Ambiental y Cual

Es noticia de estos días, en todo el mundo, el grave episodio de contaminación atmosférica que afecta a doce provincias de la República Popular de China pero, en particular, a su capital, Pekín donde se registran unos índices de contaminación alarmantes (hasta 728, más del doble del límite de particulas contaminantes establecido por la Organización Mundial de la Salud como nocivo para la salud). Desde luego que no es la primera vez que sucede pues todos recordamos los problemas de “smog” en Pekin que plantearon serios problemas a los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2008 y que obligaron a paralizar durante su celebración buena parte de la actividad industrial del entorno de la capital china.

Hablar de China y de contaminación es una constante en muchos de los análisis que, de un tiempo a esta parte, se han venido publicando con extraordinaria frecuencia en forma de ensayos, artículos científicos, secciones periodísticas, etc. Pero entre los trabajos disponibles pocos tan completos y documentados como el escrito por el periodista británico Jonathan WATTS (corresponsal para The Guardian durante más de diez años en Asia y, actualmente, en Latinoamérica) con el expresivo título When a Billion Chinese Jump, pero con un subtítulo no menos interesante que me permito traducir: “la forma en que China salvará (o destruirá) a la humanidad”. Desde la destrucción del medio ambiente en el Tibet, hasta la desertificación del Xinjiang, pasando por el consumismo de Shanghai, y sin olvidar el impacto ambiental originado por la macro-presa de las “Tres Gargantas” en el río Yangtzé -que obligó a desplazar a más de un millón cien mil personas de sus ciudades y pueblos- nada se escapa a este concienzudo conocedor (“in situ”) de la realidad china.

Como señala Ramón TAMAMES en su reciente libro China. Tercer Milenio (publicado con Felipe DEBASA), en 2011 China se ha situado como primer país emisor de gases de efecto invernadero, y esto le obliga como gran potencia “a contribuir de manera decisiva a encontrar solución a muchos de sus problemas ambientales” (en particular, al norte en el área de Pekín, en el entorno de Shanghái en el centro del país, y al sur del estuario del Río de la Perla: Hong Kong, Shenzén, Cantón, etc.). No en vano, Wen JIABAO, el Primer Ministro, declaró en la Conferencia de Rio+20, celebrada a mediados del pasado año 2012, que “El futuro que queremos ha de suponer un contrato de nueva armonía entre el hombre y la naturaleza”.

Acaso este gigante –algo más que emergente- país, donde vive el 20% de la población mundial, que ya es a segunda economía y potencia comercial más grande de la Tierra, ¿no tiene derecho a impulsar el crecimiento de su economía al ritmo del 10% anual del mismo modo como lo hicieron, en su momento, las potencias occidentales desde la primera revolución industrial? ¿quién les puede negar este derecho al desarrollo? ¿no sería injusto demonizar su imparable ascenso hacia el liderazgo económico mundial?

La respuesta a estas delicadas y soberanas cuestiones se intuye observando las impresionantes imágenes captadas, estos días, por los satélites de la NASA de la persistente nube de contaminación que cubre una gran extensión del país asiático y, especialmente, las de los pacientes ciudadanos chinos que padecen las consecuencias de un desorbitado e insostenible desarrollo económico. Incluso ha trascendido, pese al secretismo informativo impuesto férreamente por Gobierno, la celebración de manifestaciones y revueltas –en los centros urbanos y en zonas rurales- por parte de los ciudadanos en protesta por las pésimas condiciones ambientales y por la elevada contaminación de los recursos del entorno en que viven. De hecho se calcula que la contaminación en las grandes ciudades chinas causa más de 8.000 muertes al año.

Cada vez es más consciente el Gobierno de China de la urgente necesidad de abordar con seriedad una política de protección del medio ambiente y por este motivo creó en 2008 el Ministerio para la Protección del Medio Ambiente. No obstante, con anterioridad, en 1998 se creó una Agencia para la Protección del Medio Ambiente (conocida con las siglas SEPA) que comenzó a elaborar un completo grupo normativo ambiental que en la actualidad los integran 25 leyes ambientales y más de cien regulaciones administrativas. Son normativas equiparables a las de cualquier país avanzado pero el problema es su déficit de aplicación, la falta de capacidad gubernamental por hacer cumplir la ley y la todavía deficiente preparación de jueces y abogados.

