La Voz de Galicia
Sobre lo ambientalmente correcto, lo sostenible e insostenible y otras inquietudes acerca del estado del planeta Tierra
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No podía ser más oportuno. Recién acabo de volver de Cádiz donde se ha celebrado los días 25 a 27 de enero el Primer Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales, donde nos hemos reunido más de 300 estudiosos de veinte países de todo el mundo para debatir cómo proteger esa valiosa franja costera en la que ya vivimos más de la mitad de la población mundial. Con una impecable organización por parte del entusiasta grupo de investigación de «Gestión Costera» liderado por el Profesor BARRAGÁN, hemos podido compartir en la preciosa “Tacita de Plata” –que este año celebra, por todo lo alto, el bicentenario de la Constitución Española de la 1812 (la “Pepa”)- nuestras inquietudes sobre las áreas litorales.

Y mira por donde, es justo en estos días en que el señor ARIAS CAÑETE, el nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  ha dejado caer que el Gobierno iba a promover una “profunda reforma de la Ley de Costas”. Y, en seguida, se ha levantado, al menos un poquito, la caja de los truenos. Los ecologistas no han tardado en reaccionar alertando a la opinión pública sobre una posible privatización de las zonas costeras. Por su parte, las activas “plataformas y asociaciones de afectados por la Ley de Costas” han aplaudido la expectativa de que, por fin, se atienda a sus reclamaciones.

Todo son, por ahora, especulaciones y lo único que sabemos es lo que ha dicho el citado Ministro en su comparencia ante el Congreso de los Diputados el pasado 1 de febrero. Entre las 66 medidas que constituyen su programa de trabajo se recoge, en efecto, la “reforma de la Ley de Costas” con el fin de “hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas”, para potenciar la “protección de los sistemas litorales, la conservación del dominio público marítimo-terrestre y la recuperación de zonas litorales degradadas”, para la “puesta en valor de las playas”… En fin, que hasta que no tengamos una propuesta de reforma legislativa más concreta no podemos opinar sobre el verdadero alcance de la anunciada reforma.

Lo que sí podemos adelantar son algunas ideas que venimos defendiendo desde el Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña (que tengo el honor de dirigir). Que la Ley española de Costas de 1988 supuso un antes y un después en la protección de nuestro degradado litoral, tan machacado en muchos lugares por la presión urbanistica. Sin desconocer la traumática aplicación de la Ley a lo largo de estos casi veinticinco años y la discutible solución legal sobre la recuperación pública de la llamada zona marítimo-terrestre, no cabe duda de que ha logrado calar en la conciencia ciudadana la necesidad de proteger un espacio tan valioso para todos.

Pero, al mismo tiempo, debemos afirmar, alto y claro, que es preciso seguir protegiendo nuestras costas con nuevos instrumentos y estrategias. Que es necesario vincular la protección de nuestras aguas continentales (los ríos) con la protección del litoral; que es urgente controlar los vertidos que desde tierra constituyen la más grave amenaza para la calidad de nuestras costas; que es importante declarar y proteger nuevas áreas marinas; que es obligado, jurídica y constitucionalmente, promover una mayor colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas en la ordenación de las diferentes –y diversas- áreas litorales; que en la futura gobernanza de las costas no puede quedar al márgen la sociedad…

Cuánto hemos aprendido estos días -primero en Cádiz y luego aquí en A Coruña (en un Seminario sobre Gobernanza del Litoral organizado por el Campus del Mar)- con mi amigo Stephen OLSEN, Director del Coastal Resources Center  (CRC) de la Universidad de Rhode Island (Estados Unidos), uno de los mejores especialistas del mundo en la gestión integrada (gobernanza) de las zonas costeras. Una de las grandes lecciones de OLSEN es que deben de manejarse –y armonizarse- con suma delicadeza los tres grupos de actores que inciden sobre el litoral: el mercado, el Gobierno y la sociedad civil.

Confiamos en que el nuevo Gobierno del Estado ponderará adecuadamente dichos factores y el alcance que debe de tener, en su caso, la reforma de la Ley de Costas. De lo contrario sería tirar por la borda muchos años de costoso esfuerzo colectivo para preservar uno de nuestros mejores patrimonios naturales, y las generaciones futuras no nos lo perdonarían.