Llevamos treinta años de democracia imperfecta (siempre será imperfecta, pero puede serlo más o menos). Aunque nos parece que es mucho tiempo, el régimen es joven, sobre todo si lo comparamos con las largas trayectorias de parlamentarismo que poseen otros países, y evidencia algunas contradicciones propias de haber hecho una transición incompleta.

Me explico. De los tres poderes básicos que configuran los regímenes democráticos, el judicial fue el único que no sufrió una fuerte sacudida en sus cimientos. Se nota. Y mucho. La Justicia necesita una puesta al día, transparencia y la clarificación de su subordinación / dependencia con el Gobierno y el Congreso.

Otro asunto espinoso que hay que resolver de una vez es la cuestión religiosa. Cuando se redactó la Constitución, el miedo a un golpe de Estado militar obligó a hacer una mención a la Iglesia Católica.

Esa mención justifica que todos los españoles (sean practicantes o no, leed el post de Félix Soria sobre el tema, aporta mucha luz) paguen de su bolsillo a una organización que se comprometió en un concordato a autofinanciarse. También supone, por la falta de valentía del legislador,  que en una enseñanza donde no hay horas para la filosofía, la educación física o las ciencias del mundo contemporáneo tenga cabida la catequesis.

Si el Gobierno da los pasos correctos para asegurar la laicidad del Estado, ambas cuestiones -las relativas al dinero y a las clases- y otras deberían pasar a la historia. Y no supondría ningún ataque a la libertad religiosa: sería la efectiva retirada de unos privilegios antediluvianos, propios de épocas en las que los reyes y los dictadores iban bajo palio.