Ambiental y Cual

Se acaba de publicar, a comienzos de este veraniego mes de julio de 2010, la 10ª edición del Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral que es conocido por su expresivo título Destrucción a toda costa.
Felicitamos a Greenpeace por su incansable constancia en poner de manifiesto los puntos negros los más de 8.000 kilómetros de zonas costeras que constituyen uno de nuestros mejores patrimonios naturales y económicos, y que comprenden los puntos de atracción del 80 por ciento de los más de sesenta millones de turistas que visitan nuestro país. Zonas costeras en la que, por cierto, ya vivimos el 44 por ciento de la población española.
Siguiendo el esquema expositivo de los Informes precedentes, en la nueva edición se efectúa un diagnóstico general de la situación actual en el conjunto de España y luego se analiza cada una de las diez comunidades autónomas costeras además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esta ocasión nos parece que tiene un particular interés su lectura; al tratarse de la décima edición del Informe, su contenido se presenta a modo de grandes líneas de las actuaciones –públicas y privadas- sobre la costa en la última década, con especial referencia a las que han resultado negativas o destructoras de sus valores ambientales.
Con carácter general, en el conjunto de todo el Estado español, el argumento principal del informe es, como no podía ser menos, la burbuja inmobiliaria promovida por los gobiernos y apoyada alegremente por las entidades financieras. Lo cual ha conllevado una extraordinariamente presión urbanística sobre todo el litoral español –y, por consiguiente, de muchas zonas de especial valor ecológico- con la construcción de varios millones de viviendas. Un lucrativo negocio de lo que mi querido maestro Ramón MARTÍN MATEO (padre del Derecho Ambiental español) ha denominado la gallina de los huevos de cemento. Pero si la urbanización ha sido siempre –como destaca el Informe- “uno de los principales problemas de la costa”, ello viene agravado por abundantes casos de corrupción que se han detectado tras las sospechosas recalificaciones del suelo; aunque (lo que resulta más triste) no siempre los cargos públicos implicados en semejantes turbias operaciones resultan castigados en las correspondientes elecciones democráticas.
La degradación de la costa no sólo se debe a la mala urbanización de los espacios costeros. De la crítica del Informe no se escapan las grandes o pequeñas infraestructuras portuarias -desde los grandes puertos del Estado y sus ampliaciones, hasta los numerosos puertos deportivos que jalonan todo el litoral español- que, sin dejar de suponer un evidente signo de progreso económico, conllevan igualmente importantes impactos ambientales sobre la delicada dinámica litoral. Sin embargo, estamos de acuerdo con el Informe en que la contaminación de las aguas marinas, por un deficiente control de los vertidos y la falta de depuración de las aguas residuales constituye una de la asignaturas pendientes de la protección de la costa. Prueba de ello son las múltiples denuncias y sanciones que España ha recibido de la Unión Europea por incumplir e infringir la correspondiente normativa ambiental comunitaria.
Y como colofón de todo lo anterior, y en parte debido a la saturación de la franja costera, a la contaminación y a la desaparición acelerada de las playas, resulta que el turismo, principal motor económico de España, ha comenzado a resentirse. La industria turística –señala en Informe- viene acumulando su sexto año consecutivo de descenso de ingresos. De hecho Estados Unidos acaba de desbancar a España de su segundo puesto en el ranking mundial de llegadas. Es urgente en España, por consiguiente, la aplicación de un modelo turístico costero mucho más sostenible.

En estos días está teniendo especial eco en los medios de comunicación la detención de varios patrones de buques pesqueros (la llamada “Operación Abuelo“) por tenencia de explosivos (dinamita) con los que presumiblemente se utilizan para la pesca de ciertas especies como la sardina. Desgraciadamente se trata de una práctica ancestral que se viene persiguiendo desde antiguo. Prueba de ello es la vieja Ley de 31 de diciembre de 1946 sobre represión de la pesca con explosivos en cuya exposición de motivos, además de referirse a una Reglamentación sobre libertad de la pesca de 1 de enero de 1885 (en la que ya se consideraba ilícito el uso de la dinamita), se justifican las sanciones gubernativas porque tales prácticas “agotan y ponen en peligro de desaparición tan importante fuente de riqueza”. En aquello tiempos se trataba de proteger los recursos pesqueros como parte de la riqueza nacional sin tener en consideración los daños colaterales al medio ambiente marino.http://video.google.com/videoplay?docid=-7872293913222844441

Actualmente, la pesca con explosivos -tanto en los ríos como en el mar- tiene la consideración de una infracción administrativa “muy grave” (así, por ejemplo en el art. 138,2 de la vigente Ley 11/2008, de Pesca de Galicia , en el art. 97, g) de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima de Estado). Y según el Código Penal, no sólo la tenencia o depósito no autorizado de explosivos puede constituir un delito, sino que incluso se prevé dentro de los delitos relativos a la protección de la fauna (piscícola, por ejemplo) la utilización de medios explosivos. Sin embargo, es triste comprobar que existen muy pocos casos de condenas por estos hechos delictivos. Y es que resulta muy dificil probarlos.

