Fuera de Página

Dice el ex ministro Jordi Sevilla que María Teresa Fernámdez de la Vega se va. Que lo dice todo el mundo y, lo que es más importante, que también lo dice ella. La decadencia politica de la vicepresidenta es una evidencia que hasta ahora nadie se había atrevido a señalar de manera pública en el PSOE. Bien es verdad que a Jordi Sevilla se le nota que la herida que le dejó Zapatero al decirle adiós con un portazo todavía le sangra. De hecho, en la misma entrevista en Vanity Fair -cómo les gusta a los dirigentes del PSOE esta revista- Sevilla se queja de que el presidente castiga a quienes caen en desgracia con el látigo de su indiferencia. Siempre será mejor la indiferencia que la venganza o la persecución política. Y dice también Sevilla, más suelto por lo que se ve desde su despacho en Price Waterhouse Coopers de lo que estaba en su abandonado escaño, que para la sucesión de Zapatero en el PSOE sólo hay dos candidatos: Pepe Blanco y Pepe Bono. Así que ya saben. El futuro es un Gobierno con más Salgado y menos De la Vega y un duelo al sol en el PSOE entre “los Pepes”. Por cierto, ¿qué hacía el muy liberal Jordi Sevilla el pasado martes en una mesa del Hotel Santo Mauro de Madrid conspirando con el muy rojo alcalde de Getafe y presidente de la FEMP Pedro Castro? ¿Le estaba enseñando economía en dos tardes como a Zapatero? ¿O es que los dos extremos del PSOE empiezan a repartirse el futuro del partido?

Resulta absolutamente incomprensible el empecinamiento de Rosa Díez en no pedir disculpas a quien se haya podido sentir ofendido con su desafortunado comentario, en el que dijo que Zapatero podría ser gallego “en el sentido más peyorativo del término” y a Mariano Rajoy lo definió simplemente como “gallego”. Más allá de la evidente torpeza intelectual que refleja el comentario, la diputada de UPyD ha tenido sobradas oportunidades de enmendar, corregir o pedir disculpas a quienes ha ofendido. Pero se niega sistematicamente a hacerlo.

La Voz de Galicia le brindó desde el primer momento la oportunidad de hacer esto y ella lo ha rechazado, lo que evidencia una soberbia personal que la incapacita para ejercer la política y que ha destrozado su futuro político en Galicia, precisamente uno de los supuestos caladeros de votos de su formación, junto a Cataluña y País Vasco. Hay que tener en cuenta que Rosa Díez ni siquiera necesitaba reconocer que se ha equivocado y que ha metido la pata. Bastaba para enmendar en algo su error con que pidiera perdón a quienes se hayan podido sentir ofendidos con su comentario, dejando claro que no no era esa su intención. Pero ni siquiera eso hace. A lo más que llega Díez es a decir que ella no quiso ofender a nadie, como si eso acabara con el problema. Sólo faltaría que dijera que sí, que en efecto, lo que pretendía era insultar a los gallegos. Queriéndolo o no, parece evidente que ha ofendido a muchas personas. Y si tuviera no ya la más mínima categoría personal, sino alguna agudeza política, debería al menos tener una consideración hacia ellas. Decir que Zapatero podría ser gallego en el sentido más peyorativo del término es ya un insulto en sí mismo. Pero acaso resulte más grave que defina a Rajoy simplemente como “gallego”. Que la opinión que Rosa Díez tiene sobre Rajoy es mala es de sobra conocido. Por eso definirlo solo como “gallego” se convierte en un insulto generalizado contra toda Galicia, no solo en el sentido más peyorativo sino en todos los sentidos.

La diputada de UPyD cree que la mejor estrategia política ante este caso es dejar que pase el tiempo y el tema se olvide. Pero con esa actitud no hace sino agrandar la sima en la que ella misma se ha metido. Su imagen, y la de su partido, sale muy seriamente dañada de este episodio, y no solo en Galicia. Algo de lo que se relamen el PSOE y el PP. En cuanto a su futuro y el de su formación en esta comunidad, cuesta imaginarse en este momento que Díez pueda siquiera acercarse a Galicia durante la próxima campaña electoral sin provocar graves incidentes. Los gallegos hacen bien en exigirle una rectificación. Pero debería ser su propio partido, si pretende demostrar la más mínima autoridad o aspira a tener un futuro político, quien la forzara a presentar disculpas ante algo que, además de suponer un insulto gratuito a todos los gallegos, está perjudicando a su formación.

