Ambiental y Cual

En todos los medios de comunicación aparece anunciado el evento ambiental promocionado desde 2007 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (más conocido por sus siglas del inglés, WWF), que se celebra hoy y que se llama “La hora del Planeta” o “La hora de la tierra”. Se celebra el último sábado de marzo de cada año y consiste en un apagón eléctrico –de las 20,30 a las 21,30- al que muchas instituciones, gobiernos, empresas y particulares se suman como símbolo reivindicativo sobre la oportunidad de luchar contra el cambio climático, ahorrando de esta manera los gases de efecto invernadero que se emitirían por la producción de dicha energía eléctrica.

Que conste antes de nada que soy partidario de celebraciones simbólicas como estas y que felizmente proliferan imaginativas campañas que ponen de manifiesto la necesidad de que todos nos concienciemos –seamos responsables- en la tarea de proteger nuestro Planeta y, entre todos, promover pautas de conducta respetuosas con el medio ambiente.  Son muy numerosas las campañas puestas en marcha con esta finalidad: por parte de Naciones Unidas (“únete para luchar contra el cambio climático” o “plantemos el Planeta”), de la Unión Europea (“tú controlas el cambio climático”), de las entidades locales “ (“Pacto entre Alcaldes” contra el cambio climático), y de las más diversas organizaciones no gubernamentales (“frena el cambio climático”, “coalición por el clima”, “ceroCO2”, “salva el clima”, “global campaign for climate action”…), etc.

Todo me parece fantástico y acaba por golpear los profundos estratos de nuestra interioridad, predisponiéndonos para la adopción de medidas personales y colectivas que puedan resultar precisas. Como es natural, algunos se quedarán en lo folklórico de las iniciativas y campañas y muchas organizaciones mejorarán su imagen o captarán a más socios. Pero lo que al final importa es que todas estas estrategias nos inciten a cambias nuestras pautas de conducta muchas veces insostenibles.

Compartida la finalidad de “la hora del Planeta” quiero ahora llamar la atención sobre la coincidencia de esta campaña con el “National Dark Sky Week” de los Estados Unidos en que muchos ciudadanos de ese país apagan las luces de sus hogares para observar la belleza de cielo nocturno. Y esto me permite hablar de un novedoso campo de acción de la política ambiental: la lucha contra la contaminación lumínica. En España esta tarea se inició en 1988 con la aprobación de la Ley estatal de Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias y posteriormente –a partir del año 2001- varias Comunidades Autónomas (Cataluña, Islas Baleares, Navarra, Cantabria, etc.) han aprobado normativa sobre la ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno, sobre prevención de la contaminación lumínica y para la mejora de la eficiencia energética; y también algunos municipios han dictado ordenanzas sobre esta materia.

Más recientemente el Parlamento español aprobó en 2007 la “Ley de la calidad del aire  y protección de la atmósfera” en la que se define –en su artículo 3, f) la “contaminación lumínica” como “El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior”; y se contempla en su Disposición Adicional 4ª algunos objetivos de las Administraciones públicas competentes para prevenir y reducir tal especie de contaminación.

Con los amantes y cultivadores de la astronomía –que son los que más han combatido las malas prácticas y los derroches del alumbrado público y privado- reclamo aquí la aplicación de las estrategias y normativas sobre el uso eficiente del alumbrado exterior y sobre el ahorro energético que hará posible es otro derecho necesario para nuestro goce y descanso: el “derecho a ver las estrellas” o el “derecho a un cielo oscuro”. Ah!, y, por lo menos, no deje de apagar hoy su alumbrado a las 20,30 hs.

Celebramos hoy el “Día Mundial del Agua” (instituido por la Asamblea General de  Naciones Unidas en febrero de 1993) bajo la coordinación  el Programa “Habitat” de Naciones Unidas y con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que se centra en el tema “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano”. Este año el objetivo del Día Mundial del Agua 2011 (DMA 2011) es situar el centro de la atención internacional sobre el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua. Asimismo, se trata de poner de relieve y alentar a los gobiernos, las organizaciones, comunidades y personas a participar activamente para responder al desafío de la gestión  del agua urbana.

En la Cumbre mundial de Johannesburgo de 2002 sobre desarrollo sostenible el apartado de “agua y saneamiento” fue uno de los cinco grandes temas de dicha cita internacional, uno de cuyos compromisos principales fue el de reducir a la mitad para el 2015 la pobación que no tiene acceso al agua potable o que carece de servicios de saneamiento (o lo que es lo mismo, casi la mitad de la pobación mundial).

