Ambiental y Cual

El pasado 28 de julio fue debatido en el Parlamento de Cataluña una proposición de Ley –basada en una iniciativa legislativa popular promovida por la plataforma Prou! (¡Basta!) que recogió 180.000 firmas- para la modificación de la Ley catalana de protección de los animales de 2008, con el objetivo de prohibir las corridas de toros en Cataluña a partir de 2012. Como sabemos, tras un largo e intenso debate y una gran expectación en los medios de comunicación, la proposición ha sido aprobada en el Parlamento catalán por una ajustada mayoría de sus diputados: 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, en una votación en la cual no han participado tres de los 135 diputados. La iniciativa ha contado con el respaldo de ERC (21 diputados) y de ICV-EUiA (12) y con el de la mayoría de los 48 representantes de CiU, que ha dado libertad de voto.

Durante las últimas semanas he estado leyendo con gran interés los argumentos a favor y en contra de dicha propuesta esgrimidos bien sea por los defensores de los derechos de los animales, bien por los aficionados de los espectáculos taurinos, por parte de los veterinarios (anti-taurinos y pro-taurinos), por renombrados filósofos, por afamados toreros, por ecologistas, por políticos de derechas y de izquierdas, etc., etc. En definitiva, un intenso e interesante debate intelectual en el que, a fin de cuentas, se plamtea (una vez más) la gran cuestión sobre la existencia –o no- de los derechos de los animales (en este caso de los toros de lidia). Que conste que no desconozo la Declaración Universal de los derechos del animal, firmada en Londres el 23 de septiembre de 1977.

Confieso que no soy aficionado al llamado “arte del toreo”, pero reconozco que el hecho de haber pasado mi infancia y adolescencia en la “Pamplona de los Sanfermines” me ha dejado una profunda huella sobre la -para mi- bella estampa de los toros bravos corriendo en compañía de los mozos en el “encierro”.

Este debate mediático me ha permitido releer algunas obras de los más reconocidos animalistas (es decir, defensores de los derechos de los animales), empezando por el filósofo utilitariasta australiano, Peter SINGER, autor de la obra: Liberación animal (traducida del inglés y editada por Trotta, Madrid, 1999), pasando por el más relevante de sus defensores españoles, el filósofo español Jesús MOSTERÍN (¡Vivan los animales!, Temas de Debate, Madrid, 1998), y terminando por una de las más recientes obras de contenido juridico, la del también Profesor Pablo de LORA (Justicia para los animales. La ética más allá de la humanidad, Alianza-Ensayo, Madrid, 2003).

Hay que reconocer a los defensores de los animales la creación de un estado de opinión que ha permitido promover una extensa y completísima normativa de lo que se viene llamando el “bienestar animal” y que, a mi juicio, constituye un gran avance de la humanidad (de su benevolencia con el resto de los seres vivos). Se han firmado diversos Convenios europeos para proteger a los animales domésticos en las actividades de explotación, transporte, experimentación, sacrificio, etc. La Unión Europea ha aprobado un buen número de directivas en esta materia (transpuestas en España, principalmente por la Ley 32/2007, de 7 de noviembre); el propio vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé en su art. 13 el respeto de las exigencias en materia de bienestar de los animales “como seres sensibles” (aunque “respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio”).

En España, desde principios de los años noventa, muchas leyes autonómicas se han aprobado sobre la protección de los animales domésticos, de compañía o salvajes en cautividad. Y el Estado español ha fortalecido la defensa del bienestar animal con la creación –a partir de la reforma del Código Penal de 2003- del “delito de maltrato de animales domésticos” (art. 337), además de la “falta de maltrato” (que ya existía desde su aprobación en 1995).

Comprendo perfectamente que, por encima del rastrero argumento del ataque o defensa de la fiesta de los toros por tratarse de un símbolo de la unidad de España, pueda no gustar a muchos los espectáculos taurinos. Es lo cierto que la pervivencia de los toros de lidia dependerá de la gente los demande. Y pienso que todavía hay muchas personas en España que disfrutan, no de sangrientos ensañamientos y de patéticos sufrimientos, sino de la imprevisible reacción entre la destreza del hombre y la nobleza del toro de lidia. Tampoco me parece un argumento sólido que la “fiesta” haya de continuar por el sólo hecho de mantener un negocio económico ancestral.

