Pues si, la enfermedad es un mercado muy rentable, y utilizar el chantaje como herramienta de marketing farmacéutico parece que también.
Se lo he escuchado a responsables políticos, especialmente de áreas de política social o sanidad, indignados y hasta «crispados» por tener que pagar con fondos públicos precios desorbitados por medicamentos imprescindibles ante la lógica presión de las personas afectadas y de la oposición. Fondos detraídos de otras partidas de política social.
También he escuchado en estos responsables la queja de que «desde las ONG se nos apoya poco«…
Hasta ahora. A la movilización de Plataformas de afectados como las de la Hepatitis C, se le unen sólidas investigaciones como “Hepatitis C: el nuevo campo de batalla por el acceso a medicamentos esenciales” del Instituto de Salud Global de Barcelona, o la web Medicamentalia, una completa investigación de la Fundación Civio sobre el acceso global a medicamentos esenciales, merecido Premio Gabriel García Márquez 2016 a la innovación periodística.
Hoy les dejo con Elena Urdaneta, la Coordinadora General de Médicos del Mundo España, para que les anime a implicarse en la campaña El precio de la vida. De la coherencia de esta organización en su defensa del derecho a la salud y la sanidad universal ya escuchamos hace años en su campaña Derecho a curar. Hoy dan un nuevo paso y hacen preguntas que ojalá les indignen tanto como a mi: ¿Pagar 1.359 millones de euros por lo que solo vale 30?
Gracias Elena
Foto: Abraham Mike Yousaf/Médicos del Mundo
El precio de la vida
¿Cuánto vale una vida? ¿Se le puede poner precio al ser humano? Esta es la pregunta que ha servido de base para el lanzamiento de la campaña internacional El precio de la Vida para denunciar que los precios de los medicamentos se fijan por las leyes del mercado y no por su verdadero valor.
Somos una organización que trabaja por defender el derecho humano de la salud de todas las personas, en especial las más vulnerables. Una parte importante de este acceso a la salud es el acceso a medicamentos. Más de 2.000 millones de personas en el mundo no disponen de medicamentos esenciales. Y no sólo ocurre en países lejanos; el problema también ha llegado a Occidente y a nuestro país.
Ya lo hemos visto con los nuevos fármacos para la hepatitis C o algunos tipos de cáncer: un tratamiento combinado contra la hepatitis C (por ejemplo, Sofosbuvir y Simeprevir) ronda los 40.000€ en países como EEUU o Francia, y entre 25.000 y 13.000 en España, donde hay más de 50.000 personas diagnosticadas. Keytruda, para el melanoma, se venderá a más de 100.000€ anuales por paciente. Glivec, para tratar la leucemia, cuesta en nuestro país unos 30.000 por paciente y año.
Creemos que los fármacos deberían tener precios asequibles y ser financiados de manera sostenible por los gobiernos, pero esto hoy en día ya no sucede.
Los laboratorios determinan el precio de los medicamentos en función de la capacidad que tiene cada Estado de pagar determinado tratamiento. Así, cuanto más rico es un Estado, mayor es el precio. Generalmente, las autoridades que fijan el precio de un medicamento aceptan alinearse con las exigencias de las empresas farmacéuticas. Desde hace varios años, el precio de los tratamientos sanitarios está en constante aumento y estos precios exorbitantes no se justifican solamente por los costes de investigación y producción.
¿Qué argumentan los laboratorios para justificar estos precios?
Los precios son elevados porque la investigación es cara
FALSO. Los costes de investigación y desarrollo (I+D) que dedican los laboratorios a elaborar un medicamento innovador y eficaz suelen sobreestimarse y los importes reales son confidenciales.
En realidad, la mayoría de fármacos innovadores se basan en la investigación desarrollada en los laboratorios de las universidades y los centros sanitarios públicos. Luego, las empresas farmacéuticas adquieren los descubrimientos más prometedores y desarrollan medicamentos que después compran los sistemas sanitarios de los países, de nuevo con fondos públicos y a unos precios a menudo abusivos. Además, estas compañías reciben deducciones fiscales por promover la investigación, con lo que se cierra el círculo vicioso perverso.
