Ambiental y Cual

No ha pasado una semana desde que el huracán “Sandy”, un ciclón tropical generado en el mar Caribe, ha dejado ya más de cien muertos y destrucción en la costa este de los Estados Unidos. Al día de hoy todavía hay varios millones de personas sin luz electrica y largas colas para acceder al combustible e incluso a alimentos. Y no nos estamos referiendo a un país en desarrollo, de esos que sufren con frecuencia desastres naturales (de los que nadie se acuerda), sino al mismísimo Manhattan, al corazón financiero de Norteamérica, obligando a parar por dos días el vertiginoso ritmo especulativo de Wall Street.

Todo ha ocurrido en plena recta final de las reñidas elecciones presidenciales, cuando las encuestas dan casi un empate técnico entre el 44º Presidente de los Estados Unidos, el demócrata Barack OBAMA, y el candidato republicano Mitt ROMNEY. El devastador huracán ha irrumpido en tan histórico momento y con él un debate casi inédito en la previa campaña electoral: el cambio climático. Los trágicos efectos del inoportuno fenómeno atmosférico, ¿son acaso manifestación del tan cacareado “cambio climático” o, mejor, del “calentamiento global”?

Durante estos días las redes sociales han funcionado frenéticamente intercambiando mensajes acerca de las causas del Sandy: ¿”actos del hombre” o “act of God” (como se conoce en el mundo anglosajón la “fuerza mayor”)? Inevitablemente he repasado el Informe de Síntesis “Cambio Climático 2007” -publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático- allí donde se dice que es altamente probable que los efectos del cambio climático actual se deban en parte a causas antropogénicas y entre dichos efectos se indica expresamente que “probablemente aumentará la intensidad de los ciclones tropicales”. También al conocer que la previsión de daños que ha originado el ciclón sobrepasan los 50.000 millones de dólares, me he acordado del Informe Stern sobre la “economía del cambio climático y el calentamiento global” (publicado en 2006) donde, entre otras cosas, se dice que “los costes de la estabilización del clima son considerables pero manejables” pero que “una demora sería peligrosa y mucho más costosa”.

Probablemente el huracán beneficie al Presidente OBAMA que está procurando gestionar la emergencia de la mejor manera posible y recordando –un tanto tímidamente- la importancia de la lucha contra el cambio climático, frente al relativo excepticismo de su contrincante en la carrera hacia la Casa Blanca. De hecho, todos los medios han destacado en los últimos días, la orientación del voto del independiente alcalde de Nueva York, Michael BLOOMBERG, hacia el Presidente OBAMA “por sus esfuerzos contra el cambio climático”.

Personalmente confieso que había depositado muchas expectativas sobre Presidente afroamericano para relanzar la política internacional en la lucha contra el cambio climático –tras el parón del Presidente BUSH-. Sin embargo, el fracaso de la Cumbre de Copenhague de 2009 y los pobres resultados de las posteriores Conferencias sobre el Cambio Climático (de Cancún de 2010 y de Durban de 2011), me han confirmado que los problemas internos derivados de la crisis económica y  financiera han pesado más en la agenda política de OBAMA que una decidida apuesta y un liderazgo mundial en esta batalla.

Sea lo que fuere, la catástrofe de estos días experimentada en la rica costa este de los Estados Unidos, obliga a quien gane la elección presidencial el próximo martes 6 de noviembre, a introducir necesariamente en su programa de gobierno una estrategia de prevención, mitigación y adaptación frente/de/a los efectos provocados por los cada vez más frecuentes fenómenos metereológicos de naturaleza catastrófica, llámese “lucha contra el cambio climático”, “manejo de emergencias” o como se quiera llamar. Y, es que, a mi juicio, así como las ramas no nos deben impedir ver el bosque, la lucha contra la crisis económica no debe olvidar e impedir abordar los nuevos riesgos globales ambientales.

Sucedió el pasado martes, 16 de octubre, a las 11,00 hs. comenzó en la ciudad de A Coruña la vista oral del macro-juicio del caso Prestige en espectacular escenario montado al efecto en el recinto ferial ExpoCoruña. Han transcurrido casi diez años de paciente instrucción por los/as sucesivos/as jueces/zas que ha pasado por el torturado Juzgado de Corcurbión. Cifras de récord: 1.500 perjudicados, agrupados en 55 acusaciones, 70 letrados, 28 procuradores; 133 testigos admitidos; un total de 98 pruebas periciales; una reclamación de daños que la Fiscalía valora en 3.863 millones de euros; un sumario que consta de más de 230.000 folios; etc. Y, en el banquillo de los acusados, tres protagonistas: el Capitán del Prestige (Apostolos MANGOURAS), el Jefe de Máquinas del buque (Nikolaos ARGYROPOULOS) y el ex-Director General de la Marina Mercante (José Luis LOPEZ-SORS GOZÁLEZ), todos ellos imputados por un delito contra el medio ambiente y daños. El otro de los imputados, el Primer oficial del buque siniestrado (el filipino Ireneo MALOTO) está en paradero desconocido y pesa sobre él una orden de búsqueda internacional).