Ahora el campaña del DMA 2011 sobre servicios hidráulicos (abastecimiento y saneamiento) para las ciudades o áreas urbanas -en las que ya vivimos 3.300 millones de personas- no pensemos que sólo se orienta para los paises del Tercer Mundo sino que constituyen una prioridad en todo el mundo. De hecho, en la ciudad en la que vivo (en A Coruña) se acaba de inaugurar –por la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- la depuradora de aguas residuales de la ciudad y de su entorno.  Y en la Ría de Vigo la mejora de estos servicios es también una asignatura pendiente.

Pero aprovechando este significado día quiero tratar muy brevemente de dos cuestiones –a modo de botones de muestra- que reflejan la enorme conflictividad que este recurso tan valioso como el agua genera en nuestro país.

De una parte, la recientísima Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de marzo de 2011 en virtud de la cual se ha declarado inconstitucional el art. 51 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 por el que se otorgaba a Andalucía competencias exclusivas sobre “las aguas de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad”, reconociendo al Estado por consiguiente sus competencias sobre las “cuencas hidrográficas intercomunitarias” (gestionadas por las Confederaciones hidrográficas que dependen del Ministerio de Medio Ambiente). Y el mismo fallo se acaba de aplicar sobre el Estatuto de Castilla y León en relación con las competencias que se atribuía sobre la Cuenca Hidrográfica del Duero. Y es que el Alto Tribunal entiende que “las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que deber ser gestionado de forma homogénea” y que la gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una mismo Cuenca hidrográfica intercomunitaria vulnera la Constitución.

De otra parte, la aprobación de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, ha generado cierta oposición por parte de quienes piensan que se ha privatizado la gestión del agua y, como conscuencia de ello, se va a encarecer muy considerablemente el precio del agua que, por ser un bien de todos, se dice “debería ser gratuito”.

Son algunos de los conflictos que la pretendida propiedad del agua y su gestión suscita que deben resolverse desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental y desde la incontestable condición jurídica de bien de dominio público que el agua tiene desde tiempos de los romanos.

Todavía nos resulta reciente la celebración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 sobre “Agua y Desarrollo Sostenible” en la que, a modo de conclusiones y recomendaciones, se aprobó -bajo la clara inspiración de la “nueva cultura del agua”- la Carta de Zaragoza 2008. En esta importante Declaración sobre sostenibilidad del agua encontramos interesantes pautas para resolver los problemas antes citados. Sobre el conflicto entre el “agua y el territorio” en la España plural de las autonomías se puede traer a colación su punto 13 al señalar que “la unidad de cuenca hidrográfica es el ámbito territorial más eficiente para aprovechar el agua y el que mejor permite resolver los conflictos entre paises, regiones o usuarios”. Y sobre el coste del agua, la Recomendación A8 de la misma Declaración, tras destacar que “el abastecimiento del agua potable y la recolección y el tratamiento de las aguas residuales son prioritarios”, apremia a las Administraciones Públicas para que los garanticen “con tarifas justas y que aseguren la cobertura de los costes”.

En fin, conflictos y desafíos sobre el agua que sólo podran solventarse desde la consideración de que se trata de un “bien de todos” pero sobre el que “todos” debemos responsabilizarnos sobre su utilización y gestión sostenibles.

No hace falta decir que estos días estamos todo el mundo conmocionados con la catástrofe que está aconteciendo en Japón. Cuando escribo estas líneas se ha abierto con particular virulencia el debate nuclear y resulta indudable que el gravísimo accidente de los reactores en la central nuclear de Fukushima Daiichi va a suponer un punto de inflexión en esta polémica cuestión.

Pero volvamos al origen de la tragedia consistente en un fuerte terremoto, un maremoto y el consiguiente tsunami que ha provocado la muerte de miles de personas (cada día aumenta el trágico número que puede llegar a superar los 10.000). Por ahora este es el dato indiscutible sobre la magnitud del desastre que se ha producido en el país que, en teoría, está mejor preparado para soportar los riesgos mayores por su posición geográfica en el “circulo de fuego del Pacífico”. Según parece las edificaciones aguantaron los terribles temblores de un 8,9 de la escala Richter, pero resultaron posteriormente barridas irremisiblemente por el impresionante tsunami cuyas imágenes sobrecogen.

