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“Turismo para la paz”: en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo

20 de Agosto de 2017 a las 11:12

Estaba a punto de publicar esta colaboración cuando el pasado jueves 17 se produjeron los salvajes atentados yihadistas de Barcelona y de Cambrils. Mi intención era escribir en relación con el “trending topic” de este verano: la “turismofobia”. Y, justo, el epicentro de este fenómeno que se encuentra en Barcelona, ha sido el objetivo de los terroristas sabedores que con Londres y Paris son las ciudades más visitadas por los turistas de todo el Planeta. Asestar un golpe contra el corazón del turismo de Cataluña –el paseo de las “Ramblas”- era asegurar una terrible y global publicidad por las consecuencias: catorce muertos (por el momento) y más de un centenar de heridos de más de una treintena de países.

No es posible saber cómo va a repercutir estos atentados en la evolución del turismo en España. Lo que sabemos es que el terrorismo ha afectado negativamente a la afluencia de turistas de París (quizá la ciudad más visitada del mundo, en el país “número uno” mundial de turistas). En nuestro país el sector turístico ha sido, en los últimos años, el protagonista del crecimiento económico español: así, en 2016, 75,6 millones de turistas, con ingresos de más de 77.000 millones de euros, 2,300.000 de trabajadores empleados, superando el 11% del PIB… Y, para 2017, la previsión es superar los 80 millones de turistas. Pero lo cierto es que, en algunas de las regiones más turísticas de España como Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid (destinos que totalizan el 90% de las llegadas) se han venido produciendo en los últimos tiempos algunos problemas debidos a la saturación de algunas de las zonas más frecuentadas por los turistas: el fenómeno del exponencial crecimiento de las viviendas turísticas irregulares (y la elevación desorbitada de los alquileres), la contaminación acústica y lumínica de los centros urbanos turísticos, la saturación de las infraestructuras publicas y de los servicios públicos, etcétera. Todo ello con negativas consecuencias para los residentes habituales de dichos lugares.

Fruto de lo anterior es la aparición –si bien todavía minoritaria- del movimiento “turismofóbico” (“tourists go home”) en algunas ciudades de Cataluña y del País Vasco. En realidad no se trata de un fenómeno nuevo ya que, con la expresión “síndrome de Venecia”, se viene describiendo la creciente hostilidad para con los turistas que “invaden” ciudades como Berlín, París, Viena, Hamburgo, Ámsterdam, Praga y, por supuesto, la misma Barcelona (véase la web de la “asamblea de barris per un turismo sostenible”). No cabe duda de que el sector turístico constituye nuestra “gallina de los huevos de oro” y que no podemos prescindir de esta actividad en la que España cuenta con la industria más competitiva del mundo. Menos aún cuando el paro es elevado y no se puede afirmar que hayamos dejado atrás la crisis económica.

No obstante, a mi juicio, más que en cualquiera otra actividad económica, se impone en el sector turístico un desarrollo sostenible integral –ambiental, económico y social-. La expresión “turismo sostenible” no es algo vacío de contenido sino que ha sido objeto de importantes y numerosas declaraciones internacionales, desde los años noventa del siglo pasado, como la “Carta Mundial del Turismo Sostenible” –promovida por Naciones Unidas y acordada en Lanzarote en 1995-, hasta la más reciente Resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2014 sobre la “Promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente”. Además justo este año 2017 ha sido declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el “Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo”, cincuenta años después de la celebración del “Año Internacional del Turismo” bajo el lema “pasaporte para la paz” y quince años después del “Año Internacional del Ecoturismo”. Una celebración enmarcada en el contexto de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y que persigue explorar y subrayar el papel del turismo en aspectos clave –a modo de ejes- como: el “crecimiento económico inclusivo y sostenible”, la “inclusión social, empleo y reducción de la pobreza”, el “uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático”, “valores culturales, diversidad y patrimonio” y “comprension mutua, paz y seguridad”.

Sobre la base de los objetivos de un verdadero “turismo sostenible y responsable” que se proyecta sobre los destinos de más de mil millones de turistas que hoy se mueven en nuestro Planeta y que pueden aportar importantes recursos económicos para muchos países y, en particular, para los países en desarrollo, hay muchos retos pendientes que deben abordarse. Limitándonos al caso de España, se tiene una larga experiencia -desde el desarrollismo de los años setenta del siglo XX- del “boom” turístico en el Mediterráneo, de los negativos impactos sobre la costa y de la importancia de promover un turismo de calidad. Ahora, en el repunte del turismo español de los últimos años (gracias, en parte, a fenómenos exógenos como la inestabilidad del norte de África) se hace preciso un seria reflexión y un profundo replanteamiento de nuestro desarrollo turístico si es que no se quiere morir de éxito.

Como humilde profesor del Máster en Planificación Turística de mi Universidad de A Coruña, trato de explicar a mis alumnos la relevancia de la ordenación y planificación turística. A nada bueno conduce un mero desarrollo cuantitativo y cortoplacista del turismo. En esta dirección es la actuación coordinada de las Administraciones Públicas –desde la Administración General del Estado hasta las Entidades Locales, pasando por las Comunidades Autónomas que tienen las más importantes competencias en esta materia. Así, por ejemplo, es urgente abordar la regulación y control de la “viviendas turísticas” (como ya están haciendo algunas Comunidades Autónomas); aplicar las técnicas de ordenación turística previstas en las normativas vigentes (como la “declaración de zonas turísticas saturadas” o el cálculo de la “capacidad de carga” del territorio) y el uso adecuado de la ordenación urbanística; la creación de impuestos y tasas turísticas que permitan recaudar recursos que se destinen a la protección del patrimonio cultural y ambiental de los municipios turísticos; la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores empleados en el sector turístico; la diversificación y “desestacionalización” del turismo; una más intensa colaboración público-privada y una mayor participación ciudadana en el diseño de los planes turísticos; y un largo etcétera.

Unas buenas pautas de cómo debe desarrollarse la “gobernanza del turismo” son las que se contienen en la “Carta Mundial del Turismo Sostenible” adoptada por unanimidad en la sesión plenaria de la “Cumbre Mundial del Turismo Sostenible”, celebrada en Vitoria los días 26 y 27 de noviembre de 2015-. Sus directrices se orientan de una parte a los “Gobiernos y organizaciones internacionales” a los que se anima, entre otros objetivos, a “asegurar la motivación y el apoyo necesarios para que los principales actores del turismo desarrollen la cultura de la paz y resuelvan los conflictos mediante el diálogo intercultural, promoviendo la igualdad y la libertad de expresión”; no puede ser más actual. A los “destinos y comunidades locales” se incita, en primer lugar, a “asegurar que la gobernanza turística del destino incluya a todas las partes interesadas, especialmente a nivel local, y que el papel y responsabilidades de cada una estén claramente definidos”. También a la “industria turística” se emplaza, entre otros fines a “contribuir a la creación, desarrollo e implantación de productos y servicios turísticos sostenibles que fomenten el uso respetuoso del patrimonio natural y cultural, y que transmitan los valores del destino y su identidad a través de la experiencia turística”. Para los propios “consumidores” (o turistas) se apela a su responsabilidad y su respeto: para “utilizar productos y servicios sostenibles locales que generen empleo y beneficios a la comunidad”, y la para “evaluar las huellas medioambientales y socioculturales, y las implicaciones económicas que tienen sus decisiones”.

Volviendo al principio, fuertemente impresionado con los acontecimientos sucedidos en Cataluña, con plena solidaridad con las víctimas y con pleno rechazo a la barbarie terrorista, suscribo el acuerdo unánimemente adoptado en la referida “Cumbre Mundial del Turismo Sostenible”, de que “el turismo desempeña un papel vital para avanzar hacia un planeta más pacífico, permitiendo abrir nuevas posibilidades para convertirlo en un instrumento de paz y tolerancia”. O, como subraya el documento justificativo del presente “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”: “un turismo inclusivo y participativo puede estimular el diálogo, fomentar el entendimiento mutuo y apoyar los esfuerzos destinados a construir una cultura de paz”.

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El proyecto de “Pacto Global por el medio ambiente” o la necesidad de compromisos jurídicos

6 de Agosto de 2017 a las 22:47
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Gracias a la información de primera mano de la Profesora Teresa PAREJO NAVAJAS, colaboradora del prestigioso “Sabin Center for Climate Change Law” de la Universidad de Columbia, tuve noticia de la importante iniciativa jurídica presentada el pasado 24 de junio en la Universidad de la Sorbona de Paris bajo el título “Pacto Global para el Medio Ambiente. Acción para el Planeta, acción a través del Derecho” (“Global Pact for the Environment”). El gran anfiteatro de la Sorbona estaba a rebosar aquel sábado 24 de junio para presentar la versión preliminar de un borrador de un futuro Tratado internacional. Presidido por Laurent FABIUS, Presidente del Consejo Constitucional de la República francesa (quien también desempeñó la presidencia de la COP 21, en la que se acordó la aprobación del “Acuerdo de Paris” para el cambio climático), a lo largo de dicha jornada intervinieron, Anne HIDALGO (Alcaldesa de Paris y Presidenta de Grupo “The Cities Climate Leadership” (C-40)), Jeffrey SACHS (Director de “Centro de Desarrollo Sostenible” de la Universidad de Columbia), Arnold SCHWARZENEGGER (ex-Gobernador de California y Fundador de la “R20 – Regions on Climate Change“), Ban KI-MOON (ex-Secretario General de Naciones Unidas), Antonio BENJAMIN (Presidente de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la “Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza”) y un largo etcétera.

