectivos, resulta un exemplo a defensa dos dereitos sociais, políticas, pensións e orzamentos das persoas maiores de 65 anos, que en absoluto se ten seguido na protección da infancia. E que explica taxas de pobreza infantil e xuvenil que duplican e triplican as taxas de pobreza nos maiores dun xeito record no entorno europeo.

Compromisos e coordinación para erradicar a lacra do curto prazo

Hai en Galicia 31.426 menores en fogares e familias en pobreza severa, case unha cuarta parte das 132.000 persoas que no 2015 estaban nesta situación. Unha emerxencia social que debería ser afrontada inmediata e rotundamente.

Un dos aspectos que mais deprime a organizacións e persoas que traballan contra a causas da pobreza é a súa normalización política, como se se tratase dun feito case natural. Véndense así como éxito míseras melloras nas cifras ou medidas puntuais e curtopracistas de asegurado escaso impacto. Quenes traballan en contacto directo coas persoas en pobreza teñen que asistir ou paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre institucións.

Se falamos con honestidade de investir (que non gastar en infancia), hai que repensar por exemplo se todos a cada un dos investimentos en obras públicas son máis prioritarios.

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político impulsar medidas de emerxencia no canto de procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas ou a chantaxe emocional co sufrimento de nenos e nenas, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade de milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas e impide o seu empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

Cantos concellos se verán “obrigados” ou ata presumirán de solidariedade por ter que abrir este verán os comedores escolares ante a emerxencia da situación de nenos e nenas? Tras un curso enteiro, outro mais, sen atopar respostas estables, inclusivas e respectuosas coa dignidade das familias afectadas, non di moito da competencia das concellerías responsables.

As estratexias e medidas a longo e medio prazo adoitan ser substituídas por un maremagnum de normativas, requisitos e medidas puntuais e ailladas. Esta extrema dispersión, ademais do sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias.

A Xunta de Galicia, a cuxa Consellería de Política Social hai que recoñecerlle a intención de superar o curtopracismo, ten pendente difundir dende o 2014, e xa de paso actualizar, o recoñecido Informe sobre pobreza infantil , en base á que esta feita a Estratexia para a Infancia e a Adolescencia (EGIA) 2016-2020, aínda non publicada.

Un dos aspectos mais reclamados neste borrador ou en Estratexias como a de Inclusión Social 2014-2020 ou na Axenda Social asinada por Xunta de Galicia, FEGAMP e EAPN Galicia é a coordinación política e técnica así como a transparencia na difusión de datos obxectivos de esforzo orzamentario e eficiencia das actuacións compartidas de política social.

Estamos a tempo de reverter tendencias

Lonxe do discurso aporofóbico de culpar e ata odiar as persoas en pobreza, a gravidade da pobreza infantil é que son as persoas adultas as encargadas de proporcionar un vínculo san, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente as súas condicións emocionais e mentais para proporcionalo, sendo este imprescindible para o desenvolvemento físico, mental e emocional dos nenos e nenas.

Na pasada campaña electoral ao Parlamento de Galicia, dende EAPN-Galicia prantexáronse ás distintas candidaturas diferentes demandas destinadas á mellora ca calidade das familias. En varias acadouse un consenso elevado (ver web www.pobreza.gal)

Non foi o caso diante do clamor de implantación exhaustiva da RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) como medida de choque contra a pobreza e a privación material severas. E de destacar o aumento de orzamento desta partida nos últimos anos e o compromiso de aprobar no 2017, tras tres anos de retraso, o decreto que debe desenvolver a Lei que o regula fornecendo por fin apartados como o complemento por vivenda ou a compatibilización da prestación co emprego.

Pero non abonda, as 13.848 persoas que percibiron unha RISGA no 2015, un 13% mais que no ano anterior, supuxeron tan so 5,07 por mil habitantes, lonxe dos 6,2 de Castela e León ou dos 19,3 de Asturias e a anos luz de Navarra ou Euskadi.

Se reducir drasticamente a pobreza severa é unha prioridade nesta lexislatura, é obrigado multiplicar o orzamento adicado á RISGA como mínimo ata o nivel de Asturias (de xeito prioritario e urxente a todas aquelas persoas con nenos e nenas a cargo), simplificar administrativamente a súa xestión e avanzar cara un sistema áxil e amplo de Garantía de Ingresos.

Priorizar as persoas e as familias, sobre todo as que teñen menores a cargo, supón dar apoio específico á infancia e a mocidade como colectivos especialmente afectados, pero tamén contra a transmisión interxeneracional da pobreza e o declive demográfico: Plan de apoio a familias monoparentais, ampliación ata os 3 anos de idade do Cheque Benvida para familias con nenas e nenos en pobreza, impulso aos programas de aluguer social ou paralización de desafiuzamentos poñendo especial atención nas familias con menores, etc.

No eido estatal, é preciso defender a demanda da Plataforma de Infancia de aumentar os ridículos orzamentos destinados á infancia.

Aumentado o número de familias beneficiarias da prestación por neno e nena a cargo para chegar a todas as que viven en situación de pobreza ou aumentar a súa contía de 24.25€ a 100€ mensuais (cunha bonificación do 50% para as familias monoparentais). Save The Children vén de demostrar que se trata dunha medida viable, que faría que 638.770 nenos e nenas salgan da situación de pobreza nunha lexislatura. E cun custo equivalente ao 0,41% do PIB. Unicef vai máis alá suxerindo con valentía dende o 2014 que esta renda debería e podería ser universal.

Unha educación inclusiva que impida herdar a pobreza

Entendendo que é o principal factor para o desenvolvemento persoal, a integración social, o combate de prexuízos e a defensa de dereitos, a educación é un eido imprescindible de actuación de moitas organizacións do Terceiro Sector e onde se atopan moitos dos eixes citados, en especial o hercúleo traballo de fomentar a coordinación entre educación, emprego e servizos sociais.

Unha educación inclusiva e normalizada que erradique calquera discriminación e fomente a cohesión social, defendendo o dereito de toda nena ou neno a acceder de xeito igualitario ao servizo público da educación, que lle proporcione os instrumentos precisos para desenvolverse plenamente naqueles aspectos que lle facilitarán logros académicos e sociais e a súa posterior incorporación como membro activo da sociedade.

Unha educación centrada no ciclo vital da persoa e o seu entorno e non nas competencias das consellerías: Atención temperá, educación básica, loita contra o fracaso e o abandono escolar, formación para o emprego (antes, durante e despois), educación non formal, etc.

Loitar contra a pobreza infantil é facelo nas súas familias, con rendas mínimas dignas e áxiles, vivendas decentes e acompañamento profesional neste proceso e no de formación e procura de emprego.

Si por algo deben pelexar as organizacións de acción social é porque as persoas aseguren o seu futuro e non a visita ao seguinte mostrador.

@xosecuns  

Artigo escrito xunto a Sara Abella e publicado na revista Tempos Novos co título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

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