En todo caso, analizando la razón fundamental de los animalistas -que defienden el reconocimiento de los derechos de los animales (por el hecho de ser vivientes que sienten y que sufren)-, discrepo con ellos en esto. Y suscribo plenamente la lúcida reflexión de la filósofa Adela CORTINA (en su reciente obra: Las fronteras de la persona. El valor de los animales, la dignidad de los humanos, Taurus, Madrid, 2009), afirmando que carece de fundamento racional hablar de derechos de los animales, y que, por este motivo, “más vale reconocer que los animales son valiosos, que es un deber no dañar a los seres con capacidad de sufrir y proponer normativas legales, pero no manejar el discurso de unos presuntos derechos naturales de los animales, que no puede hacer sino acabar anulando el sentido de los derechos anteriores al pacto, los humanos. Más vale, pues, aprender a priorizar, que es la exigencia primera de cualquier sociedad que quiera ser justa: lo primero es lo primero. Los mejores recursos deben emplearse para las mejores causas. Y en este orden de prioridades, el trabajo por el desarrollo de las personas y de los pueblos es a todas luces prioritario como cuestión ineludible de justicia” (p. 226).

Algunas de las cifras de la “destrucción a toda costa” –que aparecen en la 10ª edición del Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral español- son muy significativas: “en los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día”, “en 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3 millones de nuevas viviendas”, “en 2010, 38 ciudades españolas incumplen la normativa sobre depuración de aguas, cuyo plazo vencía en diciembre de 2000”, … Un panorama bastante descorazonador. Pero de nada vale lamentarse. ¿Qué hacer?

Desde luego, estoy bastante de acuerdo con este Informe en que el “modelo económico basado en el ladrillo” y “depredador del litoral” está periclitado, aunque Greenpeace no está segura de que haya pasado a la historia. Con más de un millón de viviendas en stock, pendientes de venta (en manos de muchas instituciones financieras que las promocionaron irresponsablemente) y con más de tres millones de viviendas vacías, veo dificil que sector inmobiliario vuelva a la pujanza de tiempos anteriores.

Pese al indudable coste ambiental de las grandes infraestructuras –autovías y puertos industriales- que contempla el Plan Estratégico de Infraestructuras del Estado (2005-2020) y que critica ampliamente el Informe, no tengo tan claro que constituyan un valor retardatario para la recuperación económica. Pero debe exigirse la seria y responsable utilización de los instrumentos de la evaluación ambiental en cada proyecto y en conjunto (la llamada evaluación estratégica de planes y programas).

Comparto plenamente en que, cuanto antes, debe de retomarse por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Estrategia de Sosteniblidad de la Costa –un necesario plan de gestión integrada de las zonas costeras recomendado por la Unión Europea- que, inexplicablemente está abandonado desde el año 2007. En ella se contemplaba, entre otras medidas, la adquisición de terrenos en zonas sensibles y de interés ecológico del litoral como viene haciéndolo el Gobierno francés.

Es muy interesante la creación de reservas litorales y marinas que permitan la conservación de ciertos tramos de la costa y su cogestión por los usuarios del medio rural. Existen en Galicia varias buenas experiencias al respecto como son los casos de Lira (en Carnota) y la Ría de Cedeira.

Resulta urgente y prioritario la aplicación de la normativa de aguas residuales en las grandes ciudades costeras (no aprendemos a pesar de las repetidas condenas comunitarias que hemos recibido). Y, lo mismo, en cuanto a la actualización del modelo de gestión de la contaminación marina accidental (¿para cuándo un renovado Plan de Contingencias? En vigente es de 2001, anterior al Prestige).

Y, por supuesto, la innegociable lucha contra la corrupción urbanística (verdadera lacra de la política muncipal en España), un cambio de modelo en el desarrollo turístico (menos macrocomplejos hoteleros y urbanizaciones masivas) de mayor calidad y con una adecuada integración en el patrimonio natural y ambiental, la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de los responsables públicos que traicionan la confianza de los ciudadanos con impresentables gestiones, etc. De acuerdo con estas propuestas de Greenpeace.