El propio Presidente francés, Emmanuel MACRON, asistió a la presentación del proyecto de “Pacto Global”. “Sobre la base de este anteproyecto de pacto mundial por el medioambiente – declaró MACRON– me comprometo a actuar” para establecer “un texto, convencer a nuestros socios” y, en el marco de la ONU, “desde septiembre sentar las bases de lo que será no un anteproyecto, sino un pacto mundial sobre el medioambiente que Francia defenderá”. Ciertamente, el Presidente galo parece tomarse en serio este reto por el cambio climático y, de hecho, el mismo día que el Presidenente TRUMP decidió retirarse del “Acuerdo de Paris”, MACRON, lamentado su decisión -y parafraseando su lema de campaña- afirmó la necesidad de “Make our planet great again” e invitó a todos los científicos del mundo a venir a Francia para investigar sobre el cambio climático. Lo que no sabemos es si el pasado 14 de julio en que TRUMP visitó Paris, el Presidente francés le convenció de reconsiderar su postura.

La iniciativa del “Global Pact” es de “Le Club des Juristes”, un centro francés de reflexión que ha implicado en su elaboración a jueces, magistrados, profesores de Derecho y abogados de más de cuarenta países. Pero, ¿cuál es el contenido del “Global Pact” y qué persigue? Como ya hemos adelantado, se trata de un proyecto de Tratado Internacional que pretende completar los dos acuerdos o pactos internacionales adoptados por Naciones Unidas en 1966, uno sobre “derechos civiles y políticos” y el segundo sobre “derechos económicos sociales y culturales”. Partiendo de la base –expresada en su Preámbulo- de la “necesidad de actuar de forma ambiciosa y a nivel mundial” ante los crecientes retos del medio ambiente, para “asegurar mejor su protección”, reafirma los objetivos de las Declaraciones de las Conferencia de Estocolmo de 1972, de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, así como la Declaración de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro de 1992, poniendo de manifiesto la urgencia de lograr los objetivos de la Convención de Cambio Climático de 1992 y del “Acuerdo de Paris” de 2015.

El texto dispositivo del “Global Pact” se compone de 26 artículos en los que se contiene: los derechos y deberes para con la protección del medio ambiente, los principios jurídicos que deben orientar la política ambiental, y algunas cláusulas sobre el control de su cumplimiento, la firma del y ratificación del Tratado, etc. En el frontispicio del “Pacto Global” se declara el Derecho que tiene “toda persona (…) a un ambiente ecológicamente sano…” (art. 1) y el Deber de “cuidar el medio ambiente” –contribuyendo a su conservación, protección y restauración- de “todo Estado, organización internacional, persona, natural u jurídica, pública o privada” (art. 2). En cuanto a los principios –que constituyen su principal contenido- no faltan los clásicos de “integración ambiental” y “desarrollo sostenible” (art. 3), el de “equidad intergeneracional” (art. 4), el de “prevención” (art. 5), el del “precaución” (art. 6), el de “responsabilidad por daños ambientales” (art. 7), el de “quien contamina paga” o “contaminador-pagador” (art. 8), los de “acceso a la información ambiental”, “participación pública” y “acceso a la justicia” (arts. 9, 10 y 11, respectivamente), y el de “cooperación” (art. 18).

Mayor novedad es la recepción del “principio de no-regresión” (art. 17) en virtud del cual, “las Partes y sus entidades sub-estatales se abstendrán de permitir actividades o la adopción de normas que tengan el efecto de reducir el nivel de protección garantizado por el derecho vigente”. Asimismo, se recoge el nuevo principio de “resiliencia” que se concreta en la adopción por las Partes de las medidas necesarias para “mantener y restaurar la diversidad y capacidad de los ecosistemas y comunidades humanas, y soportar la alteraciones y degradaciones ambientales…” (art. 16). Además, a la hora de tener en cuenta la “diversidad de situaciones nacionales” (en especial, entre los países desarrollados y los menos desarrollados o “más ambientalmente vulnerables”) proclama –en su art. 20- el conocido principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” en el ámbito de la política de lucha contra el cambio climático,

Además de los citados principios, el “Global Pact” incluye una serie de actividades esenciales para promover la protección ambiental como son la “educación y formación” (art. 13) y la “investigación y el desarrollo” (art. 13). De otra parte, se pone de manifiesto la importancia de la labor de las “organizaciones no gubernamentales” y las entidades sub-estatales (art. 14). Sobre los “conflictos armados” el texto del Pacto recuerda a los Estados sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y, en especial, la medidas de protección ambiental (art. 19). Particularmente, a mi juicio, tiene una gran importancia la cláusula contenida en el art. 15 sobre la “efectividad de las normas ambientales”: “las Partes tienen el deber de adoptar normas ambientales eficaces, así como asegurar su efectiva aplicación y cumplimiento”.

Por último, el “Pacto global” –que encarga su Secretariado a la provisión del Secretario General de Naciones Unidas (o del Director del Programa de Naciones Unidas sobre medio ambiente, PNUMA) (cfr. art. 22)- prevé la creación de un “Comité de Expertos independientes” para el seguimiento en la aplicación del mismo, y para facilitar su cumplimento operando de “forma transparente, no conflictiva y no punitiva” (cfr. art. 21).

Para el próximo 20 de septiembre está organizada en New York, bajo la dirección del Jeffrey SACHS y Laurent FABIUS, por el “Columbia Center on Sustainable Investment” (CCSI) y la “UN Sustainable Development Solutions Network” (SDSN), una conferencia internacional de alto nivel para discutir el contenido del borrador del “Global Pact”. Para tal fin ya han confirmado algunos de los más importantes juristas ambientales del mundo. Y llama la atención que tan magna reunión cuenta con el patrocinio de la empresa española IBERDROLA.

Sería estupenda noticia para el Derecho Internacional del Medio Ambiente que aprovechando este año 2017 -25 aniversario de la “Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo”- se pudiera aprobar con motivo de la próxima sesión de la Asamblea General del naciones Unidas (la número 72) esta completa codificación de los principios generales que deben orientar la ordenación jurídica del medio ambiente mundial. Con el empecinamiento anti-ambiental del presidente norteamericano no parece fácil que tal propuesta prospere. Pero como soñar es gratis, vamos a soñar en que en futuro tal proyecto sea una realidad. Como dijo Eleanor ROOSVELT, política, escritora estadounidense y presidenta de la “Comisión de Derechos Humanos” de la ONU: “el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de los sueños”.

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La reserva del Urdaibai: un lugar donde se calma el dolor.

20 de Julio de 2017 a las 0:34

Hacía mucho tiempo que deseaba visitar en la Costa Vasca el Urdaibai, declarado en 1984 por el Comité “Man and Biosphere” (Mab) de la UNESCO con tal denominación, como la novena Reserva de la Biosfera en España. Por fin, este mes de julio, he cumplido este sueño y su visita ha colmado de sobra todas mis expectativas. Se trata del más importante humedal del País Vasco, situado en la parte oriental del Territorio Histórico de Vizcaya, ocupando una superficie de 200 Km2 (22.041 Has.) en torno al estuario de Mundaka o Gernika, en la cuenca hidrográfica del río Oka. Entre otras figuras de protección, la Reserva del Urdaibai contiene una zona de especial protección para las aves (ZEPA) y cinco zonas de especial conservación (ZEC), ambas bajo el marco de la Red Natura 2000, así como una zona húmeda de importancia internacional dentro del Convenio Ramsar (algo más del 4% del territorio de la reserva).

Como todas las Reservas de la Biosfera –que deben ser zonas ecológicamente representativas-, la integración entre naturaleza y los seres humanos resulta esencial. Y, este sentido, he podido comprobar la estrecha implicación de todas las entidades públicas y de los municipios sobre los que se extiende la Reserva (un total de 22, de los que 12 de ellos se integran de modo completo). La propia Comunidad Autónoma del País Vasco se implicó seriamente en su protección y desarrollo, como lo demuestra la aprobación de la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai, donde ser establecen cuatro áreas de especial protección (la ría, el litoral, los encinares cantábricos y las áreas de interés arqueológico). Para su gobierno y gestión, en el “Patronato” (adscrito al órgano ambiental del Gobierno Vasco), creado por esta Ley y constituido en 1990, participan representantes del Parlamento Vasco, de todas las administraciones territoriales (la Estatal, la Autonómica, y las locales), del mundo científico y asociaciones conservacionistas y ecologistas.

