Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es
La Voz de Galicia
Blogs de lavozdegalicia.es
Ambiental y Cual

Archivo para ‘Actualidad’ categoría

¿Deberían los ríos tener acceso a los Tribunales? o la “custodia fluvial”.

2 de Abril de 2017 a las 19:52

En 1972 el Juez estadounidense Cristopher STONE publicó un ensayo titulado “Sould Trees have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects” (es decir, “deberían los árboles tener acceso a los Tribunales? Hacia los Derechos de los Objetos de la Naturaleza”). Este escrito jurídico tuvo lugar con motivo del famoso caso “Sierra Club vs. Morton” en el que la pionera asociación ecologista “Sierra Club” se opuso judicialmente a la construcción de un parque de atracciones de Disney en el seno del “Mineral King Valley”, conocido por sus centenarios secuoyas. Este alegato constituye una las primeras manifestaciones a favor de que la naturaleza (y sus recursos naturales) sean sujeto –no sólo objeto- de derechos susceptibles de ser exigidos ante los jueces y tribunales.

Este famoso caso viene a cuento ya que, hace pocos días, ha trascendido a los medios de comunicación la aprobación por el Parlamento de Nueva Zelanda de una Ley en la que se reconoce al río Whanganui (el tercero más largo del país, sito en la Isla Norte) el estatus de persona jurídica. Desde hace más de 160 años los indígenas “maoríes” –etnia polinesia que habita en la islas de ese país insular- venían reclamando ante las autoridades el reconocimiento de dicha curso fluvial como una entidad viva. La Ley incluye una compensación económica a la minoría que habita en el parque natural que lleva el mismo nombre que su río de más de 70 millones de euros. La estrecha y ancestral vinculación entre el citado río y los indígenas maoríes se refleja en el dicho “Yo soy el río y el río es yo”. Para los que habitan a lo largo de las márgenes de este río de 290 kilómetros, es algo sagrado. Por cierto, que esa “sacralidad” de los ríos es una constante desde los primeros tiempos de la humanidad y en casi todas las culturas y religiones como pone de relieve Nick MIDDLETON, en su obra “Rivers: a Very Short Introduction” (Oxford University Press, 2012).

Pocos días después de esta llamativa noticia, el 21 de marzo, tuvimos noticia también de que un Tribunal del norte de la India (la Corte Suprema de Uttaranchal en el Estado de Uttarakhand) acaba de reconocer los mismos derechos legales como persona a los ríos Ganges y Yamuna, que también se consideran sagrados por mil millones de indios. En su decisión jurisdiccional los jueces del Tribunal indio mencionaron el caso del río Whanganiu. En este caso, la Corte de justicia nombró a tres funcionarios que actuarán como custodios legales y responsables de proteger los ríos y sus afluentes. Además, una agresión cometida contra la calidad de las aguas del río equivaldrá a la cometida con una persona física.

Con estos supuestos se reproduce una vez más la larga polémica acerca de la conveniencia de atribuir -o no- de derechos subjetivos a los naturaleza, si bien la discusión se ha desarrollado principalmente en torno los “derechos de los animales” (con influentes valedores como los promotores de la “deep ecology” y con la figura destacada de Peter SINGER, autor de la obra “Animal Liberation”, publicada en 1975). Más recientemente, las nuevas Constituciones políticas de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009) llevan a cabo un “giro biocéntrico” con la expresa previsión de “derechos de la naturaleza” (por ejemplo, con el reconocimiento del “derecho de la naturaleza o Pachamama”).

En el magnífico ensayo del filosofo y jurista belga François OST, titulado “Naturaleza y Derecho. Para un debate ecológico en profundidad” (publicado en España por Ediciones Mensajero, en 1996), se desarrolla una aguda crítica a las posturas extremas que han dominado en el campo del Derecho la relación entre los seres humanos y la naturaleza. De una parte, la “naturaleza como objeto” que ha sido fruto de la modernidad occidental y que ha propiciado la explotación indiscriminada de los recursos naturales (con la sacralización de la propiedad privada). Y, de otra parte, como reacción a la anterior postura, la “naturaleza como sujeto”, lo que lleva al reconocimiento de derechos subjetivos a la misma, en su conjunto, o algunos de sus aspectos. Desde la lectura de dicha luminosa obra, todavía no alcanzo a ver la utilidad de aplicar la tesis del reconocimiento de derechos subjetivos a la naturaleza, sea en lo relativo a los animales, vegetales o minerales. Con muchos otros juristas soy de la opinión de que para defender la naturaleza –y confieso que me considero un apasionado defensor- no hace falta apoyarse, como dice, OST en un pretendido “igualitarismo de las especies” sino más bien “en el desarrollo de las capacidades ética de la especie humana”. A mi juicio, hay que cargar la mano en los deberes y obligaciones de los seres humanos en la protección de la naturaleza (siguiendo la línea de pensamiento de Aldo LEOPOLD –de una “ciudadanía biótica inspirada en una ética del suelo”, de Hans HONAS -y su “principio de responsabilidad”-, o, más recientemente, en los planteamientos de Papa FRANCISCO –sobre una “ecología integral”- en su Encíclica “Laudato Si”).

A propósito de la protección de los ríos, se viene hablando –desde hace pocos años- en el mundo jurídico-ambiental y de la conservación de la biodiversidad de la “custodia fluvial”. Se trata de una prometedora figura de protección que, siguiendo la filosofía de la “custodia del territorio” (un conjunto de estrategias e instrumentos, nacidos en Norteamérica, que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos), se trata de aplicar con parecidos cometidos sobre las cuencas fluviales. En las dos recientes obras jurídicas –promovidas por la “Red ECOVER”- que he tenido el honor de coordinar, con la participación de buena parte de los mejores ius-ambientalistas de nuestro país, se recogen los retos actuales de esta nueva figura de protección, con un completo análisis de sus fortalezas y debilidades, así como de interesantes conclusiones y propuestas al respecto (véase las obras “Derecho Ambiental para una Economía Verde” y “Derecho Ambiental en tiempo de crisis”, ambas publicadas en 2016).

Son, en este momento, muchas las iniciativas de “custodia fluvial” que se han puesto en marcha por parte de varias entidades de conservación (Fundación Biodiversidad), por Confederaciones Hidrográficas (Duero, Júcar, etc.), así como por varios programas de protección de los ríos (de forma destacada, aquí en Galicia, el “Proxecto Ríos”; también el proyecto “Limne”). Incluso, la Administración General del Estado la ha incluido en la “Estrategia Nacional de Restauración de los Ríos” desde 2006.

Como señala la experta Elisa PEREZ DE LOS COBOS, quien destaca los beneficios que reporta para la protección de la biodiversidad esta novedosa figura de la “custodia fluvial”: “Se trata de una herramienta innovadora que implica a las Administraciones públicas con competencias en la planificación y gestión de los sistemas hídricos, a las entidades de custodia, y a los propietarios privados y usuarios de los ríos, como regantes y pescadores. De este modo, se rompe con el paradigma tradicional que hace descansar la responsabilidad de conservar el medio ambiente únicamente en la Administración. Se trata ahora de una responsabilidad compartida entre todos los afectados”.

Como en el caso del neozelandés río Whanganui, del muy popular río indio del Ganges o de los maravillosos “mil ríos” de Galicia, son los seres humanos los que tienen en sus manos las claves de la protección de tan valiosísimos ecosistemas fluviales. Es posible que todavía esté por llegar un nuevo sistema jurídico de protección de la naturaleza de las generaciones actuales y futuras (incluso sobre la base del reconocimiento efectivo de innovadores “derechos de la naturaleza” que todavía desconocemos). No obstante, estoy convencido que la solución que se formule, no podrá dejar de contar, nos guste o no, con la insustituible –e inexcusable- actuación humana. Por lo pronto, la figura de la “custodia fluvial” me parece un gran acierto para implicar a los seres humanos en la protección de los ríos.

