Por la tangente

Los ayuntamientos son seguramente el eslabón más débil en la cadena administrativa de la crisis. La caja del Estado se queda exhausta, con un déficit de casi el diez por ciento, el triple de lo que la Unión Europea considera que marca la línea que diferencia las economías sanas de las enfermas. Cuando las empresas se quedan sin actividad y los trabajadores sin empleo, Hacienda no solo no ingresa sino que tiene que echar mano de las reservas acumuladas en los tiempos de bonanza. El drama comienza cuando, como ahora, nos gastamos el doble de lo que se ingresa y el grifo que antes solo goteaba se queda seco.

Muchos ayuntamientos están teniendo serios problemas para cuadrar el presupuesto. Se han quedado sin el caudal abundante de las licencias de obras y las recalificaciones de terrenos, y la participación en los ingresos del estado cae en picado. Hay muchos concellos, con las mismas obligaciones que los demás de prestar a los ciudadanos los servicios esenciales, que apenas tienen otras vías de financiación. Algunos afortunados aún alimentan sus necesidades con los impuestos de actividades económicas (también menguadas) y de bienes inmuebles. Pero no todos, porque hay empresas, grandes empresas, curiosamente propiedad del Estado, que se resisten a pagar al municipio la parte que les tocaría, cosa que por otro lado el Estado no le consiente a ninguna empresa privada ni a ningún particular.

El paradójico enredo se traduce en algo muy concreto: hay ciudadanos que están en desventaja. El Ministerio de Defensa y Navantia, la antigua Bazán, siguen pleiteando para eludir el pago de impuestos al Ayuntamiento de Ferrol. Ni la crisis -la negativa no es de ahora- ni su contribución al bienestar de los ferrolanos -innegable y esencial- no son coartadas válidas. A efectos fiscales la constructora naval es proporcionalmente igual que la taberna situada frente a la puerta del astillero.

Lo han vuelto a hacer. El que sin duda debería haber sido el debate de más trascendencia del período de sesiones no fue más que otra representación de quienes viven la política como un mero instrumento para socavar los escaños del contrario. Se han pasado cinco horas hablando, y si algo ha quedado claro es que los máximos dirigentes de los dos grandes partidos son incapaces de comprender que la gravedad del momento les exige algo más que ocurrencias. Sus operaciones de desgaste están dando un fruto: el hastío de los ciudadanos. Pactar no puede ser una gracia que un partido concede a otro. Ni siquiera es un síntoma de generosidad política de quienes ceden en sus posiciones para tomar impulso con la ayuda de los demás. No. Pactar es una obligación ante los ciudadanos, que ven pasar los meses sin más prueba de la recuperación que la palabra del presidente que negó la crisis y sin otra certeza de que lo nuestro no tiene remedio que los presagios de un jefe de la oposición que ha fiado sus esperanzas a la debacle del rival.

El problema es que mientras se pierde el tiempo en debates así, el reloj corre en contra. Valen cientos de ejemplos, pero pongamos solo uno para ilustrarlo. Mientras Zapatero y Rajoy se sacudían sin escucharse, en el puerto exterior de Ferrol se estaba colocando el último de los cajones de la segunda fase de la dársena. Es una de esas obras por las que pasan las esperanzas de despegue, pero seguirá estrangulada mientras la línea para el tren de mercancías que completa el proyecto siga durmiendo en el cajón de las promesas. Y corre prisa, porque Galicia puede entrar en el negocio multimillonario de los contenedores que se redoblará a partir del 2014 con la ampliación del canal de Panamá. Pero la marrullería parlamentaria los entretiene tanto que no son capaces de poner la vista en el futuro para sembrar el bienestar de mañana. Confunden lo interesante (para ellos) con lo importante.

