Ambiental y Cual

A principios de este mes de julio se ha hecho público un voluminoso informe del grupo de expertos, dirigido por el congresista KUROKAVA (ex-presidente del Consejo Científico del Japón), encargado por la Dieta de Japón (su Parlamento) para investigar el accidente nuclear de Fukushima. Tal como señalan la mayor parte de los medios de comunicación, la peor catástrofe nuclear desde la de Chernobil en 1986, la de la planta Fukushima, a mediados del marzo del pasado año 2011, se debió a un error humano resultado de la “connivencia entre el Gobierno, los reguladores y TEPCO (la operadora de la Planta) y la falta de autoridad de las partes mencionadas”.

Esta Comisión de investigación, tras considerar “imperdonable la ignorancia y arrogancia de cualquier persona u organización que trate con energía nuclear”, advierte carencias y desconocimiento en algunos aspectos de la seguridad existentes en la planta de Fukushima. “Su regulación fue encomendada a la burocracia gubernamental responsable de su misma promición”. El operador de la Planta, los reguladores y el Gobierno “no desarrollaron correctamente los requisitos de seguridad más básicos, como la evaluación de la probabilidad de daño, la preparación para contener los daños colaterales de este tipo de desastres y el desarrollo de planes de evacuación“. Tras el terremoto y el tsunami, la falta de formación y los conocimientos de los trabajadores de TEPCO sobre la instalación redujeron la eficacia de la respuesta a la situación en un momento tan crítico. Y, a medida que la crisis se agravó los sujeto intervientes y las autoridades responsables (las agencias gubernamentales y y la Oficina del Primer Ministro) no consiguieron “prevenir o limitar el daño emergente”.

Lo más curioso del informe, a mi juicio, es cómo formula una de sus conclusiones: “Lo que hay que reconocer es muy doloroso, fue un desastre, ‘Made in Japan’”, afirma la Comisión de Investigación. “Sus causas fundamentales se encuentran arraigadas en las convenciones de la cultura japonesa: nuestra obediencia reflexiva, nuestra renuencia a cuestionar la autoridad, nuestra devoción a ‘apegarse al programa”. Y, por este motivo, se recomienda vivamente a los ciudadanos a “reflexionar sobre nuestra responsabilidad como individuos en una sociedad democrática”.

Aunque la industria nuclear esté empleando ahora todas sus energías en convencer a la opinión pública acerca de la seguridad de las centrales nucleares, pensamos que con el accidente de Fukushima hay un antes y un después. En efecto, el hecho de que la catástrofe -que obligó a más de 150.000 personas a abandonar sus hogares- tuviera lugar en uno de los paises más avanzados e industrializados del mundo, ha hecho que la percepción del riesgos por parte de la ciudadanía se haya disparado.

De esto mismo y de los efectos del accidente de Fukushima sobre el sector energético nos hablan la ex-Ministra de Medio Ambiente, Cristina NARBONA y el experto en cambio climático Jordi ORTEGA, en una obrita que lleva por título “La energía después de Fukushima” (editada por Ediciones Turpial, Madrid, 2012). Se trata de un documentado alegato en contra de la energía nuclear (“ni barata, ni limpia, ni segura”) y en defensa de la única alternativa sostenible de nuestro Planeta: la de las energías renovables. La histórica y valiente decisión del gobierno conservador de Alemania de abandonar la energía nuclear y apostar por las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética, contrasta con las del actual gobierno español de prorrogar la vida de las centrales nucleares y reducir el apoyo público a las energías renovables.

Vivia yo en el Pais Vasco cuando tuvo lugar la paralización de la –ya muy avanzada- central de Lemoniz (trágicamente enrarecida por el injustificado asesinato de varios de sus operarios). Hoy son nuevos tiempos, pero dudo mucho que, visto lo que hemos visto recientemente en Fukushima, los españoles apoyemos mayoritariamente la continuidad de este tipo de energía. Posiblemente, ni desde el punto de vista económico, nos lo podamos ya permitir.

