Ambiental y Cual

Acabamos de celebrar el 23-F como un triunfo para la democracia treinta años después de la intentona de glope de Estado de la que afortunadamente nos zafamos. Pero por razones muy diferentes queremos recordar ahora que este 23 de febrero de 2011 ha tenido lugar la publicación en el Diario Oficial de Galicia la publicación de Decreto 20/2011 por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Han tenido que pasar nueve años, un mes y veinticuatro días desde la aprobación de la vigente Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, en cuya disposición transitoria octava se prometía la aprobación de este Plan. Y han sido casi treinta años, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia (por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril), en donde se atribuía a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva para la ordenación de su litoral (cfr. art. 27, 3).

Confieso que para mi –el 23-F de 2011- ha sido feliz al ver plasmado en el diario oficial un Plan por el que tanto hemos clamado desde nuestro Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña. Y esto lo digo desde mi condición de humilde investigador universitario, apasionado del litoral gallego (en cuyas frías aguas me zambullo semanalmente) y manifestando que me hubiera encantado participar en su elaboración pero que las circunstancias han determinado que no fuera así. Si acaso me considero su firme e incansable instigador.

Pienso que es de justicia dar la bienvenida a un Plan necesario –y urgente- para el litoral de Galicia, para proteger nuestro valioso y precioso rostro marítimo, para preservar lo que naturalmente hemos recibido y para mejorar lo que por ignorancia hemos deteriorado. Y del mismo modo, es de justicia felicitar a quienes durante muchos meses han trabajado con tanta dedicación y ahinco. Desde el último Gobierno del Presidente Fraga, pasando por el Biptartito, hasta el actual Gobierno de Feijoo, han sido muchos los borradores, trabajos, estudios, etc. que se han sucedido hasta llegar al POL. Encasillar al POL bajo la mera óptica partidista sería, a mi juicio, un muy pobre argumento para un analisis serio y concienzudo de tan digno trabajo.

Y todo esto –que ya suena a panegírico- ¿implica que el POL es un instrumento perfecto, inmejorable, incontestable, y definitivo? ¡En absoluto!, el POL como cualquier obra humana es susceptible de innumerables mejoras que el tiempo irá señalando y aconsejando. Como todo Plan de estas características prevé su mecanismo de revisión y actualización. El POL sólo aborda la ordenación y protección de una fina línea –casi imperceptible en el mapa- de los 500 metros del litoral desde la ribera del mar. Parece un pequeño paso, pero, para los que hemos estudiado un poco los procesos de ordenación del territorio y del litoral, es un paso de gigante en Galicia.

Habrá tiempo para analizar con más detalle su contenido –y el de las Directrices de Ordenación del Territorio que se han aprobado definitivamente el mismo día que el POL (veinticinco años después de su previsión en la Ley gallega de Ordenación del Territorio de 1995)- y seguir con interés su aplicación práctica a lo largo del litoral de Galicia. Por el momento, queremos celebrar que la costa de Galicia ¡ya tiene el Plan!, felicitar a los que lo han hecho posible y felicitarnos a los que hemos reclamado desde hace tanto tiempo. Ahora es tarea de todos defenderlo y mejorarlo.

Esta semana fui invitado a participar en una mesa redonda sobre el tema del ruido en Santiago de Compostela y ello me obligó a revisar las más recientes informaciones sobre uno de los asuntos ambientales que más impacto tiene sobre los ciudadanos y, en especial, los que vivimos en núcleos urbanos. Podemos hablar del cambio climático que amenaza a la humanidad entera, sobre los alimentos transgénicos que envenenan nuestra salud, sobre la contaminación difusa de nuestros acuíferos, etc,. y, sin embargo, no es fácil advertir cómo afectan estos graves problemas nuestro entorno cotidiano y nuestra realidad personal. Por el contrario, si tenemos la desgracia de vivir en una zona de marcha (o de “botellón”) de la ciudad o tenemos la mala suerte de convivir con unos vecinos ruidosos, nuestra percepción sobre los perjuicios de la contaminación sonora puede llegar a ser inquietante e incluso insoportable.

No es casual que un buen número de las quejas que se elevan a los Defensores del Pueblo (el del Estado y los correspondientes de las Comunidades Autónomas; el Valedor do Pobo en Galicia) tengan que ver con los ruidos y la persistente inactividad de las Administraciones públicas responsables para eliminarlos. Buena prueba de ello son los Informes que estos organismos han emitido sobre esta específica problemática.