El Partido Popular se distancia en casi cuatro puntos del PSOE, según el barómetro del CIS. Y parecen pocos. Al presidente del Gobierno le están cayendo de todos lados desde hace tiempo, pero en las últimas semanas hasta las oportunidades que le brindaría la presidencia de turno de Europa o la jornada de oración junto a Obama se le vuelven en contra. Todo tiene una explicación sencilla: el país sangra por más de cuatro millones de heridas abiertas por el paro.
En la campaña electoral del 2004, cuando solo él y un poco Pepe Blanco creían que era posible una victoria, el propio Zapatero se refería a la influencia de la economía -de la mala economía- en el estado de ánimo de los ciudadanos. Cuando se apelaba a las buenas cifras que exhibía el PP como un obstáculo para derrotar al sucesor de Aznar, Zapatero replicaba que una pérdida del nivel de bienestar de los votantes tumba a un político (el legendario «es la economía, estúpido» que le espetó Clinton a Bush padre), pero que un buen ciclo económico no garantiza la supervivencia. Él mismo parecía estar avanzando lo que le sucedería en este segundo mandato: cunde la sensación de que la crisis se lo lleva por delante. «Nunca tan chungas vi las cosas como ahora», decía estos días un joven parado a la puerta de una oficina de empleo.
Por eso parece poca la distancia tomada por el PP. Pero también eso tiene una explicación. Todavía ahora los ciudadanos le otorgan mejor nota a Zapatero que a Rajoy, aunque es cierto que en ningún caso llegan al aprobado. Quizás las peticiones de elecciones anticipadas que se escuchan estos días no sean más que enredos políticos de quienes tampoco son capaces de articular alternativas concretas y creíbles. Pero un político también rinde un gran servicio a los ciudadanos si sale de la burbuja y es capaz de asumir que empieza a ser un obstáculo.

Con el tiempo, las cosas se han puesto tan mal que la reiterada negación de la crisis que hizo Rodríguez Zapatero cuando ya la teníamos encima se ha convertido en una anécdota. Pero no sus consecuencias. El Fondo Monetario Internacional no hace más que intentar darnos disgustos anunciando que la española es la única de las economías avanzadas que todavía no está en la plataforma de despegue. E incluso algún conspicuo economista norteamericano se atreve a decir que España es una amenaza para el euro. Pero los verdaderos disgustos no vienen de tan lejos: los remedios para la crisis, que finalmente era tan real como que el paro se acerca ya a los cuatro millones de personas, se cocinan en la Moncloa y golpean en los flancos más débiles.
La supresión de la deducción fiscal de los 400 euros se ha traducido en una rebaja de la paga de más de 700.000 pensionistas gallegos, cuando contaban con ver las nóminas de este mes reforzadas con un modesto uno por ciento. No solo los pensionistas pagan el pato de las medidas anticrisis. También lo van a hacer las familias numerosas, que según cálculos de reconocidos estudios tributarios son las que más sufrirán la subida de los tipos del IVA que se van a aplicar a partir del verano.
Y todo porque como dijo ayer Zapatero en el Foro Mundial de Davos, la exclusiva reunión de los gurús de las economías occidentales, España es un país serio y cumplidor. Y los países serios no deben tener el déficit público disparado (o disparatado), objetivo difícil de conseguir cuando se paran las calderas de la actividad económica y dejan temblando los ingresos del Estado.
Lo que pasa es que una cosa es predicar progresividad y otra hacer justicia en el reparto de la factura de la crisis. Atentos, el presidente del Gobierno anunció que hoy se aprobará un nuevo plan de austeridad.

El Guadiana pasa por Perlío. Como el río que se traga la tierra y vuelve a fluir a cielo abierto, la reclamación para que el antiguo astillero de Astano pueda construir barcos civiles aparece y desaparece. En el 2005, Madrid y Bruselas llegaron a unos acuerdos (parcialmente secretos) por los que hasta el 2015 se obliga a Astano a pagar el pato de las ayudas ilegales que recibieron durante años astilleros públicos de todo el país. Hace unos días, Núñez Feijoo recordó a las autoridades comunitarias que las mejores instalaciones navales de Europa están condenadas a la molicie. Esta semana fueron PSOE, PP y BNG los que instaron al Gobierno a mantener la presión y, además, a permitir la entrada de capital privado para aprovechar el repunte del mercado de reparaciones.
La factoría de Perlío, en otros tiempos pionera mundial en conocimiento, técnicas y prototipos, quedó integrada en Navantia, la sociedad con la que se enmascaró una absorción por parte del otro astillero ferrolano (el de la construcción militar) y sin capacidad para competir en un mercado para el que estaba bien dotada. La plantilla se fue recortando sin pausa desde la primera reconversión de los años 80 y buena parte de los terrenos están dedicados a criar maleza y la herrumbre. Como si por aquí la crisis y el paro pasasen de largo.
La Xunta de ahora y la de antes, la iniciativa popular que ya ha recogido más de 15.000 firmas y el sentido común exigen que no se prohíba construir barcos a quien tiene medios y sabe hacerlo. Y si los acuerdos inconcebiblemente secretos no permiten que lo hagan empresas públicas, que al menos dejen actuar a la iniciativa privada. Depende de Bruselas, pero también de Madrid y de una sociedad de participación pública en la que, se supone, manda la vicepresidencia económica. Europa tiene en Ferrol el Silicon Valley de la construcción naval. Pero el tiempo se acaba.