El Gobierno y la Xunta llevan más de catorce horas de reunión durante esta semana para intentar un acuerdo en torno a la ley gallega de cajas, que se sumarán a otras siete como mínimo el próximo martes. Pueden parecer muchas, pero no son tantas si se tiene en cuenta que el objetivo es nada menos que evitar sea el Tribunal Constitucional, no el Gobierno ni la Xunta, quien termine por decidir cuál es el futuro de las cajas gallegas y la perspectiva de todo el sistema financiero de Galicia. Podrán dilatar la negociación todo lo que quieran, pero Gobierno y Xunta saben que están condenados a llegar a un acuerdo. Ni los gallegos ni Galicia les perdonarían a ninguno de los dos que no alcanzasen el pacto.

Si finalmente el Gobierno se muestra inflexible y decide continuar con el recurso, sería imposible la fusión entre las dos cajas gallegas, independientemente de las condiciones en las que se hiciera, ya que no se llegaría a tiempo para solicitar al FROB los más de 1.900 millones de euros necesarios, según la auditoría encargada. Eso sería catastrófico para Galicia y el PSOE lo sabe. Como sabe también que, de ocurrir eso, lo pagaría muy caro en las urnas, de manera que Feijoo se asentaría durante muchos años en la Xunta y los socialistas perderían también escaños en Galicia en las elecciones generales.

Para la Xunta sería inimaginable también que no hubiera acuerdo. Si el Ejecutivo gallego se mantuviera inflexible y se negara a hacer ningún cambio en la ley que permita un consenso quedaría como el que ha imposibilitado la fusión de las cajas galegas al haber supeditado el control político sobre la gran entidad resultante sobre el interés económico de Galicia. Es decir, habría priorizado su propio interés político sobre el interés económico de todos los gallegos. Si ese fuera el caso, los gallegos no se lo perdonarían tampoco. La gestión de Feijoo, sea cual sea, quedaría completamente opacada tras ese fracaso y su paso por la Xunta podría ser efímero.

De modo que será antes o después, con más negociación o con menos, pero el acuerdo va a llegar. No solo porque lo necesitan los gallegos, sino porque lo necesitan Feijoo, Zapatero, José Blanco y muchos otros.

trabucaire.

(Del cat. trabucaire, el que lleva trabuco).

1. adj. Valentón, animoso, osado.

2. m. Antiguo faccioso catalán armado de trabuco.

El Congreso fue escenario hoy de un pequeño revuelo cuando el diputado del PP Gerardo Conde se refirió a Abel Caballero, sin llegar a nombrarlo, como un “alcalde trabucaire” que convoca manifestaciones en lugar de defender los intereses de Galicia. La ministra Elena Salgado, a quien Conde preguntaba sobre el recurso a la ley gallega de cajas, se lo tomó por la tremenda y calificó de “insulto grave” la afirmación del diputado gallego. Le exigió de hecho que retirara sus palabras, algo que Conde no hizo. Lo cierto es que la ministra se equivoca al calificar de insulto la expresión “trabucaire”. Según el diccionario de la Real Academia Española, no significa otra cosa que “valentón, animoso y osado”, calificativos que más parecen un halago que un insulto. Ser calificado de valiente y animoso en un debate tan arduo como el de las cajas, en el que muchos se comportan de forma un tanto cobarde, es algo que todo el mundo estaría dispuesto a aceptar. Lo que no se entiende muy bien es qué pretendía decir el diputado gallego. Si a lo que aspiraba es a censurar duramente la actuación política de Caballero, como se desprende de su severa intervención, parece que existen calificativos mucho más adecuados. El rifirrafe hizo en todo caso, una vez más, que la atención se centrara en la anécdota, y no en el fondo de la cuestión  

El primer síntoma de deterioro de un Gobierno es siempre la división interna y la consecuente crisis de liderazgo de su presidente. El varapalo al que los mercados están sometiendo al Ejecutivo español parece haber conseguido que se produzca esa divergencia, que no habían logrado los durísimos ataques de la oposición, los malos augurios de los sondeos ni las críticas de los medios hostiles. En el Gobierno parece haber ya dos bandos antagónicos. Por una parte, y con la vicepresidenta económica Salgado y el ministro de Trabajo Celestino Corbacho a la cabeza, quienes piensan que la situación económica es muy alarmante y que por ello es necesario olvidar el discurso de un gasto social y un mercado laboral intocables. Por otra, y con José Blanco, Chaves  y el propio Zapatero como abanderados, quienes consideran que en plena crisis el Ejecutivo puede seguir abanderando en España y en Europa un discurso social a la contra de lo que dictan los mercados, convirtiéndose así en el adalid de los más castigados. Al margen de quién de los dos tenga razón, si esa disyuntiva persiste e incluso se agrava, la unidad del Gobierno tiene los días contados y una ruptura sería la antesala de una crisis en el PSOE de inciertas consecuencias. El episodio se ha repetido históricamente con otros gobiernos de distinto signo.

