La Voz de Galicia
Girando en círculos sobre la música pop
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La polémica creada estas dos últimas semanas en torno al cobro de un canon de 95 euros al grupo de teatro escolar del instituto Ramón Menéndez Pidal de A Coruña supone un perfecto caso práctico sobre el funcionamiento de los derechos de autor. Los alumnos del centro van a representar Bodas de sangre de Federico García Lorca en el Forum Metropolitano el próximo 19 de febrero. La SGAE les obligaba a pagar por ello. ¿Su argumento? Como la función tendrá lugar en un recinto integrado dentro del circuito de salas comerciales y de teatro aficionado, el grupo pasa de escolar a ser considerado una compañía de teatro aficionado. La repulsa ante esa postura fue inmediata. La sociedad, incapaz de entender cómo se le estaba imponiendo algo así a unos escolares, apuntó con el dedo a la entidad gestora.

ninos-zalaeta1Pero en la argumentación de la SGAE quedaba al fondo un tercer agente que, generalmente, se mantiene fuera de estas polémicas: los titulares de los derechos de autor. Si, tal y como sostienen la SGAE, ellos son los que establecen lo qué se cobra y cuándo se cobra, cabía formular una pregunta: ¿Ya que la SGAE actúa como simple intermediaria al mandato de los autores y/o herederos qué sucede si estos titulares renuncian al cobro? El interrogante se hizo. La respuesta, aunque no todo lo contundente que debería, fue la lógica: si los herederos de Lorca renuncian al canon este no se cobra. 

La polémica se paseó durante días en las hojas de los periódicos y los diales de la radio. De cualquier modo, el propio director del centro, José Toba, remitió un e-mail a Manuel Fernández Montesinos, sobrino de Federico García Lorca y representante de la comunidad de herederos del escritor, explicándole el caso y solicitando la exención del canon. No sirvió de nada. Tal y como explicó Toba, la respuesta de Fernández Montesinos (que días antes había manifestado su deseo de no cobrar, diciendo que la SGAE no le había comunicado nada del caso en concreto) coincidía, punto por punto, con la argumentación de la SGAE.

“Que paguemos no significa que nos vayamos a callar”, afirmó el director del instituto, que empleó gruesos adjetivos para definir tanto a la SGAE como a los herederos de Lorca. A ambos los acusaba de escudarse en la burocracia, de no querer ver lo que todo el mundo veía con una claridad meridiana: que lo que iba a tener lugar el 19 de febrero en el Forum Metropolitano era una función escolar. Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. Mensajes de apoyo en la prensa, grupos de Facebook, la propuesta del BNG en el Congreso de los Diputados para cambiar la ley… ¿La más entrañable? Un ex alumno del centro, hoy vinculado al mundo del teatro, que se ofreció a pagar de su bolsillo los 95 euros.

Y cuando todo apuntaba a un escándalo monumental, el heredero de García Lorca, Manuel Fernando Montesinos, telefoneó al instituto. Ocurrió anteayer, seis días después del estallido de la polémica. En esa conversación Montesinos modificó la postura que había manifestado en su misiva electrónica. Acto seguido solicitó a la SGAE que no cobrase el citado canon. Y la SGAE, como no podía ser de otra manera, atendió la orden. 

De todo el proceso sabe concluir una explicación lógica: la SGAE actúa por orden -explícita o implícita- de los creadores y de los titulares de sus derechos. Pese a que la opinión pública, por lo general, detiene su análisis en los aspavientos televisivos de Jose Ramón Martínez Marquéz (¿se puede usar su nombe artístico o hay que pagar derechos?), existe detrás todo un elenco de titulares de derechos que se lucran de toda esa gestión, la aprueban y permiten que siga existiendo. De ellos, como ha quedado demostrado en este caso, también depende que no se cometan según qué abusos morales y económicos. A la SGAE se le puede culpar de muchas cosas. Aquí, por ejemplo, de aferrarse al cobro en base a un concepto de “compañía de teatro aficionado” que, a todas luces, no cuadraba con la realidad. Pero todo se podía haber evitado desde el principio con una renuncia expresa de los herederos del escritor granadino.

La renuncia llegó. Eso sí, un día después de habérsela negado el director del centro por correo electrónico. Cabe preguntarse ahora: ¿Hubiera terminado todo así de no haberse usado el altavoz de la prensa? Los chicos creen que no. La sociedad, en general, mucho nos tememos que piensa lo mismo. Por ello, estos adolescentes son hoy los héroes de la lucha contra el exceso. El de la SGAE, pero también el de los titulares de los derechos de autor que se parapetan en ella.