Cuanto más observo la foto de los acusados, en la primera fila del mediático proceso, con rostro serio, elegantemente vestidos, de edades más bien propias de la senectud, más me cuesta creer que en ellos se encuentra el “núcleo duro” de los responsables de una de las catástrofes de contaminación marina más importantes de la historia de España. Y, al instante me vienen a la mente tantos aspectos jurídicos del caso Prestige -internacionales, comunitarios, mercantiles, procesales, civiles, ambientales, administrativos, penales, etc.- que nuestro grupo de investigación (el Observatorio del Litoral) ha tenido la oportunidad de estudiar a lo largo de estos años. El “caso del Prestige” es, probablemente, uno de los accidentes de petroleros de los que más se ha escrito en la historia (y, desde luego, los ha habido más graves que éste, al menos en cuanto al volúmen de la marea negra provocada tras el hundimiento).

Como acertadamente se ha destacado, el “Prestige” es un caso emblemático del fenómeno de la “globalización económica”: buque de dueño –sobre el papel-  liberiano (“Mare Shipping”), abanderado en Bahamas, de armador griego (“Universe Maritime”), aseguradora británica (“The London Steamship Owners”), certificado por una sociedad de clasificación norteamericana (“ABS”), fletado por una sociedad suiza (“Crown Ressources”), con un Capitán griego y buena parte de la tripulación filipina, que fue intentado rescatar por una empresa holandesa (“Smit Tak”), que afectó (además de España) a parte del litoral de Francia y Portugal, etc. A estas alturas ya se conoce bien los responsables que hay detrás de la trama de empresas y sociedades relacionadas con el Prestige. Y, por supuesto, que no queremos sentar a más personas en el banquillo de las acusados pero lo cierto es que hablar de responsabilidades en caso del Prestige es ir más allá del juicio estelar que se ha comenzado a desarrollar en A Coruña y que nos va a ocupar, por lo menos, hasta mediados del año que viene.

Antes de este juicio ha habido muchos otros juicios relacionados con el Caso Prestige. No me refiero sólo al promovido por el “Reino de España” ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos contra el fallo de un Tribunal de Distrito, absolutorio y favorable a la sociedad clasificadora “American Bureau of Shipping” (ABS) que fue, lamentablemente, desestimado, o a otros juicios menores que se han sustanciado en diferentes jurisdicciones (desde los tribunales ordinarios hasta el Tribunal Constitucional o incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo). En esta década muchos otros juicios se han sucedido: un juicio político contra el Gobierno que tuvo que capear la catástrofe (por cierto, con relativamente pocos réditos electorales para los grupos de la oposición del momento); un juicio mediático muy efectivo sobre la base de las conmovedoras muestras de solidaridad de los voluntarios y las terribles huellas del chapapote (pero menos sensible con los sentinazos que suponen el ochenta por ciento de la contaminación de los buques); un juicio científico por parte de los expertos de todo tipo que han permitido reflexionar sobre posibles remedios y soluciones; un juicio popular por parte de una ciudadanía hastiada de presenciar el tozudo suceder de accidentes en nuestras costas.

Deseamos que se desarrolle un proceso justo e imparcial, desprovisto de cualquier carga ideológica, pero conscientes de que se tratará sólo de un paso más en una sucesión de decisiones que persiguen, en todo el mundo, unos buques más seguros en unos mares más limpios.

Una vez más –casi siempre por estas fechas- me veo obligado a tratar aquí  de esa lacra de los incendios forestales que, tristemente, está siendo noticia recurrente a lo largo de este verano. Cuando aun quedan cuatro meses para terminar el año, ya han ardido en España más de 160.000 hectáreas (entre terreno arbolado y no arbolado), lo cual nos sitúa en una de las peores cifras de los últimos veinte años. Pero, a mi juicio, lo más grave de esta catástrofe son las once vidas humanas que se han cobrado hasta el momento los incendios forestales producidos a lo largo y ancho de toda España -de norte al sur, de este a oeste, en la península y en los archipiélagos- la mitad de ellos profesionales de los servicios anti-incendios (brigadistas, pilotos de aeronaves, agentes ambientales) y los demás, personas mayores y jóvenes, españoles y extranjeros. Y, dado que, como es sabido, una buena parte de los incendios en nuestro país son intencionados, esta trágica consecuencia es algo que ¡no lo podemos permitir!