En mi viaje al Urdaibai no dejé de visitar dos lugares de gran relevancia –y muy recomendables- para el conocimiento en profundidad de la Reserva: la “Torre Madariaga” (bello edificio del siglo XV) que acoge el “Centro de la Biodiversidad de Euskadi”, y el “Urdaibai Bird Center” ubicado en el corazón de la Reserva. En relación con este último, llama la atención la gran importancia ornitológica del Urdaibai, como un lugar privilegiado de paso de las aves en la ruta migratoria de África al norte de Europa, y como un centro promotor del interesante proyecto “BirdFlyway” (“La Ruta de las Aves”: una iniciativa internacional de turismo de naturaleza, lanzada en febrero de 2016). Fue una agradable sorpresa para mi encontrar, en un lugar preferente, en la recepción de este centro de observación de la aves del Urdaibai, la reciente obra del conocido ornitólogo coruñés, Antonio SANDOVAL REY, que con el título de “BirdFlyway. Un viaje en familia por La ruta de las Aves” (Lynx ediciones, Barcelona, 2016), contiene una amena novela en la que se narran las peripecias de una familia en su larga singladura por algunos de los más importantes lugares de interés ornitológico de Europa desde Finlandia hasta la península Ibérica. Gracias a la compra de esta recomendable novela que trata de promocionar dicha iniciativa internacional, fui premiado con la entrega del “birdflyway Passport” que recoge, como primera etapa, el sello de la visita del “Urdaibai Bird Center”.

Durante la visita al citado “Centro de la Biodiversidad de Euskadi” pude enterarme con más detalle de los proyectos, iniciativas y actividades desarrolladas en la Reserva: la reciente aprobación del nuevo “Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva” (en virtud del Decreto de Gobierno Vasco 139/2016, de 27 de septiembre), del proyecto LIFE iniciado en 2010 que abordó entre otras acciones la erradicación de la “baccharis halimifolia” del Urdaibai (una especie de flora exótica invasora originaria de la costa atlántica de América del Norte), el ambicioso “proyecto de restauración integral y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Estuario Superior de la Ría de Oka”, etcétera.

Pero, a los ya referidos espacios –ZEC y ZEPAS- de la Red Natura 2000 y del Humedal Ramsar, con 729 especies de fauna y 821 de especies de flora (85 en peligro de extinción), hay que sumar 52 “lugares de interés geológico” y una preciosa muestra de 15.000 años de historia de convivencia entre el ser humano y el medio natural, representada en la “Cueva de Santimamiñe” (icono de la cultura vizcaína y su principal yacimiento arqueológico). En mi viaje al Urdaibai no me perdí la visita a la “Casa de Juntas de Gernika”, sede durante muchos siglos (casi desde la Edad Media hasta la actualidad) del máximo órgano representación del territorio de Vizcaya. Como es sabido, en este destacado lugar se ubica el emblemático “Árbol de Gernika”, un roble bajo cuya sombra se reunían los representantes de los municipios vizcaínos. Como ha escrito el antropólogo Julio CARO BAROJA –refiriéndose a dicho símbolo- “Aparte de esa veneración religiosa queda todo un cuerpo de principios de derecho que hacen que los árboles y antes que ninguno el roble, tengan un significado profundo en la vida colectiva, política y legal”.

Muy gratamente impresionado he quedado de mi viaje a este singular territorio del País Vasco, y eso que no me extiendo  aquí en mis inolvidables vivencias, siempre dentro del Urdaibai, de vivir unos días en un pintoresco eco-hotel rural en la montaña del municipio marinero de Bermeo (que ha merecido la concesión de la “etiqueta ecológica europea”), o de comer en un restaurante del municipio de Forua, sito en un caserío del siglo XVII. Sinceramente, pienso que se trata de un extraordinario ejemplo de buenas prácticas de gestión de la biodiversidad y de su inserción en el ámbito socioeconómico de una reserva de la biosfera. Ahora que sólo se habla de las ciudades (e incluso, megaciudades) y que éstas se presentan como paradigma del futuro sostenible, reivindico aquí iniciativas  como la de la Reserva del Urdaibai. Sin duda que volveré pronto allí. Un lugar donde se calma el dolor.

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¿Ordenar y planificar los mares y océanos?

27 de Mayo de 2017 a las 0:36

Los pasados 23 y 24 de mayo, tuvo lugar en Alicante la 14ª edición de las XIV Jornadas Españolas de Costas y Puertos. Se trata de la reunión más importante de los profesionales vinculados al mundo de la costa y de los puertos, aunque con un marcado perfil del campo de la ingeniería. Responsables y empleados públicos de las Demarcaciones de Costas y de las Autoridades Portuarias, expertos de las consultorías de ingeniería civil y de gestión ambiental, e investigadores de centros universitarios, … llenamos las salas y salones de conferencias del Hotel Meliá Alicante, situado en plena línea de costa y con un imperturbable clima veraniego.

A lo largo de dos intensivas jornadas, se defendieron más de 200 presentaciones, expuestas en seis sesiones y, a su vez, estructuradas en 25 temáticas costeras y portuarias. Por ejemplo, temas tan variados como “procesos litorales”, “riesgos de inundaciones”, “cambio climático”, “obras marítimas”, “gestión del litoral”, “regeneración del playas”, “planificación portuaria”, etc. En estas XIVª Jornadas, la organización del evento había elegido como tema “estrella” el de la “Planificación Espacial Marina y Estrategias Marinas”. En mi caso particular, desde hace bastante tiempo, venía siguiendo la pista del proceso de elaboración de la Directiva sobre “ordenación del espacio marino” que, finalmente, fue aprobada el 23 de julio de 2014, con la referencia numérica como Directiva 2014/89/UE, “por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo”.

No sin una pizca de atrevimiento, decidí presentar mi aportación sobre “ordenación del espacio marítimo y la interacción entre tierra y mar”, y debo agradecer a la organización del Congreso que fue admitida para defenderla públicamente. Lo cierto es que no es la primera vez que participo en estas Jornadas ya que muchos temas de nuestro Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña coinciden, entre otros, con los temas costeros y portuarios. Además, quizá por la edad, cada vez conozco a más personas de las que suelen concurrir un año tras otro al mismo evento.

Tras mi intervención tuve la oportunidad de debatir, si bien brevemente, con algunos de los asistentes, entre ellos reputados técnicos de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Se trataba de un magnífica ocasión para debatir sobre este tema ya que acaba de aprobarse el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que “se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo”. Es decir, la norma española por la que se transpone a nuestro ordenamiento la citada Directiva 2014/89/UE.

Tal como se define en el RD la “ordenación del espacio marítimo” es “el proceso mediante el cual las autoridades competentes analizan y organizan las actividades humanas en las zonas marinas con el fin de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales”. Se trata, en definitiva de ordenar las actividades antrópicas que se desarrollan en las aguas marinas: pesca, acuicultura, extracción de recursos minerales, transporte marítimo, cables submarinos, actividades turísticas y recreativas, espacios marinos protegidos, etc. Es evidente que tal ordenación persigue prevenir, reducir o minimizar los conflictos que pueden surgir (y de hecho surgen) ante la concurrencia de dos o más actividades. Por ejemplo, en el caso de España, el conflicto que aconteció en las Islas Canarias por la exploración de recursos petrolíferos o el “Proyecto Castor” frente a las costas de Castellón y Tarragona.

Pero el instrumento destinado a cumplir el objetivo de la Directiva 2014/89/UE y, por ende, del RD 363/2017, es el de los “planes de ordenación del espacio marino”, previéndose la aprobación, antes del 31 de marzo de 2021, por cada una de las cinco “Demarcaciones marinas” previstas por la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino. En mi presentación del repetido Congreso, puse sobre la mesa algunos aspectos problemáticos de la actual regulación estatal como su articulación con las “estrategias marinas” que se están elaborando (en virtud de la referida Ley 41/2010), sobre la designación de las autoridades competentes, sobre participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de dichos planes de ordenación, sobre la coordinación de estos planes con otros que concurren con ellos (planes hidrológicos, de gestión de riesgos, etc.) y otros asuntos.

Tenemos por delante un apasionante trabajo de ordenación y planificación de los espacios marinos, sobre los que se viene trabajando, con el impulso de la UNESCO, en otros países desde hace una década (como es el caso de Australia, entre otros países). Porque, en efecto, hoy más que nunca es preciso ordenar y planificar los usos de nuestros mares y océanos, hasta donde llega la soberanía de los Estados ribereños. Junto a la tradicional regulación internacional de los espacios marinos, la creciente capacidad del ser humano de explotar sus recursos costeros y marítimos, obliga, con urgencia a abordar la compleja tarea de compatibilizar los objetivos de la nueva normativa: apoyar el desarrollo y el crecimiento sostenibles de los sectores marítimos pero teniendo en cuenta para ello los aspectos económicos, sociales y ambientales, “sin menoscabo de la conservación, protección y mejora del medio ambiente marino, incluida la resiliencia a los efectos del cambio climático”.

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¿Deberían los ríos tener acceso a los Tribunales? o la “custodia fluvial”.

2 de Abril de 2017 a las 19:52

En 1972 el Juez estadounidense Cristopher STONE publicó un ensayo titulado “Sould Trees have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects” (es decir, “deberían los árboles tener acceso a los Tribunales? Hacia los Derechos de los Objetos de la Naturaleza”). Este escrito jurídico tuvo lugar con motivo del famoso caso “Sierra Club vs. Morton” en el que la pionera asociación ecologista “Sierra Club” se opuso judicialmente a la construcción de un parque de atracciones de Disney en el seno del “Mineral King Valley”, conocido por sus centenarios secuoyas. Este alegato constituye una las primeras manifestaciones a favor de que la naturaleza (y sus recursos naturales) sean sujeto –no sólo objeto- de derechos susceptibles de ser exigidos ante los jueces y tribunales.

