Con las mismas palabras los profesores Emilio CHUVIECO (Catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá) y María Ángeles MARTÍN RODRIGUEZ-OVELLEIRO (Profesora de Evaluación de Imapacto Ambiental en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) han publicado –en formato digital- un interesante ensayo cuyo título completo es: “¡Dominad la tierra! Raíces filosóficas y teológicas del ecologismo” (editorial Digital Reasons, Madrid, 2013). Partiendo de la base de que el problema ecológico es –según sus autores- uno de los más graves que actualmente afectan a la humanidad (poniendo incluso en peligro la existencia de la especie humana sobre la Tierra) y de que, en buena parte, está causado por el ser humano, se analizan las diferentes corrientes filosóficas que han propiciado la aparación de los movimientos conservacionistas y de las diferentes versiones del ecologismo que se han dado hasta el momento presente. Se realiza un exhaustivo repaso de las diversas respuestas que se han dado a los crecientes problemas ambientales bajo la óptica de un compromiso ético o moral.

Como señalan los autores, el ambientalismo como movimiento social y como planteamiento filosófico y ético innovador nace en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX (se citan como verdaderos precursores a R. W. EMERSON y a H. D. THOREAU, y J. MUIR es el fundador de la primera asociación ecologista, Sierra Club, en 1882 que todavía pervive). No obstante, no será hasta la década de los años setenta del siglo XX cuando se produce un cambio de paradigma en el que el ser humano es consciente de su interacción e independencia con la biosfera y a partir del cual la protección ambiental pasa a formar parte de las agendas políticas.

Resulta interesante el repaso y sistematización que se hace en el trabajo de las “éticas ambientales” que se han desarrollado desde entonces, desde la “Ética de la Tierra” de Aldo LEOPOLD al “ecofeminismo” de Vandana SHIVA y de Wangaria MAATHAI, pasando por la “ecología profunda” (Deep ecology), la “hipótesis Gaia” de James LOVELOCK, la “liberación animal” de Peter SINGER, la “justicia ambiental”, etc.  La mayor parte de estas visiones son “biocéntricas” o “ecocentricas” –que son dominantes en el mundo del ecologismo- que se distinguén de las posturas “antropocéntricas” en la que el ser humano se proclama dominador de la existencia. Como postura intermedia se recoge también el “ecologismo personalista” del Profesor Jesús BALLESTEROS (de cuyo planteamiento me considero deudor en muchos de sus aspectos).

También se analizan las propuestas de las grandes religiones (cristianismo, judaísmo, islam, hinduísmo, budismo e indigenismo) en relación con el problema ambiental y la conservación de la naturaleza.  Muy acertada me parece la crítica que los autores hacen de la desenfocada e injusta hipótesis de L. WHITE acerca del cristianismo (como responsable de los actuales desequilibrios ecológicos), siendo no sólo la cosmovisión ambiental cristiana de San Francisco de Asís sino también la moderna exégesis de los textos bíblicos sobre las relaciones entre el hombre y la Creación, sólidos argumentos, a mi juicio, para rebatir aquélla arraigada tesis.  Y, en esta dirección, la correcta interpretación de la Biblia se aproxima más –como recuerdan los autores- al moderno concepto de la “administración o mayordomía ambiental” (environmental stewardship) que a un trasnochado y perturbador “antoprocentrismo tecnocrático”. De otra parte, pese a la rica tradición ambiental cristiana, el desarrollo doctrinal de la Iglesia Católica en esta materia se ha plasmado vigorosamente en los documentos de su Doctrina Social y, en particular, a partir del pontificado de Juan Pablo II (en sus encíclicas sociales como la Solicitudo Rei Socialis o la Centésimus annus).

Tras estudiar los planteamientos de las grandes religiones los autores concluyen que todas ellas “incluyen argumentos sólidos para enfocar las relaciones hombre-medio de una manera equilibrada, que permitiría resolver los grandes problemas ambientales del planeta”, aunque reconocen que “en ningún país estos principios se llevan a la práctica de modo efectivo”. De aquí la necesidad de afirmar una moral “ecologica” sobre un fundamento más sólido que el dominante relativismo ético. Sobre unas bases que pueden encontrarse en la naturaleza de las cosas y en un mejor conocimiento de las relaciones del ser humano con su entorno natural.

Esta visión ética del respeto a la naturaleza y del propio ser humano (que el Papa Benedicto XVI ha resumido en el concepto de “ecología humana”) implica –como destacan CHUVIECO y MARTÍN RODRIGUEZ-OVELLEIRO- revisar nuestros estilos de vida (“reducir la huella ecológica”) y nuestros hábitos de consumo (en especial en los países desarrollados), para lo cual las virtudes franciscanas de la pobreza y de la sobriedad en el uso de los bienes materiales podrían colaborar, en parte, al moderno planteamiento del “decrecimiento sostenible”. De igual forma, los mismos autores señalan los “límites ambientales de la técnica”, subrayando “los peligros que una manipulación artificial de la naturaleza puede llevar sobre el mantenimiento de los ecosistemas y la propia salud humana”. En definitiva, nos encontramos ante un profundo y recomendable ensayo en el que, por encima de las diferencias de pensamiento y de creencias que uno pueda tener, puede hallar útiles ideas que nos permitan cuidar con actitud agradecida el valioso regalo que la naturaleza nos ofrece.