En muchas empresas los trabajadores están asumiendo, con sacrificio y responsabilidad, la rebaja de sus salarios para tratar de evitar la pérdida de puestos de trabajo. El Banco de España, ese vigilante que ofrece consejo pero que se quedó sin la llave de la política monetaria, recomienda que se ponga coto a la «inercia» con la que a su juicio se deciden en el sector público las subidas salariales. Nos aumentan los impuestos a todos menos a los que tienen grandes fortunas que refugiar. Y en medio de este gratificante panorama, un alto directivo de un banco se prejubila con una pensión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) al año.
¿Algo que objetar? Pues sí. El dinero es de los accionistas y serían ellos -si no fuera porque la mayoría no tienen voz y solo voto delegado en las juntas generales- los que deberían pedir cuentas a los gestores de la entidad. Pero es que resulta que el banco que paga ese montón de millones para deshacerse de un ejecutivo tiene una amplia cartera de inversiones en industrias de todos los sectores, y no sería extraño que en alguna de ellas se discuta estos días sobre contención salarial, en el mejor de los casos, o sobre expedientes de regulación de empleo. Ese mismo banco quizás esté racaneando el oxígeno que precisa alguna empresa para resistir la embestida de la crisis. O esté denegando hipotecas y financiación a particulares. No es que el asunto de la superpensión del ejecutivo sea una cosa fea; no, es que esos dispendios se vuelven escándalos en tiempos de crisis.
Pero no hay de qué preocuparse. Un conspicuo miembro del Gobierno ya ha dicho que tales indemnizaciones no gustan en el Gabinete de Zapatero y que tal vez requieran un tratamiento fiscal más gravoso. Tal vez les llegue el turno el mismo día que, en lugar del IVA que a todos nos hace iguales, revisen las sicav, esos refugios de millones que tributan al 1%. Pero solo tal vez.

Después del aviso de José Blanco de que el Gobierno podría subir los impuestos a las rentas más altas, quien más quien menos se dio por enterado de que no pasará mucho tiempo antes de que todos, al menos todos los que vivimos a una renta pegados, empezaremos a cotizar más. La vicepresidenta económica, a la que quizás no le agradó que se metiese en su territorio quien en el consejo de ministros ocupa un piso inferior aunque mande mucho en e PSOE, fue un poco más allá que Blanco; o un poco menos, según se mire. A Elena Salgado no le cabe duda de que será preciso revisar todos los tributos y aclara que los más ricos ya pagan más.
Y aquí empieza el lío en el camarote de Zapatero. Su mano derecha dice una cosa y la guardiana de la caja no se sabe si dice lo mismo o todo lo contrario. Claro que en un modelo progresivo como el español el que más tiene -con la salvedad de Cristiano Ronaldo y algún otro- más debe pagar. Pero lo que todo el mundo quiere saber ahora es cómo se va a repartir la factura. Porque lo que ya está claro es que con la mayor caída del PIB desde 1970, con un déficit público que ronda el diez por ciento y enfilando los cuatro millones de parados, va a haber factura.
¿Pero qué camino tomar? En un contexto en el que cada vez hay más gente que no cobra ni el paro es evidente que cae el listón de los que más tienen. Los afortunados que conserven el empleo, aunque sea con el salario ultracongelado, tendrán más que quien se apunte a la lista de los 420 euros. Lo más fácil de decir es que quienes más tienen van a pagar más, pero lo más sencillo de hacer es gravar las rentas medias, las medio bajas y las medio altas. Porque cuando hay muchos millones en juego se presentan dos problemas. Uno: si corren por circuitos duty free no es sencillo meterles mano. Dos: si trabajan a cielo abierto, es posible que una mayor presión se los lleve lejos. O a Portugal.

Los analistas se han apresurado a decir que no es para echar las campanas al vuelto. Está bien que lo hagan, porque los político, a los que les conviene, van a hacer todo lo contrario; y los otros (por desgracia hay a quien tácticamente no le va bien esta noticia)  lo van a minimizar todo lo que puedan. Pero la caída del desempleo por primera vez en 14 meses es un buen dato, pese a que sigue habienbo 3,6 millones de dramas personales que tampoco admiten paliativos.

A la estacionalidad característica de la economía española se la han sumado otros factores. Y visto que uno de los sectores en los que repunta el empleo es la construcción no puede negarse que el Plan E de obras municipales que ha puesto en marcha en Gobierno debe estar dando algunos frutos. Dicen que aún quedan meses difíciles del ciclo recesivo en el que estamos metidos, pero un dato positivo puede contribuir a generar la confianza que la recuperación necesita. Hace algunas semanas que los analistas están diciendo que se observan algunos indicios tímidos de recuperación, lo que la vicepresidenta Salgado llamó casi poéticamente brotes verdes. Por eso el dato llega en buen momento: un poco de optimismo quizás anime a poner en circulación los recursos financieros que el sistema necesita.