Aun está viva en mi memoria el devastador incendio que, en abril de este año, asolaba parte de nuestro galaico Parque Natural de las Fragas del Eume, y que me suscitó una entrada en este blog, en parte queja y en parte desahogo frente al presunto pirómano. En caliente, ante las pavorosas imágenes de cualquier   incendio de gran magnitud, surge la cuestión inmediata: pero, es que ¿no hay forma de acabar con este problema de una vez por todas? ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué debemos hacer? ¿cómo? ¿cuándo? ¿quién?

Y analizando con un poco de serenidad la abundantísima información disponible (en España y fuera de España) sobre esta materia y tantas instituciones trabajando sobre este tema, se deducen, a mi modo de ver, dos conclusiones bastante ciertas: de una parte, que -pese a todo lo anterior- el ser humano ha avanzado mucho en la lucha contra los incendios forestales, y, de otra parte, que, como consecuencia de los crecientes efectos del cambio climático, es muy posible que se recrudezcan los periodos de sequía que, a su vez, son desencadenantes de buena parte de los más graves incendios forestales. 

Desde que el hombre descubrió, en el amanecer de la Humanidad, el poder devastador del fuego, son muchos los medios técnicos que ha pergeñado para evitar o minimizar sus peligrosos efectos. Ciertamente la silvicultura y las demás ciencias forestales vienen aportando muchos conocimientos útiles para dicha tarea. Pero, en nuestros días, las soluciones más eficaces para la protección del medio ambiente (y, por lo tanto, también de la biodiversidad forestal) provienen de “estrategias integrales” en la que los expertos y profesionales de diversas ramas de conocimiento –que se proyectan sobre los espacios forestales- trabajen de forma interdisciplinar. 

Y así, los ingenieros forestales han de aportar su ciencia sobre los mejores sistemas de protección y gestión de los bosques; los ecólogos nos ilustrarán cómo mantener  el equilibrio de dichos ecosistemas; los urbanistas diseñarán los más respetuosos desarrollos urbanísticos con su entorno natural; los juristas propondrán medidas represivas y compensatorias que castiguen y desincentiven la producción de incendios; los sociólogos investigarán las causas de los daños producidos; etc. Las Administraciones públicas trabajarán de la forma más coordinada y colaborativa  posible ante la creciente escasez de recursos financieros. Siempre aprenderemos de nuestros fallos, y sobre todo, lo que, a mi juicio, es la medida preventiva más importante, enseñaremos a nuestras jóvenes generaciones lo vital que es mantener nuestro patrimonio natural, lo irracional y suicida que es degradarlo, y lo absurdo que es sacrificar vidas humanas en su preservación.

Todavía están muy vivas en nuestras retinas las pavorosas imágenes de los gigantes incendios forestales que han asolado una de las comarcas del interior de la provincia de Valencia y en los que, para mayor desgracia, ha fallecido el piloto de uno de los helicópteros implicados en su extinción. En pocos días, en la zona de Cortes de Pallás y Andilla, las llamas han arrasado más de 50.000 hectáreas, suponiendo por la magnitud de la superficie calcinada, uno de los más graves ocurridos en España desde 2004. Un triste y recurrente ejemplo de catástrofe ambiental que golpea con fuerza la opinión pública y que, a su vez, salpica a los gobiernos y a los políticos de turno, aunque no siempre es fácil depurar con justicia las responsabilidades, bien sea por acción o por omisión.

Es muy fácil utilizar estos tristes acontecimientos, por unos y por otros, para tirarse los trastos a la cabeza, para hurgar en la herida, para obtener réditos políticos. Es muy sencillo y efectista. Pero, en mi opinión, lo verdaderamente  legítimo es reclamar medidas preventivas más eficaces, proponer medios de intervención más inmediatos y justas reparaciones para los afectados. Más que nunca se precisa la solidaridad y consenso de las fuerzas políticas y sociales para abordar un problema que se repite, una y otra vez, y que no sabe de colores políticos.