No hay duda de China se enfrenta a uno de sus principales retos en este comienzo del siglo XXI: el de la protección ambiental y del aprovechamiento racional de los recursos naturales. Recursos que, además, no se limitan a los de su territorio sino que afecta a los de muchos países que le abastacen para su insaciable e imparable maquinaria de producción. Siguiendo la más reciente senda de los países occidentales, la República Popular de China tiene el camino de la producción sostenible, del control del la contaminación, del uso de las energías renovables, de la internalización de los costes ambientales, etc. Lo que resulta a todas luces inasumible es el coste humano que está provocando este “peculiar capitalismo de Estado”, primero para los sufridos ciudadanos chinos y, luego, para el resto de la población mundial.

Ya que el leit motiv de Rio+20 ha sido la “economía sostenible”, hablando de números y de cifras, realmente se han batido todos los récords: más de 45.000 participantes, 12.000 delegados de 188 países, más de 4.000 periodistas acreditados, caso 9.000 ONGs tuvieron su presencia en el recinto de Riocentro… Y, sin embargo, todos esperábamos algo más de esta Cumbre mundial que se ha desarrollado en lo más hondo de la crisis financiera.

Fracaso absoluto, enorme decepción, desencanto, frustración, etc. son las conclusiones que se desprenden la “Cumbre de los Pueblos” –cumbre alternativa, paralela a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20-, donde las ONGs han debatido con más frescura y libertad los grandes temas de la sostenibilidad y el desarrollo, y donde la dominado una crítica directa a la orientación de la Cumbre oficial centrada en la “green economy”.

Pero hasta los líderes ofíciales reconocen la tibieza de los resultados alcanzados: un “documento de mínimos” con 283 párrafos distribuidos en seis capítulos, concienzudamente negociados por Brasil para lograr un consenso entre todos los gobiernos., depurándolo de las posibles discrepancias. Como ha declarado Achim STEINER, Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible: “El documento es una buena base para iniciar la transición porque es rico en acciones. Le faltan compromisos, metas y plazos concretos, pero estos comenzarán a ser negociados en la próxima Asamblea General de la ONU, en septiembre próximo”.

¿Qué logros pueden destacarse de la Cumbre Río+20? Muy sintéticamente:  los Gobiernos han aprobado una serie de “Objetivos del Desarrollo Sostenible” que –a imagen y semejanza de los “Objetivos del Milenio”- sean desarrollados y aplicados antes del 2015; también se ha lanzado un Programa sobre Producción y Consumos Sostenibles para la próxima década. En el capítulo de Océanos y Mares se ha logrado un compromiso para que se respete la opinión científica en la gestión de las pesquerías y se eliminen las ayudas que contribuyen a la sobrepesca y sobrecapacidad de las flotas, se combata la pesca ilegal, y se garantice al acceso de los recursos pesqueros por parte de los pescadores artesanales. En este último punto cabe destacar la extraordinaria intervención de la Fundación Lonxanet –con Antonio GARCÍA ALLUT a la cabeza- promoviendo este modelo de pesca del que viven varios cientos de millones de personas en el Planeta. Sin embargo, ha habido decepción en este apartado por la haberse logrado un acuerdo para la conservación de la biodiversidad en alta mar. Se reconoce que el indicador de Producto Interior Bruto (PIB) no es el que mejor expresa la medida de la riqueza de los países. Y, por último, se fortalece al PNUMA (agencia especializada de Naciones Unidas para el medio ambiente), dotándole de mayores recursos financieros y dando una mayor representatividad a sus órganos directivos.

¿Compromisos concretos? Casi nada (se sigue aquí la tónica de las últimas cumbres sobre el cambio climático: Copenhague, Cancún, Durban…). ¿Fondos financieros para la ayuda al desarrollo? Nada nuevo bajo el sol.

