Viendo la desfachatez con la que el caso Bankia o el Consejo del Poder Judicial demuestran un poco más que este pais cada vez la ley importa menos, es una buena noticia que hoy nos presenten en Galicia una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. EAPN Galicia-Red Europea contra la Pobreza, organizaciones de acción social y de cooperación al desarrollo, sindicatos, asociaciones contra el deshaucio, asociaciones de vecinos y ahora ustedes, impulsan esta campaña en toda España.

Para explicarles la campaña bien y en pocas palabras está claro que yo no sirvo, asi que me he buscado a una periodista reconocida.

No me ha costado mucho encontrarla. Romana Pérez de Lis es la responsable de comunicación de EAPN Galicia y con su profesionalidad y calidad está dejando el listón muy alto. No le pierdan la pista y si quieren hacer crecer a su entidad, contrátenla.

Gracias, Romana.

 El derecho a la vivienda: Por la Reforma de la ley hipotecaria.

“El derecho a la vivienda ha pasado de ser una política social a una mercancía, y luego a un producto financiero” dice la Relatora Especial de la ONU Rachel Rolnik.

En España, el procedimiento vigente prevé que, en caso de impago, la vivienda vaya a subasta. Si la subasta queda desierta, lo cual ocurre en el 90% de los casos, la entidad financiera se puede adjudicar la vivienda por el 50% del valor de tasación. Además, podrá seguir reclamando el resto de la deuda pendiente, más intereses y costes judiciales, a la persona ejecutada durante el resto de su vida.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta el segundo trimestre de 2011, se han producido casi 315.000 ejecuciones hipotecarias en toda España, más de 8.000 en Galicia.

Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de promover, por encima de los beneficios de las entidades financieras, las condiciones necesarias para que el bienestar, la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales, y eliminar los obstáculos que impidan su plenitud (artículo 9.2).

En contra de este artículo, en febrero de 2011, el Congreso de los diputados rechazó tramitar una proposición de ley que reclamaba que en caso de no poder hacer frente a la hipoteca, la entrega de la vivienda cancelara la deuda con la entidad bancaria. De nuevo ocurrió lo mismo en junio de 2011, en la subcomisión del Congreso de los diputados creada para reformar el sistema hipotecario español.

El código de buenas prácticas del decreto ley de protección de deudores hipotecarios sin recursos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, además de ser simplemente eso, una recomendación para las entidades bancarias, sólo sería aplicable al 10% de  los desahuciados, según datos aportados por algunas organizaciones sociales.

Por todo esto, se pone en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil que cuenta con el respaldo de EAPN, los principales sindicatos, organizaciones vecinales y otras entidades sociales. La Constitución prevé la posibilidad de que los ciudadanos planteen una ILP como uno de los procedimientos para la “elaboración de las leyes”.

Se disponen de 12 meses para recoger 500.000 firmas que la avalen, en este caso el plazo termina el 25 de enero de 2013.

La finalidad de esta ILP es modificar la ley de Enjuiciamiento Civil para: establecer la dación en pago con efectos retroactivos, es decir, que al entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca se queda libre de toda deuda,  paralización de los desahucios, siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago sea debido a motivos ajenos a su voluntad y promover un alquiler social, no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

La organización y recogida de firmas de la ILP se ha diseñado territorialmente para cada provincia. Por ello, se han definido una serie de Oficinas de Coordinación Territorial (OCT) entre las que se encuentra EAPN-Galicia a la que se puede recurrir tanto para pedir información como para firmar esta ILP.

Para participar puedes: hacerte fedatario o entidad adherida, pedir a tu Ayuntamiento que apruebe una moción de apoyo a la ILP,  difundir la información relativa a la iniciativa o simplemente firmar.

Ante todo, debemos tener presente que no aprobar esta medida implica no sólo condenar a la pobreza y la exclusión social a millones de personas, sino también hipotecar los recursos públicos de una generación entera y las políticas sociales presentes y futuras.

El desarrollo y la pobreza en el mundo rural es un tema aún desconocido, con muchos problemas pero también con muchas razones y ejemplos para ser optimistas.  Una introducción al optimismo la tuve al leer  “Proxectos de vida no rural” en el interesante blog sobre ecologismo social y biodiversidad “Un claro no bosque”, pero hoy me gustaría que conocieran la opinión de una experta en desarrollo rural y en optimismo: Vanessa Fernández

Vanessa trabaja en la facultad de  Geografía e Historia de la universidad de Salamanca. La conocí hace meses en la presentación de una Guía de inclusión social y me sorprendio además de su ánimo y optimismo contagioso, la capacidad y calidad de su análisis y de plantear propuestas interesantes y factibles para que el mundo rural no siga en el olvido del desarrollo.