Actualidad, Comentarios de libros
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Insostenibles externalidades de la macro-industria agroalimentaria

12 de Marzo de 2017 a las 2:36

Alertado por mi buen amigo Luis GARCÍA -uno de los mejores conocedores del mundo rural en Galicia-, tuve conocimiento de la impactante noticia sobre el proyecto de macrogranja de 20.000 vacas que se pretende implantar en Soria, que utilizaría tanta agua como la que consume la ciudad de Soria y que generaría más del doble de los residuos orgánicos de toda la Comunidad de Castilla y León. Esta información ha tenido un amplio eco en los medios de información y, particularmente, en el sector agroalimentario. Del sector agro-ganadero destaco la opinión de Andoni GARCÍA ARRIOLA (miembro de la ejecutiva de la “Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos” (COAG) del País Vasco) para quien semejante proyecto genera unos graves impactos, tanto a nivel social y económico como ambiental; “la sustitución del modelo social y sostenible en la ganadería y en la agricultura por un modelo industrial –señala GARCÍA ARRIOLA– es un proceso silenciado que se está llevando a cabo desde hace muchos años y la reconversión brutal del campo lo pone de manifiesto”; prueba de ello es que “en el Estado español han desaparecido desde el año 2000 un 70% de las explotaciones lácteas”; y, seguidamente, el mismo autor, hace una llamada a la reflexión acerca del “modelo de producción lácteo, agrario y alimentario” en nuestro país: sobre la necesidad de vincular la producción a la tierra, sobre la promoción de nuevos modelos sostenibles de producción, transformación y comercialización local, sobre la interrelación de la producción de leche con la calidad y la sostenibilidad… También el Consejo sectorial lácteo de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha puesto de manifiesto que sólo dicha macro-granja supondría un incremento de la producción láctea en España del 2,5%, lo cual desestabilizaría todavía más el mercado de la leche, con una nueva caída de precios y el cierre de granjas (muchas de ellas bajo un modelo familiar muy arraigado y ligado al territorio); incluso, se destaca, se pondría en peligro el cumplimiento de España de sus compromisos sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Consciente de las profundas transformaciones que ha sufrido el sector agro-ganadero en los últimos decenios en la Unión Europea (en virtud de las sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC), hasta la reciente reforma de 2014-2020), es claro que el modelo del futuro pasa por una mayor competitividad de la agricultura pero, en especial, se trata de estimular el desarrollo del medio rural -y, con él, la gestión sostenible de los recursos naturales-, un desarrollo territorial equilibrado y el ofrecimiento de oportunidades a las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos de menos de 40 años.

Cavilando sobre estas inquietudes del mundo rural que, aquí en Galicia, son muy palpables, ha caído en mis manos un fundado alegato contra la gran industria ganadera. Se trata de la obra titulada La carne que comemos. El verdadero coste de la ganadería industrial (que se acaba de publicar en 2017 por Alianza editorial), cuyo autor es el británico Philip LYMBERY, director ejecutivo de la organización internacional para el bienestar animal “Compassion in World Farming” (CIWF). Este activista es muy conocido por su incansable lucha para lograr la prohibición legal de las jaulas en batería para las gallinas y las jaulas para terneras en la Unión Europea. Además en 2014 publicó –en colaboración del Isabel OAKSHOTT– otro libro titulado “Farmagedón”, en la misma línea de crítica a la ganadería industrial, elegido por TIMES como uno de los libros del año. “La carne que comemos” –que incluye un capítulo del popular ambientalista José Luis GALLEGO, sobre el “consumo responsable” en España- se divide en cinco capítulos -muy atractivamente maquetados-, ilustrado con buenas fotos y completas infografías, donde se narran experiencias del todo el mundo y aderezado de un rico aparato bibliográfico. Tras explicar, en la “Introducción”, que en el Planeta se crían cerca de 70.000 millones de animales de granja al año (de los que dos tercios se producen en granjas industriales) que consumen un tercio del total de los cereales producidos en el mundo, en el Capítulo 1º (“Naturaleza”) se pone de relieve los grandes impactos que las macro-granjas producen sobre el medio ambiente (estiércol, polución atmosférica y contaminación de las aguas, degradación de los suelos, reducción de la biodiversidad, efectos negativos de los pesticidas y fitosanitarios, etc.). En el Capítulo 2º (“Salud”) se hace un repaso de enfermedades y de las posibles vinculaciones de las granjas industriales con la salud humana: el abuso de los antibióticos a los animales, las “superbacterias” y los microbios que amenazan con convertirse en pandemias, niveles de colesterol y grasas saturadas con que se alimentan a los animales… ¿Quién no recuerda la “crisis de las vacas locas”? en Europa, a finales del siglo XX. El Capítulo 3º (“Por qué importan los animales”) relativo a su reivindicación sobre el “bienestar animal” (con sus “cinco libertades”) se puede resumir en la siguiente frase: “Hacinados en pésimas condiciones y llevados más allá de sus límites naturales, se les suele tratar como si fueran sólo máquinas antes de matarlos. Pero son criaturas sintientes que sufren dolor y miedo” (se refiere los 50.000 millones que viven en granjas industriales). El Capítulo 4º (“Recursos”) se plantea todos los problemas que se avecinan en el futuro ante la expansión de la agricultura intensiva, para la producción de cereales y soja, que va a exigir el incremento de granjas industriales; monocultivos que van a producir desplazamientos masivos de personas y de ingentes recursos de un agua dulce cada vez más escasa. No falta en este capítulo una mirada crítica al “abuso de la tecnología de los cultivos genéticamente modificados” y a la “clonación” de animales con los potenciales riesgos que albergan. Finalmente, en el Capítulo 5º, “Las soluciones”: el consumidor como “pieza clave” (las etiquetas importan y “hay que saber lo que se compra”), reducción del escandaloso desperdicio del tercio de la comida que producimos, promoción de granjas mixtas de cultivos y animales, “hay que restaurar el vínculo crucial entre los animales de granja y la tierra para mejorar la sostenibilidad del suelo”, …

Me ha gustado mucho la exposición –clara y ordenada- de LYMBERY quien con su libro añade una lúcida obra a la muy extensa literatura de ensayos, libros y alegatos contra el actual sistema industrial agroalimentario. Este texto puede inspirar a la gobernantes que hayan de decidir si se autoriza o no la mega-lechería en Soria. Lo mismo que esas otras palabras, tan atinadas para este supuesto que nos ocupa, como las del Papa FRANCISCO, en el nº 129 de su Encíclica “Laudato Si: “Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que fa­vorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de peque­ña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja pro­porción del territorio y del agua, y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agríco­las, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Las economías de escala, especial­mente en el sector agrícola, terminan forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras o a abandonar sus cultivos tradicionales. Los in­tentos de algunos de ellos por avanzar en otras formas de producción más diversificadas termi­nan siendo inútiles por la dificultad de conectarse con los mercados regionales y globales o porque la infraestructura de venta y de transporte está al servicio de las grandes empresas. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pe­queños productores y a la variedad productiva. Para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces pue­de ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una liber­tad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discur­so contradictorio que deshonra a la política”. Más claro, agua.

Actualidad, Comentarios de libros
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

El debate nuclear sigue vivo, y la Central Nuclear de Garoña, también.

18 de Febrero de 2017 a las 1:32

El debate nuclear está de nuevo encima de la mesa y el Gobierno nuevamente tendrá que decidir. La reciente decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente con condiciones el funcionamiento de la central nuclear operativa más antigua de España, reaviva la polémica sobre la generación de la energía nuclear una forma de generación, quizá necesaria como energía de respaldo (más del 20% de la energía eléctrica), pero no exenta de riesgos y de polémica.

Y es que las decisiones están en el campo de la política y no en el campo del Derecho, condicionando la primera el segundo y judicializándose una vez más todas las decisiones políticas que tengan que ver con la energía nuclear. Aún seguimos a vueltas con la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Residuos radiactivos y combustible gastado (ATC) transcurridos cinco años desde que el Gobierno decidió ubicarlo en el municipio de Villar de Cañas en la provincia de Cuenca. La ulterior decisión del gobierno castellano-manchego resultante de las elecciones de 2015, de ampliar la zona de protección para evitar la construcción del ATC aún está litispendente y ha adquirido de nuevo notoriedad tras conocerse que el Tribunal Supremo ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 28 de julio de 2015, que dio inicio a una ampliación del Espacio Protegido Laguna del Hito. Señala este Tribunal que, en la ponderación de los intereses en conflicto, son más importantes las actuaciones para la instalación del ATC -que pretende una adecuada y pronta gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general- que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.

Pero lo que nuevamente resurge como un muerto viviente es la central nuclear de Santa María de Garoña ubicada en la provincia de Burgos. Una central con 460 MW de potencia instalada, operativa desde 1971 hasta diciembre de 2012, en la que se decidió desconectarla para evitar el pago del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear, establecido por la Ley 15/2012. Esta desconexión con fines ahorrativos le ha costado a Nuclenor una sanción de la CNMC de 18,4 millones de euros, confirmada recientemente por sentencia de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Y pese a todo…..

Cuando ya parecía que el siguiente paso de esta central sería su cese y desmantelamiento, dando fe de que este muerto está muy vivo, la propia empresa titular Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola) promovió su vuelta, solicitando la ¿renovación?, yo diría, de nueva concesión de un permiso de explotación hasta 2031 cuando la central tenga ya 60 años.

Cabe recordar que esta misma polémica ya se suscitó en el verano de 2009, cuando, por aquél entonces, el Gobierno prorrogó por tan solo 4 años el permiso de explotación de la central pese al informe favorable del CSN para poder seguir funcionando hasta 2019. Esta decisión recurrida por todos, fue resuelta por la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional mediante sentencia de 30 de junio de 2011, entendiendo ajustada a Derecho la decisión discrecional del Gobierno con motivación suficiente respecto a la continuidad o no.

Del CSN me fío, es una auténtica Administración independiente -formada por expertos en seguridad nuclear- que han dictaminado su posible continuidad, eso sí, supeditándola a una serie de inversiones y mejoras importantes y de elevado coste. No debemos desconfiar, aunque todos sabemos el riesgo ínsito de las fuentes de energía nuclear y somos sabedores de que el riesgo cero no existe.