¿Pérdida de tiempo? En absoluto. Estoy totalmente de acuerdo con Remy PARMENTIER –quien tanto me ha ayudado a seguir la preparación y desarrollo de la Cumbre-. Eso opinan quienes no tienen interés alguno por estos temas. La vida sigue y debemos seguir aprovechando el magno esfuerzo realizado por tantos miles de personas. Son pequeños pasos pero pasos necesarios hacia ese futuro que queremos, que será basado en la sostenibilidad y en la ayuda al desarrollo o no será.

Mientras la ciudad de Río de Janeiro se va poblando de políticos, expertos, lobistas, etc. de todo el mundo, esperando llegar a un consenso sobre “el futuro que queremos”, cae en mis manos un librito muy especial: “La economía del bien común” de Christian FELBER (publicado por ediciones Deusto). Su autor es un joven profesor austríaco, destacado crítico de la globalización y fundador del movimiento Attac, un polifacético intelectual del que ya tenía conocimiento por unas conferencias que había pronunciado en España y que están disponibles en youtube.

A nadie dejará indiferente este verdadero “manifiesto” sobre esta original visión de la economía basada en los planteamientos cásicos del “bien común”, desde Aristóteles hasta la doctrina social de la Iglesia Católica, subtitulado “un modelo económico que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad”.

¿Es acaso sólo un nuevo intento de “tercera vía”? o ¿se trata de algo nuevo? Mis conocimientos de economía son limitados y no veo capaz de valorar aquí el modelo económico que FELBER desarrolla hasta los más mínimos detalles (acerca de la empresa, de la propiedad, de la función del Estado, de la banca, etc.). Lo que sí digo es que su lectura me ha cautivado profundamente. Después de lo que estamos viendo sumidos en lo más bajo del ciclo de esta espantosa crisis económica, cómo no valorar positivamente un modelo fundamentado en valores como la honestidad, la empatía, la confianza, la estima, la cooperación, la solidaridad, la voluntad de compartir, … la dignidad humana; un modelo económico en los que la búsqueda del beneficio y la competencia se transforman en esfuerzo hacia el bien común y la cooperación; donde se sustituye el PIB como indicador de éxito por el “producto del bien común” (“cuanto más social, ecológico, democrático y solidario es el comportamiento y la organización de las empresas, mejores son los resultados que alcanzan en el balance”); donde las desigualdades de ingresos y riqueza son limitadas en un debate y por decisión democrática; donde la empresas se liberan de la obligación general de cercimiento ilimitado y sólo buscan el tamaño óptimo; donde la banca es democrática (es controlada por el pueblo, no por el Estado); donde los mercados financieros tal como hoy se conocen dejarán de existir, etc.

¿Utopía? ¿Un modelo bienintencionado para acabar con el darwinismo social que impera en nuestra globalizada economía neoliberal? No lo sé. Pero en todo este planteamiento -dejando aparte atrevidas soluciones sobre la propiedad, la transmisión hereditaria, la educación, etc.- encuentro en esta obra una libertad de pensamiento que no es fácil encontrar en otros ensayos de naturaleza económica.

Desde el punto de vista del medio ambiente, FELBER nos propone en su modelo una atractiva y omnipresente consideración de la sostenibilidad. El valor ecológico es uno de los elementos fundamentales del “balance del bien común”; las empresas conseguirán más beneficios legales si son responsables con el medio ambiente y producen productos ecológicos; el beneficio de las empresas revertirá para inversiones con plusvalía social y ambiental; el mercado internacional se basará en el “comercio justo”; a la naturaleza se le reconocerá un valor propio; el crecimiento económico ya no será un objetivo y sí la reducción de la huella ecológica de individuos, empresas y países a una cota sostenible a nivel mundial; etc.

Christian FELBER sí que tiene claro el futuro que quiere para nuestro atormentado Planeta. Pero no sólo es un visionario. No se queda en los principios por atractivos que parezcan. Nos ofrece las “Estrategias para su ejecución”, las bases de un proceso de concienciación que se han iniciado con la constitución en julio de 2011 de la “Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común” e incluso la fundación de un “banco democrático”. También recoge en su ensayo –o, mejor, manifiesto- ejemplos de empresas que se acercan al modelo propugnado por el autor; y el primer caso que cita es la empresa vasca Mondragón, la mayor cooperativa a nivel mundial.