Es la fuerza imparable y colosal de la naturaleza, de una naturaleza que no constituye, a mi juicio, una “venganza de Gaia”, ni un desafío divino (“act of God” llaman los anglosajones a lo que nosotros denominamos “fuerza mayor”, hechos imprevisibles o previsibles pero inevitables) pero que apelan a un profundo respeto de los seres humanos ante los desconocidos –no siempre erráticos- procesos geológicos de nuestro Planeta. En la era tecnológica actual en la que el hombre ha adquirido unas cotas de desarrollo hasta ahora inimaginables pero que, sin embargo, resultan impotentes ante acontecimientos como el que ahora vivimos, reclaman, a mi modo de ver, ese principio de responsabilidad del que nos habla Hans JONAS. Este genial filósofo alemán insiste en que la supervivencia humana depende de nuestros esfuerzos par cuidar nuestro planeta y su futuro.

Volviendo al tema de los “desastres naturales”,  según la “Estrategia Internacional para reducción de desastres” de Naciones Unidas (EIRD/ONU) el número de los desastres naturales se ha incrementado a lo largo del siglo pasado –especialmente los de carácter “hidrometeorológico” (en particular las inundaciones como las de Pakistan del año pasado) que constituye casi el 80% de todos ellos-. La misma oficina de Naciones Unidas informa que en la última década ocurrieron en todo el mundo unos 3.800 desastres naturales, los cuales costaron la vida a 780.000 personas, y, a su vez, de éste número de víctimas el 60% han sido provocados por desastres de carácter geológico (terremotos, tsunamis, etc.).

Por su parte, uno de los mejores especialistas en el análisis de los “riesgos naturales”, el Profesor Jorge OLCINA, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante opina que, en realidad, el número de peligros naturales no ha aumentado significativamente en las últimas décadas sino que más bien ha sido el ser humano un factor de riesgo al agravar con sus conductas  irresponsables e imprudentes las consecuencias de los desasatres.

Pero ¿qué se puede hacer ante un terremoto o un tsunami? (por no tratar ahora de los riesgos tecnológicos donde la responsabilidad del ser humano es más evidente). Pues muchas más cosas de las que nos imaginamos y que se estudian en una materia científica denominada “análisis y gestión de riesgos”: desde el concienzudo estudio de la vulnerabilidad de los territorios y zonas geográficas que ante la repetición de fenómenos podrían desaconsejar la instalación de actividades peligrosas en ciertos lugares; hasta los sistemas de alerta temprana (como los que existen para advertir de los tsumanis); pasando por la elaboración de “mapas de riesgo”, “planes de contigencias”, “protocolos de actuación”; sin olvidar la importantísima “comunicación del riesgo” a la población que tiene “derecho a saber” lo que sucede (siempre que no ocasione una inadecuada alarma social); medidas que, en definitiva, si no evitan el desastre ayudan a minimizar o mitigar los daños que se produzcan. Estoy convencido que el pueblo japonés ha dispuesto de muchos de estos medios sin los cuales hubiera habido una más elevado mortalidad como sucedió con el tsunami de 2004 en el océano Índico (que pasó de los 230.000 muertos).

Y, por cierto, que en España contamos con un completo dispositivo de normas, planes e instrucciones para abordar los riesgos mayores –tanto los naturales como los tecnológicos- que se encuadran dentro de lo que se denomina “protección civil” y “gestión de emergencias”. Otra cosa es que en nuestro país tenemos un importante retraso en cuanto a la preparación de la población ante dichos riesgos que conlleva la práctica regular de simulacros y ejercicios –previstos por dicho dispositivo- que no se concilia muy bien con nuestra probervial improvisación hispana.

Al final de todo, ante una catástrofe natural que desborda todas las previsiones disponibles, haya o no todos los mecanismos de gestión de riesgos que el ser humano ha sido capaz de pergeñar, ante la descomunal fuerza desatada por la naturaleza, a veces, lo único que nos queda es ¡oh Teófilo! rezar.