También llega en buen momento para el Gobierno y para el partido que lo sustenta, porque dentro de cinco días se enfrenta a unas elecciones europeas que van a funcionar como termómetro de hasta qué punto la crisis podría haber dejado definitivamente tocado a Rodríguez Zapatero. Lo malo sería que el presidente crea que con este éxito parcial que arrojan los datos de empleo en mayo la batalla está ganada.

El problema de hacer política como si fuese una sesión de fuegos artificiales es que, a veces, la pólvora se moja. El anunció hecho por Rodríguez Zapatero de otorgar ayudas directas para la compra de automóvil puede ser una buena noticia para los consumidores, para los fabricantes y para los trabajadores de las empresas automovilísticas, especialmente tocadas por la crisis. Su puesta en práctica en otros países de Europa demostró que funciona.

Pero Zapatero echó agua sobre su propia receta. Quiso guardarse la sorpresa del anuncio para la traca del debate del estado de la nación y no habló antes con quienes tendrán que poner el dinero. La mitad de los 2.000 euros serán a cuenta del sector, y de la otra mitad, el cincuenta por cierto lo tendrán que poner las comunidades autónomas. Así es fácil prometer. Hay dudas de que la parte que corresponde al sector no sea la misma que los concesionarios ya están aplicando a ofertas y descuentos. Y la parte autonómica también tiene truco. Feijoo ha dicho que en la caja de la Xunta no hay un duro para las ayudas, aunque no cabe duda de que acabará buscando el dinero donde sea, porque de lo contrario un gallego que cambie de coche recibirá menos dinero que un manchego. Y la culpa no se la echarían a Zapatero, aunque su generosidad sea a cuenta de lo que no le corresponde administrar.

Claro que la respuesta de Feijoo a Zapatero también tiene algo que ver con los fuegos de artificio. Dice que la Xunta no tiene dinero, y seguro que es cierto, aunque debía saberlo ya cuando hace unos días el presidente autonómico estudiaba la posibilidad de pactar ayudas directas a la compra de automóvil. Incluso antes, salvo que las cuentas públicas gallegas sean un misterio en el que solo puedes penetrar cuando gobiernas. Con todo, Zapatero buscó colgarse una medalla a costa de comportarse sin lealtad hacia otras instituciones, como la Xunta, que también son el Estado.

La modernización del agro gallego supuso un elevado endeudamiento de las familias rurales. Foto: Óscar Cela

Hace más de veinte años que venimos hablando de la crisis del sector lácteo de Galicia. Hacia finales de los ochenta parecía que la crisis era, en efecto, el cambio que traería la modernidad al campo gallego. Miles de familias de las aldeas se deshicieron de las dos, tres o cuatro vacas con las que camuflaban unas cuentas domésticas que se acercaban mucho a la economía de subsistencia. La subvenciones y los réditos obtenidos por las cotizaciones al régimen agrario de la Seguridad Social permitieron el milagro: jubilación y cierre de granjas -permítase la hipérbole- que nunca alcanzarían las ratios de productividad, calidad y rentabilidad que exigían los nuevos tiempos.

Con las negociaciones del ingreso en la Unión Europea, la Política Agraria Común y las cuotas lácteas, el campo gallego se embarcó en un silencioso proceso de reconversión todavía sin completar. Pequeñas explotaciones (en muchos casos regentadas por hijos de los recién jubilados) empezaron a comprar más cabezas, se mecanizaron y afinaron los procedimientos para obtener más rendimiento a cada res y a cada hectárea de terreno. Todo ello gracias al endeudamiento, que se podía afrontar por las expectativas de unos ingresos.

Pero, veintitantos años después, el modelo se desmorona. Y con él una forma de vida ?-quizás también un paisaje- sin la que Galicia no será lo mismo. Muchos de los que se atrevieron con la modernización se tuvieron que enfrentar al riesgo de multas por producir de más. Ahora están atrapados entre la guerra de precios de las distribuidoras y la competencia desigual por las subvenciones, por ejemplo, en Francia. Desde hace tiempo está entrando leche de importación más barata que la que producen aquí incluso los más eficientes.

Galicia se manifiesta hoy, en cierto modo, por la pervivencia de la esencia del país. ¿Estaremos a tiempo de salvarla?

Nota: Mirá aquí el periplo de la leche desde la ubre al tetrabric.