La reacción del ordenamiento jurídico ante el ruido se ha producido desde las diferentes instancias normativas: desde la Unión Europea –regulando los límites de los diferentes focos de contaminación acústica hasta la más reciente y ambiciosa Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental-, el Estado español –con la aprobación de la Ley 37/2003 del ruido que es la transposición de la citada Directiva comunitaria-, las Comunidades Autónomas (por ejemplo, en Galicia, la pionera Ley 7/1997 de Protección contra la Contaminación Acústica), hasta los Municipios muchos de los cuales han aprobado sus respectivas Ordenanzas sobre protección del medio ambiente acústico (como la del Ayuntamiento de A Coruña que es casi un tratado de acústica).

Son muchos y muy interesantes los instrumentos que prevén estas normas para prevenir, reducir e incluso eliminar la contaminación acústica: “mapas de ruido” para reflejar los datos sobre la situación y calidad acústica de zonas específicas, “índices de ruido” para cuantificar la magnitud física del ruido ambiental, “planes de acción” para solucionar los problemas de las áreas acústicamente degradadas, “zonas de servidumbre acústica” para los sectores del territorio afectados por las infraestructuras de comunicación o transporte (aeropuertos, vías ferroviarias, carreteras, etc.), etc.

MUCHAS NORMAS y muy variadas técnicas de protección frente a la contaminación acústica PERO el problema está en la POCA VOLUNTAD POLÍTICA de aplicarlas e implementarlas. No es de estrañar que un buen número parte de las sentencias judiciales sobre este materia se han dictado como consecuencia de la inactividad de las Administraciones responsables de la aplicación de tan completa panoplia de normas y técnicas de protección.  Un importante botón de muestra de los que decimos son las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –con sede en Estrasburgo- de 9 de diciembre de 1994 (Caso López Ostra contra España) y, la más recientemente, de 16 de noviembre de 2004 (Caso Moreno Gómez contra España) en las que se condena al Estado español por no haber evitado la afectación sonora sufrida por los demandantes.  Y en ambos casos bajo la ingeniosa interpretación jurídica al entender –conforme al art. 8º del Convenio Europeo de Derechos Humanos- de que los ruidos soportados por los demandantes constituyen una infracción de la inviolabilidad del domicilio y una injerencia arbitraria que deberían haber eliminado los poderes públicos.

Se ha dicho que España es uno de los países más ruidosos del mundo, solo superado por Japón (según la Organización Mundial de la Salud). Y por si fuera poco, como se destacaba en la mesa redonda a la que asistí, la reciente Ley 42/2010 sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo (conocida como “Ley anti-tabaco”) va a agravar los problemas de ruido en la medida en que van a proliferar los humeantes consumidores que ocupan las calles y vías urbanas.

La solución no es nada fácil como se ha visto con los intentos de erradicar el “botellón”. Se requiere gestores públicos verdaderamente comprometidos en la protección del derecho al descanso de los ciudadanos, aunque las medidas sean impopulares para determinados grupos de población que quieren ejercitar de forma abusiva su derecho a la diversión.

 Lo único que me consuela por ahora es la existencia de la activida Asociación Española de Juristas contra el Ruido –que prestan una excelente ayuda y asesoramiento a los ciudadanos afectados- y la constitución en toda España de Plataformas contra el ruido.  Pero al final de todo, sin menospreciar la virtualidad de las normas y las condenas judiciales, la solución más efectiva deberá pasar por la promoción en la educación de los valores cívicos de la convivencia.

En las pasadas semanas, con motivo de la negociación del Acuerdo del Dialogo Social entre el Gobierno, los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales –finalmente firmado el pasado 2 de febrero- se volvió a plantear en España el recurrente tema de si debemos prolongar la vida de nuestras centrales nucleares y, en definitiva, si en el futuro será preciso que la energía nuclear forme parte del “mix energético” (suma de las diferentes fuentes de energía).

Antes de entrar en esta espinosa cuestión debo confesar que mi larga y entusiasta afición al medio ambiente me ha convertido en un pertinaz alérgico a las centrales nucleares y a sus longevos residuos. Además no puedo ocultar que soy de una generación que se enorgullecía de llevar en la solapa el famoso pin ¿nuclear, no gracias?

Dicho lo anterior, quiero manifestar aquí que me preocupa mucho cómo deben abordarse los dificiles retos del cambio climático que se avecinan y la enorme dependencia energética de nuestro país. Téngase en cuenta de que en el momento presente del consumo de energía primaria en España, casi la mitad es de petróleo (el 48,5%), le sigue el gas natural (con un 23,7%), luego la energía nuclear (con el 10,5%; pero el 18% de la energía eléctrica) y con similar porcentaje las energías renovables (9,4%), para terminar con el carbón (7,9%) (La energía en España, MITyC, 2009). Y la dependencia energética española (es decir, con respecto a los recursos externos que, por lo tanto, debemos de importar) llega casi al ¡80%! (Sostenibilidad en España 2009, OSE);  España importa el 100% del petróleo y el gas que consume y el 70% del carbón.