Todo correcto. Si no fuese por un dato preocupante de este último informe del CSN. Se trata de la discrepancia existente dentro del propio CSN, de sus consejeros. La actual consejera y exministra de Medio Ambiente, Cristina NARBONA, se ha posicionado en contra del permiso, señalando en su voto particular que la Central “no ha cumplido, en su totalidad, los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que eran condición requerida para emitir el informe favorable a la renovación” a las que considera condición indispensable al tratarse de “modificaciones de diseño muy significativas desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, cuyo alcance, coste y dimensión conoce perfectamente Nuclenor desde hace casi una década”. Por tanto, el informe favorable del CSN no es unánime, una situación nueva que tendrá que ponderar también adecuadamente el Ministerio de Industria.

Otra de las características de este informe favorable del CSN es que no establece un plazo de vigencia máximo del permiso de explotación que, en su caso, pueda otorgar el Gobierno, separándose el CSN de la práctica reguladora -vigente desde 1999- que vinculaba las revisiones periódicas de seguridad decenales con el periodo máximo de renovación de las autorizaciones de explotación que podía conceder el ministerio (10 años), si bien, lo cierto es que la Directiva 2014/87/EURATOM, de 8 de julio, que modifica la Directiva sobre seguridad nuclear fija en 6 años en lugar de 10 la evaluación completa de las centrales nucleares.

Uno de los aspectos importantes de este procedimiento del permiso de explotación de la central de Garoña es que la decisión que adopte el Ministerio será un claro mensaje, un claro precedente para las ulteriores solicitudes de renovación. No olvidemos que el resto de las centrales nucleares operativas en España, tendrán, en breve, que ir sometiendo su permiso de explotación a renovación y esta decisión que se adopte con Garoña puede ir abriendo un camino de futuro amplio en la explotación de las centrales nucleares en España, teniendo en cuenta además su importante aportación porcentual en generación y la elevada rentabilidad que para las compañías eléctricas titulares supone al estar ya amortizadas.

Una vez más nos encontramos ante una decisión política en la que el Gobierno deberá ponderar la necesidad y beneficios de la generación de energía por un lado, y por otro los riesgos que de ello se derivan y en qué medida una sociedad desarrollada e informada está dispuesta a asumir. Alemania y Francia son dos ejemplos cercanos contrapuestos. Curiosamente, la Ley 2/2011, de economía sostenible, da los criterios de motivación en los que podrá apoyarse el Gobierno “los niveles de participación de la energía nuclear en la cesta de generación energética, de acuerdo con el calendario de operación de las centrales existentes y con las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales, en el marco de la legislación vigente, en su caso correspondan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear sobre los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica, la evolución de la demanda, el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y ateniéndose en todo caso al marco de referencia establecido por la normativa europea vigente”.

De momento, este procedimiento de renovación de la CN de Garoña ya ha suscitado la oposición de los partidos políticos que, en sus programas, abogan por la erradicación de la energía nuclear y el rechazo de las instituciones de territorios más próximos como el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral de Álava o el propio Parlamento Vasco.

En mi modesta opinión creo que algunas cosas de la Ley de Energía Nuclear de 1964 y del Reglamento de Instalaciones Radiactivas debieran ser modificadas sobre todo para hacer efectiva una mayor información y una mayor participación pública en la toma de decisiones de este tipo. No parece lógico que, en un procedimiento administrativo de estas características, no se garantice la información y participación públicas, que posibiliten no sólo las alegaciones y objeciones, sino también las respuestas justificadas por parte del promotor o del CSN o del Ministerio que finalmente autorice o no el permiso de explotación. Es la sociedad la que debe admitir o no los riesgos derivados de una actividad sopesando los que se pueden producir como consecuencia de esa falta de actividad.

Esperaremos 6 meses para ver qué decide el Ministerio de Industria, el Gobierno en definitiva, y la empresa, que tendrá que hacer un sesudo análisis de coste-beneficio para saber si el elevado coste (en torno a 200 millones de euros) de implementación de todas las medidas exigidas por el CSN, le trae cuenta o no para seguir en funcionamiento. Lo veremos.

(Colaboración del Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, Ángel RUIZ DE APODACA, experto en la regulación jurídica de la energía nuclear).

Actualidad
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

El mal ambiente del Presidente Donald TRUMP

7 de Febrero de 2017 a las 21:15

Acabo de volver de la ciudad mejicana de Morelia donde participé en el Foro Internacional de Michoacán, dedicado a la democracia y a la gobernanza, con motivo del primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos de México de 1917. Allí pude comprobar, con mis propios ojos, la enorme indignación del pueblo mejicano ante la injusta postura del nuevo Presidente norteamericano ante este País latino, quien amenaza a pasarle factura por el fortalecimiento del muro que, desde hace década, los separa, y anunciando una masiva deportación de sus paisanos en tierras estadounidenses.

Pero no sólo los mexicanos tienen motivo para estar seriamente disgustados. También quienes nos dedicamos a analizar las cuestiones ambientales vemos con preocupación las medidas que, en materia ambiental, está promoviendo Donald TRUMP al comienzo de su mandato. Sin dejar de subrayar la gravedad de las drásticas medidas anti-inmigración que han entrado en un proceso de judicialización (en el que se va a poner en juego la virtualidad de los “checks and balances” de la democracia norteamericana), asistimos claramente a un triste capítulo de regresión ambiental en el país que, en los años setenta del siglo XX, fue pionero en la política ambiental. De acuerdo de las autorizadas opiniones de los Profesores de Universidad de Universidad de California (UC) el dibujo de la situación generada por el nuevo Presidente es bastante sombrío.

Son varias de las decisiones adoptadas por el nuevo Presidente han hecho sonar todas las alarmas. El nombramiento de Scott PRUIT –quien fue fiscal general de Oklahoma- como director de la más importante Agencia para la Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas); se trata de una persona que ha promovido en multitud de ocasiones demandas judiciales contra los principales planes ambientales de la referida Agencia (“Clean Power Plan”, “Clean Air Act mercury rule”, etc.) bajo la “Administración OBAMA”. Además, se ha ordenado a los empleados de la EPA no hablar en los medios de comunicación, ni facilitar documentación interna, lo cual va en contra de la “Ley de Libertad de Información”. También, en el ámbito de la EPA se han suspendido todas las actividades previstas con sus contratistas. Como dice el profesor Dan FARBER de la Universidad UC-Berkeley, su inexperiencia para el cargo le hace correr a PRUITT un alto riesgo de cometer muchos errores.

En materia de energía, el Presidente ha firmado un “memorando ejecutivo” para permitir la construcción de los polémicos oleoductos (“Keystone XL” y “Dakota”) –paralizados por OBAMA– para el transporte del petróleo procedente de las arenas bituminosas canadienses de Alberta, así como para distribuir el petróleo de esquisto de Dakota del Norte y Montana a un centro de distribución en Nebraska. Y, todo esto indica que la “Administración TRUMP” apuesta por la explotación del “gas pizarra” (“shale gas”) mediante el controvertido sistema del “fracking”. Es significativo que Rick PERRY –quien fue Gobernador del Estado de Texas- haya sido nombrado Secretario de Energía y que, en su momento defendió acabar con el Departamento que ahora va a dirigir. Por si pareciera poca la influencia del lobby petrolero en el nuevo ejecutivo de Washington, TRUMP ha nombrado como Secretario de Estado –jefe de la diplomacia de los Estados Unidos- a Rex TILLERSON, ex–jefe de la gigante empresa Exxon Mobil. No son los únicos cargos del Gabinete TRUMP vinculados a la industria del gas y petróleo y además negacionistas del cambio climático, como subraya el Profesor FARBER.

También resulta muy significativa la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente el pasado 30 de enero para “reducir la regulación y controlar los costos regulatorios” que puede implicar, como dice el profesor Sean HECHT, la eliminación de regulaciones administrativas que tienen como objetivo la protección ambiental, de la salud, de los trabajadores y de los consumidores.

Incluso la nominación por TRUMP del juez Neil GORSUCH para ocupar el puesto dejado en el Tribunal Supremo a la muerte del juez Antonin SCALIA, se ve como una amenaza por la actuación anti-ambientalista de dicho juez en su puesto de la “Corte de Apelaciones del 10º Circuito” (en especial, en el “caso Chevron v. NRDC”).

En el orden internacional, TRUMP (para quien –vía Twitter- “el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para atacar la competitividad de la industria estadounidense”) anunció en su campaña electoral que de ganar las elecciones presidenciales se desharía del “Acuerdo de Paris” sobre el cambio climático, lo antes que sea posible. “La Comunidad internacional se prepara –como señala el economista Antxon OLABE EGAÑA– para la demolición del importante legado climático de OBAMA”, lo cual supondrá “un golpe muy duro contra la arquitectura climática construida en los últimos años, así como contra la contención de emisiones que Estados Unidos ha logrado en la última década”.

Por consiguiente, son muchos los nubarrones que se ciernen sobre el horizonte de la nueva “Administración TRUMP” en lo que se refiere a la política ambiental y aquellas otras políticas que, como la energética, se haya íntimamente ligada a aquélla. Como recuerda FARBER este ataque a la política ambiental no es nuevo en la reciente historia americana (véase los casos parecidos en 1981 con REAGAN, en 1994 con el llamado “Contract with America” republicano y en 2001 con George W. BUSH).