Por mucho que se quiera presentar la Ley como una medida de protección y uso sostenible del litoral, no encuentro en su texto –salvo lo que deja vigente de la Ley de Costas de 1988- disposición nueva alguna que mejore la protección ambiental de nuestras costas. En todo caso, si puede afirmarse una mayor “sostenibilidad económica” –la puesta en valor económico- del litoral que se deprende de casi todo el texto. Las referencias jurídicas a la regresión costera motivada por los efectos del cambio climático se han introducido al final de su tramitación parlamentaria por la presión de algunos expertos y por los grupos ecologistas, pero esto tampoco puede considerarse propiamente como una norma de protección ambiental sino más bien como una respuesta a dichos riesgos costeros.

En un momento histórico como el presente de crisis económica (y de la construcción), en que la presión urbanística sobre las zonas costeras se había ralentizado, me parece una reforma inoportuna y una ocasión perdida para consolidar el modelo de protección ambiental de nuestro litoral y para la promoción de una urbanización costera sostenible (o, lo que es lo mismo, sensata), no sólo económica sino, ambiental y social.

Por encima de muchos otros aspectos que son susceptibles de crítica en la citada reforma, destaca, a mi juicio, su carácter discriminatorio al excluir del dominio público marítimo-terrestre determinados núcleos de población (Isla de Formentera incluida)  sin una convincente justificación. Mucho me temo que esta medida -que pretende beneficiar a unos cuantos- provoque la reacción de otros muchos que no han visto atendidas sus –también ligitimables- reivindicaciones sobre la costa. Y, al final, en lugar de proporcionar mayor seguridad jurídica al litoral, en la que se basan los promotores de la reforma, se inicie una nueva etapa de contenciosos.

La defensa del litoral es perfectamente conciliable, a mi entender,  con el reconocimiento de legítimos derechos de los propietarios en la costa –como es el caso de Galicia-. Varios intentos se han dado con anterioridad para reconocer la peculiaridad de sus núcleos tradicionales y esto hubiera sido posible sin alterar en su conjunto la filosofía proteccionista de la Ley de Costas de 1988.

Frente a los preocupantes indicios de recentralización competencial que se atisban en la inminente Ley (como el limitado valor de los informes autonómicos sobre la continuidad de actividades económicas en el litoral), confiamos en que nuestra Comunidad Autónoma sepa defender y aplicar sus legítimas competencias urbanísticas y ambientales. Si no es así, podría ponerse en peligro la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia de 2011 que tantas expectativas ha suscitado para el conjunto de la ciudadanía.

¿A qué se debe traer ahora a colación este documento de más de veintiséis años? Pues resulta que acabo de leer el sugerente ensayo de Daniel INNERARITY, titulado “Un mundo de todos y de nadie. Piratas, riegos y redes en el nuevo desorden global” (publicado por Paidós Estado y Sociedad, Barcelona, 2013). Su autor, Catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad de Zaragoza, dirige el Instituto de Gobernanza Democrática, que viene promoviendo diferentes publicaciones y debates públicos sobre esta materia. Aprovecho para destacar otro de los trabajos del mismo autor, el estudio colectivo codirigido con el conocido político Javier SOLANA: La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales (publicado también por Paidós Estado y Sociedad, Barcelona 2011): una interesante aportación sobre los límites de la ciencia antes los riesgos globales, sobre el principio de precaución y sobre la gobernanza.

En el citado ensayo se plantean las muchas paradojas en que está envuelto nuestro mundo actual: “es un mundo de todos y de nadie”, proliferan asuntos que son de todos (a todos nos afectan) pero de los que nadie puede o quiere hacerse cargo. Y, como muestra de esta realidad se cita el ejemplo del clima que, como bien público de la humanidad, preocupa (su “calentamiento global”) y manifiesta “nuestra común vulnerabilidad” por los riesgos globales que puede implicar para todo el Planeta. Para abordarlo adecuadamente su autor propone sobre la base de la necesaria  “gestión de los riesgos globales” una “política de la humanidad” que “civilice la globalización” mediante la creación de un “espacio de ciudadanía”.

En el tercera parte de su ensayo –tras poner de manifiesto las amenazas que se ciernen sobre la humanidad (en la primera) y reflejar las dificultades para proteger al mundo de sus peligros (en la segunda)-, titulada “Gobernar o el arte de hacerse cargo”, dedica un Capítulo  específico a la “Justicia climática”. En él se analizan tres cuestiones relacionadas con el “cambio climático”: la complejidad de las causas que inciden sobre el mismo, la diversidad de impactos que generan y las diferentes responsabilidades de los agentes concernidos.