Resulta que el sábado pasado, el 5 de marzo de 2011, apareció publicado en el BOE la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Poca gente sabe de la existencia de esta Ley pero casi todo el mundo ha oído hablar de la “Ley Sinde” que es el nombre (para colmo, la segunda parte del apellido compuesto –González-Sinde- de la Ministra de Cultura) que se le ha dado a la nueva regulación de la protección de la propiedad intelectual para luchar contra la pirateria. Pues bien, la citada “Ley Sinde” no es otra cosa que la Disposición Final 43ª de la arriba referida Ley de Economía Sostenible (una de las sesenta que tiene). Y como es muy frecuente en nuestro país citar al todo por la parte (metonimia, se llama), vamos a comentar brevemente qué novedades ambientales de interés se recogen en dicha norma legal. Pero sobre el tema estrella de la “Ley antidescargas” (como también se ha llamado a la “Ley Sinde”) recomiendo muy vívamente, una vez más, mi blog vecino -Abonauta-  de mi buen amigo Víctor Salgado.

En la llamada “Estrategia para una economía sostenible” venía trabajando el Gobierno de Rodriguez Zapatero, desde finales del año 2009, que se ha ido concretando en un conjunto de reformas –entre las que se encuentra el “Plan E”, la propia “Ley de Economía Sostenible” y otras muchas medidas- cuyo objetivo es impulsar la recuperación económica y, por lo tanto, la creación de empleo, y todo ello, a través de una renovación del patrón productivo desarrollado hasta el comienzo de la crisis económica.

La Ley de Economía Sostenible –que tuvo su origen en una iniciativa legislativa de un Consejo de Ministros de finales de 2009  y que ha sido finalmente aprobada con los votos a favor del PSOE, del PP y del CIU- es una de esas leyes denominadas “ley ómnibus”, es decir, leyes que contienen una gran variedad normas que, a su vez, modifican o reforman a otras muchas leyes (en el presente caso, más de cincuenta normas legales). Un verdadero “cajón de sastre” lleno de elementos normativos “desgajados” que reparchean las normas desde una concreta perspectiva; en este caso, con la pretensión aportar soluciones para salir de la crisis económica y financiera, y, en particular, con la pretensión de “servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero y sostenible”. “Sostenible –sigue diciendo su Preámbulo- en tres sentidos: económicamente, esto es, cada vez más sólido, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social”.

Desde el punto de vista normativo es la primera vez –que yo sepa- que se define lo que se entiende por “economía sostenible”: “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” (art. 1º).

Pero lo que más nos interesa de esta Ley es destacar ahora (a los efectos del perfil de este blog) son sus contenidos específicamente ambientales y, más en particular, los que recogen a lo largo de su Título III, es decir, “una serie de reformas que, desde la sostenibilidad medioambiental, inciden en los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad sostenible, y, especialmente relevante en el caso español, el impulso del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación”.

De cada uno de ellos hablaremos en posteriores comentarios. Alguno como el de la “movilidad sostenible” tratábamos en nuestro anterior post. Todos ellos son, sin duda, relevantes instrumentos para abordar la crisis que sufrimos. Sin embargo, lo que, a mi modo de ver, resulta criticable es esta forma de hacer Derecho, a retazos, con antologías normativas (“leyes escaparate”, podemos denominarlas) que resultan bastante ininteligibles para el sufrido ciudadano e incluso para el jurista que debe esperar a que se consoliden los textos normativos afectados (¡más de cincuenta! como ya he dicho). Y digo yo, que no estamos en tiempos para los rompecabezas jurídicos cuando la situación exige claridad y seguridad en los planteamientos y en las medidas. El único consuelo que nos queda es que, al menos, podemos identificar tan compleja norma con el nombre de una Ministra que es, además, guionista y directora de cine.

Desde que hace una semana el Gobierno español anunció entre sus medidas del plan de ahorro energético, reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 Km/h, con el fin de reducir el consumo de petróleo en España, no paramos de leer y escuchar argumentos a favor (los menos) y en contra (los más). En las tertulias de los cafés casi no se habla de otra cosa… Hace pocos años también fue objeto de polémica la implantación por el Gobierno “tripartito catalán” el límite de los 80 km/h en los accesos a Barcelona que el flamante Presidente Mas prometió en su campaña política hacer desaparecer por su rigidez excesiva y poco racional. En éste último caso algunos defienden que la aplicación de la “zona 80” trajo consigo una menor siniestralidad, una reducción de la contaminación y una aminoración de los atascos y congestiones del tráfico.