Vanessa no olvida sus orígenes en la montaña lucense y de ahí viene su vocación. Hoy nos lo cuenta y dentro de unos pocos días nos propondrá algunas soluciones.

Gracias Vanessa

Bordes de montaña, al borde del olvido

Vivir en los bordes de montaña supone vivir también en el borde de muchas otras cosas, algunas de ellas vitales, empeoradas estacionalmente por las inclemencias meteorológicas y rodeadas, quizás también, por un halo de misterio y de olvido que invita a la reflexión.

Hace escasos días, en un pueblo de montaña, una urgencia médica me sorprendió a la una de la madrugada a través de una ventana, los teléfonos tampoco funcionan siempre. Conductor, acompañante y enfermo nos subimos al coche y nos fuimos. La distancia con absolutamente todo lo necesario no permitía la espera. De camino, la gravedad de la situación nos obligó a llamar a la ambulancia, pero estábamos en la montaña y primero había que encontrar cobertura. En cuanto el móvil dio señal nos paramos con urgencia: “061 de Asturias, dígame”. Le digo que estamos en Galicia, limítrofes con el Principado, sí, pero en una carretera de la provincia de Lugo. “Espere, que le paso con el 112 de Galicia”. El que espera desespera, así que colgamos y continuamos la marcha. Así dos veces más, aguardando con gran desasosiego. A la tercera, paramos al borde de la carretera y descolgamos, esta vez parece que ya en Galicia.

“¿En dónde están?”

“¿Es esta la dirección correcta?”

“¿Cuál es la emergencia?”

“Espere que le paso con un médico.” Y el médico pregunta, respondemos y no cambia nada.

“Espere que le paso con la ambulancia”. Hablamos con los de la ambulancia de nuestro término municipal, a 25 kilómetros de nosotros por las denominadas carreteras de montaña: “le paso con el conductor”. Y quedamos con ellos a medio camino, en un punto donde pudieran dar la vuelta porque el terreno es agreste y los caminos estrechos y la lluvia caía cada vez con más fuerza y nunca el tiempo fue tan valioso ni duró tanto. Tras veinte minutos en marcha vemos la ambulancia, el enfermo estaba cada vez peor y los escasos cinco metros que separaban unas luces de otras eran oscuros y preocupantes.

En la ambulancia iban el conductor y un ATS, atendieron al enfermo y llamaron al médico, que se encuentra en otro municipio que hace de cabecera comarcal a otros 30 km. Quedaron con él también a medio camino, parecer ser que es la única forma de reducir distancias y acercar servicios a la población. Tras ser atendido por el médico, el enfermo fue llevado al hospital de Lugo (50 km. más), donde fue atendido con bastante diligencia, pasó la noche en observación y por la tarde, a pesar de su avanzada edad, ya se encontraba relativamente bien en su casa, en el pueblo, en el borde montañoso.

Esta vez coincidió que estaba yo y puedo contarlo, pero ocurre a menudo en cualquier otro pueblo de la montaña lucense, muchas más veces de las que imaginamos. La movilidad se reduce a un pequeño número de vecinos que disponen de coche privado, los acompañantes son principalmente mujeres que cuidan de los abuelos y abuelas que mayoritariamente habitan estas tierras, y que quieren vivir en sus casas a pesar de los deficitarios servicios sociales, irse a la ciudad les aterra. Y ahora más que nunca.

Lo verdaderamente importante son las personas, y algunas, de avanzada edad, aguardan con desasosiego el disfrute de unos derechos básicos que todavía no han llegado, mientras escuchan en los telediarios los despilfarros económicos y administrativos de unos y otros. En los bordes montañosos, la gran política no funciona más que para recaudar impuestos e imponer prohibiciones, y los actores locales ven reducidos sus fondos y sus actuaciones esenciales por una situación económica que ni siquiera sabe de su existencia.

Vanessa Fernández Fernández

Dan igual todos los argumentos. No importan. En cualquier crisis es imprescindible encontrar chivos expiatorios a los que echar la culpa de nuestros males, antes que afrontar sus verdaderas causas o enfrentarse a sus causantes. Antes que juzgar a defraudadores fiscales, delincuentes financieros o politicos corruptos, mejor echarle la culpa a vagos y maleantes como inmigrantes, parados, jubilados, personas con discapacidad …

Estea semana le toca a las personas migrantes que parece que al enfermarse dilapidan con su avaricia nuestro sistema público de salud. Para combatir esta injusticia, ya saben que nuestro gobierno acaba de aprobar una reforma en la que se  limitará el acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular. Esta se verá reducida a la atención en urgencias, y a la asistencia al embarazo, parto y posparto.