Cuando apenas habíamos tenido tiempo de leer el nuevo informe de este año “Destrucción a toda costa” presentado el pasado jueves 12 por Greenpeace, el viernes 13 me enteré gracias a Radio Nacional de España de la aprobación en el Consejo de Ministros del “histórico tijeretazo”. Una locutora de RNE nos pedía la opinión –a los miembros del Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña- sobre un proyecto de Ley de reforma de la Ley de Costas de 1988 del que sólo teníamos algunos datos muy generales por la prensa.

Se trataba de una noticia que esperábamos con cierta ansiedad después de que, a principios de año, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, anunciara la preparación de una “profunda reforma de la Ley de Costas”.

Tiempo habrá para estudiar con detalle el texto del borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Desde nuestro Observatorio no queremos perder la oportunidad de aportar lo mejor de nuestros conocimientos y opiniones en el debate que, sin duda, se producirá desde la difusión de este anteproyecto que habrá de aprobarse, en su caso, por las Cortes Españolas.

En este momento, lo primero que me brota, tras haber leído con cierto apresuramiento el texto difundido por el Ministerio y las noticias que ya se están prodigando en torno a esta cuestión, es que quizá no es el momento más oportuno para reformar –como se pretende- nuestra Ley de Costas, a punto de cumplir sus 24 añitos. La crisis financiera, en buena parte motivada por la “burbuja inmobiliaria”, había conseguido frenar el imparable proceso de litoralización de la costa (presión inmobiliaria sobre las zonas costeras) y parecía un buen momento para invertir esta tendencia, procurando preservar de la urbanización las áreas de nuestro litoral mejor conservadas.

Pese a que la revisión de la Ley se presenta como “un modo eficaz para proteger la integridad del dominio público marítimo-terrestre y preservar su uso común”, la idea-fuerza que, a mi juicio, sobrevuela todo el texto es la de flexibilizar, a toda costa, la dureza de la finalidad proteccionista de la Ley de Costas y contentar a muchos propietarios –nacionales y extranjeros- de terrenos en el borde litoral que se habían visto privados de su titularidad dominical previa en virtud de la citada norma legal. Sin atentar propiamente a la filosofía nuclear de la Ley de Costas -que declara de dominio público muchos de los bienes situados en la línea de la costa y establece servidumbres y limitaciones sobre los terrenos contiguos a la misma- se prolongan hasta 75 años los plazos de las concesiones aprovechamientos privados sobre los bienes públicos (inicialmente fijados hasta un máximo de 60 años), se amplian los plazos de las autorizaciones para actividades económicas sobre el dominio público, se reducen (en algunos supuestos como en la rías) la extensión de la servidumbre de protección (de 100 a 20 metros), se someten a una intervención administrativa más relajada las obras e instalaciones situadas en los terrenos cercanos a la línea de costa, etc.

Detrás de cada línea del texto de la reforma de la Ley de Costas se identifican concretas situaciones conflicitivas que se han producido a lo largo de su vigencia en diversos puntos de la geografia insular y peninsular de España. Situaciones problemáticas, con nombres y apellidos, que el texto reformador pretende solucionar y que, incluso, enumera concretamente para excepcionarlas sin aportar razones específicas. Algunas afectan a Galicia como ciertos núcleos rurales tradicionales de su litoral que podrían ver en esta reforma nuevas vías de solución.

En las veinticuatro páginas del borrador pueden encontrarse también algunos aciertos como la llamada “claúsula antialgarrobico” (en virtud de la cual la Administración General del estado puede suspender ilegales intentos urbanizadores de los municipios) o la obligada publicación de la línea de deslinde, o la mayor constatación registral de los bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre, etc.

Tengo que finalizar aquí mi ya extenso comentario de urgencia. Independientemente de que opinemos que no es el mejor momento para levantar la “caja de los truenos” del litoral, lo que más me preocupa del texto es que, en absoluto se aborda una cuestión capital en la aplicación de la Ley de Costas: la necesaria colaboración y coordinación entre las tres Administraciones Públicas con competencias sobre el litoral (la central, la autonómica y la local), por no entrar en la participación ciudadana que debería potenciarse para tan importantes decisiones sobre lo más valioso de nuestro patrimonio natural.