Si queremos “descarbonizar” nuestra economía, es decir, no depender casi exclusivamente, como hasta ahora, de las energías fósiles que son las mayores resposables de los peligrosos gases de efecto invernadero (recursos energéticos que además proceden de países exportadores de regímenes políticos inestables) pues claramente hay que variar la estrategia de nuestro consumo energético. Por supuesto que todos apostamos por las energías renovables (todavía es prematuro llamarlas “alternativas”) y la Unión Europea se ha fijado la meta de que en el 2020, el 20% de consumo energético proceda de energías renovables. Pero ¡seamos realistas!, todavía no llegamos en España al 10% de este tipo de benéfica energía. Y tenemos que estar preparados porque, como ya ha ocurrido, el precio del barril de petroleo se desmadre.

¿Qué alternativas tenemos? ¿es una buena opción la energía nuclear? Por lo pronto hablar de energía nuclear ha dejado de ser un tabú. Y así, el viejo científico ecologista –autor de la famosa “hipótesis Gaia”- J. E. LOVELOCK se descolgó afirmando en su libro La venganza de Gaia (2006) que “la civilización está en grave peligro y tiene que usar la energía nuclear o sufrir el daño que le causará nuestro airado planeta”. Un auténtico “bombazo”. De la misma opinión es P. MOORE, uno de los fundadores de Greenpeace que ahora preside la la organización Greenspirit. Y en España ha tenido cierto predicamento las ideas promovidas por la asociación de “ecologistas por la energía nuclear” (www.ecolo.org) encabezada por el ingeniero B. COMBY. Es el caso de dos sugestivos libros publicados en 2009 por científicos españoles:  J. J. GÓMEZ CADENAS: El ecologista nuclear. Alternativas al cambio climático  (Espasa-Calpe), y M. LOZANO LEYVA: Nucleares, ¿por qué no? (Debate).

Que hay muchos inconvenientes para las centrales nucleares lo sabemos: potenciales riesgos catastróficos, el problema de los residuos, el elevado precio de su construcción y desmantelamiento, etc.; pero habrá que ponderar sus ventajas: no emisión de gases de efecto invernadero, menor dependencia del exterior (nos autoabastecemos de uranio al 100%, aunque el uranio enriquecido para las centrales lo importamos), mejora en la seguridad de las centrales de 3ª y 4ª generación, etc.).

En el momento actual –tras la moratoria nuclear en España establecida en el Plan Energético Nacional de 1983- no existe ningún impedimento legal para que una empresa construya una central nuclear. Y, querámoslo o no, cuando hay déficit energético en nuestro país tiramos de los recursos de nuestros nuclearizados vecinos franceses.

Al final se trata de una cuestión económica y política. Lo importante es que no improvisemos y cabe pedir a nuestro Gobierno la máxima seriedad y transparencia en este punto. La cuestion energética no puede ser –como se ha dicho recientemente- moneda de cambio para resolver cuestiones particulares o esporádicas coyunturas.

Mucho me gustaría que fuera verdaderamente aplicable el plan “100% renovable” promovido por Greenpeace hace pocos años. Más digno de atención me parece la propuesta contenida en el Informe “Cambio Global España 2020/50. Energía, Economía y Sociedad”, presentado en el pasado CONAMA10 por algunos de nuestros mejores especialistas en economía de la energía: reducción del consumo de energía primaria (23% en 2030 respecto de 2009), incremento de las fuentes renovables (hasta el 45%), reducción de uso del petróleo (desde 49% en 2009 a 34% en 2030), disminución de la dependencia energética (del actual 80% al 68%), reducción de las emisiones energéticas de CO2 en un 50% en 2030 (respecto de a 1990), etc. Se afirma que este modelo es viable económicamente pero que es “imprescindible lograr un marco regulartorio consensuado y estable a largo plazo, que de confianza a los inversores y consumidores, agentes fundamentales del cambio” (…) “… es necesario un cambio radical en la forma en que se transforma y consume la energía…”.  En cualquier caso este Informe excluye del futuro “mix energético” a la energía nuclear.

Y ¿si no es posible lograr esta deseada transición hacia un modelo de energía sostenible y bajo  en carbono? Pues habrá que estudiar bien si tenemos que construir más centrales nucleares –como están haciendo otros muchos países- o renovar las seis que nos quedan. Y ¿qué haremos con los residuos? Pues que si no caben en el “almacén temporal centralizado” que está previsto, personas como LOVELOCK está dispuesto a prestar el jardín de su casa para enterrarlos.  Todo lo que se pueda hasta que el esperanzador proyecto ITER -un reactor de fusión nuclear mucho más seguro y limpio que la actual fisión- logre sus frutos o se acabe implantado la llamada ”economía del hidrógeno” de la que habla J. RIFKIN.