Es preciso, ahora más que nunca, soñar con lo que debe ser un futuro mejor para nuestra juventud y para las generaciones venideras. FELBER nos permite avizorar con esperanza algunos destellos de esa nueva sociedad que, sin duda. se construirá sobre las ruinas del vigente e insostenible modelo económico.

Con una tasa de desempleo de cerca del 23% de la población activa de nuestro país (unos 5.275.000 desempleados)  -que en el caso de los jóvenes se acerca al 50%- hablar de empleo, de nuevos yacimientos de empleo, resulta al menos esperanzador. En efecto, en el nuevo Informe monográfico que acaba de ser presentado por el Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE) sobre “Retos para la sosteinibilidad: camino a Rio+20. Economía verde y refuerzo institucional para el desarrollo sostenible”, se recogen muy interesantes reflexiones sobre los nuevos desafíos que tiene por delante la próxima Cumbre mundial en Río de Janeiro, en el marco de la actual crisis sistémica y el cambio global al que está avocado nuestro Planeta. Los autores del Informe no dudan de que la salida a la crisis ha de producirse mediante “una transición hacia la sostenibilidad a través de una economía verde y una nueva gobernanza”.

Esta nueva economía verde del desarrollo sostenible tiene por objeto el cambio de modelo productivo caracterizado por la promoción de la ecoeficiencia, por la desmaterialización de la economía, por el cambio del modelo energético en lo que se viene llamando “economía hipocarbónica”. Y manifestaciones concretas de este nuevo paradigma económico, se habla del transporte y movilidad sostenibles, de la gestión sostenible de los recursos naturales, del turismo ecológico, de las “ciudades inteligentes”, del consumo sostenible… Y al final todo esto va a traer consigo nuevas oportunidades de puestos de trabajo que requieren los nuevos sectores productivos.

En realidad, el Informe de la OSE viene a recoger las conclusiones del ya presentada en 2010, bajo el título “Empleo verde en una economía sostenible”. En este informe se concluía que –en aquel momento- el empleo en el sector ambiental en España representaba un 2,62% de la población ocupada. En concreto, el 20,6% del total de los empleos verdes se concentraba en el sector de las energías  renovables, en el que se ocupaban 109.368 puestos de trabajo, cifra que sólo era superada por el sector dedicado a la gestión y tratamiento de residuos, con 140.343 puestos de trabajo. Allí se decía que “estas cifras se incrementarán en los próximos años con el marco normativo existente, que empuja hacia un nuevo modelo energético”.

Según el PNUMA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (cfr. su Informe “Empleos verdes: hacia un trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de carbono” de 2011), los empleos verdes son a aquellos que reducen el impacto ambiental de empresas y sectores económicos, a niveles que sean sostenibles. Esta definición abarca el trabajo en agricultura, industria, servicios y administración que contribuye a preservar o restablecer la calidad del medio ambiente. A título de ejemplo, dichos organismos, se calcula que en 2030 serán más de 20.000.000 empleos los que generarán las energías renovables (en la Unión Europea se podrían crear cerca de 3 millones de puestos de trabajo en 2020 si se cumplen los objetivos de las energías renovables (el 20% en 2020). No obstante, son todavía muchos los desafíos pendientes para impulsar las condiciones para la creación de esta modalidad de empleo (falta de personal cualificado, puesta en marcha de estrategias de formación, identificación de las habilidades necesarias, etc.).

En el ya citado informe de la OSE de 2010, se hacía un estudio del incremento de empleo en algunos sectores como la ecoindustria, las energías renovables, la edificación sostenible, el turismo ecológicos, la agricultura ecológica y el transporte sostenible. Quizá aquellas optimistas previsiones (que hablaban de más de un millón de empleos verdes) haya que rebajarlas considerablemente pues, desde entonces, la situación económica ha seguido empeorando.