Con la fuerte experiencia que tuvimos en Galicia con motivo de la catastrofe del Prestige (de la que este año se cumplen ya diez años) -y, ¿como no? de tantos incendios forestales que año a año se suceden-, tenemos aquí muy claro que lo más importante es aprender, sacar lecciones de estos traumáticos eventos. Que, una vez pasados los momentos más “calientes” de la crisis, analicemos  con serenidad y reflexión desapasionada los variados aspectos del hecho catastrófico y de sus consecuencias. Es el momento en que políticos, científicos, técnicos, ciudadanía y la sociedad en general, se alíen en la búsqueda de las más oportunas soluciones.

Desgraciadamente los seres humanos –a los que nos debiera caracterizar la racionalidad- solemos funcionar, por general, de forma reactiva, es decir, sólo cuando el daño o la catástrofre se ha producido.

Huyo de la literatura catástrofista que se regodea en las desgracias y que trata de impresionar con sus fantasmagóricas consecuencias. Es el caso del reciente libro de Alok JHA –redactor de la sección de ciencia y tecnología del Guardian-, titulado “50 maneras de destruir el mundo”. Un batiburrillo de amenazas -ciertas muchas de ellas (no lo pongo en duda)- para los seres humanos y para nuestro Planeta: desde la denominada “sexta extinción masiva” de las especies, la “superpoblación”, el “desastre biotecnologico”, las especies invasoras, la muerte de las abejas, las guerras del agua, la destrucción de la capa de ozono, el aumento del nivel del mar, el “cierre de la corriente del Golfo”, el “megatsunami”, las “supertormentas”, etc. –por citar algunas de las amenazas más vinculadas con el medio ambiente- hasta otros más peregrinos riesgos para nuestra civilización (“superinteligencia artificial”, “transhumanismo” (!), “extraterrestres hostiles”, “superhumanos genéticos” (!!)…). Menos mal que su autor nos consuela en la introducción: “pero no hay que desanimarse. Cualquiera que sea el punto de vista científico con el que se observe el Fin (supongo que quiere decir el “fin” del planeta), podemos tener la garantía de que sólo un puñado de ellos supondría el fin de la Tierra como tal”. En lo que si estoy de acuerdo es lo que apuntilla seguidamente: “Nuestro Planeta, sin embargo, seguirá como si tal cosa después de la desaparición de los humanos o de los muchos millones de especies vivas”. Esto se llama “resiliencia”.

Sin querer discutir lo más mínimo la maravillosa libertad de expresión que hay que reconocer a todo ser humano, otro gallo cantaría si, en lugar de dedicar tanto esfuerzos de la prodigiosa mente humana manipulando los hechos catastróficos para inconfesables intereses partidistas o para recrearse en la estética apocalíptica, centráramos todos los empeños en aprender de nuestros errores.

Esta semana saltó a los medios de comunicación una sentencia del Tribunal Supremo, fallada el pasado 10 de noviembre de 2011, en relación al “caso Boliden” que,  como es sabido, tiene que ver con una de las mayores catástrofes ambientales producidas en el nuestro país en las últimas dos décadas. Recordemos: el 25 de mayo de 1998, en la localidad sevillana de Aznalcóllar, se rompió –por el deslizamiento del terreno- una balsa de decantación de residuos mineros procedentes la explotación minera de la que era titular la empresa Boliden-Aprisa S.L. (perteneciente al grupo multinacional sueco-canadiense Boliden Ltd), provocando un vertido de cerca de seis millones de metros cúbicos de aguas contaminadas sobre el río Guadiamar, afluente del Guadalquivir, en el entorno de uno de los más valiosos espacios naturales protegidos de España como es el Parque Nacional de Doñana.

La noticia ponía de manifiesto que trece años después de la catástrofe, el Tribunal Supremo resolvía un recurso presentado por la empresa Bolidén contra el acuerdo de la Junta de Andalucía que declaraba su responsabilidad sobre los daños ocasionados por el vertido (el Gobierno andaluz destinó más de 152 millones de euros para remediar la catástrofe ecológica) y le obligaba a rembolsar a la Junta los gastos y costes asumidos subdisidiariamente por ésta y que ascendían a casi 90 millones de euros. El Tribunal falla en contra de la Junta de Andalucía y el “escándalo mediático” está servido: “el vertido de Alnazcóllar sale gratis”, “Alnazcóllar, catástrofe impune”, “El Supremo eximen a Boliden del pago de la indemnización”,… Expresada así la noticia, produce una “alarma social”. Y las consiguientes preguntas: ¿Es posible provocar en nuestro país una catástrofe ecológica de tales dimensiones e “irse de rositas”? ¿no hay suficiente normativa ambiental para prevenir o castigar dichos sucesos? ¿acaso no está vigente ya el famoso principio “quien contamina, paga”?