Dando por supuesto el carácter antropogénico y universal del cambio climático –tal como demuestra en sus Informes (en particular en su 4º y último) el Panel Intergubernamental del Cambio Climático- el clima ha pasado a formar parte del debate político y asunto de la ciudadanía democrática, “el mayor problema de acción colectiva –según INNERARITY- al que el mundo se la tenido que enfrentar”, y que está ya generando “conflictos” y “migraciones masivas” (los llamados “refugiados climáticos”). Habrá, por lo tanto, que promover “decisiones políticas” en esta materia, o lo que es lo mismo, desarrollar la “gobernanza del cambio climático”. Sin embargo, como destaca el mismo autor, dicha urgente tarea plantea –de cara a la implantación de una “justicia climática”- varias dificultades: identificar las causas, los impactos y las responsabilidades relativas al cambio climático.

La afectación universal del cambio climático y sus eventuales efectos catastróficos –que forman parte de lo que BECK denomina “sociedad del riesgo mundial”-, así como su “alto nivel de interdependencia” de los problemas que aquejan a la humanidad, deberían propiciar –según el repetido ensayista- “soluciones cooperativas”. Pero resulta que los efectos del cambio climático son desiguales, según países, e incluso según generaciones y esto dificulta tremendamente la aplicación de la pretendida “justicia climática”.

Lo cierto es, como se encarga de destacar INNERARITY, que el reconocimiento de las “responsabilidades históricas” de los países desarrollados por las emisiones de gases de efecto invernadero y la “justa distribución de las emisiones futuras de carbono”, no está resultando nada sencillo tras los considerables fracasos de las Cumbres sobre el Clima de Copenhague (2009), de Cancún (2010),  de Durban (2011) y de Catar (2012). Unos, casi desesperados, intentos por prolongar el ya periclitado Protocolo de Kioto que debería implantar con urgencia una necesaria “justicia climática”.

El Director del Instituto de Gobernanza Democrática no se muestra partidario de las soluciones de mercado que se han aplicado (el comercio de emisiones y los permisos de emisión negociables) y reclama una solución política multinacional. Hace tiempo que la propia Convención marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –que es la base del Protocolo de Kioto- previó un principio clave para este complejo problema de distribución de las cargas climáticas que es el “principio de responsabilidad común pero diferenciada”. Un criterio jurídico ideal para afrontar el problema, pero mucho me temo que, hasta que no veamos con claridad los catastróficos efectos –directos e inducidos- del calentamiento global seguiremos sin consensuar internacionalmente una solución justa y equitativa. Lejos de la benéfica idea de “nuestro futuro común” del Informe Brundtland, más bien nos encontramos –al menos en lo que se refiere al problema del cambio climático- en la triste paradoja que orienta todo el ensayo de INNERARITY: “un mundo (una atmósfera) de todos y de nadie”, sin que la frágil Comunidad Internacional lo remedie.

El lema del “Día de la Tierra” de este año 2013 nos habla de las “muchas caras del cambio climático”: del hombre de las Islas Maldivas preocupado por trasladar a sus familia a otro lugar más seguro y protegido de las crecientes inundaciones; al granjero de Kansas que lucha por sobrevivir ante la pertinaz sequía que esquilma sus cultivos; al pescador del Niger cuyas redes vienen a menudo cada vez más vacías; etc. También el mundo animal sufre: el oso polar por el derretimiento del Ártico, el tigre por la reducción de los manglares en la India, el orangután por los frecuentes incendios que devastan los boques de Indonesia…

He querido titular, no obstante, este post con la clásica expresión “cara y cruz” del cambio climático porque estoy convencido que ver el rostro de sufrimiento, actual y futuro, de los seres vivos en nuestro Planeta puede constituir un revulsivo para que nuestras sociedades despierten del letargo, que promuevan la necesaria solidaridad intra- e inter-generacional. Me consta que ya ha mucha gente en el mundo que está actuando, que están poniendo su granito de arena para reducir sus conductas insolidarias, consumistas, egoístas.

He estado este fin de semana leyendo el librito titulado “50 cosas que hay que saber sobre la Tierra”, escrito por el geólogo y productor de la sección de Ciencia de la BBC, Martin REDFERN (publicado en España por la editorial Ariel, 2013). Me gusta cómo se inicia este trabajo: “vivimos en un planeta maravilloso. Somos afortunados su podemos tomarnos el tiempo para admirar su belleza, contemplar su majestuosidad y mostrarnos agradecidos. Pero la mayoría estamos ocupados, correteamos por la superficie y omitimos dos importantes dimensiones: la profundidad y el tiempo”. Sobre la profundidad señala: “la Tierra no yace simplemente como un bloque de cemento esperando que caminemos por encima, sino que es un planeta vivo”. Y acerca del tiempo, apostilla el mismo autor: “Nuestra existencia humana apenas supone un único tictac en el reloj del tiempo geológico, y aun así hemos cambiado el planeta haste dejarlo irreconocible. Tal vez, si logramos entenderlo mejor, trataremos a nuestro mundo con más respeto”.