No obstante, ¡ojalá en Río de Janeiro cunda esta filosofía! “En todo caso, en la generación de nuevos puestos de trabajo en sectores emergentes en la reconversión de empleos en sectores tradicionales con criterios ambientales –acaba concluyendo el recinte Informe de la OSE- queda bien patente la importancia de mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, promover un consumo y unos modelos de producción sostenibles, hacer frente al cambio climático, proteger la biodiversidad, luchar contra la desertización, reducir la contaminación, y utilizar y gestionar los recursos naturales y los ecosistemas de un modo sostenible y socialmente responsable, y hacerlo en general, mediante la cooperación a escala mundial en sectores clave como el agua, los alimentos y la agricultura, la pesca, los bosques, la energía, el medio ambiente marino y los productos químicos, así como en ámbitos relativos a la gestión sostenible y la recuperación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, a lo que hay que añadir la importancia de las ciudades y del sector de la construcción, especialmente la rehabilitación de viviendas y la movilidad sostenible, así como los nuevos sistemas de desarrollo de la industria a través de la ecología industrial y el decisivo papel catalizador de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Confiamos en que nuestras jóvenes generaciones encuentren aquí buena parte de sus legítimas aspiraciones profesionales. ¡Cuanto antes!

A menos de dos meses de la celebración de la Cumbre mundial Rio+20 –adornada con el expresivo subtitulo: “El futuro que queremos” (The future we want)- es evidente que, en plena crisis económica, uno de los temas extrella es el de la “economía verde” (green economy). Así se compueba en el documento “0” en que la economía verde aparece con gran protagonismo “en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza” (cfr. su apartado III).

Pero no todos opinan lo mismo acerca de cuáles deben ser las claves de dicha economía o, más bien, los criterios que deben orientar esa deseada “transición” en el escenario mundial. La Secretaría preparatoria de la Cumbre Mundial señala que “La economía verde ofrece una oportunidad para mejorar la gobernanza del comercio global y el entorno de comercio interior para asegurar que el comercio contribuya positivamente a una economía verde en el contexto de la erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible”. Por su parte, la Comisión Europea en su documento preparatorio “Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza” (junio de 2011), afirma que “Río+20 puede marcar el inicio de una transición más rápida y profunda, a nivel mundial, hacia una economía ecológica: una economía que genere crecimiento, cree empleo y erradique la pobreza, conservando el capital natural del que depende la supervivencia a largo plazo de nuestro planeta e invirtiendo en él”. Otros opinan que la “economía verde” no es más que un lavado de cara de los intereses capitalistas que tratan de mantener su dinámica productivista (vid. por ejemplo la web: “no green economy“).

Con relación a estos temas, desde hace unos años venimos siguiendo con gran interés una serie de reflexiones que coinciden en la oportunidad de imitar a la naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas productivos humanos, con el fin de hacerlos compatibles con la biosfera. Se trata de la llamada Biomímesis (de bio, vida y mimesis, imitar), también conocida como biomimética o biomimetismo, “es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración, nuevas tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de sistemas (mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella”. Hace unos años fue el Profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Barcelona, Jorge RIECHMANN, quien publicó una obra con tal título (en la editorial Los Libros de la Catarata, Madrid, 2006).  Pero quien popularizó este término en inglés (biomimicry) ha sido la ambientalista norteamericana Janine M. BENYUS cuya obra pionera (Biomimicry: innovation inspired by nature, Ney York, 1997) acaba de ser publicada en España –bajo el título “Biomímesis. Innovaciones inspiradas por la naturaleza”- por la editorial Tusquets (Barcelona, 2012). La autora -que dirige un Instituto especializado en esta materia- resumen de esta manera el canon de leyes, estrategias y principios que sigue la naturaleza:

La naturaleza cabalga sobre la luz solar.

La naturaleza gasta sólo la energía que necesita.

La naturaleza ajusta la forma a la función.

La naturaleza lo recicla todo.

La naturaleza premia la cooperación.

La naturaleza cuenta con la diversidad.

La naturaleza demanda tecnología local.

La naturaleza frena los excesos desde dentro.

La naturaleza saca partido de las limitaciones.

En una dirección similar se orienta la obra de Gunter PAULI (polifacético empresario y fundador de la “Zero Emissions Research Initiative”) titulada “La economía azul. 10 años , 100 innovaciones, 100 millones de empleos” (publicada por Tusquets, Barcelona, 2011). Crítico tanto con el modelo de economía financiera todavía vigente como con la “economía verde” (que, según él, trata de preservar el medio ambiente a costa de grandes inversiones que la vuelven inviable), promueve una “economía azul” que se sirve de conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia y traducir esa lógica de los ecosistemas al mundo empresarial. Desde la reutilización de los residuos agricolas para generar nuevos productos alimenticios  hasta la imitación de los termiteros para diseñar la nueva arquitectura bioclimática, y así, una larga lista de cien innovaciones inspiradas en la naturaleza que recoge en los apéndices de su obra.