Comprendemos la indignación social que se desencadena con una noticia como la de la citada sentencia del Tribunal Supremo. Pero analizando a fondo el asunto jurídico –que, como es lógico, no puedo exponer aquí con profundidad- en toda su larga trayectoria, se advierten sin duda los fallos y lagunas de nuestro tradicional sistema de reparación de daños ambientales (dificultad de encontrar la base jurídica de la responsabilidad, la variedad de tribunales y jurisdicciones, los defectos de nuestras normas procesales, etc.) y también, a nuestro modesto entender, la impericia de los servicios jurídicos de las Administraciones Públicas que deben de tutelar nuestros recursos naturales (que se observa en concreto leyendo el texto de la Sentencia que es la base de este comentario). Impericia judicial que, desde la otra perspectiva del pleito, se corresponde con la habilidad de los servicios jurídicos de la empresa Bolidén que no sólo lograron archivar el asunto en la vía penal, sino que han utilizado todo tipo de triquiñuelas procesales y tácticas dilatorias para, trece años después de la catástrofe -y demostrada, al menos, su negligencia en la construcción y conservación de la balsa de residuos mineros- sigan, al día de hoy, sin reparar el gravo daño causado a una de la “joyas de la corona” de la biodiversidad española (el “Coto de Doñana”).

Ante la alarma social que puede originar una noticia como la de la última sentencia del Caso Bolidén (la más reciente de una serie larga de pronunciamientos judiciales, pero no será la última), quiero tranquilizar al lector, diciéndole que una situación como esta ya no podría darse en la actualidad. Con la aprobación de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental (transposición de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de los daños ambientales), un caso como el del Bolidén se habría resuelto en breve tiempo con la aportación del seguro obligatorio que hoy se exige a una actividad como aquella (y demás coberturas) y con el reconocimiento a la Administración Pública ambiental de importantes potestades para la inmediata reparación de los daños.

Hoy sábado 19 de noviembre “celebramos” el noveno aniversario del hundimiento del buque Prestige a 260 kilómetros de las costas de Galicia (aunque el accidente se produjo a partir del 13). Y como no hay mal que por bien no venga, todos estos años, quienes trabajamos en el Observatorio del Litoral de la Universidad de Coruña hemos tenido la oportunidad de aprender muchas cosas en muchos temas relacionados: la seguridad marítima, la protección del medio ambiente marino, la ordenación del litoral, etc. En un fructífero trabajo inter- y trans-disciplinar, en nuestras reuniones y estudios nos hemos relacionados con multitud de profesionales (periodistas, ingenieros, marinos mercantes, etc.). Y todo ello, ¡gracias al Prestige! Muy bien, pero se me preguntará: ¿estamos mejor preparados que hace diez años? Si volviera a ocurrir, la pregunta del millón, ¿saldríamos mejor parados?

Desde nuestra perspectiva principalmente jurídica –la del Observatorio del Litoral- se puede afirmar con toda justicia que, desde el Prestige, hemos avanzado mucho en España, se han aprobado muchas medidas jurídicas, tenemos más medios –personales y materiales- para prevenir una catástrofe como la del Prestige y, en su caso, para intervenir más eficazmente en caso de una contaminación masiva. Ciertamente, en el marco de la Unión Europea, más que el Prestige, ha sido el accidente del buque Erika en aguas francesas, en diciembre de 1999, el que más repercusión ha tenido en el reforzamiento de la política comunitaria de seguridad marítima. Los llamados paquetes de medidas “Erika I” y “Erika II” son los que han traído consigo un buen conjunto de medidas que han mejorado considerable esta política. El accidente del Prestige aceleró la puesta en marcha de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Y, más recientemente, el 23 de abril de 2009, se aprobaron un conjunto de Reglamentos y Directivas comunitarios (el llamado “tercer paquete” de seguridad marítima) sobre temas esenciales como el control de los sociedades de clasificación de buques, el reforzamiento de las facultades de control del “Estado del Puerto”, la mayor eficacia en el seguimiento del tráfico marítimo, la investigación de los accidentes marítimos, las medidas de responsabilidad y aseguramiento de los buques, etc.

También a nivel internacional, se han experimentado avances como el incremento de la cuantía de la responsabilidad fondo internacional de indemnización por daños de hidrocarburos (FIDAC)  y la Organización Marítima Internacional ha adoptado algunas medidas para prevenir las catástrofes marinas (como por ejemplo, la obligación de determinar los llamados “puertos de refugio”).