¿Cómo salvar los muebles en esta situación? El Profesor FARBER comenta en su blog cómo pueden defenderse los Estados ante las medidas federales perjudiciales para el medio ambiente (los estándares mínimos estatales de protección de las leyes sobre aire y el agua; la necesaria certificación ambiental estatal para los proyectos federales; los controles estatales sobre los terrenos públicos, etc.). También se expone cómo no es fácil derogar y excepcionar la complejísima regulación administrativa ambiental de la EPA.

Por su parte los representantes de los más importantes grupos ecologistas han anunciado que se preparan para combatir cualquier retroceso. “Si TRUMP intenta retroceder en la protección del medio ambiente y el cambio climático, se topará con una maraña de gente organizada”, advirtió Michael BRUNE, director de Sierra Club, el grupo ambientalista más antiguo de la historia y uno de los más grandes (con 2,4 millones de miembros). También, del mismo grupo, Melinda PIERCE opina que no será fácil desmontar rápidamente las reglamentaciones ambientales y denunciar los acuerdos internacionales: “Creo que habrá una presión internacional muy fuerte –dice la activista- para persuadir a TRUMP a que no se retire del Acuerdo de París”.

Veremos cómo evolucionan los acontecimientos y si se confirman las amenazas. Por lo pronto, el muro fronterizo que separa México de los Estados Unidos de América está afectando, desde hace tiempo, a más de 800 especies de mamíferos, reptiles y anfibios que se encuentran en peligro de extinción y que requieren de movimientos migratorios en la zona para mantener sus poblaciones. Jaguares, borregos cimarrones, el berrendo sonorense, castores y ocelotes, son sólo algunas de las especies que se encuentran en peligro de extinción debido al muro.

Aunque no haya mucho espacio para el optimismo, confiamos que la lucha de los activistas ambientales en los Estados Unidos de América (“cuna del ambientalismo”), el trabajo sensato de muchas de sus instituciones estales y locales, así como la presión internacional, logre frenar o, al menos, minimizar una política de regresión ambiental como la que pretende implantar el Presidente TRUMP, que va en contra de la historia y de la calidad de vida de sus propios compatriotas.

Actualidad
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

El legado ambiental del Presidente OBAMA y… su incierto futuro

7 de Noviembre de 2016 a las 2:07

src-adapt-960-high-20140128-sotu-environment-1391033446267A escasas horas de celebrarse el próximo martes 8 de noviembre, la 58ª elección presidencial en Estados Unidos, con una ligera ventaja -en las encuestas- de la candidata demócrata Hillary CLINTON sobre el excéntrico republicano Donald TRUMP, me parece oportuno destacar ahora el legado que deja el todavía Presidente Barack OBAMA.

Gracias a mi amigo el Profesor de Derecho Ambiental, Dan FARBER -quien fue el tutor de mi año sabático en el Centre for Law, Energy & the Environment del Campus de Berkeley en la Universidad de California (UC)- procuro seguir el pulso del derecho y la política ambiental en los Estados Unidos de América. Cualquiera puede leer sus agudos comentarios en el blog “Legal Planet, mantenido por los prestigiosos centros de la UC: la Berkeley School of Law y la UCLA School of Law. En una de sus recientes entradas, el Profesor FARBER enumera los logros más importantes de la política ambiental del Presidente OBAMA. Nada menos que veinte asuntos en los que según el citado profesor norteamericano se han producido remarcables avances en diferentes campos y materias del derecho y de la política ambiental estadounidenses y que, ahora, pasamos a compendiar, aunque sin un ánimo exhaustivo.

En primer lugar, se destaca la puesta en marcha de la “Green Economy” con estímulos y ayudas de más de 90.000 millones de dólares en iniciativas para mejorar la eficiencia energética, para promover las energías renovables, para mejorar las infraestructuras eléctricas y la red de ferrocarriles, etc. Más concretamente, en relación con la eficiencia energética, en diciembre de 2015, el Departamento de Energía aprobó nuevas normas sobre los sistemas de calefacción y refrigeración de los centros comerciales que permitirá reducir en 167.000 millones de dólares los costes de energía y una reducción de cerca de 900 megatones de CO2.

Son particularmente abundantes las reformas y avances en la legislación sobre calidad ambiental: una nueva “Ley de seguridad química” (que sustituyó la vieja “Ley de Control de Sustancias Químicas”); nuevas normas más exigentes para las emisiones industriales (acompañadas de un “Plan de Energía Limpia” para las mismas) y, en especial, para las emisiones de mercurio de las centrales eléctricas. Por lo que se refiere a los transportes: nuevos estándares para los gases de efecto invernadero de los coches nuevos (con la consiguiente reducción de sus emisiones de CO2); más estrictos estándares sobre la contaminación atmosférica de particular y de ozono troposférico procedentes del transporte interestatal. También relación con la calidad del aire: nuevos estándares sobre el ozono y sobre las partículas.gvvhzpn_400x400

También son muchos los avances en la protección de la biodiversidad: OBAMA ha sido el Presidente que más espacios naturales protegidos ha declarado y, en particular, con la mayor reserva marina del mundo en su archipiélago natal de Hawai (conocida como “Papahanaumokuakea”, con una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa cuatro veces el tamaño de California). Igualmente es relevante la aprobación en 2015 de la nueva regulación para protección de los humedales (WOTUS) aunque esta normativa está recurrida ante los Tribunales. Sobre la protección de especies, son casi 300 las incluidas durante el Gobierno OBAMA en la lista de especies amenazadas de la “Ley de Especies en Peligro de Extinción”.

Con referencia a la salud destacan los estudios de la “Environmental Protection Agency” (EPA) sobre los peligros para la salud humana de ciertos gases de efecto invernadero, así como la “Ley de Seguridad Alimentaria” que ha fortalecido las competencias de la “Food and Drug Administration” (FDA).

Sobre las actividades extractivas es conocida el bloqueo por el Presidente OBAMA de la construcción del oleoducto “Keystone XL” previsto para transportar hacia el sur de Estados Unidos las sustancias extraídas en Canadá de las arenas bituminosas. Del mismo modo han sido polémicas las normas aprobadas por su Administración para regular el “fracking” con el fin de proteger las aguas subterráneas y para restringir las emisiones de gas metano. De mismo modo, han sido proteccionistas las medidas aprobadas para controlar la minería a cielo abierto en zonas de montaña. Y, en cuanto a la explotación de hidrocarburos, aunque durante su gobierno tuvo lugar la mayor catástrofe ambiental producida en 2010 por el derrame de la plataforma “BP Deepwater Horizon” en el Golfo de México, reformó la legislación sobre exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.

Pero, sin duda, ha sido en el campo de las negociaciones internacionales sobre cambio climático donde el Presidente OBAMA ha obtenido su más destacado logro: la firma del Acuerdo de Paris de 2015. Destacable éxito tras la tradicional posición de Estados Unidos en esta materia (rechazo de la firma del Protocolo de Kioto) y el fiasco del Acuerdo de Copenhague de 2009. También en el ámbito internacional es reseñable la firma por Estados Unidos del Convenio de Minamata sobre prohibición del mercurio.

Es cierto que algunos de las conquistas ambientales reseñadas –impulsadas por la Administración OBAMA con la ayuda de la poderosa EPA- han sido recurridas ante los Tribunales por Estados y empresas, pero no cabe duda de que la política ambiental de los dos Gobierno del presidente afroamericano han marcado una clara tendencia hacia un mayor proteccionismo ambiental en los Estados Unidos.

environment-4x3-pngLa continuidad de esta “herencia ambiental” parece que está asegurada si gana las elecciones la candidata demócrata. Sin embargo, muchas de estas medidas corren un serio peligro de desaparecer o limitarse considerablemente si gana Donald TRUMP. Como se encarga de advertir el profesor Dan FARBER a los votantes norteamericanos -en otra de sus últimas entradas del blog “Legal Planet”-: “si usted está todavía indeciso” la comparación entre las ofertas de CLINTON y de TRUMP en materia ambiental son “nítidas” y diametralmente opuestas:

  • ¿es el cambio climático algo real?: para CLINTON sí que lo es y es una amenaza urgente; para TRUMP sólo se trata de una farsa.
  • ¿va apoyar el “plan de energía limpia”?: si (CLINTON). No (TRUMP)
  • ¿promoverá la construcción del oleoducto “Keystone XL”?: no (CLINTON). Si (TRUMP)
  • ¿es partidario de la explotación de los recursos del Ártico”?. No (CLINTON). Si (TRUMP)
  • ¿mantendrá el Acuerdo de Paris sobre cambio climático?: si (CLINTON). No (TRUMP)
  • ¿está a favor de las energías renovables?: si las apoyaré (CLINTON). Soy escéptico sobre su importancia (TRUMP).