Este famoso caso viene a cuento ya que, hace pocos días, ha trascendido a los medios de comunicación la aprobación por el Parlamento de Nueva Zelanda de una Ley en la que se reconoce al río Whanganui (el tercero más largo del país, sito en la Isla Norte) el estatus de persona jurídica. Desde hace más de 160 años los indígenas “maoríes” –etnia polinesia que habita en la islas de ese país insular- venían reclamando ante las autoridades el reconocimiento de dicha curso fluvial como una entidad viva. La Ley incluye una compensación económica a la minoría que habita en el parque natural que lleva el mismo nombre que su río de más de 70 millones de euros. La estrecha y ancestral vinculación entre el citado río y los indígenas maoríes se refleja en el dicho “Yo soy el río y el río es yo”. Para los que habitan a lo largo de las márgenes de este río de 290 kilómetros, es algo sagrado. Por cierto, que esa “sacralidad” de los ríos es una constante desde los primeros tiempos de la humanidad y en casi todas las culturas y religiones como pone de relieve Nick MIDDLETON, en su obra “Rivers: a Very Short Introduction” (Oxford University Press, 2012).

Pocos días después de esta llamativa noticia, el 21 de marzo, tuvimos noticia también de que un Tribunal del norte de la India (la Corte Suprema de Uttaranchal en el Estado de Uttarakhand) acaba de reconocer los mismos derechos legales como persona a los ríos Ganges y Yamuna, que también se consideran sagrados por mil millones de indios. En su decisión jurisdiccional los jueces del Tribunal indio mencionaron el caso del río Whanganiu. En este caso, la Corte de justicia nombró a tres funcionarios que actuarán como custodios legales y responsables de proteger los ríos y sus afluentes. Además, una agresión cometida contra la calidad de las aguas del río equivaldrá a la cometida con una persona física.

Con estos supuestos se reproduce una vez más la larga polémica acerca de la conveniencia de atribuir -o no- de derechos subjetivos a los naturaleza, si bien la discusión se ha desarrollado principalmente en torno los “derechos de los animales” (con influentes valedores como los promotores de la “deep ecology” y con la figura destacada de Peter SINGER, autor de la obra “Animal Liberation”, publicada en 1975). Más recientemente, las nuevas Constituciones políticas de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009) llevan a cabo un “giro biocéntrico” con la expresa previsión de “derechos de la naturaleza” (por ejemplo, con el reconocimiento del “derecho de la naturaleza o Pachamama”).

En el magnífico ensayo del filosofo y jurista belga François OST, titulado “Naturaleza y Derecho. Para un debate ecológico en profundidad” (publicado en España por Ediciones Mensajero, en 1996), se desarrolla una aguda crítica a las posturas extremas que han dominado en el campo del Derecho la relación entre los seres humanos y la naturaleza. De una parte, la “naturaleza como objeto” que ha sido fruto de la modernidad occidental y que ha propiciado la explotación indiscriminada de los recursos naturales (con la sacralización de la propiedad privada). Y, de otra parte, como reacción a la anterior postura, la “naturaleza como sujeto”, lo que lleva al reconocimiento de derechos subjetivos a la misma, en su conjunto, o algunos de sus aspectos. Desde la lectura de dicha luminosa obra, todavía no alcanzo a ver la utilidad de aplicar la tesis del reconocimiento de derechos subjetivos a la naturaleza, sea en lo relativo a los animales, vegetales o minerales. Con muchos otros juristas soy de la opinión de que para defender la naturaleza –y confieso que me considero un apasionado defensor- no hace falta apoyarse, como dice, OST en un pretendido “igualitarismo de las especies” sino más bien “en el desarrollo de las capacidades ética de la especie humana”. A mi juicio, hay que cargar la mano en los deberes y obligaciones de los seres humanos en la protección de la naturaleza (siguiendo la línea de pensamiento de Aldo LEOPOLD –de una “ciudadanía biótica inspirada en una ética del suelo”, de Hans HONAS -y su “principio de responsabilidad”-, o, más recientemente, en los planteamientos de Papa FRANCISCO –sobre una “ecología integral”- en su Encíclica “Laudato Si”).

A propósito de la protección de los ríos, se viene hablando –desde hace pocos años- en el mundo jurídico-ambiental y de la conservación de la biodiversidad de la “custodia fluvial”. Se trata de una prometedora figura de protección que, siguiendo la filosofía de la “custodia del territorio” (un conjunto de estrategias e instrumentos, nacidos en Norteamérica, que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos), se trata de aplicar con parecidos cometidos sobre las cuencas fluviales. En las dos recientes obras jurídicas –promovidas por la “Red ECOVER”- que he tenido el honor de coordinar, con la participación de buena parte de los mejores ius-ambientalistas de nuestro país, se recogen los retos actuales de esta nueva figura de protección, con un completo análisis de sus fortalezas y debilidades, así como de interesantes conclusiones y propuestas al respecto (véase las obras “Derecho Ambiental para una Economía Verde” y “Derecho Ambiental en tiempo de crisis”, ambas publicadas en 2016).

Son, en este momento, muchas las iniciativas de “custodia fluvial” que se han puesto en marcha por parte de varias entidades de conservación (Fundación Biodiversidad), por Confederaciones Hidrográficas (Duero, Júcar, etc.), así como por varios programas de protección de los ríos (de forma destacada, aquí en Galicia, el “Proxecto Ríos”; también el proyecto “Limne”). Incluso, la Administración General del Estado la ha incluido en la “Estrategia Nacional de Restauración de los Ríos” desde 2006.

Como señala la experta Elisa PEREZ DE LOS COBOS, quien destaca los beneficios que reporta para la protección de la biodiversidad esta novedosa figura de la “custodia fluvial”: “Se trata de una herramienta innovadora que implica a las Administraciones públicas con competencias en la planificación y gestión de los sistemas hídricos, a las entidades de custodia, y a los propietarios privados y usuarios de los ríos, como regantes y pescadores. De este modo, se rompe con el paradigma tradicional que hace descansar la responsabilidad de conservar el medio ambiente únicamente en la Administración. Se trata ahora de una responsabilidad compartida entre todos los afectados”.

Como en el caso del neozelandés río Whanganui, del muy popular río indio del Ganges o de los maravillosos “mil ríos” de Galicia, son los seres humanos los que tienen en sus manos las claves de la protección de tan valiosísimos ecosistemas fluviales. Es posible que todavía esté por llegar un nuevo sistema jurídico de protección de la naturaleza de las generaciones actuales y futuras (incluso sobre la base del reconocimiento efectivo de innovadores “derechos de la naturaleza” que todavía desconocemos). No obstante, estoy convencido que la solución que se formule, no podrá dejar de contar, nos guste o no, con la insustituible –e inexcusable- actuación humana. Por lo pronto, la figura de la “custodia fluvial” me parece un gran acierto para implicar a los seres humanos en la protección de los ríos.

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Insostenibles externalidades de la macro-industria agroalimentaria

12 de Marzo de 2017 a las 2:36

Alertado por mi buen amigo Luis GARCÍA -uno de los mejores conocedores del mundo rural en Galicia-, tuve conocimiento de la impactante noticia sobre el proyecto de macrogranja de 20.000 vacas que se pretende implantar en Soria, que utilizaría tanta agua como la que consume la ciudad de Soria y que generaría más del doble de los residuos orgánicos de toda la Comunidad de Castilla y León. Esta información ha tenido un amplio eco en los medios de información y, particularmente, en el sector agroalimentario. Del sector agro-ganadero destaco la opinión de Andoni GARCÍA ARRIOLA (miembro de la ejecutiva de la “Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos” (COAG) del País Vasco) para quien semejante proyecto genera unos graves impactos, tanto a nivel social y económico como ambiental; “la sustitución del modelo social y sostenible en la ganadería y en la agricultura por un modelo industrial –señala GARCÍA ARRIOLA– es un proceso silenciado que se está llevando a cabo desde hace muchos años y la reconversión brutal del campo lo pone de manifiesto”; prueba de ello es que “en el Estado español han desaparecido desde el año 2000 un 70% de las explotaciones lácteas”; y, seguidamente, el mismo autor, hace una llamada a la reflexión acerca del “modelo de producción lácteo, agrario y alimentario” en nuestro país: sobre la necesidad de vincular la producción a la tierra, sobre la promoción de nuevos modelos sostenibles de producción, transformación y comercialización local, sobre la interrelación de la producción de leche con la calidad y la sostenibilidad… También el Consejo sectorial lácteo de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha puesto de manifiesto que sólo dicha macro-granja supondría un incremento de la producción láctea en España del 2,5%, lo cual desestabilizaría todavía más el mercado de la leche, con una nueva caída de precios y el cierre de granjas (muchas de ellas bajo un modelo familiar muy arraigado y ligado al territorio); incluso, se destaca, se pondría en peligro el cumplimiento de España de sus compromisos sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Consciente de las profundas transformaciones que ha sufrido el sector agro-ganadero en los últimos decenios en la Unión Europea (en virtud de las sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC), hasta la reciente reforma de 2014-2020), es claro que el modelo del futuro pasa por una mayor competitividad de la agricultura pero, en especial, se trata de estimular el desarrollo del medio rural -y, con él, la gestión sostenible de los recursos naturales-, un desarrollo territorial equilibrado y el ofrecimiento de oportunidades a las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos de menos de 40 años.

