En un lugar de Galicia, de cuyo nombre prefiero olvidarme, no hace mucho tiempo que vivían 4.338 votantes (y más de 5.000 habitantes). Eran muy felices ajenos a lo que su infame regidor les hacía. Y a nadie parecía importarle.

El consistorio le debía una pasta gansa a los banqueros (pongamos que le debe un millón de euros) y en apariencia no se había invertido ni un solo céntimo de los créditos que habían solicitado.

El pueblo carecía de saneamiento público y la gente tenía fosas sépticas en sus jardines. Sin darle importancia, todos plantaban ricas verduras y árboles frutales que se alimentaban de las sucias aguas subterráneas. No tenían aceras y los ancianos paseaban pegados a la carretera, pudiendo pasar lo peor. Los niños no podían ir a la capital porque no tenían «coche de línea». Tan solo tres autobuses hacían un trayecto infernal por pistas que podrían considerarse de una sola dirección. Tenían parajes maravillosos, creados con mucha ilusión para que acudieran visitantes (y así fomentar el turismo), pero la maleza y el vandalismo invadió esos escondites paradisíacos.

Sin embargo, todo esto al alcalde no le importaba. Él contentaba a su pueblo con piscinas descubiertas (que por el clima de Galicia todos sabemos que son muy útiles los cuatro días de sol que tenemos) y les conseguía trabajo a todos sus amigotes, incluyendo a su hijo (como socorrista de la piscina, claro). El regidor prometía proyectos que darían un futuro estupendo al municipio, pero eran papel mojado. No importaba. La deuda seguía engrosando y el pueblo quedaba abandonado.

Un buen día llegó la época electoral. ¡Ay, amigo! Corrió veloz el alcalde a los medios de comunicación a decir que tenía muchos proyectos y que el pueblo – de cuyo nombre sigo sin acordarme, pero pueden ponérselo ustedes – estaba a la altura de los tiempos.

Los habitantes seguían anestesiados. O más bien desganados. A poco más de un mes para las elecciones, nadie le echaba en cara que un pueblo de 5.000 habitantes no puede tener una deuda de un millón de euros. Que en estos tiempos se necesita un alcantarillado y una depuradora. Que las aceras existen y sirven para que no nos atropellen. Que las piscinas descubiertas señores, pueden ser cubiertas también y aprovecharlas en invierno para dar cursos de natación a los niños. Que los proyectos hay que llevarlos a cabo y que cuando se quiere fomentar el turismo, hay que cuidar las cosas.

Solo lo hacía la oposición. Y con voz bajita. Porque no vaya a ser que, cuando lleguen ellos al poder (si llegan) los bancos se sigan haciendo más ricos y los problemas en el pueblo sigan sin solucionarse.

Siguiendo la línea de la anterior entrada del blog, Candidatos con cuentas pendientes con la justicia, la prensa de hoy informa de que la dirección del PSOE de A Coruña exigió ayer al presidente del PP coruñés, Carlos Negreira, “actuaciones urgentes” con los regidores y concejales salpicados por el presunto cobro de comisiones para adjudicar obras públicas.

El PSdeG reclama la exclusión de los imputados de las candidaturas electorales del 22-m y su urgente dimisión. Esta petición atañe a los alcaldes de Cee, Ramón Vigo (independiente); de Fisterra, José Manuel Traba (PP); y de Mazaricos, José Manuel Santos (PP).

La exigencia se postula apenas una semana después de que el PSOE de Cee rompiese el pacto de gobierno local con el independiente Ramón Vigo y a poco más de un mes de los comicios locales.

La directiva socialista en A Coruña reclamó a los populares que sean “responsables” y “consecuentes” porque “están dañando proundamente a estos tres municipios“.

Tránsfugas, imputados con cargos…  ¿Qué será lo próximo? Representan al pueblo, pero el pueblo no se identifica con ellos.

Todos conocemos el caso de Camps y vivimos la polémica sobre si permanecería o no en las listas del PP de Valencia, algunos se extrañaron cuando vieron que era confirmado como candidato. Pero no es necesario trasladarnos a orillas del Mediterráneo para encontrar imputados de los principales partidos  que continúan en las listas electorales. Aquí mismo, en Galicia (a la espera de que las listas se hagan oficiales el próximo sábado), tenemos unos cuantos.

Ramón Vigo, alcalde de Cee, tras declarar en el juzgado.

Empezando por la provincia de A Coruña encontramos tres ejemplos: El alcalde de Fisterra, José Manuel Traba (PP); el de Mazaricos, José Manuel Santos (PP) y el de Cee, Ramón Vigo (independiente). Todos ellos imputados por cobrar, siempre presuntamente, comisiones ilegales en la Costa da Morte. Sin embargo no son los únicos: Al ex alcalde y actual candidato del PP de Ares, José Manuel Cendán, el juez le acusa de  inflar el censo para las elecciones de 2003 y a la lista se une el alcalde y candidato del PP en O Pino, Manuel Taboada, imputado por autorizar un polígono industrial paralizado por la Xunta.

Siguiendo por la provincia de Lugo, en cuya capital van de escándalo en escándalo, encontramos dos nuevos candidatos para sumar a esta lista: El regidor de Castro de Rei , Juan José Díaz Valiño (PSOE),  imputado por supuesto trato de favor en la adjudicación de obras y Alfonso Puente, alcalde de Barreiro y candidato del PP, que se encuentra a la espera de juicio por  un delito de prevaricación, el juez le acusa de conceder licencias para 3.000 pisos con informes técnicos negativos.

Y mientras que la provincia de Ourense se libra, de momento, no ocurre lo mismo con Pontevedra. El alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey (PSOE), está acusado de desobediencia por no derribar un edificio ilegal y el de Baiona, Jesús Vázquez (PP), está imputado, otro más,  por prevaricación. Ambos vuelven a presentarse.

En total nueve personas cuyo nombre estará, si no hay movimientos en los próximos días,  en las papeletas el 22-M y que aún tienen cuentas pendientes con la justicia gallega. Quizá sus casos tengan  menos glamour que los trajes de Camps, pero no deberían considerarse menores. Depositan sus papeletas en las urnas con la idea de elegir la mejor persona para representarles. Por desgracia, muchas veces, quien consigue sus votos de confianza decide decepcionarles.