Con la cacareada medida del Gobierno –más efectista que efectiva a mi juicio- se pretende un ahorro del consumo de carburantes de entre un 10% y un 15%. Y el dato no es baladí en la medida en que el transporte por carretera representa más del 30% de consumo de energía en España y cerca de la cuarta parte de la emisiones de gases de efecto invernadero (cfr. el Informe del RACC: Automoviles y medio ambiente, 2009). Pero en estos temas es clave contar con la opinión de los expertos, y resulta que la mayor parte de los expertos no lo ve claro. Pedro Linares opina que como máximo se ahorra un 5%, “pero, si el ahorro es para el consumidor, ¿por qué no dejarle a él que lo haga directamente si quiere?”; desde la página de “ecomovilidad.net” –que sí defienden la limitación a 80 Km/h en las áreas metropolitanas- se dice que “se ha optado por una medida drástica y general muy mal recibida por la ciudadanía, pero que no tendrá consecuencias aparte del ahorro energético, el cual será casi testimonial”; mi amigo del taller me dice que todo depende del tipo del coche y del conductor; otros “malpensados” aluden a una orquestada estrategia recaudatoria de la DGT.

Pienso que los seres humanos –y más en nuestro país- somos muy reacios a las limitaciones y prohibiciones, y estoy convencido que la buena política y el buen Gobierno se basa en la confianza de los ciudadanos y en las medidas positivas aunque en los momentos actuales de grave crisis económica sean inevitables las restricciones. Y en este sentido soy más partidario de la promoción de otras alternativas como el de la “Estrategia Española de Movilidad Sostenible” (aprobada por el Gobierno en 2009) que, desde luego, necesita mucho más tiempo en aplicarse y hasta que se vean sus frutos. Su importancia merece un comentario monográfico que procurarmos ofrecer más adelante.

Sin embargo, ya que la responsabilidad de la medida propuesta –y ahora comentada- se hace recaer sobre el ciudadano (conductor o automovilista), me parece de gran interés la difusión de la llamada “conducción sostenible o eficiente” (Eco-driving, en inglés) que está teniendo un considerable éxito en muchos países y poco a poco va calando en España. Instituciones relacionadas con el automovilismo (como el RACC), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y algunas Comunidades Autónomas (Andalucía, por ejemplo) está promoviendo esta campaña que pone de relieve sus beneficios nada desdeñables: un ahorro medio del 20% de combustible, sin disminuir la velocidad media; menos emisiones de gases contaminantes (-50% de CO2, -78% de monóxido de carbono, -50% de óxido de nitrógeno y menos contaminación acústica); disminución del riesgo de accidentes de entre el 10 y el 25%; reducción en el gasto de mantenimiento del vehículo (frenos, embrague, caja de cambios y motor); aumento de la comodidad para el conductor y menos estrés; etc.

A modo de ejemplo, recojo este decálogo sobre “claves para la conducción ecológica” (fuente: página Cosas de Motor) que  se puede encontrar en la red:

1.     En paradas largas apaga el motor. Es decir, si estás parado más de un minuto, es recomendable apagar el motor.

2.     Manten una velocidad media constante es bueno para optimizar el consumo de gasolina.

3.     Circula con la marcha más alta posible y no revoluciones demasiado el coche; el combustible lo notará. La primera es la que más consume: utilízala solo para la salida cuando estás parado.

4.     Respeta la distancia de seguridad con el vehículo que te precede, o incluso, deja que sea un poco mayor para que te de tiempo de sobra a reaccionar. En ciudad, 30 metros de distancia y en carretera por lo menos 80 (dependerá de la velocidad que lleves).

5.     Cuando deceleres, reduce la marcha lo más tarde posible: levanta el pie del acelerador y pisa el freno poco a poco para ir quitando velocidad lentamente al coche.

6.     Modera el consumo del aire acondicionado, que es uno de los elementos que más carburante necesita.

7.     Si no pisas el acelerador y tienes una marcha engranada (metida), el consumo es nulo. Normalmente hay que llevar una velocidad superior a los 20 km/h para que esto sea posible.

8.     Cuando cambies de marcha para acelerar no revoluciones demasiado el coche: entre 2.000 y 2.500 revoluciones en coches con motor gasolina, y entre 1.500 y 2.000 revoluciones en motores diesel.

9.     Manten un campo de visión amplio, que te permita ver, por lo menos, un par de coches delante del tuyo. Esto te permitirá conducir con anticipación y de forma previsible.

10. Distribuye el peso en el interior del coche.

En fin, este tipo de medidas que están contempladas a más largo plazo resultan, a mi modo de ver, mucho menos espectaculares pero más eficaces. Y estas ideas pretenden ser una humilde contribución al “Día mundial de la eficiencia energética” que celebramos mañana, sábado 5 de marzo.