Así como el mundo científico, se siguen publicando trabajos sobre las repercusiones del Prestige (como el que se presentó esta semana en el Consello Galego de Cultura), en el mundo jurídico también se vienen sucediendo interesantes obras sobre este tema como el reciente libro colectivo “Las lecciones jurídicas del Caso Prestige” (Aranzadi-Thomson, 2011), dirigido por el Profesor ÁLVAREZ RUBIO de la Universidad del País Vasco. Pocos años antes, la tesis doctoral de Mª Remedios ZAMORA ROSELLÓ sobre el “Régimen jurídico de la seguridad marítima”, publicada en nuestro Observatorio del Litoral (Netbiblo, 2009), ponía de relieve los progresos que se han experimentado a nivel internacional, comunitario y nacional sobre esta materia.

Por lo dicho hasta ahora, todo parece indicar que hemos aprendido las lecciones del Prestige y que estamos muy bien preparados para otra contingencia de estas características. Pues bien, no es así del todo, a nuestro juicio. Los investigadores del Observatorio del Litoral venimos denunciando en diversos foros de debate, congresos y publicaciones que nuestro país carece al día de hoy de una adecuada planificación para abordar, en su caso, una contingencia como la relativa a un accidente marítimo de la naturaleza y alcance del Prestige.  Se me dirá que ya existe una “Plan nacional de contingencias por accidentes marinos”; en efecto, el que existía cuando sucedió el accidente del Prestige. Incluso, los más enterados en este tema me asegurarán de que ya existe un borrador (o proyecto) de nuevo Plan de Contingencias (que, sin duda, supera con creces el actualmente vigente). Lo cierto es que todavía no se ha renovado el “Plan de 2001″. Y esto, nos parece, que ¡no es sostenible! Urge que se apruebe un nuevo Plan que, en caso de una grave catástrofe, ayudaría mucho a las autoridades públicas a seguir un plan riguroso que evite improvisaciones y la impresentable sensación de descoordinación. Y además esta medida, ¡es gratis!

Los accidentes de buques (no todos petroleros) en las costas de Galicia se han venido sucediendo con una terca y pasmosa regularidad: “Polycomander” en 1970, “Urquiola” en 1976, “Andrios Patria” en 1978,  “Casón” en 1987, “Mar Egeo” en 1992, “Prestige” en 2002… ¿Cuál será el siguiente? Hay que estar bien preparados.

Dentro de pocos días se van a cumplir ¡dos meses! desde la explosión y el posterior incendio de la plataforma petrolífera “Deepwater Horizon” al servicio de British Petroleum en el Golfo de Méjico. Y con el accidente -que ya ha producido el mayor vertido de hidrocarburos de la historia de los Estados Unidos (en estos momentos se calcula que triplica el producido por el buque Exxon Valdez en 1989)- llega, irremisiblemente, la marea negra a la costa de los Estados sureños y algo que causa un gran impacto en la opinión pública (lo sabemos bien): las aves petroleadas, triste símbolo de este tipo de catástrofes ambientales. Pero no solo es una marea contaminante la que está arribando a la costa de los Estados Unidos, sino también una preocupante marea política –denominada por algunos, maliciosamente, el Katrina de Obama- que está afectando muy seriamente a la popularidad del recien llegado Presidente norteamericano.

Cuando en nuestro anterior post (“La marea negra no entiende de colores políticos”) comentamos por primera vez este accidente, me mostraba muy optimista ante la previsible gestión de esta catástrofe por parte del Gobierno y la Administración estaunidense, que tras el Exxon Valdez había adoptado medidas muy serias y exigentes. Además presuponíamos su poderío técnico, la envidiable coordinación de sus autoridades y Agencias, su irreprochable transparencia informativa. Pero…, han pasado casi dos meses de aquel fatídico 20 de abril y el petróleo bruto sigue fluyendo de las entrañas del fondo marino sin que todavía se haya podido controlar del todo su contaminante flujo.

Nos consta que el plan de respuesta –previsto por el ordenamiento jurídico- se ha puesto en marcha, que las Agencias competentes están actuando (EPA, NOAA, etc.), que el servicio de Guardacostas vigila y supervisa las operaciones, que se han decretado los oportunos “estados de emergencia”… Y el mismísimo Presidente Obama ha visitado ¡por cuatro veces! las zonas afectadas por la catástrofe.