REDFERN utiliza –siguiendo al Premio Nobel de Química, Paul CRUTZEN- la expresión “antropoceno” para describir la edad geológica en la que vivimos e incluse se atreve a describir cómo serán dentro de 100 millones de años nuestras ciudades, que serán fósiles y engullidas bajo las aguas. Sobre los recursos futuros, tras explotar los recursos terrestres habrá que pasar a la “explotación minera de los océanos”, y, de aquí, a la “minería espacial” (los recursos de la Luna y de otros planetas). El “clima futuro” está marcado por la “fusión de los polos”, por “fenómenos extremos” y “mareas ascendentes”. Mucho más incierto es cómo evolucionará nuestra especie humana que antes de su extinción o emigración a otros mundos habrá de adaptarse a las nuevas circunstancias climáticas. Y, por encima de las profecías apocalípticas es claro que nuestro mundo se acabará, impactado por un asteroide, abrasado por una tormenta solar, y, sin duda, cuando se agote el combustible nuclear del sol. Pero esto último, no ocurrirá hasta dentro de 4.000 o 5.000 millones del años.

Hasta que se confirmen -o no- todas estas elucubraciones pasará mucho tiempo. Lo que ahora nos importa es actuar responsablemente, cada uno en la medida de sus posibilidades, conmovidos por el rostro del sufrimiento de tantos seres vivos que ya reclaman nuestra respuesta.

El Simposio se encuadraba en un proyecto de investigación dirigido por el Prof. AUSÍN sobre “Los límites del principio de precaución en la praxis ético-jurídica contemporánea” (conocido con el término en euskera “Kontuz”). Justo en atención a esta temática, fui invitado a exponer algunas ideas jurídicas sobre el “principio de precaución” (o de “cautela”). Un principio que nació en Alemania, a comienzos de los años setenta del siglo XX, de la mano del Gobierno federal socialdemócrata y que ha llegado a convertirse en el paradigma de protección de los grupos ecologistas. No obstante, fue la Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible de 1992 la que en su Principio 15º popularizó esta directriz jurídica al determinar que: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

En mi ponencia traté de explicar cómo este principio ha ido implantándose en los diferentes niveles del ordenamiento jurídico ambiental, desde el nivel del Derecho Internacional (por ejemplo, en el Convenio del Cambio Climático o en el de Diversidad Biológica) al plano del Derecho español -que tiene una de sus más recientes plasmaciones en la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición-, pansando por el Derecho Comunitario que introdujo en su Tratado de la Unión Eueopea –tras la reforma de Maastricht en 1992- el “principio de cautela” como principio orientador de su política ambiental (el actual art. 191, 2 de su Tratado de Funcionamiento). En la Unión Europea su invocación más conocida fue la que tuvo lugar con ocasión de la crisis de las “vacas locas” (derivada de la “encefalopatía espongiforme bovina”), que dio lugar a varios pleitos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de los años 1996 y 1998 en los que, frente a las pretensiones de varias sociedades británicas del sector bovino, el Tribunal de Luxemburgo declaró la virtualidad protectora del prinicipio de precaución (que originó, a su vez, el sacrificio de cientos de miles de vacas en toda Europa). A diferencia del “principio de prevención” -en los casos en que hay certeza científica sobre los daños a la salud o al medio ambiente-, la precaución se esgrime en los supuestos en los que no hay tal certeza (organismos genéticamente modificados, campos electromagnéticos, productos farmacéuticos, nuevos productos químicos, “fracking”, etc.).

La aplicación del prinicipio de precaución se proyecta especialmente sobre los “riesgos tecnológicos” (los derivados de la actuación humana para distinguirlos de los riesgos (espontáneos) de la naturaleza) sobre los que todavía existe una incertidumbre acerca de sus efectos negativos sobre los seres humanos o sobre el medio ambiente. Sobre este tema de los riesgos recomiendo el interesante ensayo “Riesgo: una breve introducción” de Baruch FISCHHOFF y John KAVANY (recientemente publicado en España por Alianza Editorial, Madrid, 2013; traducción de la obra inglesa de 2011). Una muy buena aproximación a este tema, tanto en lo relativo a su definición como al proceso de “evaluación de riesgos” al que se somete (en sus fases de análisis, gestión y comunicación del riesgo).

En mi intervención puse de manifiesto de que se trata de un principio particularmente controvertido pues para muchos se trata de una seria rémora al progreso científico y tecnológico (ya que su aplicación estricta puede conllevar medidas restrictivas frente a productos o tecnologías sobre los que hay incertidumbres acerca de sus efectos para la salud o el medio ambiente). El Dr. PEÑA destacó, muy agudamente, en este sentido –en el citado Simposio, tras mi intervención- como en Francia (que introdujo la precaución en su “Carta de Medio Ambiente” de 2005) su aplicación estaba provocando la salida de sus científicos a otros países menos proteccionistas. Yo defiendo una aplicación moderada del repetido principio, sometido a un riguroso proceso de “evaluación y gestión del riesgos” con la intervención de comités científicos verderamente independientes.

