Ya han pasado veinte días desde que se produjo el incendio –probablemente provocado- de mayor vertedero –ilegal- de neumáticos usados de España (y, quizá, de Europa), situado en el municipio toledano de Seseña (bien conocido, antes de la «crisis del ladrillo», por la imparable actividad constructiva del famoso “Pocero”). Todavía están humeantes las pilas de los más de 5 millones de cubiertas que cubren la superficie equivalente a quince campos de futbol y, lo que es más increíble, en una parcela a tan solo 400 metros de barrio El Quiñón del susodicho municipio toledano en el que viven unos 8.000 sufridos vecinos.
La negra humareda visible a muchos kilómetros de distancia y perceptible desde el mismo corazón de la “Villa y Corte” madrileña se hubiera quedado en un mero espectáculo visual si no es porque, como advirtieron rápidamente los expertos, las emisiones derivadas de la combustión de 70.000 toneladas de neumáticos usados han contribuido a la generación de una amenazante nube tóxica para la población circundante y para el mismo ambiente. Un preocupante cóctel de compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos (entre éstos el cancerígeno “benzopireno”) y otras sustancias peligrosas que han obligado a desplegar a la autoridades competentes un dispositivo de control de las emisiones. E incluso han recomendado al vecindario a alejarse del espectacular foco contaminante.
Inevitablemente esta situación me recordado un grave episodio ocurrido en la ciudad de A Coruña donde vivo con el derrumbe del vertedero de Bens en septiembre de 1996. Más de 200.000 toneladas de residuos urbanos –lamentablemente gestionados- se vinieron montaña abajo, junto a la costa coruñesa, llevándose la vida de un vecino de barrio y provocando una increíble contaminación odorífica que apestó la ciudad herculina durante varios días. Para vergüenza de nuestra ciudad el insostenible vertedero de Bens apareció en uno de los documentos preparatorios de la vigente Directiva 1999/31/CE sobre cómo diseñar y gestionar los vertederos de residuos. Felizmente esta historia acaba bien ya que donde ante estuvo semejante montaña de desechos ahora el visitante puede pasear por el precioso parque de Bens desde el que se pueden contemplar algunas de las más bellas vistas litorales de la ciudad.
Pero volviendo a Seseña, cabe preguntarse qué lecciones pueden extraerse de esta catástrofe. Pues, en primer lugar, causalidades de la vida, fue la referida Directiva 1999/31/CE la que promovió la gestión especifica de los neumáticos fuera de uso (NFU) por la que se establecía la prohibición de admitirse tal tipo de residuos en los vertederos y estableciendo normas específicas para su gestión. Su transposición a España tuvo lugar en el año 2001 y en la actualidad es el Real Decreto 1619/2005 el que regula su particular gestión, a través de los llamados “sistemas integrados de gestión” implicando a los productores de los neumáticos en el apropiado tratamiento de sus residuos. Una gestión desarrollada en nuestro país, desde entonces, por dos entidades: “Tratamiento de Neumáticos Usados, S.L.” (TNU) y “SIGNUS Ecovalor”, creadas a iniciativa de las principales fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos. Es decir, que cuando compramos ruedas nuevas en el precio que pagamos por ellas está incluido el coste de las operaciones de gestión de dichos residuos (NFU): desde de la recogida de los talleres para el cambio de ruedas, su recogida y transporte a las citadas entidades para su clasificación, reutilización (recauchutado), transformación (triturado), valorización energética, etc.
Por consiguiente, resulta evidente que al tiempo de producirse el incendio ya existía -desde más de una década- la normativa concreta para gestionar los NFU, con específicas obligaciones para los productores de neumáticos, para sus generadores y poseedores, así como para sus gestores. Y aunque a partir de 2005 las repetidas entidades SIGNUS y TNU comenzaron a gestionar correctamente dichos residuos, el problema surgió por la exclusión de ciertos tipos de neumáticos y sobretodo de los “neumáticos históricos o preexistentes” (es decir, los producidos con anterioridad a la nueva reglamentación). En cuanto al almacenamiento y eliminación de los neumáticos el RD de 2005 establece exigentes condiciones técnicas y de seguridad, así por ejemplo, que el almacenamiento en las instalaciones de los gestores de NFU no puede superar el plazo de seis meses ni una cantidad de treinta toneladas cuando su destino final sea la eliminación. Y, en control de la gestión se encomienda principalmente a las Comunidades Autónomas.
Vistos estos presupuestos normativos, ¿qué ha fallado para que se haya producido la catástrofe en Seseña? La planta de tratamiento de NFU de Seseña recibió sus correspondientes licencias municipales, evaluaciones ambientales y demás aprobaciones (desde, por lo menos, el año 2003) hasta llegar a convertirse en un vertedero ilegal de residuos, al poco de aprobarse, acumulando cuantiosas multas (de la Junta de Castilla-La Mancha) por su mala gestión e incluso mereciendo la máxima reprobación por delito ecológico de sus gestores en 2008. Y, a partir de aquí, abandono de los históricos NFU y sucesiva aportación de nuevos residuos, ante la mirada atónita y/o impotente del municipio (y de sus muy cercanos vecinos). Mientras tanto, los Tribunales no han permanecido ajenos al creciente peligro, obligando desde 2010 a las Administraciones públicas –municipal y autonómica- competentes a retirar los neumáticos.
Por lo tanto, no puede afirmarse, a mi juicio, de que haya habido una total inactividad administrativa y de parte de las autoridades judiciales. Lo que ha ocurrido, como destaca mi colega el Profesor Andrés BETANCOR, es una desidiosa e ineficaz actuación de todas las Administraciones públicas competentes -desde el Municipio hasta la Administración General del Estado, pasando por la Administraciones autonómicas- así como la falta de comunicación y colaboración entre todas ellas. La acumulación de tan ingente volumen de NFU –aprovechando los clamorosos fallos de los controles públicos- y, en particular, su potencial peligrosidad para la salud de la población circundante requería una actuación urgente y coordinada de todas las Administraciones competentes. Han tenido que arder intencionalmente para que, objeto de un espectacular suceso para la opinión pública, quienes debían actuar con mayor previsibilidad lo tengan que hacer ahora de forma abrupta. Por desgracia, es típica esta improvisación hispana y conducta meramente reactiva.
Se ve que estamos lejos todavía de la anunciada “economía circular” –que hubiera permitido aprovechar los recursos ocultos en los millones de neumáticos (valorados en unos ochenta millones de euros, si se hubieran tratado adecuadamente). Pero, al menos, esperemos que el gran impacto que ha tenido el suceso de Seseña en los medios de comunicación sirva para sensibilizar a las autoridades responsables. Para evitar tan graves problemas en otros vertederos (de NFU) similares que hay en varios lugares de España, y para que lo hagan bajo los principios de colaboración y de buena administración. Pienso que aunque parezca mucho pedir -en los tiempos que corren- es de las cosas que más valoramos los ciudadanos (también en las elecciones). Estoy convencido.