El meridiano resultado de este análisis es un avance acerca de lo que puede deparar el futuro de la política y el derecho ambiental en el próximo Gobierno de los Estados Unidos. El próximo martes veremos hasta que punto pesan en los electores los motivos e inquietudes sobre el medio ambiente. En todo caso, no se olvide que, de lo que suceda allí, todos saldremos -querámoslo o no- beneficiados o, confío en que no, perjudicados.

Actualidad
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Controversias taurinas

18 de Septiembre de 2016 a las 11:58

scale-phpCoincidiendo con mi visita, por primera vez, a la ciudad histórica y monumental de Toro, en la provincia de Zamora, era noticia de portada en los medios de comunicación la celebración en Tordesillas del “Toro de la Peña” -sustituto del famoso “Toro de la Vega”- y los enfrentamientos entre los animalistas y los partidarios de este tradicional espectáculo taurino que allí tenían lugar. Como es sabido el torneo del “Toro de la Vega” es un evento taurino de origen medieval, consistente en la persecución y caza de un toro bravo por decenas de picadores y lanceros, en la cual se trata de alancear a la res hasta la muerte después de haber sido soltada cerca de la plaza del pueblo y conducida por los corredores y aficionados hasta la vega del río Duero. El conflicto público -que se viene produciendo desde hace unos años entre aficionados y animalistas- ha ido ganando notoriedad pública (en 2014 hubo una treintena de heridos como consecuencia de los enfrentamientos) ha terminado con la intervención del parlamento autonómico (las Cortes de Castilla y León), el 8 de junio de 2016, convalidando un Decreto-Ley 2/2016 del ejecutivo castellano-leonés por el que se prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos y tradicionales en dicha Comunidad Autónoma.

Pese a que en el “nuevo” festejo taurino del “Toro de la Peña” ya no estaba permitido la muerte pública del toro (y, de hecho la Guardia Civil se encargó de retirarlo –previo anestesia del morlaco con un dardo- una vez que terminó el encierro), esto no dejó de congregar la presencia en Tordesillas de detractores de esta fiesta taurina.

Tengo que confesar aquí que, desde que tuve noticia del referido espectáculo taurino, nunca me había atraído esta ancestral costumbre. Como navarro de nacimiento y pamplonica de adopción, acostumbrado a los encierros sanfermineros y a las corridas de toros en la Plaza, la tradición del “Toro de la Vega” en la que un grupo indeterminado de lanceros persiguen al toro hasta su muerte (salvo las excepciones previstas en su reglamentación específica), públicamente, en mitad del campo, me producía bastante desasosiego. Qué diferente de mi experiencia personal en los encierros de Pamplona donde a los toros los miramos con respeto y temor, con la admiración de ver evolucionar por el pavimento unos soberbios animales –con su magnífica estampa- de más de 600 kilogramos, de su bravura, de sus impresionantes bufidos, y de la valentía de los mozos que, con gran habilidad y mucho riesgo personal, los conducen hacia los corrales de la plaza. Y luego, por la tardes, en mis poco frecuentes asistencias a las corridas de toros en la Plaza, no dejaba de sorprenderme ese duelo entre el torero y el toro, desigual sin duda, pero de tú a tú, entre el ser humano y el animal.9788491351597

En mi reciente visita a Pamplona para visitar a mis familiares, tuve la fortuna de visitar a mi amigo y colega de la Universidad Pública de Navarra, el Profesor José ALENZA GARCÍA, quien muy amablemente me regaló un libro dirigido por él que se acababa de publicar con el título “Derecho Sanferminero. El derecho de los Sanfermines y de otras fiestas locales” (publicado por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2016). En uno de los capítulos de esta ingeniosa obra colectiva –en la que se analizan diferentes cuestiones jurídicas vinculadas con tan populares fiestas- se recoge el trabajo de mi buen amigo, el profesor José ESTEVE PARDO, de la Universidad de Barcelona. En ésta sugerente colaboración titulada “El toro de lidia en el debate sobre los derechos de los animales” se pone de manifiesto el radical cambio que, en las dos últimas décadas, se ha producido en el tratamiento jurídico de los animales con la tendencia hacia la subjetivación de la naturaleza promovida por la orientación ecológica del Derecho; pero también se realiza una aguda crítica sobre la inconsistencia de atribuir derechos subjetivos a los animales en lo que el autor denomina “el nuevo antropocentrismo radical” con la aparición de “personas, supuestos expertos, y colectivos que se erigen, se autoerigen en portavoces de la naturaleza y de los derechos de los animales”; y, es que como, el mismo señala: “lo cierto es que tenemos un ordenamiento y un sistema jurídico absolutamente antropocéntrico” en el que los animales nunca pueden tener derechos. Pero todo lo anterior, es perfectamente compatible con los “deberes de los seres humanos” para con los animales pues “la especie humana es la única capaz de preocuparse por las otras especies, de conocerlas, de clasificarlas, de atenderlas, de protegerlas”. Finalmente el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, pone de manifiesto como en el caso del toro de lidia –que ahora nos ocupa- es “el único animal que logra escapar (al “cerco antropocéntrico”) y el que más ha conseguido a acercarse a la condición de sujeto (en nuestro sistema jurídico) en toda la cultura de la modernidad”, “ningún animal ha desarrollado tal fuerza ordenadora sobre su propio jurídico que se erige en protagonista, en sujeto central. El toro pone a cada cual en su sitio”.

En efecto, es verdaderamente impresionante la regulación que ha existido en los temas taurinos en España desde la Edad Media hasta nuestros días, tal como se desprende de la documentadísima obra de otro buen amigo y colega, el profesor salamantino Dionisio FERNÁNDEZ DE GATTA, publicada en 2015 bajo el título “Derecho y Tauromaquia. Desde las prohibiciones históricas a su declaración como Patrimonio Cultural” (que también recibí recientemente como regalo de su autor). Se trata de una apasionante historia en la que, entre la tolerancia y la regulación de las fiestas y festejos taurinos, también han existido muchos supuestos de limitaciones y prohibiciones (por razones y motivos muy diferentes) hasta llegar a la más reciente prohibición de las corridas de toro en la Comunidad Autónoma de Cataluña (cuya legalidad o, mejor, su constitucionalidad es puesta en entredicho por este autor).

5356_______Desde luego que es muy destacable el trabajo de difusión de su ideario de los grupos animalistas en contra de los espectáculos taurinos (el “Partido Animalista”, PACMA, obtuvo más de 286.000 votos –para el Congreso de los Diputados- en la últimas elecciones generales de 2016) que han calado en muchos estratos de nuestra sociedad. Pero, nuestro juicio, por muy legítimas que sean las opiniones de estos grupos –subrayando el injusto sufrimiento que se inflinge a los animales en dichas actividades festivas, con una larga tradición en España- no pueden atenderse unilateralmente sin tener en cuenta que, en dichas actividades, hay en juego otros legítimos derechos derivados de la libertad empresa, libertad de expresión artística, etc.

En otro reciente libro colectivo –dirigido por el Director de la Fundación Santillana, Basilio BALTASAR– sobre “El Derecho de los animales” (publicado en 2015 por la editorial Marcial Pons), en el que participan muy destacados intelectuales (algunos de ellos los máximos exponentes en nuestro país de defensa de dichos derechos), se contiene un magnífico trabajo por otro de mis amigos y colegas, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Gabriel DOMENECH PASCUAL, titulado “Colisiones entre bienestar animal y derechos fundamentales”. En el mismo se describe los muy interesantes supuestos de conflictos jurídicos producidos en España y en otros países de nuestro entorno sobre algunos derechos fundamentales (libertad religiosa, libertad científica, libertad artística, etc.) y las normas de protección de los animales (sobre sacrificios rituales, experimentación científica, espectáculos taurinos). Tras analizar escrupulosamente el ordenamiento jurídico español –que es “esencialmente antropocéntrico”- y, aún reconociendo que la protección del bienestar animal es un fin plenamente legítimo, las limitaciones que del mismo pueden derivar para el ejercicio de los derechos fundamentales no siempre son posibles si no se quiere desproteger dichos derechos de los ciudadanos que tienen un mayor valor jurídico que el del bienestar animal. Y, que, en todo caso, para proceder a una válida limitación de aquellos es preciso someterlo a los principios de proporcionalidad y de legalidad sino no quiere incurrir, tal restricción, en una arbitrariedad. Para ponderar el equilibrio entre los diferentes bienes jurídicos, la forma más respetuosa en el sistema democrático es encomendar tal tarea al legislador.