Comparto plenamente las conclusiones a la que llega la Agencia Europea de Medio Ambiente en su muy reciente informe “Lecciones tardías de alertas tempranas” (2013) –fruto de muy variados casos de productos y actividades que resultaron perjudiciales por no haber atendido a las iniciales alertas efectuadas-. En él se recomienda un uso más amplio del principio de precaución para reducir los riesgos de las tecnoogías nuevas y no probadas suficientemente. Soy partidario del progreso y de la innovación científica y técnica –al tiempo que rechazo aquellos planteamientos que ven riesgos potenciales por doquier- pero no a cualquier precio para la salud y el medio ambiente. Los actuales procedimientos de evaluación de riesgos, aún con sus limitaciones, no son otra cosa que, razonablemente aplicados, una nueva forma de aplicar la clásica máxima prudencial de los clásicos: “más vale prevenir que curar”.

Esta conferencia inauguraba un ciclo de intervenciones relacionadas con el mar, organizado por el proyecto europeo “Sea for society. Towards a blue society”. En este proyecto -en que participan 28 socios de 11 países- se trata de promover el dialogo entre investigadores, gestores públicos, ciudadanos, gente joven, autoridades locales, etc. con el fin de generar, por medio de un aprendizaje recíproco, el nuevo concepto de la “Sociedad Azul” (Blue Society). A su vez, esta iniciativa de divulgación se enmarca en el más amplio ámbito de la “Política marítima integrada” impulsada desde mediados de 2007 por la Comisión Europea.

Con el objetivo estratégico “Europa 2020” (“una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”), la Unión Europea es consciente de su marcada vocación marítima y de las ingentes posibilidades económicas que tiene su configuración geográfica litoral. Desde la puesta en marcha de esta “politica integrada”-que reúne las tradicionales políticas sectoriales comunitarias con inicidencia marina: pesca, transporte marítimo, medio ambiente, etc- se han venido desarrollando varias políticas “transversales”:

- un mayor conocimiento del medio marino para ayudar al sector, las autoridades públicas y los investigadores a encontrar información y utilizarla de forma más eficaz para desarrollar nuevos productos y servicios y, al mismo tiempo, mejorar nuestro conocimiento del comportamiento del mar (véase la Red Europea de Observación e Información del Mar: EMODNET).

- una mejor ordenación de los espacios marinos (marine spatial planning) que consiste en la ordenación y regulación de todos los usos humanos del mar y la protección de los ecosistemas marinos. Y en cuanto al litoral, la Comisión Europea ha recomendado –desde finales de los noventa- la aplicación de la llamada gestión integrada de las zonas costeras.

- una mayor vigilancia marítima en diferentes materias (control en las fronteras, seguridad, control de la pesca, aduanas, medio ambiente, defensa, etc.) con el fin de proporcionar métodos de intercambio de datos e información a las autoridades interesadas o implicadas en esta tarea.

-un mayor crecimiento económico (“crecimiento azul”) a todas las actividades existentes, emergentes y potenciales que pueden generar empleo; por ejemplo, transporte marítimo de corta distancia, turismo costero, energía eólica en alta mar, desalinización, uso de los recursos marinos en las industrias farmacéuticas y cosméticas, etc.

En octubre de 2012 se firmaba en Nicosia (Chipre), con ocasión del Consejo informar de ministros de la Unión Europea relacionados con la política marítima integrada, la “Declaración Limassol”, fijando las bases de la “agenda marítima y marina para el crecimiento y el empleo” y sobre el convencimiento de la importancia de la “Economía Azul”.

No nos cabe ninguna duda de que el mar supone –y lo ha supuesto desde hace muchos siglos- una -¿inagotable?- fuente de recursos y inmenso ámbito de oportunidades para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, tampoco se nos escapan los retos para evitar la aceleradas destrucción y degradación a la que estamos sometiendo nuestro océanos en el último medio siglo. Es muy elocuente en este sentido el ensayo de la  oceanógrafa norteamericana, SYLVIA A. EARLE (conocida internacionalmente “Embajadora del Océano”): “Un mundo azul. El rumbo de los océanos, el futuro de la tierra” (publicado en España por RBA en 2012). Con motivo de la devastadora contaminación producida por la plataforma petrolífera “Deepwater Horizon” en el Golfo de México, la autora examina un ecosistema global como es medio marino que se encuentra al borde de una crisis ambiental irreversible, a menos que actuemos inmediatamente. Y, según ella, “la situación todavía puede revertirse”. Es especialmente luminosa la tercera parte de su obra: “Ha llegado la hora” que estructura en cuatro capítulos: “explorar el océano”, “gobernar el océano”, “cultivar el océano” y “proteger el océano”. Si de verdad queremos un “futuro azul”, hay que actuar en estas direcciones, antes de que sea tarde.

En el último decenio la expresión de “custodia del territorio” ha adquirido carta de naturaleza para expresar “un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados (Basora Roca, X. y Sabaté i Rotés, X. 2006).