Cavilando sobre estas inquietudes del mundo rural que, aquí en Galicia, son muy palpables, ha caído en mis manos un fundado alegato contra la gran industria ganadera. Se trata de la obra titulada La carne que comemos. El verdadero coste de la ganadería industrial (que se acaba de publicar en 2017 por Alianza editorial), cuyo autor es el británico Philip LYMBERY, director ejecutivo de la organización internacional para el bienestar animal “Compassion in World Farming” (CIWF). Este activista es muy conocido por su incansable lucha para lograr la prohibición legal de las jaulas en batería para las gallinas y las jaulas para terneras en la Unión Europea. Además en 2014 publicó –en colaboración del Isabel OAKSHOTT– otro libro titulado “Farmagedón”, en la misma línea de crítica a la ganadería industrial, elegido por TIMES como uno de los libros del año. “La carne que comemos” –que incluye un capítulo del popular ambientalista José Luis GALLEGO, sobre el “consumo responsable” en España- se divide en cinco capítulos -muy atractivamente maquetados-, ilustrado con buenas fotos y completas infografías, donde se narran experiencias del todo el mundo y aderezado de un rico aparato bibliográfico. Tras explicar, en la “Introducción”, que en el Planeta se crían cerca de 70.000 millones de animales de granja al año (de los que dos tercios se producen en granjas industriales) que consumen un tercio del total de los cereales producidos en el mundo, en el Capítulo 1º (“Naturaleza”) se pone de relieve los grandes impactos que las macro-granjas producen sobre el medio ambiente (estiércol, polución atmosférica y contaminación de las aguas, degradación de los suelos, reducción de la biodiversidad, efectos negativos de los pesticidas y fitosanitarios, etc.). En el Capítulo 2º (“Salud”) se hace un repaso de enfermedades y de las posibles vinculaciones de las granjas industriales con la salud humana: el abuso de los antibióticos a los animales, las “superbacterias” y los microbios que amenazan con convertirse en pandemias, niveles de colesterol y grasas saturadas con que se alimentan a los animales… ¿Quién no recuerda la “crisis de las vacas locas”? en Europa, a finales del siglo XX. El Capítulo 3º (“Por qué importan los animales”) relativo a su reivindicación sobre el “bienestar animal” (con sus “cinco libertades”) se puede resumir en la siguiente frase: “Hacinados en pésimas condiciones y llevados más allá de sus límites naturales, se les suele tratar como si fueran sólo máquinas antes de matarlos. Pero son criaturas sintientes que sufren dolor y miedo” (se refiere los 50.000 millones que viven en granjas industriales). El Capítulo 4º (“Recursos”) se plantea todos los problemas que se avecinan en el futuro ante la expansión de la agricultura intensiva, para la producción de cereales y soja, que va a exigir el incremento de granjas industriales; monocultivos que van a producir desplazamientos masivos de personas y de ingentes recursos de un agua dulce cada vez más escasa. No falta en este capítulo una mirada crítica al “abuso de la tecnología de los cultivos genéticamente modificados” y a la “clonación” de animales con los potenciales riesgos que albergan. Finalmente, en el Capítulo 5º, “Las soluciones”: el consumidor como “pieza clave” (las etiquetas importan y “hay que saber lo que se compra”), reducción del escandaloso desperdicio del tercio de la comida que producimos, promoción de granjas mixtas de cultivos y animales, “hay que restaurar el vínculo crucial entre los animales de granja y la tierra para mejorar la sostenibilidad del suelo”, …

Me ha gustado mucho la exposición –clara y ordenada- de LYMBERY quien con su libro añade una lúcida obra a la muy extensa literatura de ensayos, libros y alegatos contra el actual sistema industrial agroalimentario. Este texto puede inspirar a la gobernantes que hayan de decidir si se autoriza o no la mega-lechería en Soria. Lo mismo que esas otras palabras, tan atinadas para este supuesto que nos ocupa, como las del Papa FRANCISCO, en el nº 129 de su Encíclica “Laudato Si: “Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que fa­vorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de peque­ña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja pro­porción del territorio y del agua, y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agríco­las, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Las economías de escala, especial­mente en el sector agrícola, terminan forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras o a abandonar sus cultivos tradicionales. Los in­tentos de algunos de ellos por avanzar en otras formas de producción más diversificadas termi­nan siendo inútiles por la dificultad de conectarse con los mercados regionales y globales o porque la infraestructura de venta y de transporte está al servicio de las grandes empresas. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pe­queños productores y a la variedad productiva. Para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces pue­de ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una liber­tad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discur­so contradictorio que deshonra a la política”. Más claro, agua.

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El debate nuclear sigue vivo, y la Central Nuclear de Garoña, también.

18 de Febrero de 2017 a las 1:32

El debate nuclear está de nuevo encima de la mesa y el Gobierno nuevamente tendrá que decidir. La reciente decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente con condiciones el funcionamiento de la central nuclear operativa más antigua de España, reaviva la polémica sobre la generación de la energía nuclear una forma de generación, quizá necesaria como energía de respaldo (más del 20% de la energía eléctrica), pero no exenta de riesgos y de polémica.

Y es que las decisiones están en el campo de la política y no en el campo del Derecho, condicionando la primera el segundo y judicializándose una vez más todas las decisiones políticas que tengan que ver con la energía nuclear. Aún seguimos a vueltas con la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Residuos radiactivos y combustible gastado (ATC) transcurridos cinco años desde que el Gobierno decidió ubicarlo en el municipio de Villar de Cañas en la provincia de Cuenca. La ulterior decisión del gobierno castellano-manchego resultante de las elecciones de 2015, de ampliar la zona de protección para evitar la construcción del ATC aún está litispendente y ha adquirido de nuevo notoriedad tras conocerse que el Tribunal Supremo ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 28 de julio de 2015, que dio inicio a una ampliación del Espacio Protegido Laguna del Hito. Señala este Tribunal que, en la ponderación de los intereses en conflicto, son más importantes las actuaciones para la instalación del ATC -que pretende una adecuada y pronta gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general- que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.

Pero lo que nuevamente resurge como un muerto viviente es la central nuclear de Santa María de Garoña ubicada en la provincia de Burgos. Una central con 460 MW de potencia instalada, operativa desde 1971 hasta diciembre de 2012, en la que se decidió desconectarla para evitar el pago del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear, establecido por la Ley 15/2012. Esta desconexión con fines ahorrativos le ha costado a Nuclenor una sanción de la CNMC de 18,4 millones de euros, confirmada recientemente por sentencia de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Y pese a todo…..

Cuando ya parecía que el siguiente paso de esta central sería su cese y desmantelamiento, dando fe de que este muerto está muy vivo, la propia empresa titular Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola) promovió su vuelta, solicitando la ¿renovación?, yo diría, de nueva concesión de un permiso de explotación hasta 2031 cuando la central tenga ya 60 años.

Cabe recordar que esta misma polémica ya se suscitó en el verano de 2009, cuando, por aquél entonces, el Gobierno prorrogó por tan solo 4 años el permiso de explotación de la central pese al informe favorable del CSN para poder seguir funcionando hasta 2019. Esta decisión recurrida por todos, fue resuelta por la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional mediante sentencia de 30 de junio de 2011, entendiendo ajustada a Derecho la decisión discrecional del Gobierno con motivación suficiente respecto a la continuidad o no.

Del CSN me fío, es una auténtica Administración independiente -formada por expertos en seguridad nuclear- que han dictaminado su posible continuidad, eso sí, supeditándola a una serie de inversiones y mejoras importantes y de elevado coste. No debemos desconfiar, aunque todos sabemos el riesgo ínsito de las fuentes de energía nuclear y somos sabedores de que el riesgo cero no existe.

Todo correcto. Si no fuese por un dato preocupante de este último informe del CSN. Se trata de la discrepancia existente dentro del propio CSN, de sus consejeros. La actual consejera y exministra de Medio Ambiente, Cristina NARBONA, se ha posicionado en contra del permiso, señalando en su voto particular que la Central “no ha cumplido, en su totalidad, los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que eran condición requerida para emitir el informe favorable a la renovación” a las que considera condición indispensable al tratarse de “modificaciones de diseño muy significativas desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, cuyo alcance, coste y dimensión conoce perfectamente Nuclenor desde hace casi una década”. Por tanto, el informe favorable del CSN no es unánime, una situación nueva que tendrá que ponderar también adecuadamente el Ministerio de Industria.

Otra de las características de este informe favorable del CSN es que no establece un plazo de vigencia máximo del permiso de explotación que, en su caso, pueda otorgar el Gobierno, separándose el CSN de la práctica reguladora -vigente desde 1999- que vinculaba las revisiones periódicas de seguridad decenales con el periodo máximo de renovación de las autorizaciones de explotación que podía conceder el ministerio (10 años), si bien, lo cierto es que la Directiva 2014/87/EURATOM, de 8 de julio, que modifica la Directiva sobre seguridad nuclear fija en 6 años en lugar de 10 la evaluación completa de las centrales nucleares.