Como afirma Amnistía Internacional (y les piden su firma), ninguna medida de recorte del gasto público puede poner en peligro el derecho a la salud. Esta reforma constituye una medida regresiva, contraria al Pacto Internacional de Derechos, Económicos y Culturales del cual España es estado parte.

Pues bien, conviene recordar que ni en la sanidad, ni en los servicios sociales, ni en empleo, los inmigrantes no sólo no nos roban, sino que en realidad aportan más al Estado español de lo que reciben de él. Los Titos de la campaña “Andalucía somos todos“, nos lo empiezan a demostrar de forma simpática en su ambulatorio

Y nos lo demostraba sobradamente hace unos meses la Fundación La Caixa, en su imprescindible informe “Inmigración y Estado de bienestar en España“, dirigido por Francisco Javier Moreno en el que con datos se desmontan los prejuicios que todavía mantienen algunos sectores respecto de la inmigración.

Los inmigrantes apenas tienen peso en el gasto sanitario y el cobro de pensiones, son más pobres y se han visto más afectados por la crisis, aunque son los que más contribuyen a las arcas públicas, a mantener el sistema de protección social y a frenar el envejecimiento poblacional. Los extranjeros residentes en España, suponen el 12,17 por ciento de la población actual (5,7 millones) y, sin embargo, solo son responsables del 5,6% de la utilización de los servicios sociales, especialmente sanidad y educación.

Las personas migrantes, especialmente los no europeos, son jóvenes y por tanto están en plena etapa productiva, con lo que su aporte al sistema de pensiones es fundamental para el país. Según este estudio, su presencia ha permitido retrasar en cinco años la entrada en déficit de este sistema, mientras que menos del 1 por ciento de los extranjeros residentes son perceptores de pensiones y de ellos más de la mitad son comunitarios.

También se destaca que el 50 por ciento del superávit de las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento económico correspondió, justamente, a impuestos y contribuciones sociales aportados por los colectivos inmigrantes.

Aún así, la crisis los ha castigado duramente, ya que sufren tasas de desempleo cercanas al 30 por ciento y los que trabajan lo hacen en condiciones de mayor precariedad.

El estudio de la Fundación La Caixa sostiene que “más de la mitad de los españoles percibe al inmigrante como un competidor en el acceso a prestaciones y servicios sociales”, especialmente por su alta concentración en determinadas zonas o comunidades, y que esto podría agravarse en los próximos 20 años “con el envejecimiento del colectivo”.

De momento, los datos recabados indican que el 30 por ciento de los inmigrantes son pobres, frente al 18 por ciento de autóctonos que se encuentra en esta situación, y que pese a ello sólo un 6,8 por ciento de las intervenciones de los servicios sociales están destinadas a ellos.

Algunos sectores y grupos políticos señalan a los inmigrantes como principales responsables del gasto sanitario y del colapso de algunos servicios públicos de salud. Sin embargo, este informe indica que los extranjeros residentes, aunque recurren un 3,2 por ciento más a urgencias, consultan un 7 por ciento menos que los nativos al médico de cabecera y hasta un 16,5 por ciento menos al especialista. Sumado a esto, “la proporción del gasto sanitario que absorben equivale a poco más del 5 por ciento del total”.

Los inmigrantes tienen especial incidencia en el sector servicios y, dentro de él, en el cuidado de niños y ancianos, actividad a la que se dedican muchas extranjeras (un 40 por ciento de las cuidadoras lo son y hasta un 80 por ciento de las internas).

En cuanto a la educación, el informe revela que “la proporción de alumnos extranjeros en nuestras aulas (9,6 por ciento) está por debajo de la media europea y a mucha distancia de países con más tradición inmigratoria”, aunque está en crecimiento.

Los extranjeros, eso sí, se decantan por las escuelas públicas (el 82 por ciento de ellos), corren más riesgo de abandono prematuro de sus estudios y solo el 10 por ciento de ellos continúa estudiando más allá del ciclo obligatorio.

Aunque el Estado español invierte en pensiones y sanidad, “presta escasa atención” a las políticas relativas a vivienda y familia, asegura este análisis. Por eso recomienda aumentar el gasto social, que en España es “significativamente inferior a la media europea”. Esta inversión contribuiría a derribar prejuicios y evitar hostilidades.

También subraya que deberían incrementarse las rentas mínimas de inserción destinadas al colectivo inmigrante, que sólo percibe el 11,2 por ciento de ellas cuando suele encontrarse entre los más desfavorecidos.