Incluso nuestra Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad la ha incluido entre sus instrumentos de protección al establecer en su art. 72, 1 que: “Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”.

Esta interesante e ingeniosa figura de protección ambiental tiene una larga trayectoria histórica cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX en los Estados Unidos (donde se utiliza la expresión “land stewardship”) y desde entonces esta institución se ha extendido por todo el mundo. En España una de las primeras experiencias semejantes fue promovida en 1975 -¿cómo no?- por el querido y genial naturalista Félix RODRIGUEZ DE LA FUENTE: el Refugio de Rapaces de Montego de la Vega en Segovia. Posteriormente han sido muchas organizaciones ecologistas y otras organizaciones relacionadas con la naturaleza, las que han promovido en todo el pais una tupida “red de custodia del territorio”, incluso con el apoyo de algunas Administraciones Públicas (en especial cabe destacar el apoyo prestado por la Fundación Biodiversidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente).

Una fecha muy significativa en la historia de esta institución fue la “Declaración de Montesquiu de Custodia del Territorio” de 11 de noviembre de 2000, si bien circunscrita a Cataluña donde tuvieron lugar algunas de las primeras iniciativas de custodia (desde 2003 se ha creado incluso una red: Xarxa de Custodia del Territori). Y en la actualidad se está constituyendo el Foro Estatal de Custodia del Territorio el cual trabaja de manera estratégica y conjunta para la promoción institucional, social, legal y técnica a nivel estatal del concepto de custodia del territorio y su aplicación en la gestión y conservación del patrimonio natural, cultural y del paisaje.

En el último Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2012) la “custodia del territorio” fue objeto de debate –bajo la dirección de mi buen amigo y excelente jurista ambiental, Enrique ALONSO GARCÍA, Consejero del Consejo de Estado- junto con otros novedosos mecanismos de financiación –adecuados para estos momentos de crisis económica- para la conservación de la naturaleza: los “bancos de hábitats” (un original mecanismo utilizado en los Estados Unidos para aplicar medidas compensatorias derivadas de impactos ambientales, ya sea por la construcción de un proyecto o por daños de accidentes en determinadas instalaciones).

Pero volvamos a la sugerente palabra que inicia este post: la “custodia”. Me ha gustado especialmente que el nuevo Papa, FRANCISCO, haya dedicado una buena parte de la homilía de la misa de iniciación de su pontificado (el pasado 19 de marzo) a hablar de ese deber que nos concierne a todos: “custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el Libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís”, que consiste en “respetar a todas las criaturas de Dios y el entorno en el que vivimos”. Una hermosa referencia la vocación propia del ser humano que concluye con una apremiante petición del Pontífice: “Quisiera pedir, por favor, a todos cuantos ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos «custodios» de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza; custodios del otro, del medio ambiente; ¡no dejemos que signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro!”.

La justificación sobre esta perspectiva de la cooperación recogida en la página institucional de este día se resume del siguiente modo: “La cooperación en la esfera del agua es crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género. La buena gestión y la cooperación entre los diferentes grupos de usuarios promueven el acceso al agua, la lucha contra su escasez y contribuyen a la reducción de la pobreza. La cooperación permite un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos y se traduce en beneficios mutuos y mejores condiciones de vida. También es fundamental para la preservación de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente y puede contribuir a superar tensiones culturales, políticas, sociales y establecer la confianza entre las personas, las comunidades, las regiones o los países”.

Que el gobierno compartido del agua es posible –y recomendable- es algo que ocupó buena parte de la investigación de la primera mujer Premio Nobel de Economía (2009), la norteamericana Elionor OSTROM, fallecida el verano pasado, el 12 junio de 2012. En su obra fundamental: “El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva” (1990), estudia diversos casos –a lo largo del mundo- en que se gestionan con éxito recursos o bienes comunes. Uno de los casos estudiados es el milenario Tribunal de Aguas de Valencia –designado en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad- que se viene reuniendo desde antes de la edad media hasta nuestros días para dirimir los conflictos por el agua de riego de los agricultores que forman parte de la denominada “Vega de Valencia”.

Con casos como este se ponen en entredicho la clásica teoría de la “tragedia de los comunes” de Garret HARDIN (1968) en virtud de la cual los bienes comunes (commons) limitados –tales como bosques, pastizales, recursos hidrológicos, pesca, etc.- que son explotados conjuntamente acaban por destruirse a no ser que se apliquen sobre ellos sistemas de control público para su aprovechamiento o mediante el reparto de concretos derechos privados.