Todavía están muy vivas en nuestras retinas las pavorosas imágenes de los gigantes incendios forestales que han asolado una de las comarcas del interior de la provincia de Valencia y en los que, para mayor desgracia, ha fallecido el piloto de uno de los helicópteros implicados en su extinción. En pocos días, en la zona de Cortes de Pallás y Andilla, las llamas han arrasado más de 50.000 hectáreas, suponiendo por la magnitud de la superficie calcinada, uno de los más graves ocurridos en España desde 2004. Un triste y recurrente ejemplo de catástrofe ambiental que golpea con fuerza la opinión pública y que, a su vez, salpica a los gobiernos y a los políticos de turno, aunque no siempre es fácil depurar con justicia las responsabilidades, bien sea por acción o por omisión.

Es muy fácil utilizar estos tristes acontecimientos, por unos y por otros, para tirarse los trastos a la cabeza, para hurgar en la herida, para obtener réditos políticos. Es muy sencillo y efectista. Pero, en mi opinión, lo verdaderamente  legítimo es reclamar medidas preventivas más eficaces, proponer medios de intervención más inmediatos y justas reparaciones para los afectados. Más que nunca se precisa la solidaridad y consenso de las fuerzas políticas y sociales para abordar un problema que se repite, una y otra vez, y que no sabe de colores políticos.

Con la fuerte experiencia que tuvimos en Galicia con motivo de la catastrofe del Prestige (de la que este año se cumplen ya diez años) -y, ¿como no? de tantos incendios forestales que año a año se suceden-, tenemos aquí muy claro que lo más importante es aprender, sacar lecciones de estos traumáticos eventos. Que, una vez pasados los momentos más “calientes” de la crisis, analicemos  con serenidad y reflexión desapasionada los variados aspectos del hecho catastrófico y de sus consecuencias. Es el momento en que políticos, científicos, técnicos, ciudadanía y la sociedad en general, se alíen en la búsqueda de las más oportunas soluciones.

Desgraciadamente los seres humanos –a los que nos debiera caracterizar la racionalidad- solemos funcionar, por general, de forma reactiva, es decir, sólo cuando el daño o la catástrofre se ha producido.

Huyo de la literatura catástrofista que se regodea en las desgracias y que trata de impresionar con sus fantasmagóricas consecuencias. Es el caso del reciente libro de Alok JHA –redactor de la sección de ciencia y tecnología del Guardian-, titulado “50 maneras de destruir el mundo”. Un batiburrillo de amenazas -ciertas muchas de ellas (no lo pongo en duda)- para los seres humanos y para nuestro Planeta: desde la denominada “sexta extinción masiva” de las especies, la “superpoblación”, el “desastre biotecnologico”, las especies invasoras, la muerte de las abejas, las guerras del agua, la destrucción de la capa de ozono, el aumento del nivel del mar, el “cierre de la corriente del Golfo”, el “megatsunami”, las “supertormentas”, etc. –por citar algunas de las amenazas más vinculadas con el medio ambiente- hasta otros más peregrinos riesgos para nuestra civilización (“superinteligencia artificial”, “transhumanismo” (!), “extraterrestres hostiles”, “superhumanos genéticos” (!!)…). Menos mal que su autor nos consuela en la introducción: “pero no hay que desanimarse. Cualquiera que sea el punto de vista científico con el que se observe el Fin (supongo que quiere decir el “fin” del planeta), podemos tener la garantía de que sólo un puñado de ellos supondría el fin de la Tierra como tal”. En lo que si estoy de acuerdo es lo que apuntilla seguidamente: “Nuestro Planeta, sin embargo, seguirá como si tal cosa después de la desaparición de los humanos o de los muchos millones de especies vivas”. Esto se llama “resiliencia”.