Como afirmaba el otro día en la Voz de Galicia Pablo CARRERA (biólogo y Director del Museo del Mar de Vigo), “los efectos de uso continuado de explosivos pueden durar hasta treinta años” y comprometer muy seriamente el futuro de este sector extractivo. Se alude también a los efectos devastadores sobre el fondo marino que pone en grave peligro la recuperación de los stock de las especies afectadas. “A tentación ten que ser moi forte –señala este experto-, pero estragan o seu futuro”.

A nivel internacional la lucha contra este tipo de insostenibles prácticas pesqueras, se enmarcan dentro de lo que se viene denominando “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” que incluye supuestos tan variopintos de buques pesqueros que: no posean un permiso de pesca válido; no comuniquen o registren los datos relacionados con las capturas; pesquen en una zona de veda; pesquen especies no autorizadas; utilicen artes prohibidos o no conformes; falsifiquen o disimulen su identidad; etc. La FAO promovió el 12 de marzo de 2005 la aprobación de la “Declaración de Roma sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”; la Unión Europea promulgó el Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo de 29 de septiembre por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; pero, al final, de qué sirve tanta reglamentación si falta una verdadera concienciación del problema en algunos de los profesionales (?) de la pesca; la mayoría son sacrificados y ejemplares trabajadores del mar que conocen bien el estado y los ritmos de recuperación de los recursos. También los mayoristas, los minoristas e incluso los consumidores podemos retrasar la erradicación de pesca tan irresponsable si no exigimos, cuando es posible, una certificación de productos pesqueros fiables. En todo caso, la responsabilidad es compartida y aquí no sólo está en juego nuestra saludable alimentación sino el entorno marino (el estado de los ecosistemas marinos) del que dependen los valiosos e insustituibles recursos pesqueros.

El pasado día 21 de junio se celebró en la Universidad de Zaragoza el acto de investidura de Doctor Honoris Causa del Profesor francés Michel PRIEUR, distinción que recibió junto con otros prestigiosos científicos, el Profesor español Manuel LOSADA VILLASANTE (Catedrático de Bioquímica) y el Profesor norteamericano Frank T. AVIGNONE (referencia mundial sobre la Física de Neutrinos y de Astropartículas).

Tengo el honor de ser amigo de Michel PRIEUR, Catedrático de Derecho Público de la Universidad de Limoges y una de las eminencias mundiales en el campo del Derecho Ambiental, desde hace dos décadas, justo cuando empezaba yo a interesarme por estas cuestiones del medio ambiente y de su protección jurídica.

El tema elegido por el Profesor galo para la lección de toma de posesión de su nueva cátedra zaragozana ha sido El nuevo principio de “no regresión” en Derecho Ambiental. Una temática muy oportuna en un momento como el actual en el que la crisis económica amenaza con trastocar muchos de los logros alcanzados en tantos años de bonanza económica. Y no sólo que, por primera vez en la historia de España, se nos rebaje el sueldo a los funcionarios (cuestión que por otra parte a muy pocos importa, salvo, claro está, a nosotros). No, lo que el Profesor PRIEUR pone de manifiesto es el riesgo de que en el panorama político triunfen los que siguen considerando que las políticas ambientales constituyen un obstáculo para el crecimiento económico. Prueba de ello es el reciente fracaso de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático.

A lo largo de su conferencia –que se puede consultar, en su versión extendida, en una publicación de las Prensas Universitarias de Zaragoza editada con motivo del acto de investidura- el Profesor de Limoges va desgranando las razones y los fundamentos jurídicos para convencernos de que se puede mantener la vigencia del citado nuevo principio jurídico de la “no regresión” en la protección ambiental. “El medio ambiente nos deja, a la vez, –dice el Profesor- en un espacio sin fronteras y en tiempo sin límites” y, cada vez en más textos jurídicos ambientales aparece la proyección de su ámbito de protección hacia “las generaciones futuras”. Entre los muchos textos que se citan, una clara afirmación de la irreversibilidad de las medidas relativas al medio ambiente es la afirmación contenida en el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales del nuevo Tratado comunitario de Lisboa para defender un “alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”.

El Prof. PRIEUR con el coordinador de este blog

Pero, por encima de los reconocimientos, mas o menos explícitos, del Derecho Internacional y de muchas Constituciones de los países del mundo, sobre la emergencia de un verdadero derecho al medio ambiente –que todos los seres humanos tenemos en este Planeta- mi buen amigo Michel concluye afirmando que “el derecho ambiental contiene una esencia intangible estrechamente vinculada al mas intangible de los derechos humanos: el derecho a la vida, entendido como un derecho a la supervivencia frente a las amenazas que sufre el Planeta debido a las múltiples degradaciones del medio de vida de los seres vivos”. Y de aquí el formidable reto que él mismo nos propone –a juristas y no juristas- “… crear una nueva escala de valores para garantizar, de la mejor manera posible, la supervivencia del frágil equilibrio entre el hombre y la naturaleza teniendo en cuenta la globalización del medio ambiente”.