Uno de los aspectos importantes de este procedimiento del permiso de explotación de la central de Garoña es que la decisión que adopte el Ministerio será un claro mensaje, un claro precedente para las ulteriores solicitudes de renovación. No olvidemos que el resto de las centrales nucleares operativas en España, tendrán, en breve, que ir sometiendo su permiso de explotación a renovación y esta decisión que se adopte con Garoña puede ir abriendo un camino de futuro amplio en la explotación de las centrales nucleares en España, teniendo en cuenta además su importante aportación porcentual en generación y la elevada rentabilidad que para las compañías eléctricas titulares supone al estar ya amortizadas.

Una vez más nos encontramos ante una decisión política en la que el Gobierno deberá ponderar la necesidad y beneficios de la generación de energía por un lado, y por otro los riesgos que de ello se derivan y en qué medida una sociedad desarrollada e informada está dispuesta a asumir. Alemania y Francia son dos ejemplos cercanos contrapuestos. Curiosamente, la Ley 2/2011, de economía sostenible, da los criterios de motivación en los que podrá apoyarse el Gobierno “los niveles de participación de la energía nuclear en la cesta de generación energética, de acuerdo con el calendario de operación de las centrales existentes y con las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales, en el marco de la legislación vigente, en su caso correspondan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear sobre los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica, la evolución de la demanda, el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y ateniéndose en todo caso al marco de referencia establecido por la normativa europea vigente”.

De momento, este procedimiento de renovación de la CN de Garoña ya ha suscitado la oposición de los partidos políticos que, en sus programas, abogan por la erradicación de la energía nuclear y el rechazo de las instituciones de territorios más próximos como el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral de Álava o el propio Parlamento Vasco.

En mi modesta opinión creo que algunas cosas de la Ley de Energía Nuclear de 1964 y del Reglamento de Instalaciones Radiactivas debieran ser modificadas sobre todo para hacer efectiva una mayor información y una mayor participación pública en la toma de decisiones de este tipo. No parece lógico que, en un procedimiento administrativo de estas características, no se garantice la información y participación públicas, que posibiliten no sólo las alegaciones y objeciones, sino también las respuestas justificadas por parte del promotor o del CSN o del Ministerio que finalmente autorice o no el permiso de explotación. Es la sociedad la que debe admitir o no los riesgos derivados de una actividad sopesando los que se pueden producir como consecuencia de esa falta de actividad.

Esperaremos 6 meses para ver qué decide el Ministerio de Industria, el Gobierno en definitiva, y la empresa, que tendrá que hacer un sesudo análisis de coste-beneficio para saber si el elevado coste (en torno a 200 millones de euros) de implementación de todas las medidas exigidas por el CSN, le trae cuenta o no para seguir en funcionamiento. Lo veremos.

(Colaboración del Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, Ángel RUIZ DE APODACA, experto en la regulación jurídica de la energía nuclear).

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El mal ambiente del Presidente Donald TRUMP

7 de Febrero de 2017 a las 21:15

Acabo de volver de la ciudad mejicana de Morelia donde participé en el Foro Internacional de Michoacán, dedicado a la democracia y a la gobernanza, con motivo del primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos de México de 1917. Allí pude comprobar, con mis propios ojos, la enorme indignación del pueblo mejicano ante la injusta postura del nuevo Presidente norteamericano ante este País latino, quien amenaza a pasarle factura por el fortalecimiento del muro que, desde hace década, los separa, y anunciando una masiva deportación de sus paisanos en tierras estadounidenses.

Pero no sólo los mexicanos tienen motivo para estar seriamente disgustados. También quienes nos dedicamos a analizar las cuestiones ambientales vemos con preocupación las medidas que, en materia ambiental, está promoviendo Donald TRUMP al comienzo de su mandato. Sin dejar de subrayar la gravedad de las drásticas medidas anti-inmigración que han entrado en un proceso de judicialización (en el que se va a poner en juego la virtualidad de los “checks and balances” de la democracia norteamericana), asistimos claramente a un triste capítulo de regresión ambiental en el país que, en los años setenta del siglo XX, fue pionero en la política ambiental. De acuerdo de las autorizadas opiniones de los Profesores de Universidad de Universidad de California (UC) el dibujo de la situación generada por el nuevo Presidente es bastante sombrío.

Son varias de las decisiones adoptadas por el nuevo Presidente han hecho sonar todas las alarmas. El nombramiento de Scott PRUIT –quien fue fiscal general de Oklahoma- como director de la más importante Agencia para la Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas); se trata de una persona que ha promovido en multitud de ocasiones demandas judiciales contra los principales planes ambientales de la referida Agencia (“Clean Power Plan”, “Clean Air Act mercury rule”, etc.) bajo la “Administración OBAMA”. Además, se ha ordenado a los empleados de la EPA no hablar en los medios de comunicación, ni facilitar documentación interna, lo cual va en contra de la “Ley de Libertad de Información”. También, en el ámbito de la EPA se han suspendido todas las actividades previstas con sus contratistas. Como dice el profesor Dan FARBER de la Universidad UC-Berkeley, su inexperiencia para el cargo le hace correr a PRUITT un alto riesgo de cometer muchos errores.

En materia de energía, el Presidente ha firmado un “memorando ejecutivo” para permitir la construcción de los polémicos oleoductos (“Keystone XL” y “Dakota”) –paralizados por OBAMA– para el transporte del petróleo procedente de las arenas bituminosas canadienses de Alberta, así como para distribuir el petróleo de esquisto de Dakota del Norte y Montana a un centro de distribución en Nebraska. Y, todo esto indica que la “Administración TRUMP” apuesta por la explotación del “gas pizarra” (“shale gas”) mediante el controvertido sistema del “fracking”. Es significativo que Rick PERRY –quien fue Gobernador del Estado de Texas- haya sido nombrado Secretario de Energía y que, en su momento defendió acabar con el Departamento que ahora va a dirigir. Por si pareciera poca la influencia del lobby petrolero en el nuevo ejecutivo de Washington, TRUMP ha nombrado como Secretario de Estado –jefe de la diplomacia de los Estados Unidos- a Rex TILLERSON, ex–jefe de la gigante empresa Exxon Mobil. No son los únicos cargos del Gabinete TRUMP vinculados a la industria del gas y petróleo y además negacionistas del cambio climático, como subraya el Profesor FARBER.

También resulta muy significativa la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente el pasado 30 de enero para “reducir la regulación y controlar los costos regulatorios” que puede implicar, como dice el profesor Sean HECHT, la eliminación de regulaciones administrativas que tienen como objetivo la protección ambiental, de la salud, de los trabajadores y de los consumidores.

Incluso la nominación por TRUMP del juez Neil GORSUCH para ocupar el puesto dejado en el Tribunal Supremo a la muerte del juez Antonin SCALIA, se ve como una amenaza por la actuación anti-ambientalista de dicho juez en su puesto de la “Corte de Apelaciones del 10º Circuito” (en especial, en el “caso Chevron v. NRDC”).

En el orden internacional, TRUMP (para quien –vía Twitter- “el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para atacar la competitividad de la industria estadounidense”) anunció en su campaña electoral que de ganar las elecciones presidenciales se desharía del “Acuerdo de Paris” sobre el cambio climático, lo antes que sea posible. “La Comunidad internacional se prepara –como señala el economista Antxon OLABE EGAÑA– para la demolición del importante legado climático de OBAMA”, lo cual supondrá “un golpe muy duro contra la arquitectura climática construida en los últimos años, así como contra la contención de emisiones que Estados Unidos ha logrado en la última década”.

Por consiguiente, son muchos los nubarrones que se ciernen sobre el horizonte de la nueva “Administración TRUMP” en lo que se refiere a la política ambiental y aquellas otras políticas que, como la energética, se haya íntimamente ligada a aquélla. Como recuerda FARBER este ataque a la política ambiental no es nuevo en la reciente historia americana (véase los casos parecidos en 1981 con REAGAN, en 1994 con el llamado “Contract with America” republicano y en 2001 con George W. BUSH).

¿Cómo salvar los muebles en esta situación? El Profesor FARBER comenta en su blog cómo pueden defenderse los Estados ante las medidas federales perjudiciales para el medio ambiente (los estándares mínimos estatales de protección de las leyes sobre aire y el agua; la necesaria certificación ambiental estatal para los proyectos federales; los controles estatales sobre los terrenos públicos, etc.). También se expone cómo no es fácil derogar y excepcionar la complejísima regulación administrativa ambiental de la EPA.

Por su parte los representantes de los más importantes grupos ecologistas han anunciado que se preparan para combatir cualquier retroceso. “Si TRUMP intenta retroceder en la protección del medio ambiente y el cambio climático, se topará con una maraña de gente organizada”, advirtió Michael BRUNE, director de Sierra Club, el grupo ambientalista más antiguo de la historia y uno de los más grandes (con 2,4 millones de miembros). También, del mismo grupo, Melinda PIERCE opina que no será fácil desmontar rápidamente las reglamentaciones ambientales y denunciar los acuerdos internacionales: “Creo que habrá una presión internacional muy fuerte –dice la activista- para persuadir a TRUMP a que no se retire del Acuerdo de París”.