En la crónica publicada el pasado lunes en La Voz de Galicia decía lo siguiente en torno a la polémica de los controladores:

“Blanco ha ido tan lejos en su apuesta que será difícil que se eche atrás por dura que sea la respuesta. El pasado martes cruzó ese Rubicón revelando lo que cobran. Dijo que de media reciben tres veces más que un médico de hospital o un catedrático de instituto. Bien es cierto que olvidó decir que él mismo y la mayoría de los políticos ganan también más que ese médico o ese catedrático. Pero la cifra asusta”.

Pues bien, el ministro ha tardado apenas 24 horas en tomar nota y rectificar. En su comparecencia de hoy, Blanco ha anunciado que pretende reducir a 200.000 euros el sueldo de los controladores y ha precisado lo siguiente:

“Pese a ello, seguirían cobrando tres veces más que un médico de La Paz o que un juez y dos veces y media más que el ministro que les habla”.

La anécdora revela una vez más que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de ministros, Blanco tiene los pies en el suelo, está en contacto con la realidad, toma en cuenta lo que dicen los ciudadanos y no tiene inconveniente en rectificar cuando es necesario. Que cunda el ejemplo.

El anuncio de que doce aeropuertos españoles operarán sin controladores aéreos físicos ha sembrado la alarma en varios de los posibles afectados. Hay quien cree que con el nuevo sistema los pilotos tendrán que rifarse a suertes el turno para el aterrizaje. Lo cierto es que la seguridad en los aeropuertos en los que se retiren los controladores no se verá afectada en lo más mínimo y la única diferencia es que se ahorrarán los costes que supone tener a una persona dedicada a controlar el tráfico en unas instalaciones en las que no existe tal tráfico. Fuentes de Fomento han aclarado a La Voz que la medida solo se plantea para aeropuertos con un movimiento mínimo, en varios de los cuales hay una o dos operaciones diarias. Tener un controlador con un sueldo millonario dedicado a un aeródromo con un vuelo diario es un lujo absurdo y una pérdida de recursos inaceptable. Es ahí donde se va a tomar la medida. Está totalmente descartado que los aeropuertos gallegos de Alvedro Peinador o Lavacolla se vean afectados por la retirada de controladores, ya que su volumen de trafico es muy superior al establecido para automatizar el control. En todo caso, aeropuertos como los de Hierro, La Gomera, Huesca o Logroño no verán mermada un ápice su seguridad por la retirada de controladores. E incluso se beneficiarán de una reducción de costes y una posible bajada de los precios de los billetes. Los dos aeropuertos canarios, por ejemplo, han pedido encarecidamente a Fomento que se les retiren los controladores y se les aplique el nuevo sistema.

Cuatro fracasos consecutivos en sus únicas cuatro ediciones deberían bastar para que Gobierno y oposición se replantearan la necesidad de celebrar una Conferencia de Presidentes Autonómicos. Las expectativas depositadas en esta cumbre no podían ser más bajas, vistos los precedentes. Pero ayer se superaron todas las previsiones a la baja. PSOE y PP, Gobierno y oposición, echaron mano de las más bajas artes de la política para sumir a un instrumento que debería ser un canal de entedimiento entre comunidades en el más absoluto de los descréditos. Fueron en realidad doce horas del juego de los tramposos.

Zapatero y el resto del Gobierno jugaron la baza de no dar tiempo al oponente a estudiar la posición y forzarle a aceptar unas tablas apuradas por el reloj antes de arriesgarse a la derrota. En lugar de plantarse en la reunión con un documento de partida, como correspondería a un Gobierno que debe llevar la iniciativa, prefirieron dejar que las horas transcurrieran en medio del tedio y la nada y guardarse su movimiento clave para el postre. El resultado fue el penoso espectáculo de ver a 17 presidentes autonómicos invirtiendo su cuota de intervención, tasada en 10 minutos, en declamar viejas demandas que ya aburren por repetidas e inanes sin que ninguno supiera muy bien qué es lo que se iba a debatir después. Guión no había ninguno.