Pero para que funcione el “gobierno de los comunes” la economista OSTROM extrae de su magnífico estudio de campo en todo el mundo los siguientes principios:

1. Límites claramente definidos y exclusión efectiva de extraños

2. Las normas referidas a la apropiación y disposición del procomún deben ajustarse a las condiciones locales

3. Los beneficiarios pueden participar en la modificación de los acuerdos y reglas para poder adaptarse mejor a tales cambios

4. Vigilancia del cumplimiento de las normas

5. Posibilidad de sanciones adaptadas a las violaciones de las normas

6. Mecanismos de solución de conflictos

7. Las instancias superiores de gobierno reconocen la autonomía de la comunidad

Tengo para mí que el agua dulce para administrarla bien debe ser compartida (Gobernanza compartida). No sólo declarada como bien de “dominio público” –tal como se prevé en el art. 2 de la vigente Ley de Aguas (el Texto Refundido de 2001)-. La realidad ecológica del llamado “ciclo hidrológico”, la interrelación entre las aguas superficiales y subterráneas, la continuidad inescindible entre las aguas marítimas y continentales, etc., exige que, como cualquier otro recurso natural, sea solidariamente compartido, equitativamente distribuido y racionalmente aprovechado.

Pero, como ya dijimos aquí en otra ocasión, a mi juicio, compartir el recurso implica compartir los gastos que requieren su protección y aprovechamiento. Considero una falacia decir que como el agua es de todos tiene que ser gratis, salvo casos de necesidad. Y es que la diferencia entre la buena “gobernanza de los comunes” y su trágica destrucción estriba en ese solidario y equitativo compromiso.

Tras las exitosas “Planeta Azul” y “Planeta Tierra”, esta “gélida” serie nos permite conocer los misterios de estos inhóspitos lugares del Planeta, desde el menguante ártico hasta el remoto continente Antártico (que contiene el 75% del agua dulce de la tierra y es la concentración más grande de hielo sobre el Planeta). Un viaje extraordinario y un regalo visual hasta los “confines de la Tierra”, a lo largo de las peculiares estaciones climáticas, desde el superlativo y oscuro invierno hasta el corto verano, pleno de abundacia de biodiversidad. Contiene secuencias inolvidables como el trabajo colaborativo de los pingüinos rey para protegerse de las sobrecogedoras ventiscas invernales, o las encarnizadas luchas de los osos polares por conquistar a la hembra. En fin, que no puedes perderte esta nueva joya documental que nos presenta el longevo divulgador británico.

Aun reconociendo mi admiración por David ATTENBOROUGH debo confesar que no me gustaron sus afirmaciones vertidas en una entrevista a la revista Radio Times, a finales del pasado mes de enero, manifestando que “los humanos son una plaga sobre la Tierra” y que, si queremos sobrevivir, hay que poner todos los medios para controlar el crecimiento de la población. No es la primera vez que expresa la idea de que los seres humanos estamos destruyendo el Planeta. En casi todos sus documentales aparece alguna referencia al sombrío futuro que nos espera. En esto me recuerda bastante a su compatriota, el científico James LOVELOCK (“La Tierra se agota” es su último libro publicado en 2011). Los dos comparten un pesimismo existencial, fruto sin duda de un profundo conocimiento del estado ambiental de nuestro Planeta.

Consciente de los muchos y variados problemas ambientales de nuestro mundo –que procuramos reflejar en este blog-  me resisto a calificar a nuestros congéneres como una “plaga”. Hace muchos años que cayeron en mis manos algunas obras de los defensores de la “ecología profunda” (“deep ecology”) con planteamientos similares -sin duda anti-humanistas- que me impactaron en mis primeras lecturas ecologistas. Conforme pasa el tiempo, cada vez estoy convencido de que el ser humano -que origina, en efecto, tan graves problemas- es el único que puede salvarnos de esta situación de crisis ambiental.

Ya sé que algunos ecologistas extremos (ciertos defensores del “biocentrismo”) defienden que lo mejor que puede suceder es que se extinga el último ser humano para que el Planeta no siga sufriendo nuestros desvaríos antropocéntricos. Pues yo me autodeclaro “antropocentrista moderado” que quiero lo mejor para este hermoso mundo –nuestra “casa común”-, para todos los seres vivos, en todos los ecosistemas, hasta los confines del Planeta. Mucho hemos aprendido acerca de la alteración de los procesos ecológicos y del respeto de los ciclos biológicos, y mucho nos queda todavía por aprender para proteger, mejorar y conservar –respetar- nuestro “pequeño mundo”.

Que somos muchos seres humanos en el Planeta -alega David ATTENBOROUGH y otros muchos autores- como causa principal de todos nuestros problemas ambientales no siempre es tan fácil de demostrar. El reciente estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers, titulado “El mundo en 2050. Los BRIC y más allá: pronósticos, desafíos y oportunidades” augura que, además de triplicar el PIB mundial a costa de calentar 6º el Planeta, seremos 9.000 millones de personas pero apenas crecerá la población en occidente. Que nos lo digan a la “vieja Europa”.

Sin poner en discusión la innegable “explosión demográfica” en el siglo XX, algunos demógrafos hablan de una “transición demográfica” hasta la estabilización de la población mundial hacia 2100 en 11.000 millones de personas. Y también parece claro que algunos países (generalmente los de mayor desarrollo económico) están comenzando a sufrir una “implosión demográfica” (véase el interesante artículo de David BROOKS en el New York Times expresivamente titulado “the fertility implosion”).