Veremos cómo evolucionan los acontecimientos y si se confirman las amenazas. Por lo pronto, el muro fronterizo que separa México de los Estados Unidos de América está afectando, desde hace tiempo, a más de 800 especies de mamíferos, reptiles y anfibios que se encuentran en peligro de extinción y que requieren de movimientos migratorios en la zona para mantener sus poblaciones. Jaguares, borregos cimarrones, el berrendo sonorense, castores y ocelotes, son sólo algunas de las especies que se encuentran en peligro de extinción debido al muro.

Aunque no haya mucho espacio para el optimismo, confiamos que la lucha de los activistas ambientales en los Estados Unidos de América (“cuna del ambientalismo”), el trabajo sensato de muchas de sus instituciones estales y locales, así como la presión internacional, logre frenar o, al menos, minimizar una política de regresión ambiental como la que pretende implantar el Presidente TRUMP, que va en contra de la historia y de la calidad de vida de sus propios compatriotas.

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El legado ambiental del Presidente OBAMA y… su incierto futuro

7 de Noviembre de 2016 a las 2:07

src-adapt-960-high-20140128-sotu-environment-1391033446267A escasas horas de celebrarse el próximo martes 8 de noviembre, la 58ª elección presidencial en Estados Unidos, con una ligera ventaja -en las encuestas- de la candidata demócrata Hillary CLINTON sobre el excéntrico republicano Donald TRUMP, me parece oportuno destacar ahora el legado que deja el todavía Presidente Barack OBAMA.

Gracias a mi amigo el Profesor de Derecho Ambiental, Dan FARBER -quien fue el tutor de mi año sabático en el Centre for Law, Energy & the Environment del Campus de Berkeley en la Universidad de California (UC)- procuro seguir el pulso del derecho y la política ambiental en los Estados Unidos de América. Cualquiera puede leer sus agudos comentarios en el blog “Legal Planet, mantenido por los prestigiosos centros de la UC: la Berkeley School of Law y la UCLA School of Law. En una de sus recientes entradas, el Profesor FARBER enumera los logros más importantes de la política ambiental del Presidente OBAMA. Nada menos que veinte asuntos en los que según el citado profesor norteamericano se han producido remarcables avances en diferentes campos y materias del derecho y de la política ambiental estadounidenses y que, ahora, pasamos a compendiar, aunque sin un ánimo exhaustivo.

En primer lugar, se destaca la puesta en marcha de la “Green Economy” con estímulos y ayudas de más de 90.000 millones de dólares en iniciativas para mejorar la eficiencia energética, para promover las energías renovables, para mejorar las infraestructuras eléctricas y la red de ferrocarriles, etc. Más concretamente, en relación con la eficiencia energética, en diciembre de 2015, el Departamento de Energía aprobó nuevas normas sobre los sistemas de calefacción y refrigeración de los centros comerciales que permitirá reducir en 167.000 millones de dólares los costes de energía y una reducción de cerca de 900 megatones de CO2.

Son particularmente abundantes las reformas y avances en la legislación sobre calidad ambiental: una nueva “Ley de seguridad química” (que sustituyó la vieja “Ley de Control de Sustancias Químicas”); nuevas normas más exigentes para las emisiones industriales (acompañadas de un “Plan de Energía Limpia” para las mismas) y, en especial, para las emisiones de mercurio de las centrales eléctricas. Por lo que se refiere a los transportes: nuevos estándares para los gases de efecto invernadero de los coches nuevos (con la consiguiente reducción de sus emisiones de CO2); más estrictos estándares sobre la contaminación atmosférica de particular y de ozono troposférico procedentes del transporte interestatal. También relación con la calidad del aire: nuevos estándares sobre el ozono y sobre las partículas.gvvhzpn_400x400

También son muchos los avances en la protección de la biodiversidad: OBAMA ha sido el Presidente que más espacios naturales protegidos ha declarado y, en particular, con la mayor reserva marina del mundo en su archipiélago natal de Hawai (conocida como “Papahanaumokuakea”, con una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa cuatro veces el tamaño de California). Igualmente es relevante la aprobación en 2015 de la nueva regulación para protección de los humedales (WOTUS) aunque esta normativa está recurrida ante los Tribunales. Sobre la protección de especies, son casi 300 las incluidas durante el Gobierno OBAMA en la lista de especies amenazadas de la “Ley de Especies en Peligro de Extinción”.

Con referencia a la salud destacan los estudios de la “Environmental Protection Agency” (EPA) sobre los peligros para la salud humana de ciertos gases de efecto invernadero, así como la “Ley de Seguridad Alimentaria” que ha fortalecido las competencias de la “Food and Drug Administration” (FDA).

Sobre las actividades extractivas es conocida el bloqueo por el Presidente OBAMA de la construcción del oleoducto “Keystone XL” previsto para transportar hacia el sur de Estados Unidos las sustancias extraídas en Canadá de las arenas bituminosas. Del mismo modo han sido polémicas las normas aprobadas por su Administración para regular el “fracking” con el fin de proteger las aguas subterráneas y para restringir las emisiones de gas metano. De mismo modo, han sido proteccionistas las medidas aprobadas para controlar la minería a cielo abierto en zonas de montaña. Y, en cuanto a la explotación de hidrocarburos, aunque durante su gobierno tuvo lugar la mayor catástrofe ambiental producida en 2010 por el derrame de la plataforma “BP Deepwater Horizon” en el Golfo de México, reformó la legislación sobre exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.

Pero, sin duda, ha sido en el campo de las negociaciones internacionales sobre cambio climático donde el Presidente OBAMA ha obtenido su más destacado logro: la firma del Acuerdo de Paris de 2015. Destacable éxito tras la tradicional posición de Estados Unidos en esta materia (rechazo de la firma del Protocolo de Kioto) y el fiasco del Acuerdo de Copenhague de 2009. También en el ámbito internacional es reseñable la firma por Estados Unidos del Convenio de Minamata sobre prohibición del mercurio.

Es cierto que algunos de las conquistas ambientales reseñadas –impulsadas por la Administración OBAMA con la ayuda de la poderosa EPA- han sido recurridas ante los Tribunales por Estados y empresas, pero no cabe duda de que la política ambiental de los dos Gobierno del presidente afroamericano han marcado una clara tendencia hacia un mayor proteccionismo ambiental en los Estados Unidos.

environment-4x3-pngLa continuidad de esta “herencia ambiental” parece que está asegurada si gana las elecciones la candidata demócrata. Sin embargo, muchas de estas medidas corren un serio peligro de desaparecer o limitarse considerablemente si gana Donald TRUMP. Como se encarga de advertir el profesor Dan FARBER a los votantes norteamericanos -en otra de sus últimas entradas del blog “Legal Planet”-: “si usted está todavía indeciso” la comparación entre las ofertas de CLINTON y de TRUMP en materia ambiental son “nítidas” y diametralmente opuestas:

  • ¿es el cambio climático algo real?: para CLINTON sí que lo es y es una amenaza urgente; para TRUMP sólo se trata de una farsa.
  • ¿va apoyar el “plan de energía limpia”?: si (CLINTON). No (TRUMP)
  • ¿promoverá la construcción del oleoducto “Keystone XL”?: no (CLINTON). Si (TRUMP)
  • ¿es partidario de la explotación de los recursos del Ártico”?. No (CLINTON). Si (TRUMP)
  • ¿mantendrá el Acuerdo de Paris sobre cambio climático?: si (CLINTON). No (TRUMP)
  • ¿está a favor de las energías renovables?: si las apoyaré (CLINTON). Soy escéptico sobre su importancia (TRUMP).

El meridiano resultado de este análisis es un avance acerca de lo que puede deparar el futuro de la política y el derecho ambiental en el próximo Gobierno de los Estados Unidos. El próximo martes veremos hasta que punto pesan en los electores los motivos e inquietudes sobre el medio ambiente. En todo caso, no se olvide que, de lo que suceda allí, todos saldremos -querámoslo o no- beneficiados o, confío en que no, perjudicados.

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Escrito por Javier Sanz Comentar
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Controversias taurinas

18 de Septiembre de 2016 a las 11:58

scale-phpCoincidiendo con mi visita, por primera vez, a la ciudad histórica y monumental de Toro, en la provincia de Zamora, era noticia de portada en los medios de comunicación la celebración en Tordesillas del “Toro de la Peña” -sustituto del famoso “Toro de la Vega”- y los enfrentamientos entre los animalistas y los partidarios de este tradicional espectáculo taurino que allí tenían lugar. Como es sabido el torneo del “Toro de la Vega” es un evento taurino de origen medieval, consistente en la persecución y caza de un toro bravo por decenas de picadores y lanceros, en la cual se trata de alancear a la res hasta la muerte después de haber sido soltada cerca de la plaza del pueblo y conducida por los corredores y aficionados hasta la vega del río Duero. El conflicto público -que se viene produciendo desde hace unos años entre aficionados y animalistas- ha ido ganando notoriedad pública (en 2014 hubo una treintena de heridos como consecuencia de los enfrentamientos) ha terminado con la intervención del parlamento autonómico (las Cortes de Castilla y León), el 8 de junio de 2016, convalidando un Decreto-Ley 2/2016 del ejecutivo castellano-leonés por el que se prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos y tradicionales en dicha Comunidad Autónoma.