Se cuenta que un inventor suizo, George de MESTRAL, apasionado excursionista, inventó la popular cinta “velcro”, observando como se adherían a sus pantalones algunas semillas en sus paseos. Hoy más que nunca se impone –en lo más profundo de la crisis- eso de la “imaginación al poder” (o mejor, “innovación al poder”). Y si queremos descubrir nuevo nichos de empleo, no dejemos de contemplar la naturaleza, para respetarla y para aprender de ella. Seguro que no nos defraudará.

Lo de menos es que me la haya dedicado -aunque, a decir verdad, me ha hecho una enorme ilusión (y se lo agradezco con toda el alma)-, sino que, en el momento presente, resulta de rabiosa actualidad tratar de la llamada “contratación pública verde”. Como, en efecto, lo hace, con gran acierto y profundidad, mi querido compañero y amigo, el Profesor PERNAS GARCÍA,  en una importante obra jurídica que lleva tal título.

Ahora que se reclama de las Administraciones Públicas austeridad en sus gastos e inversiones, buen gobierno en sus decisiones, transparencia en sus actuaciones, simplificación en sus estructuras, etc., la utilización de los contratos del sector público para promover la sostenibilidad ambiental de obras y servicios resulta de enorme interés en cuanto a su ejemplaridad. Piénsese además que el volumen de la contratación pública (es decir, la promovida por todos los entes u organismos que integran el “sector público” (Administraciones públicas, entidades públicas empresariales, organismos autónomos, y un larguísimo etcétera) supone, nada más y nada menos que ¡cerca del 20% del PIB dela Unión Europea!

Si algunos pensamos que la actual crisis económica va a requerir –para salir de ella- un profundo cambio en el modelo productivo, qué mejor que fomentar en la contratación de las obras, servicios y suministros públicos la inserción de criterios y cláusulas ambientales.  Es obligada jurídicamente la gestión eficiente de los fondos públicos (¡faltaría menos!) pero además es muy conveniente para el interés público la gestión sostenible de los recursos naturales. Y en esta dirección se mueven las recientes normas del Derecho comunitario sobre contratación pública que tan concienzudamente estudia el Profesor PERNAS GARCÍA.

La Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, integran ya las consideraciones ambientales y también sociales en la adjudicación y ejecución de dichos contratos, cuya transposición al Derecho Español se encuentra en la nueva Ley de Contratos del Sector Público; y, más recientemente, en el marco de la política de lucha contra el cambio climático, otra Directiva, la 2009/33/CE, dispone que los poderes adjudicadores y otros operadores públicos habrán de tener en cuenta los impactos energéticos y ambientales (incluidos el consumo de energías, las emisiones de CO2, etc.) a la hora de comprar vehículos de transporte por carretera. 

Si el sector público con sus decrecientes -pero todavía enormes- inversiones sobre la adquisición de mercancías, obras y servicios, logran reducir el impacto ambiental del consumo público, se piensa que esto servirá para, al mismo tiempo,  orientar la conducta de los operadores privados hacia estándares de protección ambiental que vayan más allá de los mínimos fijados en el ordenamiento jurídico y para incentivar nuevas formas de producción y consumo. Incluso, esta orientación puede tener un efecto positivo sobre el fomento de la innovación tecnológica y el desarrollo de las “ecotecnologías” que hoy se considera un sector económico de interés prioritario.

Por ir a ejemplos concretos, la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, la introducción de bombillas de bajo consumo en el alumbrado público, o la utilización de energías renovables en la prestación de los servicios públicos, no sólo pueden reducir considerablemente la emisión de gases de efecto invernaderos sino que, en muchos casos, pueden suponer un ahorro económico neto para las maltrechas arcas públicas. Y, de otra parte, se pueden generar –aunque no siempre- nuevos nichos de empleo (el denominado “empleo verde”) que tanta falta nos hace.