Sin embargo, en lo que estoy más plenamente de acuerdo es con su última conclusión: que (como siempre) la educación es imprescindible. “La educación ambiental –termina el Informe de Greenpeace- es una herramienta imprescindible en estrategias integrales de protección de la costa, para que resulten más efectivas. Cada ciudadano tiene poder para reclamar a las administraciones públicas políticas de desarrollo urbanístico y planificación territorial sostenibles, así como denunciar agresiones al medio costero”. Sus frutos no se ven a corto plazo pero al final es la estrategia más efectiva.

En la 10ª edición del Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral en España –que, como ya hemos dicho, pretende ofrecer un balance de la última década (2000/2010)- se hace referencia a cada una de las diez Comunidades Autónomas costeras.
“A pesar de presentar un litoral privilegiado, Galicia no ha cuidado su costa durante esta última década”. Con esta conclusión se inician las páginas dedicadas en el citado Informe a nuestra Comunidad Autónoma. Y para fundamentar esta opinión se hace un repaso exhaustivo sobre las actuaciones que, a juicio de Greenpeace, han afectado negativamente a la Comunidad que ocupa el segundo puesto con más costa protegida (el 52,3 %). En primer lugar, la “marbellización” del litoral gallego que con el “boom” de ladrillo ha arrojado la desorbitada cifra de 800.000 viviendas proyectadas en los 86 municipios costeros, con la consiguiente amenaza para miles de hectáreas de bosques y espacios naturales; un acelerado proceso que sólo con la aprobación en 2007 de la Ley de Medidas Urgentes del litoral ha sido frenado por la moratoria que impide la construcción en la franja de 500 metros desde la ribera del mar.
En segundo lugar, el Informe critica la proliferación de infraestructuras portuarias –comerciales y deportivas- programadas en estos años, con una referencia especial al nuevo puerto exterior de A Coruña. Como contrapunto en esta materia se destaca como “buena noticia” la anulación en 2009 por el Tribunal Supremo de la ampliación del puerto de Marín por no contar con el preceptivo estudio de impacto ambiental. También en la línea de costa se consideran negativos los nuevos proyectos de plantas de acuicultura, algunas de las cuales afectarían a espacios de la Red Natura 2000.
Otro relevante apartado del Informe “Destrucción a toda costa” sobre Galicia es el relativo a los problemas de contaminación que perjudican al litoral gallego y que ponen en peligro su extraordinaria riqueza pesquera y marisquera. Los vertidos industriales y la falta de depuración de las aguas residuales urbanas, así como los repetidos accidentes y catástrofes marítimas, son particularmente perjudiciales para esos ecosistemas tan característicos y valiosísimos de Galicia como son las rías.
En su exposición sobre Galicia el Informe concluye destacando las “asignaturas pendientes” como la aprobación del “Plan de Ordenación del Litoral”, la efectiva protección de los espacios naturales protegidos de la costa, la no ejecución de determinados puertos comerciales y deportivos de gran impacto ambiental, la mejora de las medidas de seguridad marítima frente a los accidentes marítimos, y la necesaria regeneración de las rías gallegas.
Ciertamente, estamos a tiempo de conservar nuestro más preciado patrimonio natural. La “crisis del ladrillo”, pese a sus indeseables consecuencias para el desarrollo económico de nuestra tierra, ha traido consigo el benéfico efecto de la relajación de la presión urbanística que atenazaba algunas zonas costeras de Galicia. El pasado mes de junio acaba de aprobarse el documento inicial de las “Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia” uno de cuyos elementos clave es el litoral (“paisaje de calidad, de identidad y de excelencia”) y sigue en tramitación el “Plan de Ordenación del Litoral”. Ayer mismo nos enterábamos del acuerdo firmado por las Administraciones del Estado, la autonómica y la local para ampliar la depuradora de la Ría de Vigo. No obstante, quedan todavía muchas incógnitas pendiente como la reconducción de la urbanización en algunos puntos de la Mariña lucense, los nuevos emplazamientos de plantas de acuicultura, el control de los vertidos, la aprobación del renovado Plan Hidrológico de Galicia-Costa, la aplicación de los instrumentos de protección de la Red Natura, etc.
Confiemos al menos que entre todos seamos capaces de valorar el magnífico patrimonio que hemos heredado y que hemos de proteger a toda costa.