Los precios son elevados porque el beneficio terapéutico es enorme
FALSO. En teoría, cuanto mayor es el beneficio para el paciente, mayor es el precio. Y, sin embargo, desde hace 20 años, el 74 % de los medicamentos que se comercializan no producen más que ligeros beneficios terapéuticos. Respecto al Sofosbuvir –empleado para combatir la hepatitis C-, el precio se justifica afirmando que permite evitar la cirrosis y el trasplante de hígado, cuya atención sanitaria es muy costosa. Si esta misma lógica se aplicara a otros sectores, un airbag se pagaría al precio de una vida.
Los precios son elevados porque los costes de producción son importantes
FALSO. Las empresas no comunican jamás a cuánto asciende el coste real de producción de los medicamentos para garantizar un margen razonable sobre las ventas, aunque esto es lo que debería determinar su precio. En el caso del Sofosbuvir, el beneficio es colosal: un equipo de investigadores de Liverpool ha estimado que su coste de producción ascendía a una media de 75 € por 3 meses de tratamiento. A un precio de 41.000 €, el Sofosbuvir se vendería así 400 veces más caro que su coste de producción.
¿Qué ocurre en España? ¿Pagar 1.359 millones de euros por lo que solo vale 30?
De las 475.000 personas que se estima que viven con el virus de la hepatitis C en nuestro país, inicialmente sólo quienes estaban en un estadio avanzado de la enfermedad tenían derecho al tratamiento y podían, por tanto, curarse. Sin embargo, tras la lucha de las organizaciones de personas afectadas, en 2015 el Ministerio de Sanidad activó un Plan de lucha contra la enfermedad que ha permitido tratar a más de 50.000 pacientes.
El coste de cada tratamiento, según el Ministerio de Hacienda, sería de 27.179 € (combinaciones de uno, dos o más fármacos) con lo que se habrían pagado un total de 1.358,9 millones de euros por medicamentos para la hepatitis C. Según IS Global, el coste real de estos nuevos tratamientos podría ser de unos 300€ por paciente o 600€ con una combinación de dos fármacos. Es decir, el coste total para el sistema de salud debería haber supuesto en torno a los 30 millones de euros en lugar de los 1.358,9 millones que han pagado (un 4.529% más).
Las patentes que protegen las innovaciones terapéuticas tienen una validez mínima de 20 años, durante la cual no se puede poner en el mercado ningún genérico a bajo precio. El gobierno, sin embargo, no utiliza las herramientas a su disposición para oponerse a esto, como las licencias obligatorias. Este instrumento jurídico permite suspender temporalmente una patente y abrir el mercado a la competencia para producir o importar genéricos, con el objetivo de hacer bajar los precios ante necesidades de salud pública, defensa nacional o abastecimiento.
¿Qué soluciones hay?
Desde Médicos del Mundo creemos que el modelo de innovación terapéutica debe tener unas bases que garanticen la puesta a disposición de medicamentos esenciales en cualquier lugar del mundo y para cualquier persona, independientemente de su origen, condición, edad o enfermedad. En el siglo XXI, debemos reclamar que los precios sean fijados en función de lo que la salud pública aconseje y no de lo que los Estados puedan negociar con compañías que entiendan que es un lujo investigar y producir fármacos para curar enfermedades y salvar vidas.
Exigir un imperativo de “rentabilidad razonable” necesita de transparencia en el coste real de I+D y la procedencia de la financiación y obliga a que el Gobierno introduzca criterios de interés público para la fijación de precios y la adjudicación de las inversiones que realiza para promover la I+D en medicamentos.
Los productos de salud no son bienes de consumo convencional, como el teléfono móvil o la ropa. Se trata de productos necesarios, que influyen directamente en el estado de salud de las poblaciones, es decir, tienen una relación con la vida y la muerte.
Con la campaña “El precio de la vida” buscamos concienciar a la ciudadanía y a quienes deciden sobre las políticas públicas de que todas las personas tienen derecho a conseguir los medicamento que necesitan.
Los Estados pueden negociar los precios con la industria farmacéutica, pero siempre teniendo en cuenta que el precio de la vida, de cualquier vida, no puede depender de reglas del mercado o de intereses particulares, porque la salud y la vida de cada persona no tienen precio.
Nuestra salud depende de ello.
Elena Urdaneta
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