Sin querer discutir lo más mínimo la maravillosa libertad de expresión que hay que reconocer a todo ser humano, otro gallo cantaría si, en lugar de dedicar tanto esfuerzos de la prodigiosa mente humana manipulando los hechos catastróficos para inconfesables intereses partidistas o para recrearse en la estética apocalíptica, centráramos todos los empeños en aprender de nuestros errores.

Hace pocos días el Gobierno ha anunciado la aprobación de varias medidas fiscales que permitan reducir el galopante déficit público e incrementar los ingresos tributarios del Estado. Entre estas medidas se señala el denominado “céntimo verde”, un recargo fiscal que supondría gravar entre cinco y seis céntimos de euro el consumo de hidrocarburos (gasolina y gasoil). Se ha dicho que esta medida pretende cubrir el enorme ”déficit tarifario” (la diferencia entre elcoste real de la producción de electrícidad y la tarifa reconocida a las compañías eléctricas) que ya se eleva por encima de los 25.000 millones de euros.

UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica defiende tal medida ya que de esta forma se podrían seguir manteniendo las primas a las energías renovables de la tarifa eléctrica y, de paso, cumplir con los objetivos de la Unión Europea para el incremento de producción de esta modalidad de energías limpias (que a partir del año 2020 el 20% de la energía consumida proceda de energías renovables). Pero, a su vez, MONTORO, el Ministro de Hacienda se opone a este destino del “céntimo verde” ya que, por lo general, la recaudación tributaria no puede vincularse a un destino concreto del gasto público. Y, al mismo tiempo, las compañías petroleras –a través de su patronal (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)- se manifiestan en contra de tal medida ya que, en su opinión, se trata de un “subsidio cruzado” (restringido por el Derecho Comunitario) y además “no existe justificación ambiental para tal recarga”.

Desde que lei hace muchos años la preclara obra del científico alemán, Ernst Ulrich VON WEIZSÄCKER: Política de la Tierra, una de las más serias reflexiones sobre la política ambiental en siglo XX, estoy convencido de que una verdadera política ambiental debe pasar inexorablemente –como el defiende- por una reforma fiscal verde. Y debe de reconocerse que, al menos nuestro país, los impuestos verdes han proliferado en las Comunidades Autónomas. Existen en España más de treinta tributos que afectan a sectores tan variopintos como las aguas (el canon sobre el saneamiento), sobre la emisión de gases contaminantes, sobre el aprovechamiento del viento (el canon eólico), sobre la producción de residuos, sobre las grandes superficies, sobre actividades que inciden sobre la naturaleza, etc.  Que suponen cada año muchos cientos de millones de euros para las arcas de las haciendas autonómicas.

Sigo de cerca los rigurosos estudios e informes del prestigioso centro de investigación, Economics for Energy, liderado por mi buen amigo Xavier LABANDEIRA. Las conclusiones de su reciente informe “Un nuevo modelo de reforma fiscal verde” destacan la oportunidad que ofrece para España la aplicación en el futuro de los impuestos energeticos-ambientales que, además de alcanzar unos considerales incrementos recaudatorios, “nos pemitirían mantener la agenda de cambios en el modelo económico y cumplir los compromisos de reducción de emisiones; una “reforma fiscal verde” que, como defiende este estudio, “aperece vinculada a las políticas económicas emergentes: cambio climático, renovables y eficiencia energética, a la que se podrían añadir objetivos distributivos, de I+D y de competitividad”.

Mucho me temo -ojalá me equivoque- que el cacareado “céntimo verde” no vaya por estos derroteros y que se convierta al final en un mero recurso recaudatorio. Lo cierto es que algunos de los impuestos verdes existentes, al menos de los que yo conozco, pese a estar legalmente vinculados a una finalidad ambiental (por tanto extrafiscal) por el mecanismo de la “caja única” de los tributos no siempre son repercutidos para los fines para los que se crearon.

Sea bienvenido un verdadero “céntimo verde” con los deseables fines ambientales y bajo el sabio criterio de “quien contamina paga”. Pero, de no ser así, por favor, ahórrense el apelativo de “verde” que ya que, de tanto abusar de él, está suficientemente desprestigiado.