En el caso que nos ocupa –del “Toro de la Vega o de la Peña”- la decisión de prohibir la muerte del toro en el referido espectáculo, pese a haberse aprobado –por razones de urgencia- por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se ha requerido su convalidación por el Legislativo autonómico de esta Comunidad. “El ordenamiento jurídico –dice la Exposición de Motivos del referido Decreto-Ley 2/2016no puede ser ajeno a la realidad y a la ética social de cada momento histórico. Consecuentemente, en la actualidad, es imprescindible acomodar a las exigencias de la sociedad actual algunos aspectos de estos espectáculos que, si bien encontraron acogimiento favorable en otras sociedades históricas, hoy se encuentran confortados con la voluntad y sensibilidad que se manifiesta de manera reiterada y creciente…”.1433237679

Me parece magnifico toda la –extensa y detatallada- normativa desarrollada hasta el momento sobre el bienestar animal (proveniente de la Unión Europea), para condenar y perseguir el maltrato animal, y, por supuesto, la promulgada para proteger a los animales en peligro de extinción. Y, además, puedo compartir la nueva normativa castellano-leonesa para prohibir la muerte del “Toro de la Vega” en el torneo celebrado con motivo de la Patrona de Tordesillas. Pero en muchas de las propuestas de los grupos animalistas veo serias dificultades para prosperar en el marco jurídico de nuestro país (salvo, claro está, que sufra una honda transformación), como la del reconocimiento de derechos a los animales. En el caso del toro de lidia, la aplicación de sus medidas supondría acabar con la misma existencia de dicho animal. Pero lo cierto es que, por diferentes motivos, la tradicional popularidad de los espectáculos taurinos parece que está decayendo y ello pese a que el Estado se haya apresurado a aprobar la Ley 18/2013 para la regulación de la tauromaquia como “patrimonio cultural”.

Proteger a los animales es inexcusable deber del ser humano para salvaguardar la naturaleza que generosamente nos reporta tantos bienes y servicios. Pero entiendo que esta exigencia no debe aplicarse a cualquier precio, sino que hay que conjugarla –sabia y delicadamente- con los derechos legítimos de los ciudadanos en el marco de un antropocentrismo responsable.

Actualidad, Comentarios de libros
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Acuerdo de paz y medio ambiente en el “País de las Esmeraldas”

8 de Septiembre de 2016 a las 8:26

paz-colombia-580x400Con verdadera emoción recibí, hace pocos días, de parte de mis colegas universitarios colombianos, el texto del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que lleva por fecha el 24 de agosto pasado, firmado en La Habana por varios dignatarios internacionales y, en particular por el Presidente Juan Manuel SANTOS y uno de los máximos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC). Se pone fin así a cincuenta años de guerra entre el Gobierno colombiano y las guerrillas, con un triste balance de más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, sin contar con los seis millones de desplazados.

Han sido más de cuatro años de intensas negociaciones que concluyen con un esperanzador programa de cese del fuego, bilateral y definitivo, con la reconciliación de las partes en conflicto y con un proceso de reconstrucción –económica y política- del país. Todo un conjunto de medidas políticas, económicas y judiciales que forman parte del proceso de justicia transicional que garantizará el ansiado objetivo de la plena pacificación del país.

Cabe imaginar que tanto años de guerra ha tenido un grave impacto sobre el medio ambiente del país. Y, en efecto, el pasado mes de marzo del presente año, Simón GAVIRÍA MUÑOZ, Director General del Departamento Nacional de Planeación del Gobierno colombiano hacía balance de los enormes impactos ambientales del conflicto, así como de loa retos y oportunidades para maximizar los “dividendos ambientales de la paz”. Entre los impactos acumulados del conflicto: 3 millones de hectáreas de bosque desforestadas, 1.300 millones de toneladas de CO2 emitidas, 1,5 millones de hectáreas de suelo degradadas, 60% de las fuentes hídricas del país potencialmente afectadas por la extracción ilícita de minerales y vertidos de petróleo, 780 mil hectáreas desforestadas cuyo uso actual es diferente al de su vocación natural… Y, en cuanto a los “dividendos ambientales” que trae consigo cada año de paz, ahorraría a Colombia más de 7 billones de pesos colombianos.la-paz-mas-cerca

Me viene a la memoria ahora aquellos magníficos principios de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (aprobada en junio de 1992): en concreto, el 24º: “La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible…” y el 25º: “La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables”. Declaraciones éstas que cobran un especial sentido cuando nos referimos a un país como Colombia que, en sus 1,14 millones de km2, alberga uno de los patrimonios naturales más ricos y biodiversos del Planeta: unos paisajes asombrosamente variados (incluidos casi medio millón de km2 de la cuenca del Amazonas) y el impresionante récord de poseer más especies de plantas y animales por km2 que cualquier otro país del mundo; sólo en aves, se han descrito allí una 1.700 especies que representan un poco menos del 20% de todas las aves del globo; su patrimonio vegetal comprende la friolera de 130.000 especies (de ellas un tercio son endémicas)…

Volviendo al texto del “Acuerdo Final”, un largo documento de casi 300 páginas, éste se estructura en seis partes y varios Protocolos y Anexos. Me ha interesado mucho su contenido pero, sobretodo, sus referencias al medio ambiente que paso a comentar muy brevemente. No es casual que su Primera Parte se dedique a la “Reforma Rural Integral” precedida de la expresión “Hacia un nuevo Campo Colombiano”. En este apartado abundan las referencias a la “sostenibilidad ambiental”. Está orientado por el principio del desarrollo sostenible “ambiental y socialmente sostenible” y que requiere “la protección y promoción del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada del territorio” (p. 11). Se centra en el bienestar de los habitantes del campo, las comunidades campesinas y grupos étnicos; apunta a fortalecer la presencia del Estado en el territorio, integrar las regiones, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, fomentar la producción agrícola, proteger el medio ambiente y asegurar progresivamente el derecho a la alimentación.

logodap430okEntre las medidas sobre acceso a la tierra, además de un “Fondo de Tierras” de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente (que dispondrá de unos tres millones de hectáreas en los primeros diez años), la delimitación y fortalecimiento de las reservas forestales y espacios naturales de especial importancia ecológica, la extinción administrativa del dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, etc. El acceso a la tierra comprende además el acceso integral a los medios para hacer uso efectivo de la tierra (capital, semillas, asistencia técnica) y la creación de un entorno favorable (riego, educación, vivienda, etc.). Por otro lado, en la Parte Tercera -sobre el “Fin del conflicto”- se contemplan la reincorporación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil desarrollando, entre otros, “programas y proyectos productivos sostenibles” (p. 66).

Otro apartado clave del “Acuerdo de Paz” es el relativo a la “Solución al problema de las drogas ilícitas” (Parte Cuarta) con la previsión de actividades como planes integrales de “sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dicho tipo de cultivos (causantes de una buena parte de la desforestación). Sustitución que “no puede ser en detrimento de la sostenibilidad económica, ambiental y social de las Comunidades y respectivos territorios” (p. 93). Sin embargo, se ha criticad o el Acuerdo en el sentido de que no queda claro si los crímenes realizados por las FARC-EP en contra del medio ambiente (como, por ejemplo, la voladura del oleoductos) están contemplados entre los que no serán objeto de indulto y/o amnistía.

Nos consta que para las negociaciones previas se han desarrollo interesantes trabajos sobre este específico aspecto del medio ambiente. En este sentido quiero destacar el documento elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia con el apoyo de Naciones Unidas y la Cooperación de Alemania: “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia. Insumos para la discusión”, fechado en septiembre de 2014. Más recientemente, la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) puede ayudar al proceso de pacificación que tiene por delante la República Colombiana: “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” es el 16º ODS para cuyo logro se requieren muchos años de implantación y de cultura democrática.informe-paz-ambiental-2015b

Muy atentos seguiremos, de cerca, con ilusión, el proceso de pacificación del querido “País de las Esmeraldas”. Los colombianos se lo merecen y también su precioso patrimonio natural y cultural. Por el momento, el “Acuerdo Final” que hemos comentado contiene muchas y buenas ideas para conseguir sus ambiciosos objetivos. Como dijo en 1992 el entonces Secretario General de Naciones Unidas, BOUTROS BOUTROS-GHALI: “No sé si las ideas guían al mundo, pero de todas maneras nada es posible sin ellas” (Discurso ante la Asamblea General de la ONU con motivo de la celebración de la Cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, publicado bajo el título “Paz, Desarrollo y Medio Ambiente”).

Actualidad
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

El “Brexit” y sus potenciales (d)efectos ambientales para Reino Unido

19 de Junio de 2016 a las 1:26

Brexit-flag-copySe hizo público en el pasado mes de marzo un interesante informe del Institute European Environmental Policy (IEEP) titulado “The potential policy and environmental consequences for the UK of a departure form the European Union”. A menos de una semana del referéndum que tendrá lugar el próximo jueves 23 de junio en el Reino Unido -donde los ciudadanos británicos decidirán sobre la salida (“Brexit”) o permanencia (“Bremain”) en la Unión Europea-, es interesante conocer las posibles consecuencias que para la protección del medio ambiente tendría, según el citado informe, para dicho país el abandonar el mundo comunitario.