En la otra orilla, el PP tuvo que recurrir a viejos manuales de tahur político al verse sorprendido por un Zapatero dispuesto de pronto ayer a firmar lo que fuera, a asumir la muerte de Manolete si fuera necesario, con tal de salir del Senado con un acuerdo unánime. El presidente aceptaba todo lo que proponía el PP, aunque fuera en contra de sus propias propuestas. Y entonces los populares añadían dos huevos duros a la lista para ver si sus exigencias eran rechazadas. Al final, la situación fue tan absurda que las comunidades del PSOE votaron y aprobaron un documento que contenía casi todas las propuestas del PP y los populares se abstuvieron en la votación sobre un texto que incorporaba sus propias reclamaciones.

Doce horas de negociación con desayuno, comida pantagruélica y servicio de catering in situ incluidas sólo sirvieron para comprobar que las cartas estaban marcadas desde el principio. El Gobierno, decidido a impedir que se debatiera nada y a forzar una votación sobre un texto improvisado. Y el PP, decidido a no apoyar nada surgido desde La Moncloa. Han pasado tres años desde la última Conferencia de Presidentes Autonómicos. Pero en esas condiciones, sería deseable que hasta la próxima pasen por lo menos otros seis.

Los familiares de los marineros vascos del Alakrana están en su derecho cuando piden no ser recibidos por representantes del Gobierno a su llegada a la base madrileña de Torrejón. También están en su derecho cuando declinan trasladarse a las Seychelles a bordo de un avión del Ejército español. Pero el que estén en su derecho no quiere decir que su postura sea coherente. Las mismas familias que han estado exigiendo, con razón, que el Gobierno español haga todo lo posible y aporte todos los medios necesarios para la liberación de sus familiares reniegan ahora de ese Gobierno y repudian los medios que el Ejecutivo pone a su disposición. La actitud de las familias de los marineros vascos es criticable, pero nadie puede negarles el derecho a actuar de la manera que consideren oportuna.

Lo que resulta del todo incomprensible es que el Gobierno ceda a las presiones de esas familias y desista de recibir en el aeropuerto madrileño al resto de los marineros, entre los que se encuentran los gallegos, como es su obligación. Y mucho menos que se impida a los medios de comunicación tomar imágenes y entrevistar a los marineros rescatados, entre los que no hay sólo vascos. Una actitud irresponsable que prolonga la racha de desaciertos del Gobierno en la gestión de este secuestro.

Si alguien tiene la intención de enterarse fehacientemente de todo lo que ha ocurrido durante el secuestro y la liberación del Alakrana, que abandone toda esperanza. La mayoría de las circunstancias de lo que ha sucedido permanecerán en el secreto. Y tal vez sea bueno que sea así. Por mi parte, y a modo de ejemplo, puedo decirles que varias horas después de la liberación del atunero hablé con el Ministerio de Defensa sobre las circunstancias en las que se había producido el desembarco de los piratas. Me informaron de que controlaron en todo momento el desembarco desde las fragatas españolas presentes en la zona y que cuando vieron que todos los piratas se habían ido en varias lanchas rápidas consideraron que la misión “estaba cumplida”. Esta fue la versión oficial. La propia vicepresidenta del Gobierno fue preguntada después en rueda de prensa si se había perseguido a los piratas tras el desembarco y se limitó a decir que si supieran donde estaban los piratas los habrían detenido. No se entiende que si el Gobierno hubiera cumplido con su obligación de perseguir a los piratas la vicepresidenta lo oculte, cuando se trata de algo de lo que más bien debería sentirse orgullosa. La versión a esa hora seguía siendo por tanto que no hubo persecución.

Pero ya entrada la noche alguien decidió que la versión que había que dar es que se había perseguido a los piratas. Tal vez porque alguien se diera cuanta de que la operación Atalanta obligaba al Gobierno a perseguir a los secuestradores. Las variantes publicadas van desde que se les persiguió pero no se les alcanzó; que se les ametralló sin conseguir dar en el blanco; que se les lanzó una ráfaga de amtralladora y se hirió a varios e incluso hay quien publica que hubo un muerto. Versiones hay para todos los gustos y modificables a lo largo del tiempo, como se ve. Pero la verdad es difícil que se conozca, al menos hasta dentro de algunos años