A mi juicio, parte del problema es que se ha confiado excesivamente en la capacidad técnica de BP para resolver la situación. Soy consciente de que allí como aquí, en Europa, la normativa exige que las empresas de explotación petrolífera tengan sus propios planes de contingencias interiores, y que ellas son las principalmente –y en primer lugar- responsables de solucionar las incidencias catastróficas. Pero, me parece que la Administración Obama ha tardado mucho en reaccionar ante los acontecimientos. Ahora en la Comisión parlamentaria que se ha constituido para investigar el accidente, se está sabiendo que BP no fue lo suficientemente ciudadosa en su política de seguridad de las explotaciones en el mar.

Ayer Obama se ha reunió con los responsables de la poderosa multinacional, quienes han prometido una cuantiosa suma para las indemnizaciones y restauración ambiental de las zonas afectadas. Bienvenida sea. Lo que verdaderamente me preocupa es que, bajo la indudable solvencia económica de BP y ante la imperiosa necesidad de mantener el insostenible consumo de recursos energéticos de los Estados Unidos, se sacrifiquen tantos valores. No sólo los de los pescadores de Luisiana y del Delta del Misisipi o los de los establecimientos turisticos de Florida. También esos valores ambientales de los ecosistemas marinos y costeros de muy dificil evaluación.

Ante potenciales daños castróficos –muchos de ellos irreversibles- pienso que se deben exigir a sus potenciales causantes cautelas proporcionadas a semejantes riesgos. Y desde luego, la técnica –como estamos viendo- tiene sus límites. Limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora permitir –o no- la explotación de ciertos recursos naturales. No  hay que sacrificarlo todo en aras del progreso o de los accionistas de BP.

Veintiséis años después de la mayor catástrofe industrial de la historia que tuvo lugar en Bhopal –en el centro geográfico de la India y en uno de sus Estados más pobres-, ocasionada por un escape de un letal gas (isocianato de metilo, 500 veces más venenoso que los gases utilizados por los nazis en la cámaras de exterminio) de un planta de la Unión Carbide India Limited (filial de la sociedad norteamericana Union Carbide Corporation) y que ocasionó la muerte inmediata de 3.300 personas e indirectamente ha afectado a cerca de otras 200.000 personas en diversos grados, un Tribunal de Bhopal acaba de declarar culpables de negligencia a ocho altos cargos de la empresa filial.

Si la condena impuesta por el Tribunal indio parece un sarcasmo (con penas que no superan los dos años de carcel y una sanción en rupias equivalente a 8.900 euros), mucho más criticable nos parece el largo proceso que ha seguido este pleito en los Tribunales norteamericanos y en los Tribunales indios, un verdero via crucis jurídico para las victimas y sus representantes –como las que describe Dominique LAPIERRE y Javier MORO en su libro Era media noche en Bhopal, una minuciosa descripción de la tragedia humana y una documentada reclamación de justicia-.

La muy discutible Bhopal Gas Leak Disaster Bill de 1985 con la que el Gobierno indio despojó a la víctimas de su derecho de invocar responsabilidades contra el mismo (y a cambio se obligaba a suministrar provisionalmente a la victimas los medios para su sustento; que no siempre llegaron), la injustificada Sentencia del Tribunal de Distrito de Nueva York de 12 de mayo de 1986 renunciado a conocer el fondo del asunto (dejándolo, en virtud de la regla del “forum non conviniens”, en manos de la jurisdicción india), el mal acuerdo transaccional de 14 de febrero de 1989 entre las partes en el Tribunal Supremo de la India por el que éste obligaba a Union Carbide Corporation al pago de 470.000.000 de dólares como plena satisfacción de todas la pretensiones, derechos y responsabilidades (muy por debajo de lo que los Tribunales norteamericanos hubieran señalado en un caso tan catastrófico)…, son algunos de los datos jurídicos de este asunto que ponen de manifiesto la impunidad con la que han actuado algunas empresas matrices bajo lo que en la doctrina jurídica se denomina el “velo de las sociedades multinacionales”.

Una vez más resulta oportuno reclamar frente a estos fatales fallos de la globalización efectivos mecanismos de responsabilidad internacional empresarial. Lo exige el necesario principio de la solidaridad intrageneracional en la lucha contra la contaminación, pero sobre todo lo demandan las víctimas.

20 de abril de 2010. A 80 kilómetros de la costa del Estado de Luisiana la gigantesca plataforma Deepwater Horizon de extracción petrolífera para British Petroleum (en la que trabajaban 126 personas) explotó, por causas que todavía se desconocen, después se originó un incendio y el accidente ha causado 11 desaparecidos y 17 heridos. Tras haber sido evacuado el personal que trabajaba en la instalación marina, dos días después, la plataforma se ha hundido y ha generado una marea de petróleo bruto que amenaza las costas de los Estados de Luisiana, Misisipi y Alabama, las mismas que en 2005 fueron seriamente golpeadas por el huracán Katrina.