El estudio del IEEP prevé dos posibles escenarios en caso de que prospere el “Brexit”: un primer escenario en el que el Reino Unido no abandone plenamente la Unión Europea y se mantenga, aunque limitadamente, en el “espacio económico europeo” (EEE) y un segundo escenario en el que la salida de la Unión Europea sea total. Y para este estudio se distinguen los potenciales efectos de uno y otro escenario sobre los niveles de calidad ambiental (control de la contaminación, residuos y productos químicos), sobre la protección de la naturaleza (protección de espacios naturales terrestres y marinos, y protección de las aves), sobre la política climática y la energía, y sobre las políticas agrícola y pesquera.ieep_reportsummary_conclusions_final_23030

Si se parte de la base que el Reino Unido ha sido uno de los países más influyentes de la Unión Europea en la conformación y desarrollo de la política ambiental comunitaria, una de las principales conclusiones del estudio es que la retirada del país británico de la Unión podría generar algunas incertidumbres en el impulso de futuras medidas de protección ambiental. No podemos olvidar que el seno del Reino Unido se han elaborado valiosos trabajos de gran influencia sobre la política ambiental internacional como es el caso del “Informe STERN” –publicado en 2006- sobre “la economía del cambio climático” sobre el impacto del cambio climático en la economía mundial y sobre la necesidad de invertir el equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático. De otra parte, también hay que subrayar la gran calidad intelectual de los expertos británicos en Derecho Ambiental, como es el caso del Profesor de la Universidad de Cambridge, Philippe SANDS, autor de la influente obra “Principles of International Environmental Law”.

Ahora bien, las conclusiones que vierte el estudio del IEEP sobre cada una de las políticas son bastante negativas para el mantenimiento de los niveles de calidad de una política ambiental británica en el escenario de un “Brexit” intenso. Es previsible que la salida de la Unión Europea y la anunciada crisis económica derivada de tal decisión lleve al Gobierno conservador a relajar los estándares ambientales, sin tener la presión del cumplimiento del “acervo ambiental” comunitario y en una batalla de ventajas competitivas. Y, lo mismo en los sectores de la protección de la biodiversidad, conservación del medio ambiente marino, así como en las políticas agrícola y pesquera. “En conclusión –afirma el Informe- es probable que una potencial salida del Reino Unido de la UE supondría situar el ambiente británico en una posición más vulnerable e incierta que si permaneciera como miembro de la UE”. Muy importantes riesgos para la política ambiental del Reino Unido que pueden echar por tierra cuatro décadas de legislación británica proteccionista sobre la salud y el medio ambiente de los británicos.

rspbDesde luego que la más importante ONG ambientalista británica –la “Royal Society for the Protection of Birds” (RSPB)- que reúne a más de un millón de afiliados y que ha colaborado en la elaboración del repetido informe, tiene motivos para mostrar su preocupación ante una salida de su país de Unión Europea y, por consiguiente, del marco jurídico de las proteccionistas Directivas de conservación de los “Habitats” (Directiva 92/43/CEE) y de defensa de las “Aves” (Directiva 2009/147/CE).

Me viene ahora a la memoria la intervención que tuvo mi buen amigo el Profesor Agustín GARCÍA URETA (uno de los mejores conocedores del derecho ambiental británico) en nuestra pasada reunión del mes de marzo en el Observatorio de Políticas Ambientales, con una muy dura crítica  a como estaba evolucionando la política ambiental del actual Gobierno conservador del Primer Ministro David CAMERON.

Ocurra lo que ocurra el próximo día 23 de junio con el referéndum para el “in” o el “out” del Reino Unido de la Unión Europea, tengo para mi que la circunstancia de pertenecer de pleno derecho a la Unión Europea conlleva para todos los Estados Miembros su muy benéfico sometimiento a un exigente ordenamiento jurídico ambiental comunitario -que tiene por objetivo “alcanzar un nivel de protección elevado” (art. 191, 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)- y, en caso de incumplimiento, al ágil control -y, en su caso, sanción- por parte de las Instituciones Comunitarias. Y así, por ejemplo, tengo muy claro que, en el caso de España –pese a sus frecuentes incumplimientos-, lo mejor de la protección de nuestro medio ambiente se debe a nuestra pertenencia a la Unión Europea y a nuestra aproximación a su impresionante acervo ambiental. Pobres de nosotros si estuviéramos fuera de tan sólido, aunque mejorable, marco de protección.

Actualidad
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Lo que Seseña nos enseña

4 de Junio de 2016 a las 11:06

efe_20160513_090200708Ya han pasado veinte días desde que se produjo el incendio –probablemente provocado- de mayor vertedero –ilegal- de neumáticos usados de España (y, quizá, de Europa), situado en el municipio toledano de Seseña (bien conocido, antes de la “crisis del ladrillo”, por la imparable actividad constructiva del famoso “Pocero”). Todavía están humeantes las pilas de los más de 5 millones de cubiertas que cubren la superficie equivalente a quince campos de futbol y, lo que es más increíble, en una parcela a tan solo 400 metros de barrio El Quiñón del susodicho municipio toledano en el que viven unos 8.000 sufridos vecinos.

La negra humareda visible a muchos kilómetros de distancia y perceptible desde el mismo corazón de la “Villa y Corte” madrileña se hubiera quedado en un mero espectáculo visual si no es porque, como advirtieron rápidamente los expertos, las emisiones derivadas de la combustión de 70.000 toneladas de neumáticos usados han contribuido a la generación de una amenazante nube tóxica para la población circundante y para el mismo ambiente. Un preocupante cóctel de compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos (entre éstos el cancerígeno “benzopireno”) y otras sustancias peligrosas que han obligado a desplegar a la autoridades competentes un dispositivo de control de las emisiones. E incluso han recomendado al vecindario a alejarse del espectacular foco contaminante.

Inevitablemente esta situación me recordado un grave episodio ocurrido en la ciudad de A Coruña donde vivo con el derrumbe del vertedero de Bens en septiembre de 1996. Más de 200.000 toneladas de residuos urbanos –lamentablemente gestionados- se vinieron montaña abajo, junto a la costa coruñesa, llevándose la vida de un vecino de barrio y provocando una increíble contaminación odorífica que apestó la ciudad herculina durante varios días. Para vergüenza de nuestra ciudad el insostenible vertedero de Bens apareció en uno de los documentos preparatorios de la vigente Directiva 1999/31/CE sobre cómo diseñar y gestionar los vertederos de residuos. Felizmente esta historia acaba bien ya que donde ante estuvo semejante montaña de desechos ahora el visitante puede pasear por el precioso parque de Bens desde el que se pueden contemplar algunas de las más bellas vistas litorales de la ciudad.efe_20160513_085430080

Pero volviendo a Seseña, cabe preguntarse qué lecciones pueden extraerse de esta catástrofe. Pues, en primer lugar, causalidades de la vida, fue la referida Directiva 1999/31/CE la que promovió la gestión especifica de los neumáticos fuera de uso (NFU) por la que se establecía la prohibición de admitirse tal tipo de residuos en los vertederos y estableciendo normas específicas para su gestión. Su transposición a España tuvo lugar en el año 2001 y en la actualidad es el Real Decreto 1619/2005 el que regula su particular gestión, a través de los llamados “sistemas integrados de gestión” implicando a los productores de los neumáticos en el apropiado tratamiento de sus residuos. Una gestión desarrollada en nuestro país, desde entonces, por dos entidades: “Tratamiento de Neumáticos Usados, S.L.” (TNU) y “SIGNUS Ecovalor”, creadas a iniciativa de las principales fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos. Es decir, que cuando compramos ruedas nuevas en el precio que pagamos por ellas está incluido el coste de las operaciones de gestión de dichos residuos (NFU): desde de la recogida de los talleres para el cambio de ruedas, su recogida y transporte a las citadas entidades para su clasificación, reutilización (recauchutado), transformación (triturado), valorización energética, etc.

Por consiguiente, resulta evidente que al tiempo de producirse el incendio ya existía -desde más de una década- la normativa concreta para gestionar los NFU, con específicas obligaciones para los productores de neumáticos, para sus generadores y poseedores, así como para sus gestores. Y aunque a partir de 2005 las repetidas entidades SIGNUS y TNU comenzaron a gestionar correctamente dichos residuos, el problema surgió por la exclusión de ciertos tipos de neumáticos y sobretodo de los “neumáticos históricos o preexistentes” (es decir, los producidos con anterioridad a la nueva reglamentación). En cuanto al almacenamiento y eliminación de los neumáticos el RD de 2005 establece exigentes condiciones técnicas y de seguridad, así por ejemplo, que el almacenamiento en las instalaciones de los gestores de NFU no puede superar el plazo de seis meses ni una cantidad de treinta toneladas cuando su destino final sea la eliminación. Y, en control de la gestión se encomienda principalmente a las Comunidades Autónomas.

th_1cce678baa2865fe866ba90e481edd63_signus-1Vistos estos presupuestos normativos, ¿qué ha fallado para que se haya producido la catástrofe en Seseña? La planta de tratamiento de NFU de Seseña recibió sus correspondientes licencias municipales, evaluaciones ambientales y demás aprobaciones (desde, por lo menos, el año 2003) hasta llegar a convertirse en un vertedero ilegal de residuos, al poco de aprobarse, acumulando cuantiosas multas (de la Junta de Castilla-La Mancha) por su mala gestión e incluso mereciendo la máxima reprobación por delito ecológico de sus gestores en 2008. Y, a partir de aquí, abandono de los históricos NFU y sucesiva aportación de nuevos residuos, ante la mirada atónita y/o impotente del municipio (y de sus muy cercanos vecinos). Mientras tanto, los Tribunales no han permanecido ajenos al creciente peligro, obligando desde 2010 a las Administraciones públicas –municipal y autonómica- competentes a retirar los neumáticos.

