Ambiental y Cual

A comienzos de esta semana nos llegaba la feliz noticia –en tiempo de crisis- de que Gas Natural Fenosa constituirá en A Coruña una empresa que con el nombre de Fenosa gestionará todos los activos de energías renovables del grupo y promoverá la creación de un centro de excelencia de hidráulica de nivel internacional. Además de la explotación de las energías renovables que ya posee este Grupo –la hidráulica y la eólica- se habla de invertir en las energías renovables marinas.

Pese a las justificadas quejas de los empresarios del sector de las renovables por la rebaja gubernamental de las primas, no hay duda que se trata de un campo de futuro, máxime cuando el negocio de las nucleares –que se las veía muy felices- parece esfumarse tras la crisis de Fukushima. No en vano, Naciones Unidas ha declarado el año 2012 como el “Año Internacional de la Energía Sostenible para todos”. Y además, como ya sabemos, en la Unión Europea nos hemos comprometido al objetivo del 20% de energía renovables en el consumo total de la energía en 2020.

Que las energías procedentes del mar son un negocio emergente no es algo de ciencia ficción, sino que en el momento presente existe un buen número de “parques eólicos marinos” (también llamada “eólica offshore”) funcionando a pleno rendimiento en Dinamarca, Reino Unido, Holanda, etc. Pero aunque este tipo de energía esté implantándose con normalidad, hay otras modalidades de renovables que se están estudiando de modo experimental: la maremotríz (o aprovechamiento de las mareas), la procedente de las corrientes marinas y oceánicas sobre turbinas (hidrogeneradores), la undemotriz originada por las olas (sobre instalaciones fijas en la costa o las diseñadas para estar en el mar), el aprovechamiento de la energía térmica marina, o el aprovechamiento de la llamada “energía osmótica” o “energía azúl” (en zonas estuarias en las que entran en contacto las aguas marinas y las aguas dulces), etc.

En mi visita esta semana al avanzado Instituto Hidrológico Ambiental de Cantabria (uno de los centros punteros de nuestro país en esta materia), situado en el moderno parque científico y tecnológico de Cantabria, a las afueras de la ciudad de Santander, pude comprobar in situ cómo en estos momentos se están experimentando, en su enorme “tanque de oleaje”, este tipo de energías renovables marinas.

En España, salvo contadas excepciones como el pequeño puerto de Mutriku (Guipúzcoa) -en cuyo nuevo dique se está construyendo una “central de oleaje” para aprovechamiento de las olas- la ejecución de proyectos de renovables marinas todavía no han hecho acto de aparición. Sí que existe un engorroso régimen jurídico para la autorización de este tipo de instalaciones en el mar (el Real Decreto 1028/2007 de 20 de julio) e incluso se publicó, en abril de 2008, el interesante “Estudio estratégico ambiental del litoral español” que permite determinar las zonas del dominio público marítimo-terrestre más aptas para la instalación de parques eólicos marinos. También el futuro Plan de Energías Renovables 2011-2020 (pendiente todavía de aprobación definitiva) prevé, además de la eólica marina, una hoja de ruta para las acciones estratégicas sobre las energías del mar (acciones de I+D, programas de demostración, redes de infraestructuras experimentales, etc.).

En el caso de Galicia, parece que contamos –como ha señalado a principios de este año el Consello Econónico y Social de Galicia- con el mayor potencial de España para obtener energía a partir de las olas, de las mareas o el viento mar adentro. No obstante, conviene recordar que el Parlamento Gallego aprobó una Resolución de 24 de noviembre de 2005 contra la instalación de parques eólicos marinos en las aguas costeras de nuestra tierra.

Sea lo que fuere, en el mar hay un impresionante potencial de energías limpias que debe de analizarse con atención y de paso promover un buen número de puestos de trabajo –que buena falta nos hace-. Y, desde luego, que siempre estaremos a favor de su aprovechamiento racional siempre que no perjudique desproporcionadamente otros activos de nuestro litoral como es el paisaje o los recursos pesqueros y marisqueros o la calidad del propio medio ambiente marino y costero.

A punto de terminar el pasado mes de julio aparecía publicada en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. Será una de las últimas leyes básicas del Estado que se aprueben en la presente legislatura, a punto de concluir. Y, como es natural, una ley ambiental tan relevante no podía pasar inadvertida en este blog.

Se trata de la quinta Ley de residuos de nuestra historia –que tiene como primer eslabón la preconstitucional Ley 19/1975 de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y viene a sustituir a la (hasta hace un mes vigente) Ley 10/1998- que, realidad, no hace otra cosa que transponer (incorporar) a nuestro Derecho interno con más de siete meses de tardanza la comunitaria Directiva Marco de Residuos de 2008. Como explica el Preámbulo de la nueva Ley, en el contexto europeo la producción de residuos está “en continuo aumento” (a más desarrollo económico, más residuos), por lo se podría formular la siguiente ecuación: “díme cuántos residuos tienes y te diré cuál es el nivel de tu riqueza”. Pues bien, la nueva Directiva y con ella la flamante Ley de Residuos española, pretenden ir en la dirección contraria. La idea fundamental de la nueva orientación en la política de los residuos es que cada vez haya menos residuos que gestionar: es decir, la mejor política de residuos es que no se produzcan residuos.