Felicitamos desde aquí al Profesor PERNAS GARCÍA por su magnífico trabajo y recomendamos su lectura a los responsables públicos y a las empresas que trabajan con el sector público. Se trata de nuevos horizontes que se abren en el mundo económico y en el sistema de producción que, estoy seguro, en el futuro constituirán la norma general.

Resulta que el sábado pasado, el 5 de marzo de 2011, apareció publicado en el BOE la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Poca gente sabe de la existencia de esta Ley pero casi todo el mundo ha oído hablar de la “Ley Sinde” que es el nombre (para colmo, la segunda parte del apellido compuesto –González-Sinde- de la Ministra de Cultura) que se le ha dado a la nueva regulación de la protección de la propiedad intelectual para luchar contra la pirateria. Pues bien, la citada “Ley Sinde” no es otra cosa que la Disposición Final 43ª de la arriba referida Ley de Economía Sostenible (una de las sesenta que tiene). Y como es muy frecuente en nuestro país citar al todo por la parte (metonimia, se llama), vamos a comentar brevemente qué novedades ambientales de interés se recogen en dicha norma legal. Pero sobre el tema estrella de la “Ley antidescargas” (como también se ha llamado a la “Ley Sinde”) recomiendo muy vívamente, una vez más, mi blog vecino -Abonauta-  de mi buen amigo Víctor Salgado.

En la llamada “Estrategia para una economía sostenible” venía trabajando el Gobierno de Rodriguez Zapatero, desde finales del año 2009, que se ha ido concretando en un conjunto de reformas –entre las que se encuentra el “Plan E”, la propia “Ley de Economía Sostenible” y otras muchas medidas- cuyo objetivo es impulsar la recuperación económica y, por lo tanto, la creación de empleo, y todo ello, a través de una renovación del patrón productivo desarrollado hasta el comienzo de la crisis económica.

La Ley de Economía Sostenible –que tuvo su origen en una iniciativa legislativa de un Consejo de Ministros de finales de 2009  y que ha sido finalmente aprobada con los votos a favor del PSOE, del PP y del CIU- es una de esas leyes denominadas “ley ómnibus”, es decir, leyes que contienen una gran variedad normas que, a su vez, modifican o reforman a otras muchas leyes (en el presente caso, más de cincuenta normas legales). Un verdadero “cajón de sastre” lleno de elementos normativos “desgajados” que reparchean las normas desde una concreta perspectiva; en este caso, con la pretensión aportar soluciones para salir de la crisis económica y financiera, y, en particular, con la pretensión de “servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero y sostenible”. “Sostenible –sigue diciendo su Preámbulo- en tres sentidos: económicamente, esto es, cada vez más sólido, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social”.

Desde el punto de vista normativo es la primera vez –que yo sepa- que se define lo que se entiende por “economía sostenible”: “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” (art. 1º).

Pero lo que más nos interesa de esta Ley es destacar ahora (a los efectos del perfil de este blog) son sus contenidos específicamente ambientales y, más en particular, los que recogen a lo largo de su Título III, es decir, “una serie de reformas que, desde la sostenibilidad medioambiental, inciden en los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad sostenible, y, especialmente relevante en el caso español, el impulso del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación”.

De cada uno de ellos hablaremos en posteriores comentarios. Alguno como el de la “movilidad sostenible” tratábamos en nuestro anterior post. Todos ellos son, sin duda, relevantes instrumentos para abordar la crisis que sufrimos. Sin embargo, lo que, a mi modo de ver, resulta criticable es esta forma de hacer Derecho, a retazos, con antologías normativas (“leyes escaparate”, podemos denominarlas) que resultan bastante ininteligibles para el sufrido ciudadano e incluso para el jurista que debe esperar a que se consoliden los textos normativos afectados (¡más de cincuenta! como ya he dicho). Y digo yo, que no estamos en tiempos para los rompecabezas jurídicos cuando la situación exige claridad y seguridad en los planteamientos y en las medidas. El único consuelo que nos queda es que, al menos, podemos identificar tan compleja norma con el nombre de una Ministra que es, además, guionista y directora de cine.