Hay muchas plagas que erradicar de nuestro convulso mundo pero no, por cierto, a los sufridos seres humanos. La plaga del “consumismo”, del despilfarro de recursos, de la intolerancia, de la insolidaridad, de la desigualdad, … en definitiva, todo errático indicio de inhumana autodestrucción, eso es lo que, a mi juicio, hay que desterrar para siempre.

Desde hace menos tiempo, a partir de la celebración de la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en 1992, cuando empezó a cobrar protagonismo el “Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible” (World Business Council for Sustainble Development), comenzaba a hablarse de la “eco-innovación”. Poco a poco, como nos describía a finales del siglo XX Claude FUSSLER en su pionera obra “Eco-innovación. Integrando el medio ambiente en la empresa del futuro” (Mundi-Prensa, Madrid, 1999) la preocupaciones ambientales fueron calando en el sector empresarial hasta el punto de convertirse la sostenibilidad en uno de sus leit motiv. Y muy ligado con la ecoinnovación está la idea de “ecoeficiencia”, es decir, “producir más con menos” (por ejemplo, reducir los vertidos y la contaminación, así como usar menos energía y materias primas).

En esta dirección de “ecoeficiencia” tuvo mucho impacto la obra de científico alemán Ernst Ulrich VON WEIZSÄCKER: Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los recursos (publicada en 1995; y en castellano por la editorial Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores en 1997). Se trataba de un informe encargado por el Club de Roma en el que se demotraba entonces que disponemos de la tecnología necesaria para un uso mucho más eficiente de la energía y de las materias primas, sin perder calidad de vida. Por su parte el químico Michael BRAUNGART y el arquitecto William McDONOUGTH son muy conocidos por su libro Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna): Rediseñando la forma en la que hacemos las cosas (2003; publicado en castellano por la editorial McGraw-Hill, 2005) que fija las bases del “eco-diseño”: reducción del impacto ambiental de un producto, estrategia o política, a través del estudio del ciclo completo de los materiales utilizados (extracción, procesamiento, utilización, reutilización, reciclaje, etc.).

Volviendo a la “ecoinnovación”, la reciente monografía –titulada Eco-innovación. Claves para la competitividad sostenible y la sostenibilidad competitiva- de CARRILLO, DEL RÍO y KÖNNÖLÄ (publicada en Netbiblo, 2012) ponen de manifiesto que “las eco-innovaciones pueden mitigar el supuesto enfrentamiento tradicional entre competitividad y protección ambiental” y que el diseño de las eco-innovaciones (bien sea de productos o de precesos) tienden a mejorar la eficiencia, la gestión de costes y la apertura a nuevos mercados, así como reducir impactos sobre el medio ambiente y, además, es una “fuente de nuevas alternativas, algo fundamental para la renovación de los sistemas actuales y la gestión transición social hacia prácticas más sostenibles”.

Hoy algunas de las grandes organizaciones económicas internacionales tienen en la “eco-innovación” como una de las claves del desarrollo del futuro. Así, por ejemplo, la OCDE vincula el “crecimiento verde” con la “eco-innovation”, y, en definitiva con la economía verde (green economy). La Unión Europea por su parte,  viene desarrollando desde prinicipios de este siglo la llamada “política integrada de productos” destinada a reducir el uso de recursos y el impacto ambiental de los recursos (cfr. el documento de la Comisión Europea COM(2003) 302 final). Más recientemente –en el marco de la Estrategia Europa 2020, en respuesta a la crisis económica y financiera, para reforzar la capacidad de la UE y lograr un crecimiento “inteligente, sostenible e integrador”- ha lanzado la “iniciativa emblemática de Europa 2020 de la Unión po la innovación”. Y fruto de esta iniciativa es el “plan de Acción sobre Ecoinnovación” (EcoAP) que se presenta como elemento fundamental para la transición hacia una economía verde y una Europa eficiente en el uso de los recursos.

Esta semana se acaba de publicar el Informe –el tercero- del Observatorio Europeo de la Ecoinnovación: Europa en transición: allanando el camino hacia la economía verde a través de la ecoinnovación, en el que se recomienda a los responsables políticos, a las empresas, a los ciudadanos y a los investigadores que todos ellos tienen que trabajar en conjunto, aliados para poner en práctica la ecoinnovación.

También en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 2012 no faltaron amplias referencias a la ecoinnovación y el ecodiseño (cfr. el monográfico sobre este tema publicado recientemente). Entre las comunicaciones presentadas al Congreso contó con diversos ejemplos de ecoinnovación y ecodiseño.

Es claro que ahora más que nunca, en tiempo de crisis, hay que agudizar el ingenio y, en particular,  hay que potenciar la “ecoinnovación” que ha de implicar una sustancia reducción en el uso de los -cada vez más escasos- recursos naturales, pero sin disminuir la calidad de vida de los ciudadanos. Justo lo contrario de lo que está sucediendo en nuestra sociedad con los crecientes recortes presupuestarios con su lacerante regresión a niveles de bienestar del pasado.