Por lo tanto, no puede afirmarse, a mi juicio, de que haya habido una total inactividad administrativa y de parte de las autoridades judiciales. Lo que ha ocurrido, como destaca mi colega el Profesor Andrés BETANCOR, es una desidiosa e ineficaz actuación de todas las Administraciones públicas competentes -desde el Municipio hasta la Administración General del Estado, pasando por la Administraciones autonómicas- así como la falta de comunicación y colaboración entre todas ellas. La acumulación de tan ingente volumen de NFU –aprovechando los clamorosos fallos de los controles públicos- y, en particular, su potencial peligrosidad para la salud de la población circundante requería una actuación urgente y coordinada de todas las Administraciones competentes. Han tenido que arder intencionalmente para que, objeto de un espectacular suceso para la opinión pública, quienes debían actuar con mayor previsibilidad lo tengan que hacer ahora de forma abrupta. Por desgracia, es típica esta improvisación hispana y conducta meramente reactiva.signus--478x270

Se ve que estamos lejos todavía de la anunciada “economía circular” –que hubiera permitido aprovechar los recursos ocultos en los millones de neumáticos (valorados en unos ochenta millones de euros, si se hubieran tratado adecuadamente). Pero, al menos, esperemos que el gran impacto que ha tenido el suceso de Seseña en los medios de comunicación sirva para sensibilizar a las autoridades responsables. Para evitar tan graves problemas en otros vertederos (de NFU) similares que hay en varios lugares de España, y para que lo hagan bajo los principios de colaboración y de buena administración. Pienso que aunque parezca mucho pedir -en los tiempos que corren- es de las cosas que más valoramos los ciudadanos (también en las elecciones). Estoy convencido.

Actualidad
Escrito por Javier Sanz Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Historias mínimas –pero aleccionadoras- de Chernobil y… Fukushima

1 de Mayo de 2016 a las 12:03

voces-de-chernobilEl pasado martes 26 de abril se cumplía el treinta aniversario de la mayor catástrofe nuclear jamás ocurrida (la más grave en la “Escala Internacional de Accidentes Nucleares”: su nivel 7): la explosión del reactor nº 4 (tipo RBMK-1000) de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, situada a 3 kilómetros de la ciudad de Prypiat y a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernobil, ambas pertenecientes a la actual Ucrania. Con este motivo he vuelto a releer estos días los sobrecogedores testimonios reunidos magistralmente por la escritora bielorrusa, Svetlana ALEXIEVICH, en su obra titulada “Voces de Chernobil. Crónica de futuro” (publicado el Grupo Editorial Penguin Random House, 2015). Como es sabido esta periodista ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2015, quien, según el Jurado, “su obra polifónica” es “un monumento al valor y al sufrimiento en nuestro tiempo”.

efe_20151008_150609152

Svetlana Alexievich

En la citada obra se recogen más de medio centenar de “monólogos” que son testimonios de quienes vivieron de primera mano los acontecimientos de Chernobil: desde la esposa de un bombero fallecido poco después de la catástrofe, hasta de residentes en la zona contaminada, pasando por algunos de los “liquidadores” de la central destruida, personal médico que atendió a las víctimas, periodistas, políticos, investigadores, evacuados de la ciudad de Prypiat, profesores, etcétera-. Casi veinte años ha tardado la autora bielorrusa en acopiar tan impresionantes reflexiones de los protagonistas de Chernobil. Como cuenta ella misma: “un año después de la catástrofe, alguien me preguntó: “todos escribe. Y usted que vive aquí, en cambio no lo hace. ¿Por qué?”; no quería escribir una obra rutinaria, descubrió que tras Chernobil había un enigma que había que descifrar. “¿Qué es lo que realmente había sucedido? (…) Sencillamente, ya no bastaba con los hechos, aspirabas a asomarte a lo que había detrás de ellos, a penetrar en el significado de lo que acontecía. Estábamos ante el efecto de la conmoción, Y yo estaba buscando a esa persona conmocionada. Esa persona anunciaba nuevos textos”.

“Con las personas para las cuáles Chernobil representa –como sigue diciendo Svetlana– el principal contenido de su vida, cuyo interior y cuyo entorno, y no sólo la tierra y el agua, están envenenados con Chernobil. Estas personas contaban, buscaban respuestas. Reflexionábamos juntos. A menudo tenían prisa, temían no llegar a tiempo, y yo aún no sabía que el precio de su testimonio era la vida”. Y, tras revelarnos el sentido de su trabajo periodístico, concluye: “un destino construye la vida de un hombre, la historia está formada por la vida de todos nosotros. Yo quiero contar la historia de una manera que no se pierdan los destinos de los hombres… ni de un solo hombre”.

Inevitablemente esta “historia mínima” de Chernobil, me llevó inevitablemente a otra de las catástrofes nucleares recientes como es el caso de Fukushima y, en particular, a rememorar la también sugerente obra de un profesor jubilado y bloguero, Takashi SASAKI quien, bajo el título “Fukushima. Vivir el desastre” (publicada en 2013 por editorial Satori), narra, a modo de diario, su vida y reflexiones sobre el devastador terremoto y tsunami que provocó –el 11 de marzo de 2011- el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, situada a 25 kilómetros de su vivienda. Los problemas de los suministros en su “ciudad fantasma”, la desesperante actitud del gobierno en los primeros mementos de la catástrofe, sus ocupaciones cotidianas, la sonrisa de su pequeña nieta Ai, la solidaridad de quienes habían decidido quedarse… nada pasa desapercibido para este damnificado por la catástrofe. Todo lo cual le obliga, además, a plantearse problemas más profundos.

fukushima-vivir-el-desastreCon toda frescura, este abuelo de setenta y un años, recoge, junto a incisivos comentarios del momento -como el siguiente: “Creo recordar que la primera vez que se habló de desmantelar la central fue cosa de una semana después del accidente. No puedo librarme de la sospecha de que por esas fechas, TEPCO (empresa eléctrica responsable de la central nuclear), que aspiraba a volver a poner en funcionamiento las instalaciones, solo tomaba pequeñas medidas para salir del paso y salvar las apariencias” (marzo de 2011)- verdaderas reflexiones de gran enjundia -como esta: “en Japón, todos los mecanismos sociales están hechos esmeradamente y de una forma que los hace muy seguros. Esto incluye también a los seres humanos, porque es grato poder decir que la seguridad ciudadana está, quizás, al nivel más alto del mundo. No, no era mi intención ponerles pegas a estos hechos. Lo que quiero decir es que Japón está concebido de una forma tan cómoda y segura,, que ante las cosas que no entran en las previsiones estamos totalmente indefensos” (abril de 2011)-. Y, en cuanto a la proverbial unidad del pueblo japonés, se atreve a afirmar, “(…) con ocasión del gran terremoto, hemos tomado conciencia de lo desunidos que estábamos, y de que esa distancia que nos separaba no va a poder ser acortada como no sea mediante un esfuerzo mutuo” (abril de 2011).

fukushima-sasaki-001

Takashi Sasaki y su esposa

A estas alturas se han escrito “toneladas” de páginas -y bits- sobre ambos eventos catastróficos: exhaustivos informes técnicos, sesudos artículos científicos (en cuanto a un análisis comparativo de los impactos ambientales recomiendo el publicado por la revista “Science of the Total Environment”), apasionados alegatos en contra y a favor de la energía nuclear, innumerables colaboraciones periodísticas, hasta “comics”. Y, por supuesto, como era de esperar, con motivo de los aniversarios (20º, 25º, 30º…; 5º en el caso de “Fukushima”) se reabre, una y otra vez, el tan manido “debate nuclear”. Por mi parte, confieso que estoy un poquito cansado de tanta parafernalia mediática. Posiblemente, en la futura política energética (a corto y medio plazo) no podamos prescindir todavía de una porción nuclear en el “mix energético” -salvo que los alemanes nos convenzan de que es posible el “apagón nuclear” antes del 2030-, necesitados como estamos de “descarbonizar” cuanto antes la economía, para lograr los objetivos del “Acuerdo de París”.

En todo caso, me gustaría reivindicar aquí a quienes tengan en sus manos los hilos de la política energética (organismos internacionales, gobiernos, industrias, “lobbies”, analistas, etc.) que no pierdan de vista que tras esas decisiones –y sobre sus posibles consecuencias- están personas de carne y hueso como las que se cuentan en las obras de Svetlana ALEXIEVICH y Takashi SASAKI. Por encima de estadísticas, estudios, análisis hay personas, con nombres y apellidos, que sufren y padecen muchas veces las irresponsabilidades que quienes ejercen el poder. Ojalá no se cumpla el oscuro presagio con que concluye Svetlana una de sus reflexiones sobre Chernobil: “En Chernobil se recuerda ante todo la vida “después de todo”: los objetos sin el hombre, los paisajes sin el hombre. Un camino hacia la nada, unos cables hacia ninguna parte. Hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. En más de una ocasión me ha parecido estar anotando el futuro”.

Actualidad, Comentarios de libros
Escrito por Javier Sanz 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net