¿Cómo lograr este milagro? Pues principalmente a través de las medidas de prevención de los residuos: prevención de su generación y mejora de la eficiencia en el uso de los recursos. Muchas de las cosas que iban antes al cubo de la basura pues ahora no se consideran residuos sino “subproductos” (cfr. art. 4º de la Ley); y en la “jerarquía de los residuos” –tal y como se recoge en el art. 8º- la últimísima opción es su “eliminación”, debiendo priorizarse otras soluciones más ambientales como -por este orden-: la prevención, la reutilización, el reciclado y la valorización (incluso la energética). Esto último no ha gustado a los ecologistas que querían eliminar la tan denostada incineración.

Aparte de otras muchas cuestiones técnicas de la Ley –que pueden consultarse en el trabajo de uno de los mejores expertos en la materia, mi buen amigo ALENZA GARCÍA (ourensano de origen)-, especialmente tres han sido destacadas por muchos comentaristas: la puesta en marcha –a partir de 2013- de programas de prevención de los residuos con medidas encaminadas a la reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados en 2010 (pued verse el interesante Anexo IV de la Ley con ejemplos de estas medidas); el plan de sustitución de las bolsas de un solo uso hasta su desaparición en 2018 (salvo las que se usen para alimentos perecederos) (cfr. Disposición Adicional 2ª); y, la opcional vuelta al antiguo sistema de retorno de envases, llamado “Sistema de Depósito, Devolución y Retorno” (SDDR) (cfr. art. 21), es decir, la posibilidad de que el consumidor pueda devolver el envase vacio en el punto de compra recuperando una pequeña fianza. Confieso que gracias este tradicional pero eficiente sistema pude embolsarme durante mi infancia unos cuantos duros.

Muchas cosas más podríamos comentar pero ahora sólo quiero terminar con una reflexión que me sugirió la lectura en la Voz de Galicia de la entrevista a Luis LAMAS NOVO, joven Presidente de SOGAMA, quien además de quejarse por la insoportable deuda de los Muncipios que arrastra esta entidad, ponía de relieve la deficiente separación en origen de residuos (la gran cantidad de “impropios” o residuos que no deben depositarse en el contenedor amarillo) en Galicia. Soy de los que piensa que una buena política de residuos debe pasar necesariamente por una vigorosa sensibilización de la opinión pública que parte de una ineludible formación y educación ambiental desde las edades más tempranas. Sé que esta línea estratégica está presente en el recientemente aprobado Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020, pero no debe olvidarse aplicar tan  importante inversión humana que, a mi juicio, precede incluso a la de las mismas infraestructuras de gestión de residuos.

Acabo de leer Ecologíada (100 batallas) Medio ambiente y sociedad en la España reciente una deliciosa antología autobiográfica sobre las incansables luchas emprendidas por uno de nuestros más famosos y activos ecologistas españoles, el sociólogo murciano Pedro Costa Morata, en los más diversos frentes del medio ambiente: desde la lucha antinuclear, hasta la defensa de la costa (tan querido por nosotros), pasando por las papeleras, las autopistas, las líneas de alta tensión y un largo etcétera. A lo largo de casi 30 años (desde 1973 hasta la actualidad) de su peripecia personal llama la atención la jovialidad y perserverancia de este ecologista de raza en su militancia, que le ha llevado hasta los últimos rincones de España (Galicia incluida) y a relacionarse con todos aquellos que en nuestro país han enarbolado la bandera del ecologismo desde sus comienzos. Me impresiona cómo resume –en su “epílogo (provisional)”- su propia historia: “perdí, voluntariamente y para siempre, mi tranquilidad, y en sus sustitutos –la tensión y la necesidad- me instalé y me reafirmo cada día, sin entender que haya de dar por concluidas, y menos superadas, las grandes tareas que han orientado mi vida”. Un magnífico colofón para expresar la actitud vital de quien defiende “a capa y espada” algo por lo que –entiende- merece la pena luchar.

Reconozco que siempre me han atraido estos luchadores comprometidos con la defensa del medio ambiente; pero no del medio ambiente en general, sino de causas concretas, sea la central nuclear de Zorita, las tablas de Daimiel, las minas de Aznalcóllar, o ¡salvemos Doñana!… Y sobre todo admiro a los pioneros, aquellos activistas que lo eran  cuando oponerse a la política imperante constituía un grave riesgo personal.