De las entrañas de la tierra a mil quinientos metros de profundidad sangran las heridas inflingidas por tan avanzado recurso extractivo de la ingeniería, dispersando el oro negro en una extensa mancha de contaminación, ya apreciable vía satélite.

Las zonas costeras que rodean el delta del Mississippi tienen un enorme valor ecológico, pesquero y de ocio, cuyos habitantes ven ahora peligrar sus recursos y actividades marinas habituales.

Desde nuestros sentimientos vividos con ocasión de la catástrofe del Prestige, todos nos solidarizamos ahora con Presidente Obama, con las autoridades federales y estatales, y especialmente con el sufrido pueblo de los refereridos Estados de Luisiana, Misisipi, Alabama y también Florida, deseando que puedan resolver de mejor manera posible esta crisis ecológica que viene a sumarse, para colmo de males, a la crisis económica que también padece el pueblo norteamericano.

Después de la tragedia ecológica del petrolero Exxon Valdez en marzo de 1989 junto a las blancas, blanquísimas costas de Alaska, que conmovió profundamente a la opinión pública estaunidense, fue el primer Presidente Bush (Bush padre) –que acababa de acceder a la Presidencia de los Estados Unidos- el que promovió la aprobación en 1990 la Oil Pollution Act una de las normativas más severas en materia de seguridad marítima que, desde entonces, ha blindado las aguas marítimas norteamericana frente a inseguras mercancías peligrosas. También por entonces se revisó el pionero Plan de Contingencias sobre accidentes marinos (el extenso National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan).

Quien se podía imaginar que, esta vez, el peligro vendría de la costa y, sin embargo, no debe olvidarse que el segundo mayor vertido de petróleo de todos los tiempos (después del provocado en la Guerra del Golfo de 1991) fue producido en junio de 1979 por el pozo de extracción marina Ixtoc I en la bahía de Campeche, también en el Golfo de México.

Pese a las desgracias ecológicas sufridas por los Estados Unidos, en 1989 con el buque “Exxon Valdez” y ahora con la plataforma “Deepwater”, hay una nota distintiva con respecto al caso del Prestige en aquellas tragedias intervienen compañías petroleras de enorme solvencia económica (la Exxon y la British Petroleum). Sin embargo, hay otro dato, para mi más relevante y es la rápida reacción de los poderes públicos norteamericanos, una mejor coordinación entre la autoridades competentes (agencias federales, organismos estatales, entidades locales) y una gran transparencia informativa (cfr. la información que proporciona a tiempo real el servicio de Coast Guard norteamericano). Por supuesto que no son perfectos (de hecho el sistema federal de emergencias fracasó estrepitosamente con el huracán Katrina) y espero que esta crisis sirva para suspender el plan de explotación petrolífera en el litoral de los Estados Unidos recientemente aprobado por Obama.

Aquí en Galicia no podemos olvidar que hace ocho años sufrimos la catástrofe del Prestige y asistimos entonces al triste espectáculo de una inicial gestión errática de la crisis, a la improvisación y una peor comunicación pública. Gracias a la bonanza económica de los últimos años se han invertido muchos recursos financieros, científicos, materiales, etc. Pero a juicio del Grupo de Investigación del Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña -que tengo el honor de dirigir-, debería revisarse profundamente el Plan de Contingencias por contaminación marítima del Estado que sigue vigente desde 2001 pese a no haber funcionado adecuadamente con el Prestige. No ponemos en duda la extraordinaria profesionalidad de los servicios estatales de salvamento marítimo, demostrada en muchas ocasiones. Ante la tozuda terquedad de las catástrofes ambientales que cada diez años –casi con puntualidad- azotan gravemente nuestras queridas costas podemos aprender nuevamente de la experiencia norteamericana de la actuación rápida, transparente y coordinada de sus autoridades.

Y es que las mareas negras no entienden de colores políticos; siempre llegan en el momento más inoportuno. Lo más importante, como aprendimos del sabio y buen amigo Michel Girin (antiguo director del CEDRE), es que hay que estar preparados, aprender de los errores y trabajar juntos. No hay accidentes idénticos, cada uno presenta insospechadas incidencias y por este motivo es vital trabajar colaborativamente, técnicos y políticos, sociedad y Administraciones públicas, científicos y pescadores… sin perder inútilmente energías en interminables debates inculpatorios.