Pese a que en el “nuevo” festejo taurino del “Toro de la Peña” ya no estaba permitido la muerte pública del toro (y, de hecho la Guardia Civil se encargó de retirarlo –previo anestesia del morlaco con un dardo- una vez que terminó el encierro), esto no dejó de congregar la presencia en Tordesillas de detractores de esta fiesta taurina.

Tengo que confesar aquí que, desde que tuve noticia del referido espectáculo taurino, nunca me había atraído esta ancestral costumbre. Como navarro de nacimiento y pamplonica de adopción, acostumbrado a los encierros sanfermineros y a las corridas de toros en la Plaza, la tradición del “Toro de la Vega” en la que un grupo indeterminado de lanceros persiguen al toro hasta su muerte (salvo las excepciones previstas en su reglamentación específica), públicamente, en mitad del campo, me producía bastante desasosiego. Qué diferente de mi experiencia personal en los encierros de Pamplona donde a los toros los miramos con respeto y temor, con la admiración de ver evolucionar por el pavimento unos soberbios animales –con su magnífica estampa- de más de 600 kilogramos, de su bravura, de sus impresionantes bufidos, y de la valentía de los mozos que, con gran habilidad y mucho riesgo personal, los conducen hacia los corrales de la plaza. Y luego, por la tardes, en mis poco frecuentes asistencias a las corridas de toros en la Plaza, no dejaba de sorprenderme ese duelo entre el torero y el toro, desigual sin duda, pero de tú a tú, entre el ser humano y el animal.9788491351597

En mi reciente visita a Pamplona para visitar a mis familiares, tuve la fortuna de visitar a mi amigo y colega de la Universidad Pública de Navarra, el Profesor José ALENZA GARCÍA, quien muy amablemente me regaló un libro dirigido por él que se acababa de publicar con el título “Derecho Sanferminero. El derecho de los Sanfermines y de otras fiestas locales” (publicado por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2016). En uno de los capítulos de esta ingeniosa obra colectiva –en la que se analizan diferentes cuestiones jurídicas vinculadas con tan populares fiestas- se recoge el trabajo de mi buen amigo, el profesor José ESTEVE PARDO, de la Universidad de Barcelona. En ésta sugerente colaboración titulada “El toro de lidia en el debate sobre los derechos de los animales” se pone de manifiesto el radical cambio que, en las dos últimas décadas, se ha producido en el tratamiento jurídico de los animales con la tendencia hacia la subjetivación de la naturaleza promovida por la orientación ecológica del Derecho; pero también se realiza una aguda crítica sobre la inconsistencia de atribuir derechos subjetivos a los animales en lo que el autor denomina “el nuevo antropocentrismo radical” con la aparición de “personas, supuestos expertos, y colectivos que se erigen, se autoerigen en portavoces de la naturaleza y de los derechos de los animales”; y, es que como, el mismo señala: “lo cierto es que tenemos un ordenamiento y un sistema jurídico absolutamente antropocéntrico” en el que los animales nunca pueden tener derechos. Pero todo lo anterior, es perfectamente compatible con los “deberes de los seres humanos” para con los animales pues “la especie humana es la única capaz de preocuparse por las otras especies, de conocerlas, de clasificarlas, de atenderlas, de protegerlas”. Finalmente el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, pone de manifiesto como en el caso del toro de lidia –que ahora nos ocupa- es “el único animal que logra escapar (al “cerco antropocéntrico”) y el que más ha conseguido a acercarse a la condición de sujeto (en nuestro sistema jurídico) en toda la cultura de la modernidad”, “ningún animal ha desarrollado tal fuerza ordenadora sobre su propio jurídico que se erige en protagonista, en sujeto central. El toro pone a cada cual en su sitio”.

En efecto, es verdaderamente impresionante la regulación que ha existido en los temas taurinos en España desde la Edad Media hasta nuestros días, tal como se desprende de la documentadísima obra de otro buen amigo y colega, el profesor salamantino Dionisio FERNÁNDEZ DE GATTA, publicada en 2015 bajo el título “Derecho y Tauromaquia. Desde las prohibiciones históricas a su declaración como Patrimonio Cultural” (que también recibí recientemente como regalo de su autor). Se trata de una apasionante historia en la que, entre la tolerancia y la regulación de las fiestas y festejos taurinos, también han existido muchos supuestos de limitaciones y prohibiciones (por razones y motivos muy diferentes) hasta llegar a la más reciente prohibición de las corridas de toro en la Comunidad Autónoma de Cataluña (cuya legalidad o, mejor, su constitucionalidad es puesta en entredicho por este autor).

5356_______Desde luego que es muy destacable el trabajo de difusión de su ideario de los grupos animalistas en contra de los espectáculos taurinos (el “Partido Animalista”, PACMA, obtuvo más de 286.000 votos –para el Congreso de los Diputados- en la últimas elecciones generales de 2016) que han calado en muchos estratos de nuestra sociedad. Pero, nuestro juicio, por muy legítimas que sean las opiniones de estos grupos –subrayando el injusto sufrimiento que se inflinge a los animales en dichas actividades festivas, con una larga tradición en España- no pueden atenderse unilateralmente sin tener en cuenta que, en dichas actividades, hay en juego otros legítimos derechos derivados de la libertad empresa, libertad de expresión artística, etc.

En otro reciente libro colectivo –dirigido por el Director de la Fundación Santillana, Basilio BALTASAR– sobre “El Derecho de los animales” (publicado en 2015 por la editorial Marcial Pons), en el que participan muy destacados intelectuales (algunos de ellos los máximos exponentes en nuestro país de defensa de dichos derechos), se contiene un magnífico trabajo por otro de mis amigos y colegas, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Gabriel DOMENECH PASCUAL, titulado “Colisiones entre bienestar animal y derechos fundamentales”. En el mismo se describe los muy interesantes supuestos de conflictos jurídicos producidos en España y en otros países de nuestro entorno sobre algunos derechos fundamentales (libertad religiosa, libertad científica, libertad artística, etc.) y las normas de protección de los animales (sobre sacrificios rituales, experimentación científica, espectáculos taurinos). Tras analizar escrupulosamente el ordenamiento jurídico español –que es “esencialmente antropocéntrico”- y, aún reconociendo que la protección del bienestar animal es un fin plenamente legítimo, las limitaciones que del mismo pueden derivar para el ejercicio de los derechos fundamentales no siempre son posibles si no se quiere desproteger dichos derechos de los ciudadanos que tienen un mayor valor jurídico que el del bienestar animal. Y, que, en todo caso, para proceder a una válida limitación de aquellos es preciso someterlo a los principios de proporcionalidad y de legalidad sino no quiere incurrir, tal restricción, en una arbitrariedad. Para ponderar el equilibrio entre los diferentes bienes jurídicos, la forma más respetuosa en el sistema democrático es encomendar tal tarea al legislador.

En el caso que nos ocupa –del “Toro de la Vega o de la Peña”- la decisión de prohibir la muerte del toro en el referido espectáculo, pese a haberse aprobado –por razones de urgencia- por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se ha requerido su convalidación por el Legislativo autonómico de esta Comunidad. “El ordenamiento jurídico –dice la Exposición de Motivos del referido Decreto-Ley 2/2016no puede ser ajeno a la realidad y a la ética social de cada momento histórico. Consecuentemente, en la actualidad, es imprescindible acomodar a las exigencias de la sociedad actual algunos aspectos de estos espectáculos que, si bien encontraron acogimiento favorable en otras sociedades históricas, hoy se encuentran confortados con la voluntad y sensibilidad que se manifiesta de manera reiterada y creciente…”.1433237679

Me parece magnifico toda la –extensa y detatallada- normativa desarrollada hasta el momento sobre el bienestar animal (proveniente de la Unión Europea), para condenar y perseguir el maltrato animal, y, por supuesto, la promulgada para proteger a los animales en peligro de extinción. Y, además, puedo compartir la nueva normativa castellano-leonesa para prohibir la muerte del “Toro de la Vega” en el torneo celebrado con motivo de la Patrona de Tordesillas. Pero en muchas de las propuestas de los grupos animalistas veo serias dificultades para prosperar en el marco jurídico de nuestro país (salvo, claro está, que sufra una honda transformación), como la del reconocimiento de derechos a los animales. En el caso del toro de lidia, la aplicación de sus medidas supondría acabar con la misma existencia de dicho animal. Pero lo cierto es que, por diferentes motivos, la tradicional popularidad de los espectáculos taurinos parece que está decayendo y ello pese a que el Estado se haya apresurado a aprobar la Ley 18/2013 para la regulación de la tauromaquia como “patrimonio cultural”.

Proteger a los animales es inexcusable deber del ser humano para salvaguardar la naturaleza que generosamente nos reporta tantos bienes y servicios. Pero entiendo que esta exigencia no debe aplicarse a cualquier precio, sino que hay que conjugarla –sabia y delicadamente- con los derechos legítimos de los ciudadanos en el marco de un antropocentrismo responsable.

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