Aunque algunas veces no comparto los diagnósticos y las soluciones de los ecologistas, soy de los que piensan que si el ecologismo no existiera… habría que inventarlo. Siempre atentos a cualquier posible atentado al medio ambiente, es dificil no escuchar su voz y sus planteamientos –tendencialmente- catastrofistas, pero es que, si no, ¡no nos enteramos! Otra cosa es su proverbial pesimismo existencial –que tampoco comparto- del que el propio autor de “Ecologíadas” hace gala en su Epílogo titulado “un ecopesimismo que descarta el progreso”.

La historia del ecologismo español de la que Pedro Costa Morata es uno de sus pincipales protagonistas, junto con otros destacados representantes (Valverde, Rodriguez de la Fuente, Araujo, Gaviría, Allende, Marqués, Precioso, Varillas, Silva, Da Cruz, Oberhuber, Pastor, etc.), ha estado caracterizada –como ha descrito el conocido ensayo de Joaquín Fernández “El ecologismo español”, una historia del movimiento ecologista en nuestro país hasta el final del siglo XX- por su desencuentro casi constante con la política al uso, por su endémica falta de unidad y su ambigüedad ideológica. A diferencia de otros países de Europa como Alemania o Francia, el movimiento ecologista en España apenas ha obtenido representantes cuando ha concurrido a las elecciones políticas, y, cuando lo ha conseguido, ha sido en coalición con otros partidos (PSOE o IU).

A mi juicio, cuando el ecologismo se alía con los partidos políticos convencionales (o se intenta convertir en tales) pierde la frescura de sus planteamientos fundacionales, su dinamismo originario, y gran parte de su independencia ideológica. No obstante, deseamos toda la suerte del Planeta a Juantxo López de Uralde (antiguo Director ejecutivo de Greenpeace España) con su proyecto de partido político ecologista que –sobre la base de la Fundación Equo- se propone concurrir a las próximas elecciones generales de final del presente año 2011. Quizá “es el momento”, como reza su manifiesto programático, de que ante nuestras profundas crisis -en estos indignados tiempos- sean oportunas muchas de sus soluciones.

Durante las últimas semanas no dejan de llegar noticias desalentadoras sobre el estado de nuestras rías gallegas: que si los problemas de contaminación de las asociadas a los mayores núcleos urbanos, que si la aparación de especies invasivas, que si el repunte de furtivismo… hasta el lamentable suceso del presunto sabotaje con el vertido intencionado de queroseno en la ría del Burgo cuando estaba a punto de levantarse la veda para el marisqueo.

La imagen natural de Galicia está estrechamente asociada a sus dieciocho Rías: dos en la Mariña lucense (Ribadeo y Foz), las cuatro “Altas” (Viveiro, Barqueiro, Ortigueira y Cedeira), tres en el Golfo ártabro (Ferrol, Ares-Betanzos, y A Coruña), cuatro en Costa da Morte (Corme-Laxe, Camariñas, Lires y Corcubión) y las cinco “Baixas” (Muros-Noya, Arousa, Pontevedra, Aldán, Vigo, y Bayona). Se trata de un variado conjunto de ecosistemas litorales que configuran un frente costero realmente original y único en el mundo. Y además de esto, no haría falta recordarlo, las derivaciones de la corriente del Golfo hacia las costas gallegas provoca un fenómeno de afloramiento de aguas profundas que permite generar una extraordinaria riqueza biológica.

Pero nuestras rías no sólo son un “patrimonio natural” de valor incalculable. Son el soporte de buena parte de nuestra actividad económica (pesca, acuicultura, marisqueo, turismo, etc.) y en sus riberas se alberga ya más de la mitad de la población de Galicia.  

Si en Galicia hemos sido capaces de abordar la ordenación del litoral con la aprobación del “Plan de Ordenación del Litoral” a comienzos de presente año 2011 -que se dirige, principalmente, a la protección de la parte terrestre de nuestra costa- no debe olvidarse que tan importante es la defensa de nuestros espacios marinos. Y en este empeño se están dando pasos importantes a nivel institucional: desde la aprobación en España de la Ley 41/2010 de Protección del Medio Ambiente Marino –que obliga a elaborar “estrategias marinas” con el objetivo de lograr un buen estado medioambiental del medio marino para el 2020-  hasta la aprobación en Galicia de la Ley 9/2010 de Aguas en la que, además de otros contenidos, se dedica un apartado especial a la “protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia”, pasando por la reciente elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.

Somos conscientes de que las normas jurídicas no bastan para resolver los problemas. Desde luego que es preciso exigir a las Administraciones Públicas competentes para que las apliquen y, en su caso, pedir a la justicia que actúe con eficacia y rapidez. Pero está claro que, sin una arraigada conciencia social en la tarea de salvaguardia de nuestras rías los avances serán muy limitados.

Cuando por motivo de la crisis económica se avecinan drasticos recortes presupuestarios, no dejemos de defender la calidad de nuestro entorno vital que no es un lujo de sociedades avanzadas sino, simplemente, el soporte de nuestra subsistencia.